STS 421/2002, 4 de Marzo de 2002

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por inaplicación indebida, del artículo 20.2 del Código Penal o subsidiariamente del artículo 21.1 del mismo texto legal.

El cauce procesal en el que se residencia el motivo exige el más riguroso respeto al relato fáctico de la sentencia de instancia y en él no existen datos o elementos que permitan apreciar la eximente o eximente incompleta que se postula por adicción a las drogas ya que se dice que el acusado no presenta alteraciones psicológicas relevantes en su conducta y que posee únicamente alteración en su esfera afectiva sin que repercuta en otros órdenes, siendo que desde años atrás se inició en el consumo de cocaína por vía nasal, llegando a crear adicción que le afectaba no considerablemente sus capacidades de conocer y querer. El Tribunal de instancia, a tenor de lo que se acaba de dejar expresado, apreció la circunstancia atenuante de drogadicción prevista en el artículo 21.2 del Código Penal, rechazando la eximente tanto completa como incompleta, razonándose que no estaban afectadas sus capacidades de conocer y querer y que las depresiones y la ansiedad que padece únicamente repercuten en su afectividad.

La jurisprudencia de esta Sala ha examinado, en reiteradas ocasiones, las distintas posibilidades que ofrece el Código Penal al drogodependiente que ha cometido un hecho delictivo, a los efectos de apreciar una circunstancia que elimine o disminuye su responsabilidad criminal. Doctrina jurisprudencial que podemos sintetizar de la siguiente manera:

1. Eximente por intoxicación plena Esta exención de la responsabilidad penal viene prevista en el número 2º del artículo 20 CP y se refiere a quien se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión (efecto psicológico).

   Para que los efectos sobre la responsabilidad puedan alcanzar un carácter extintivo se requiere, pues, que se produzca una intoxicación plena o que el sujeto obre bajo un síndrome de abstinencia por su dependencia a las drogas que, en ambos caso, anule su capacidad de comprensión de la ilicitud o de actuar conforme a esa comprensión. Señalándose en la sentencia de esta Sala de 14 de julio de 1999 que podrá apreciarse la eximente completa en supuestos de extraordinaria dependencia psíquica y física del sujeto agente que elimine totalmente sus facultades de inhibición

2. Eximente incompleta por drogadicción. Cuando el sujeto obra bajo el síndrome de abstinencia por su dependencia a las drogas pero sin que esté totalmente anulada su capacidad de culpabilidad, pues puede resistirse a la comisión del hecho delictivo, aunque con gravísimas dificultades para ello. Supuesto en los que su capacidad de comprender la ilicitud del hecho o de actuar conforme a esta comprensión está sensiblemente disminuida o alterada (STS de 22 de mayo de 1998). Es decir, como señalan las Sentencias de esta Sala de 12 de julio y 18 de noviembre de 1999, se apreciará la eximente incompleta en los supuestos de intoxicación semiplena o síndrome de abstinencia no totalmente inhabilitante. Y también puede venir determinada dicha eximente incompleta bien por la gravedad de los efectos que provoca la adicción a determinadas drogas (y concretamente a la heroína), cuando es prolongada, o reciente pero muy intensa, bien en aquellos casos en que la drogodependencia se asocia a otras causas deficitarias del psiquismo del agente, como pueden ser leves oligofrenias, sicopatías y trastornos de la personalidad, bien cuando se constata que en el acto enjuiciado incide una situación próxima al síndrome de abstinencia, momento en el que la compulsión hacia los actos destinados a la consecución de la droga se hace más intensa, disminuyendo profundamente la capacidad del agente para determinar su voluntad (STS. de 14 de julio de 1999).

   Y la Sentencia de esta Sala 26 de marzo de 1997 aprecia la concurrencia de una eximente incompleta en una situación de larga dependencia de drogas acompañada de fenómenos patológicos somáticos que suelen ir unidos a tales formas de dependencia (hepatitis, SIDA), que producen una considerable modificación de la personalidad que, orientada a la consecución de medios para proveerse la droga, sumada a la seria disminución de la capacidad para lograrlos mediante un trabajo normalmente remunerado, afecta de una manera especial la capacidad de comportarse de acuerdo con la comprensión de la ilicitud.

3. Atenuante por drogadicción. El artículo 21.2 CP incluye entre las circunstancias atenuantes la de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2º del artículo anterior.

   Se configura la atenuación por la incidencia de la adicción en la motivación de la conducta criminal en cuanto es realizada "a causa" de aquélla.

   El beneficio de la atenuación sólo tiene aplicación cuando existe una relación entre el delito cometido y la carencia de drogas que padece el sujeto.

   Esa adicción grave debe condicionar su conocimiento de la lícitud (conciencia) o su capacidad de actuar conforme a ese conocimiento (voluntad).

   La Sentencia de esta Sala de 5 de mayo de 1998 declara que lo característico de la drogadicción, a efectos penales, es que incida como un elemento desencadenante del delito, de tal manera que el sujeto activo actúe impulsado por la dependencia de los hábitos de consumo y cometa el hecho, bien para procurarse dinero suficiente para satisfacer sus necesidades de ingestión inmediata o trafique con drogas con objeto de alcanzar posibilidades de consumo a corto plazo y al mismo tiempo conseguir beneficios económicos que le permitan seguir con sus costumbres e inclinaciones. Esta compulsión que busca salida a través de la comisión de diversos hechos delictivos, es la que merece la atención del legislador y de los tribunales, valorando minuciosamente las circunstancias concurrentes en el autor y en el hecho punible. Este móvil está ausente en los casos del gran narcotráfico en los que el elemento determinante de las acciones delictivas radica exclusivamente en la obtención de sustanciosos beneficios económicos. En estos casos, el impulso delictivo, no está desencadenado por la drogadicción del sujeto activo sino por el ánimo de enriquecimiento.

   Es asimismo doctrina reiterada de esta Sala, -cfr. SSTS de 27 de septiembre de 1999, 5 de mayo de 1998, 9 de febrero de 1996 y 31 de mayo de 1995-, que el consumo de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual, no permite la aplicación de una atenuación, no se puede, pues, solicitar la modificación de la responsabilidad criminal por el simple habito de consumo de drogas ni basta con ser drogadicto en una u otra escala, de uno u otro orden para pretender la aplicación de circunstancias atenuantes, porque la exclusión total o parcial o la simple atenuación de estos toxicómanos, ha de resolverse en función de la imputabilidad, o sea de la incidencia de la ingestión de la droga en las facultades intelectivas y volitivas del sujeto. En consecuencia, los supuestos de adicción a las drogas que puedan ser calificados como menos graves o leves, no constituyen atenuación. ya que la adicción grave es el supuesto límite para la atenuación de la pena por la dependencia a las drogas.

   Acorde con la doctrina que se deja mencionada, la adicción a las sustancias estupefacientes del acusado no permite apreciar una eximente completa ni incompleta ni sus padecimientos afectivos permiten alcanzar una situación que permitieran sostener una intensa y grave afectación de sus capacidades de comprender la ilicitud del hecho o de actuar conforme a esa comprensión.

   El motivo debe ser desestimado.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Se dice que el Tribunal de instancia ha incurrido en error al no haber recogido en los hechos que se declaran probados que el acusado consumía habitualmente cocaína y que ello afectaba a su capacidad cognoscitiva gravemente así como a la comprensión de la ilicitud del hecho y de actuar conforme a esa comprensión.

Se señala para acreditar tal error, como documentos, lo siguiente:

1. Declaración en el acto del juicio oral y en el sumario (folio 835 de la causa) del médico jefe del Servicio de Urgencias Eusebio .

2. Pericial del Psiquiatra Jon en el acto del juicio oral y en el sumario (folios 714 y 716).

3. Informe realizado por el Instituto Anatómico Forense de Valencia obrante al folio 717 de la causa.

Asimismo se alega error en cuanto a la cantidad de cocaína intervenida que no ha sido de 4.926 gramos y se designa para acreditar el error el análisis realizado en la Jefatura de Policía de Valencia (folio 302) y en el informe analítico que obra al folio 716.

Respecto al primer error referido a la capacidad del acusado, es de recordar que es doctrina reiterada de esta Sala que no constituyen documentos, a estos efectos casacionales, los dictámenes periciales, en cuanto se trata de pruebas personales que no pierden dicho carácter por el hecho de aparecer documentadas en las actuaciones, con la única excepción de que la prueba pericial sea única e inequívoca y el Tribunal sentenciador la haya incorporado de modo incompleto o fragmentariamente o que tratándose de varios dictámenes coincidentes la Audiencia ha llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes o, incluso, diametralmente opuestas o contrarias a lo expuesto por los peritos.

Y ciertamente eso no sucede en el supuesto que examinamos; en el acto del juicio oral han emitido dictámenes los médicos forenses que reconocieron las facultades del acusado y su adicción a las drogas y tras afirmar que no tiene trastorno de la personalidad, se ratificaron en sus informes emitidos a lo largo de la instrucción de las diligencias y tras su examen puede comprobarse que al folio 333 obra incorporado informe emitido por médico forense en el que se hace constar que el acusado, si bien refiere ser adicto al consumo de cocaína, no se aprecian signos de intoxicación ni de abstinencia ni de alteraciones psico-patológicas y que la adicción es de grado moderado y al folio 776 obran los informes emitidos por los médicos forenses que fueron ratificados en el plenario y en los que se dictamina que el acusado tiene antecedentes de control y tratamiento psiquiátrico desde la infancia hasta 1983 por presentar un cuadro clínico de trastornos distímicos y rasgos de inestabilidad emocional de la personalidad, que manifiesta consumo de cocaína fumada y esnifada desde los 20 años de forma ocasional y más continuado en un último periodo, sin embargo dicho consumo no se ha podido objetivar en el examen y que clínica y psicométricamente tiene un nivel intelectivo dentro del término medio poblacional y que en el momento de su examen el acusado presenta conservadas sus facultades volitivas y cognoscitivas.

Así las cosas, este extremo del motivo no puede ser estimado.

Se denuncia igualmente error con relación a la cantidad de cocaína intervenida y en concreto que se trata de 492,6 gramos y no 4.926 gramos como se recoge en el relato fáctico.

Este alegado error si debe ser apreciado, ya que acorde con la doctrina de esta Sala sobre los dictámenes periciales se puede comprobar que el caso que nos ocupa se encuentra entre esos supuestos excepcionales. Ciertamente, el único informe analítico sobre las sustancias intervenidas emitido por el Area de Sanidad de la Delegación del Gobierno, incorporado al folio 716 de las actuaciones, deja clara constancia que la cocaína intervenida eran 492,61 gramos con una pureza del 92,7% y asimismo se intervinieron 0,86 gramos de esa misma sustancia. No existe ningún otro dato o elemento que pudiera ser tenido en cuenta por el Tribunal de instancia y que desvirtuara tal informe analítico, por lo que se puede afirmar que el Tribunal de instancia, al recoger la cantidad de cocaína intervenida al acusado se ha distanciado infundadamente del informe pericial mencionado, único practicado, y llega a conclusiones claramente divergentes del mismo.

Este extremo del motivo debe estimarse y, en consecuencia, se debe corregir, en la segunda sentencia, la cantidad de cocaína intervenida al acusado.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º, inciso primero, del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca quebrantamiento de forma al no fijar la sentencia con claridad y precisión cuales son los hechos que se declaran probados.

En concreto se denuncia que el Tribunal de instancia incide en quebrantamiento de forma al no consignar los concretos supuestos fácticos que tiene en cuenta para alcanzar la convicción de que sus capacidades de conocer y querer no están afectadas.

El motivo no puede prosperar.

Ciertamente no puede aducirse falta de claridad de los hechos probados porque entienda el recurrente que se han omitido datos en dicha narración que sean determinantes de la apreciación de la eximente completa o incompleta que se solicita cuando la falta de claridad a que se refiere el precepto invocado ha de ser de tal modo que determine la incomprensión de los hechos que se dejan probados, o aparezcan redactados confusa o dubitativamente, de tal modo que resulten inadecuados para servir de argumentación lógica al fallo; no es eso lo que sucede en el recurso que se examina, la narración es perfectamente clara y el fallo recaído acorde con los hechos que se dejan probados, sin que deba reflejarse en la narración fáctica extremos que, aducidos por las partes, no han podido ser recogidos por el Tribunal al no deducirse, según su apreciación, de las pruebas practicadas.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º, inciso tercero, del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca quebrantamiento de forma al consignarse en los hechos que se declaran probados conceptos que por su carácter jurídico predeterminan el fallo.

Se dice cometido ese quebrantamiento de forma al consignarse en los hechos que se declaran probados que el acusado no presenta alteraciones psicológicas relevantes en su conducta y que posee únicamente alteración en su esfera afectiva sin que repercuta en otros órdenes, siendo que desde años atrás se inició en el consumo de cocaína por vía nasal, llegando a crear adicción que le afectaba no considerablemente sus capacidades de conocer y querer.

El motivo no puede prosperar.

Es doctrina reiterada de esta Sala que el expresado motivo del recurso de casación presupone el que se consignen como hechos probados aquellos que coincidan con los empleados por el legislador para la descripción del núcleo del tipo, cuyo alcance y significación sólo puede ser conocido por quien tenga conocimientos jurídicos y que han sustituido a los hechos de tal medida que de suprimirse mentalmente el relato fáctico quedaría desposeído de la base necesaria para efectuar la correspondiente calificación jurídica antecedente del fallo; y de la lectura de la frases que se señalan en apoyo del motivo no se aprecia la concurrencia de ninguno de los presupuestos que se dejan antes expresados; las palabras o locuciones empleadas son perfectamente entendibles por cualquier persona, y no están presentes expresiones técnicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado; muy al contrario las expresiones aludidas se contraen a una descripción de hechos en lenguaje asequible, que no están incluidos en el tipo delictivo y que no se necesita de especiales conocimientos jurídicos para su comprensión.

En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 3º del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca quebrantamiento de forma al no haber resuelto la sentencia todas las cuestiones planteadas por la defensa.

Se dice que la sentencia no ha resuelto una de las cuestiones propuestas por la defensa en su calificación y concretamente que la incidencia del consumo de droga hasta el punto de que las facultades del acusado estaban mermadas en alto grado, hallándose en estado de intoxicación el día de autos.

No lleva razón el recurrente ya que el Tribunal de instancia ha dado puntual respuesta a la solicitud hecha por la defensa de que se apreciara una eximente por drogadicción lo que es rechazado por el Tribunal sentenciador que razona sobre la adicción a las drogas del acusado y que el grado de su intensidad únicamente permite apreciar una circunstancia atenuante.

El motivo debe ser desestimado.

El Pleno no jurisdiccional de esta Sala celebrado el día 19 de octubre de 2001 ha estimado, como más acorde con la evolución del consumo de sustancias estupefacientes, considerar que el subtipo agravado de notoria importancia se aprecie a partir de las quinientas dosis referidas al consumo diario que aparece actualizado en un informe reciente del Instituto Nacional de Toxicología, y tratándose de la sustancia cocaína tal consumo diario es de 1,5 gramos, lo que hace un total de 750 gramos de sustancia base o tóxica para poder apreciar tal subtipo agravado, cantidad que no se ha superado en el presente caso, y en consecuencia, cuando no se superan dichas cifras, se aplicará la pena que se extiende de los tres años a los nueve años, individualizándose la pena atendidas las circunstancias concurrentes y a la mayor o menor gravedad del hecho.

Con este alcance, el recurso debe ser parcialmente estimado.

III.