STS, 6 de Julio de 1995

La sentencia recurrida condenó a Juan Carloscomo autor de los delitos continuados de apropiación indebida y falsedad en documentos oficiales y por el de instrusismo, aplicándole la circunstancia agravante de reincidencia e imponiéndole las penas de 4 años, 3 años (más multa de 100.000 pts.) y 2 años 4 meses y 1 día de prisión menor respectivamente, porque era propietario y director de unas oficinas dedicadas a tramitar asuntos de todo tipo, principalmente laborales y fiscales, gestionando pagos a Hacienda y a la Seguridad Social y asesorando en tales cuestiones al tiempo que simulaba ser Licenciado en Derecho, quedándose para sí con importantes cantidades del dinero de sus clientes, a las que no daba el destino acordado al respecto, entre otras, una de 19.208.749 pts. que en diversas entregas le hizo Lorenzodurante los dos años inmediatamente anteriores a su detención, y efectuando alteraciones en documentos oficiales para acreditar los pagos que no realizaba.

Dicho condenado recurrió en casación por ocho motivos que han de ser rechazados.

Comenzamos examinando los tres que, fundados en el nº 2º del art. 849 LECr, pretenden que hubo error en la apreciación de la prueba:

1. En el motivo 3º se dice que unos documentos que se aportaron en el momento del juicio acreditan el pago de cantidades a favor de la Seguridad Social, relativas a lo que el acusado tenía que ingresar en calidad de empresario por los empleados que tenía en su oficina.

   Fue condenado por el delito continuado de apropiación indebida, una de cuyas partidas era la de 676.397 pts. que en concepto de cuota obrera descontó a tales empleados para su ingreso en la Seguridad Social sin que efectuara tales ingresos en la cuantía referida.

   Los documentos que en este motivo 3º señala el recurrente como acreditativos del pretendido error de la sentencia recurrida sólo tienen aptitud para probar que el procesado realizó detemrinados pagos en los periodos correspondientes, pero nunca pueden acreditar que con tales pagos se cubriera la totalidad de lo debido por tal concepto. Fue condenado por no pagar a la Seguridad Social las cantidades que por "cuota obrera" había retenido a sus empleados. Tal condena es perfectamente compatible con el hecho de que parte de lo retenido sí se pagara a la mencionada tesorería pública. Conforme a tal documentación pudo ocurrir que otra parte quedara sin ingresar y que a tal parte alcance la condena. Por tanto, estos documentos no contradicen lo afirmado en los hechos probados sobre este extremo.

   Además, existe un documento, el del folio 859, que es un certificado de la Tesorería de la Seguridad Social, en el que se hace una relación de lo adeudado por diversos conceptos por el ahora recurrente, entre los cuales, y con referencia a la cuota obrera anterior al momento de la detención del acusado, aparece una obligación por el referido importe (676.397 pts. de suma total), documento, sin duda, que fue el usado por la Audiencia para dar por probada la deuda cuya cuantía ahora se impugna.

2. En el motivo 5º, por el mismo cauce del art. 849-2º, se dice que hay un informe de la Policía Científica que obra al rollo de la Audiencia del que se desprende inequívocamente que el sello de caucho de Cajamadrid, intervenido en las diligencias iniciales de la presente causa, no fue utilizado para la manipulación de las cartas de pago que aparecen unidas a la pieza de documentos.

   Aparte de que los informes periciales no son prueba documental de la exigida en el nº 2º del art. 849 LECr y por ello, por regla general, no puede servir como medio de acreditar error en la apreciación de la prueba en base a tal norma procesal, hemos de decir, simplemente, que el hecho probado no dice con qué sellos se hicieron las manipulaciones de los documentos con los cuales el acusado simulaba pagos que no había realizado. Ninguna contradicción hay, pues, entre el resultado de tal informe policial y lo que la sentencia recurrida nos ofrece como hecho probado.

3. En el motivo 6º, con el mismo amparo procesal (art. 849-2º), se señala como documento acreditativo del error que se denuncia el nº 68 de los aportados en el acto del juicio oral, que es uno, redactado en un impreso del Banco Español de Crédito, referido a un pago a favor de la Delegación de Hacienda, a nombre de Juan María, con fecha de 1.985, relativo al 2º plazo del IRPF por importe de 58.009.

   Como una de las partidas por cuya indebida apropiación se condenó al recurrente es la de 53.689 pts. del mencionado Juan Maríay precisamente referida a pagos de IRPF de 1.985, pretende el condenado que el mencionado documento nº 68 acredita que tal pago se realizó y que en este extremo se equivocó la Audiencia.

   Entendemos que dicho documento no tiene aptitud para acreditar el error pretendido, porque sólo acredita el pago de uno de los plazos de 1.985 del citado IRPF, pero no el que se pagara todo lo que por tal concepto se adeudara respecto de ese año. Pudo ocurrir que hubiera algún otro plazo para cuyo pago Juan Maríaentregara a Juan Carlosesas 53.689 pts. y que éste se las quedara para sí sin darles el destino pactado.

   Por otro lado, los documentos que Juan Maríaaportó con su querella (folios 288 y ss.) se refieren a este extremo.

Pasamos a continuación a examinar el motivo 1º, en el que, sin citar amparo procesal alguno (entendemos que se funda en el art. 5.4 LOPJ), se alega infracción del art. 24 CE que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el art. 520 LECr que regula la información de derechos al detenido.

Se dice que el acusado fue detenido a las 9,30 horas del día 7-2-86 (folio 3), que la información de derechos se realizó a las 11,30 horas (folio 8) y que en ese intervalo los funcionarios de la Policía practicaron un registro en su oficina y despacho interviniendo gran número de documentos que luego habrían de servir como prueba de cargo.

El recurrente reconoce que tal registro se hizo con su consentimiento y que en todo momento la Policía le trató con corrección. Pero aduce que tal consentimiento estuvo viciado de nulidad radical al haberse prestado en un momento en que no se hallaba asistido de Letrado, lo que era preceptivo dada su condición de detenido conforme a lo dispuesto en el art. 520 LECr.

En definitiva, se pretende la inconstitucionalidad de dicho registro, en el que se obtuvieron unas decisivas pruebas documentales, lo que por lo dispuesto en el art. 11.1 LOPJ habría de determinar su nulidad absoluta con efectos contaminantes para toda la prueba posterior en relación con los hechos constitutivos de los delitos continuados de falsedad documental y apropiación indebida, por lo que habrían de anularse las condenas por estos dos delitos.

Entendemos que tal argumentación falla en lo más básico de sus fundamentos: el local registrado no era domicilio del acusado ni de nadie, sino una oficina y despacho abiertos al público, es decir, a toda persona que quisiera acceder al mismo para el asesoramiento y la gestión de asuntos relacionados con problemas laborales, fiscales o de otro tipo, que nada tenían que ver con el ejercicio por el acusado ni por ninguno de sus empleados o clientes de las actividades propias de su intimidad que es lo que constituye el fundamento de la protección que para el domicilio reconocen la CE y la LECr ( STC. 22/1.984 y, entre otras, la de esta Sala 32/1.995, de 19 de enero).

El art. 18.2 CE protege como derecho fundamental de la persona la inviolabilidad del domicilio, de modo que ninguna entrada o registro pueda hacerse en él, salvo que exista resolución judicial que lo autorice, que haya consentido el titular o que nos encontremos ante un caso de delito flagrante, y en términos semejantes, aunque obviamente más detallados, se pronuncian los artículos 545 y ss. LECr.

Conforme a tales normas, respecto de los lugares que no constituyen domicilio el consentimiento del titular no es requisito necesario para que la Policía pueda acceder a los mismos a los fines que ha de atender en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente a que se refiere el art. 120 CE y más concretamente en su misión de "recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiera peligro" conforme dice el art. 282 LECr al precisar las obligaciones de la Policía Judicial y después repite en lo sustancial el art. 11 g) de la LO 2/1.986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La Policía en estos casos, cuando se trata de lugares que no constituyen domicilio, no necesita ni autorización judicial ni consentimiento para registrarlos en sus funciones propias de la averiguación de los delitos públicos, aunque, cuando se trate de locales como los de autos, para mayor seguridad en la eficacia de sus actuaciones, a fin de impedir que el Juzgado o Tribunal que haya de entender del caso pudiera reputarlo nulo, dada la imprecisión que en algún caso concreto pudiera existir, hemos de recomendar que se acuda al Juzgado competente para obtener la autorización que pudiera resultar necesaria.

En efecto, como dice el recurrente, hay una sentencia de esta Sala, la 2206/1.993, de 11 de octubre, que reconoce a los lugares en que se ejerce el trabajo, la profesión o la industria el carácter de domicilio a los efectos aquí examinados de su debida protección constitucional, aunque no estén situados en el lugar donde el ciudadano tiene su residencia particular, porque, a veces, tales espacios tienen una importancia decisiva para el libre desarrollo de la personalidad, es decir, porque en ocasiones la vida íntima de alguien puede desarrollarse también en estos lugares de trabajo no abiertos al público.

Tal doctrina fue continuada y precisada por la expuesta en la sentencia 797/1.994 de 14 de abril, que se fija en la nota de la apertura o no al público como criterio para precisar hasta donde puede extenderse el concepto de domicilio en relación con los locales en que una persona ejercita su actividad profesional o negocial.

La imprecisión que en algún caso puede existir respecto a si después el órgano judicial habrá de reputar o no domicilio el lugar registrado, aconseja, como medida de prudencia, el que la Policía acuda al Juzgado para obtener la correspondiente autorización judicial cuando de oficinas, despachos o establecimientos mercantiles se trate.

Ahora bien, en el caso presente, estimamos que no cabe duda alguna respecto de que las oficina o despacho en que, a raíz de la detención del acusado, se practicó el registro de autos por los funcionarios de policía, no era domicilio de nadie, sino unos locales abiertos al público, como ya antes se ha indicado, pues tratándose de una empresa montada por dicho acusado para gestionar los pagos de otras empresas a Hacienda y a la Seguridad Social, con la consiguiente asesoría jurídica sobre tales extremos y otros semejantes, como si de una gestoría administrativa o algo similar se tratara, entendemos que lo que en tales locales se realizaba, fueran o no actividades lícitas, nada tenía que ver con el ejercicio de la vida privada de nadie ni con la protección de su intimidad. Podían acudir allí cualesquiera personas que necesitaran los servicios que allí se prestaban y en tal sentido estimamos que se encontraban abiertos al público, lo que radicalmente excluye la condición de domicilio.

En conclusión, como no era necesario el consentimiento del titular de la oficina para que ésta pudiera ser registrada, cualquier vicio que respecto de tal consentimiento pudiera existir ha de considerarse irrelevante a los efectos aquí pretendidos por el recurrente. Por tanto, la prueba documental obtenida en el registro de autos fue plenamente válida, en cuanto obtenida por la Policía Judicial en el ejercicio de sus funciones como tal y luego aportada al Juzgado.

No existió la infracción de derecho constitucional pretendida por el recurrente en este motivo 1º, que ha de desestimarse.

El rechazo del motivo 1º obliga a rechazar también el 8º que expresamente el recurrente apoya en el éxito que pudiera haber tenido aquél.

Impugna la aplicación al caso de la agravante de reincidencia y se funda en el nº 2º del art. 849 LECr, aunque la cita de esta norma procesal debe responder a un error, ya que luego no señala ningún documento que pudiera acreditar la equivocación de la Audiencia en algún pasaje de los hechos probados.

Por si este error existiera y en realidad el recurrente quisiera ampararse, no en el nº 2º del art. 849, sino en el 1º, hemos de añadir que son aptos para constituir la agravante de reincidencia los antecedentes penales consignados en el relato de hechos probados, dos condenas de 1.982 y 1.984, aunque las dos lo sean por sendos delitos de cheque en descubierto, dado que la triple actividad delictual (falsedad, apropiación indebida e intrusismo) tuvo un desarrollo continuado en el tiempo, desde 1.982 hasta el 2 de febrero de 1.986.

Aunque sólo parcialmente esa actividad del acusado se desarrolló con posterioridad a la firmeza de tales dos sentencias condenatorias, entendemos que fue correctamente aplicada la citada agravante 15ª del art. 10 CP respecto de los tres delitos por los que la sentencia recurrida condenó.

Quedan sólo por examinar los tres motivos (2º, 4º y 7º) en los que, al amparo del nº 1º del art. 849 LECr, se alegan sendas infracciones de ley por pretendidos errores en la aplicación de las normas jurídicas correspondientes.

En el motivo 2º se dice que debió aplicarse al caso el art. 113 CP que señala la prescripción a los cinco años respecto de los delitos sancionados por la Ley con penas que no exceden de seis años, si bien se limita a afirmar tal prescripción solamente respecto de un extremo muy concreto, el relativo a la apropiación indebida de la cuota obrera retenida a sus propios empleados por un importe de 676.397 pts. al que antes nos hemos referido.

Se funda el recurrente en que ninguna imputación se hizo contra él por estos hechos hasta el escrito de acusación del Ministerio Fiscal que tiene fecha de 19-6-91. Como el inicio del procedimiento, en febrero de 1.986, lo fue por unos hechos que nada tenían que ver con la mencionada retención de la cuota obrera, estima el recurrente que cuando tal imputación se produjo (19-6-91) ya habían transcurrido tales 5 años (desde febrero de 1.986).

Sin embargo, entendemos que no fue así, pues el art. 114 CP, dice que la prescripción del delito se interrumpe desde que el procedimiento se dirige contra al culpable y tal interrupción existió en el caso presente, en el que había un proceso pendiente dirigido contra el recurrente por una complejidad de hechos constitutivos de una pluralidad de delitos. Estimamos que para que la interrupción de la prescripción se produjera fue suficiente el dirigir el interrogatorio por los hechos relativos a la cuota obrera, como se hizo en la indagatoria (folio 325 vto.) a instancia del Ministerio Fiscal y, como esto ocurrió el 24-4-87, es claro que aún no había transcurrido el plazo de 5 años exigido para la prescripción que estamos examinando.

Estimamos que, como dice el recurrente, en realidad no hubo continuidad delictiva entre las demás apropiaciones indebidas, relativas a cantidades recibidas de los clientes para pagos a Hacienda y a la Seguridad Social, y estas otras concernientes a la cuota obrera de sus propios empleados, pues no puede hablarse de aprovechamiento de idénticas ( o similares) ocasiones ni, menos aún que hubiera un plan preconcebido que pudiera haber abarcado a todas ellas (art. 69 bis CP).

Pero lo que sí existía entre unas y otras de tales apropiaciones indebidas era la conexión del nº 5º del art. 17 LECr (delitos imputados a la misma persona con analogía o relación entre sí) que justificaba el que todo fuera objeto del mismo procedimiento y permitía que la misma causa penal que ya se estaba tramitando pudiera ampliarse para abarcar también estas otras apropiaciones indebidas relativas a la cuota obrera.

Conviene añadir aquí, para salir al paso de otras alegaciones del recurrente, que el auto de procesamiento en definitiva careció de significación en el presente proceso, ya que acabó tramitándose por las normas del procedimiento abreviado.

En conclusión, no transcurrió el plazo de cinco años sin que el procedimiento afectara al hecho concreto de la falta de ingreso de la cuota obrera, pues desde que el imputado por otros hechos conexos fue interrogado a instancia del Ministerio Fiscal por las ilicitudes relativas a tal cuota obrera la causa penal quedó referida a estos nuevos hechos, y de ello tuvo conocimiento el luego acusado por todos ellos, porque se vio precisado a contestar al respecto. Entendemos que tal interrogatorio, realizado en el seno del mismo procedimiento referido a una multiplicidad de hechos con la debida conexión procesal, supone el dirigir el procedimiento contra el culpable, que es lo que constituye interrupción de la prescripción conforme a lo dispuesto en el mencionado art. 114 CP.

Así lo apreció la Audiencia que denegó correctamente la aplicación al caso de la prescripción del delito, lo que, por otro lado, en el supuesto de que se hubieran apreciado, habría tenido nula significación en cuanto a la cuantía de la pena, habida cuenta de que el total de lo indebidamente apropiado superarla, en todo caso, los diecinueve millones de pesetas.

En el motivo 4º, por el mismo cauce del nº 1º del art. 849 LECr, se denuncia infracción del apartado 7º del art. 529 CP, porque, se dice, al haberse aplicado la agravación contenida en esta norma penal, calificando al propio tiempo los hechos como delito continuado de apropiación indebida, supone fundarse en un solo hecho para apreciar dos agravaciones, con lo que queda violado el principio "non bis in idem".

Y así habría sido, en efecto, si se hubieran aplicado conjuntamente tales dos agravaciones, la de especial gravedad por el valor de lo apropiado del citado nº 7º del art. 529 y la prevista en el art. 69 bis para los delitos continuados que en estos supuestos permite aumentar la sanción hasta el grado medio de la pena superior.

Pero esto no ocurrió en el caso presente, porque la sentencia recurrida, como expresamente dice en su fundamento de derecho 5º, no hizo uso de esa facultad de elevar la pena que prevé tal art. 69 bis.

Sólo aplicó la agravación del nº 7º del art. 529, considerándola conrrectamente como muy cualificada en consideración a su muy significada cuantía (más de 19 millones de pts., como venimos diciendo).

En el motivo 7º, también por la via del nº 1º del art. 849 LECr, se alega infracción de ley por aplicación indebida al caso del art. 321 CP, pues, se dice, no hubo ejercicio de actos propios de la profesión de abogados por los que fue condenado. Se reconoce que existió una atribución de una titulación, la de Licenciado en Derecho, de la que ciertamente carecía el acusado, lo que únicamente podría constituir el delito del art. 324, no el del 321.

Entendemos que, conforme razonó el letrado que actuó en el presente recurso en nombre de una de las partes acusadoras, el Colegio de Abogados de Madrid, hubo una verdadera y propia actuación como Abogado del ahora recurrente cuando, haciendo ostentación de un título de Licenciado en Derecho del que carecía, asesoraba en calidad de tal a los clientes que acudían a sus oficinas.

Evidentemente, las personas que recibían su consejo, pretendidamente profesional sobre las cuestiones jurídicas que le consultaban, lo hacían en la confianza de que se trataba de un Abogado debidamente titulado, el que con su preparación profesional y la ética propia de tal oficio les ayudaba en la solución de sus problemas.

Es claro que estos asesoramientos en estas circunstancias constituían el ejercicio de actos propios de la profesión de Abogado para lo cual era necesario el título oficial del que carecía el condenado aquí recurrente, pues tal ejercicio no cabe limitarlo a las actuaciones ante los órganos judiciales. De todos es conocido cómo es precisamente en sus consultas privadas, aconsejando a sus clientes, donde estos profesionales desarrollan una parte importante de su actividad como tales.

Hubo una correcta aplicación al caso del art. 321 CP.

Para finalizar examinaremos unas alegaciones que hace el recurrente en este mismo motivo 7º que debieron haberse realizado en un motivo independiente amparado, no en el art. 849-1º de la LECr, sino en el 5.4 LOPJ, porque lo que aquí se denuncia es la violación del derecho a ser informado de la acusación del art. 24.2 de la CE.

Es cierto, como dice el recurrente, que en los hechos probados aparece narrada una circunstancia que no figuraba en ninguno de los relatos de hechos que hicieron las partes acusadoras en sus respectivos escritos de acusación que en este extremo no sufrieron modificación alguna posterior, el hecho de que tenía colocado en su oficina un cuadro que semejaba un título académico de licenciado en derecho.

Es cierto, asimismo, que el principio acusatorio impide que la condena se funde en hechos de los que antes no había habido acusación. El acusado ha de tener posibilidad de defenderse de todo aquello de que se le acusa y para ello ha de conocer con la debida antelación las distintas circunstancias fácticas en que las acusaciones se fundan, sin que la sentencia condenatoria pueda añadir nada nuevo que pueda servir de fundamento para tal condena o para alguna de las agravaciones que se aprecian.

Pero esta limitación, que aparece fundada en el principio acusatorio en relación con el de proscripción de la indefensión, sólo se refiere a las circunstancias de hecho que pueden reputarse esenciales, entendiendo por tales aquellas que hacen posible la subsunción del hecho en la norma jurídica, no aquellas otras que únicamente sirven para dar al relato una mayor riqueza a efectos de una mejor explicación de lo ocurrido, que es lo que sucede en el caso presente.

En efecto, en el relato de hechos que nos ofrece el Ministerio Fiscal, el único que de modo completo nos expresa lo acontecido (los otros escritos de acusación, salvo en los detalles que a cada uno interesa resaltar, se limitan a referirse a los hechos que narra el Ministerio Fiscal), se dice que el acusado "manifestaba ser licenciado en derecho, manifestación que reiteró tanto a los miembros de la Fuerza Pública que le detuvieron, como al prestar declaración ante el Juzgado", añadiendo después el mismo escrito ee hecho concreto del otorgamiento de un poder a su favor en el que figuraba como Letrado.

Con tal modo de expresarse el relato del escrito de acusación del Ministerio Fiscal quedan ya expuestas las circunstnancias de hecho que son necesarias para apreciar la agravación del párrafo 2 del art. 321 por el que la sentencia recurrida condenó. El que, además, se diga que la ostentación del carácter de Licenciado en Derecho se hizo también a través de un cuadro que tenía colgado en su oficina y que simulaba ser un documento que acreditaba esa titulación es, evidentemente, un detalle de orden secundario que quedó acreditado en el juicio por alguna o algunas de las declaraciones testificales y la Audiencia legítimamente creyó oportuno añadir para conferir mayor expresividad a la narración de lo ocurrido.

Tal referencia en la sentencia es un dato ausente de los escritos de acusación, pero ciertamente accesorio y carece de aptitud para reputar violado el principio acusatorio.III.