STS 1060/1999, 24 de Junio de 1999

Los hechos consignados en el "factum" recurrido son concluyentes. El supuesto delictivo se originó cuando el matrimonio que se indica procedió a la inmatriculación de los inmuebles por ellos adquiridos mediante escritura pública, tras comprobar que los mismos no se encontraban inscritos en el Registro de la Propiedad, y siempre de acuerdo con el artículo 205 de la Ley Hipotecaria, cuando aquellos, se repite, entregaron dos edictos, facilitados por el Registro de la Propiedad, para que fueran publicados durante un mes en el tablón de anuncios del Ayuntamiento que también refiere.

A instancias del DIRECCION001y de los tres Concejales condenados, el Pleno del Ayuntamiento, por estimar que las fincas afectadas eran, al menos en parte, propiedad del Ayuntamiento o bienes de dominio público, acordaron no diligenciar los edictos, con la intención de impedir que el procedimiento siguiera su curso, tratando de paralizarlo para que no se lograra la inscripción registral. El DIRECCION000del Ayuntamiento informó en su momento "que era necesario proceder a la exposición pública de los edictos y a su cumplimentación". Cuando se retiraron por parte de los interesados los edictos referidos, quedó acreditado que estos habían estado expuestos "por tiempo inferior a un mes". La inscripción de las fincas quedó cancelada como consecuencia de la falta de exposición pública de los repetidos edictos.

Tal relato histórico, necesario consignar aquí para la mejor comprensión de este silogismo, dio lugar a la condena, ahora recurrida por los cuatro coacusados, como autores del delito de infidelidad en la custodia de documentos del artículo 364.2 del Código de 1973, vigente cuando los hechos acontecieron y más benévolo que el actual artículo 413.

El primer motivo, por la vía casacional del artículo 849.1 procedimental que obliga a respetar el hecho probado de la instancia si no se quiere incurrir en la inadmisión del artículo 884.3 también procesal, denuncia la indebida aplicación del artículo 364.2 citado más arriba.

El motivo obliga a estudiar la configuración legal del tipo penal denunciado. Como se desprende del relato histórico recurrido, el DIRECCION001y los Concejales actuaron al margen del Derecho pues conscientemente ocultaron unos documentos para paralizar el procedimiento, a pesar de las advertencias del DIRECCION000de la Corporación, lo que elimina cualquier exculpación que se quiera esgrimir por la parte recurrente.

La Sentencia de 29 de junio de 1990 contempló un supuesto análogo al ahora enjuiciado, supuesto en el que se llegó también a la misma consecuencia jurídica aquí asumida por los jueces de la Audiencia.

El precepto penal alude a la sustracción, a la destrucción y a la ocultación de documentos (o papeles decía este texto derogado) que estuvieren confiados por razón de su cargo al sujeto activo de la infracción, lo cual limita el espectro funcionarial a lo que la Sentencia de 26 de noviembre de 1997 denomina la "custodia funcional" del documento.

Aclarada ya el carácter doloso de la infracción en la nueva redacción del vigente Código, hay que advertir que existe también ocultación de documentos por funcionario público cuando se produce la paralización del trámite obligado a que responda el documento de que se trate, porque ocultar, a efectos de este delito, es equivalente a guardar, no entregar, o incluso dilatar indefinida y sensiblemente la presencia del documento, impidiendo que surta los fines a que corresponda su contenido y destino (ver la Sentencia de 9 de octubre de 1991).

Este delito especial propio, que no puede ser cometido por un particular al menos como autoria directa, según la interpretación de esta Sala Segunda, considera suficiente con que el funcionario que "ocultó" los documentos, en el significado antes dicho, tenga la posibilidad de hecho de interferir en su curso, en su registro, en su notificación, etc. por encontrarse éstos bajo la custodia del organismo a que pertenece, aún cuando no les estén específicamente encomendadas esas tareas (ver las Sentencias de 2 de marzo de 1995 y 22 de septiembre de 1993, entre otras). El motivo se ha de desestimar pues los hechos probados encajan jurídicamente en la doctrina expuesta.

El segundo motivo, que denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ha de seguir la misma suerte desestimatoria porque pocas veces, como ahora, puede hablarse de una clara y legítima prueba de cargo, mínima actividad probatoria o actividad probatoria suficiente, directamente relacionada con los hechos referidos.

La prueba, se insiste, es abundante y prolija. La existencia de la documentación acreditativa de lo acontecido (edictos, diligencia extendida en los mismos, la documentación del caso y el Pleno del Ayuntamiento, etc.), las advertencias del DIRECCION000y la propia declaración de los acusados avalan el justo criterio asumido por la Audiencia.

El tercer motivo es ya más complejo. Se alega fundamentalmente que el Tribunal competente para enjuiciar el hecho debió ser el Juez de lo penal y que la acusación particular, única parte acusadora, se refería en su calificación provisional a un delito no investigado en el sumario, con base a lo cual se habla de la infracción de una serie de derechos fundamentales tales la tutela judicial efectiva y el derecho al Juez ordinario, a su vez originadoras de una evidente indefensión por la ausencia de garantías suficientes.

En cuanto al Tribunal competente, Juez predeterminado por la Ley, hay que advertir que la acusación particular calificó provisionalmente el hecho constitutivo de un delito de infidelidad en la custodia de documentos del artículo 364.2 del Código penal derogado o de un delito del artículo 413 del vigente Código Penal, solicitando la imposición de la pena de seis meses y un día de prisión menor y multa de 100.000 ptas. e inhabilitación especial por seis años y un día, por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 14.3.4 de la Ley procesal, corresponde el conocimiento a la Audiencia Provincial, si se tiene en cuenta la extensión, en abstracto, de la pena, en el primer precepto sustantivo citado, que llega o puede llegar hasta la prisión menor de seis años. Quedan al margen las posibilidades del artículo 364.1 cuando el daño a tercero hubiera sido grave, lo que no dejaba de gravitar sobre el desarrollo del proceso, con las graves consecuencias que ello hubiera traído consigo.

No pueden dejarse de lado las sucesivas modificaciones operadas en el artículo 14 de la norma procesal, en último caso para acomodarla a la clasificación de los delitos establecida por el Código de 1995, después a su vez modificado también por Ley Orgánica de 10 de noviembre de 1998, antes de la cual la competencia de los Jueces penales solo llegaba a los delitos menos graves ( castigados con penas de hasta tres años), ahora delitos castigados con penas de hasta cinco años. En conclusión, cuando se abrió el juicio oral y se hicieron las conclusiones provisionales, los tres años definían una u otra competencia, Juez de lo Penal o Audiencia Provincial, como también la cuantía de la inhabilitación especial, pena ésta entonces también dentro de los límites competenciales de la Audiencia.

Es evidente, si se lee el contenido del recurso, que los acusados relacionan esta cuestión con el delito realmente investigado porque supeditan su reclamación competencial al hecho, según ellos, de que el delito investigado, único a enjuiciar, era el de denegación de auxilio del artículo 371 del Código de 1973. La realidad, guste o no a los recurrentes, es que, con independencia de lo que inicialmente se investigara, el procedimiento versó, según las conclusiones provisionales de la acusación particular (el Fiscal solicitó el sobreseimiento de las actuaciones), sobre el delito del artículo 364.2 del viejo Código, o artículo 413 del vigente, por infidelidad en la custodia de documentos, aunque subsidiariamente, se refiriera al delito del repetido artículo 371, o artículo 412 del Código actual. La realidad es que la denuncia inicialmente presentada se refería a los mismos hechos, después investigados, que se acogen en la sentencia.

Quiere decirse con ello que, sin causación alguna de indefensión, las partes hicieron valer sus derechos en cuanto a unos hechos supuestamente delictivos, establecidos que vinieron desde el primer momento, aunque el desarrollo de las actuaciones permitió fijar los presupuestos jurídicos pertinentes y atinentes a los mismos, según unos para acusar, según otros para absolver, sin que, en último caso, hubiera anomalía alguna, formal o sustantiva, cuando el plenario tuvo lugar en los límites marcados por las conclusiones provisionales, aunque, se insiste una vez más, la denuncia inicial pudiera referirse al delito del artículo 371, no obstante lo cual, la investigación fuera perfilando más acertadamente el delito del artículo 364.2.

En cuanto al segundo problema, cambio de la acusación en cuanto al supuesto delito a investigar, ya ha quedado dicho que no existió tal cambio al menos en los momentos transcendentes del proceso. Las conclusiones provisionales, e incluso las definitivas, se mantuvieron, por lo que a la acusación particular interesa, acordes y análogas.

De todas formas hay que aclarar que es doctrina consolidada (ver la Sentencia de 11 de noviembre de 1992) que el verdadero instrumento procesal de la acusación es el escrito de conclusiones definitivas, por lo que la sentencia debe resolver sobre ellas y no sobre las provisionales. El derecho a ser informado de la acusación, junto con la interdicción de la indefensión (Sentencia de esta Sala de 6 de abril de 1995) suponen, de un lado, que el acusado ha de tener pleno conocimiento de la acusación contra él formulada, tanto en su contenido fáctico como jurídico, debiendo tener la oportunidad y los medios para defenderse contra ella, y de otro, que el pronunciamiento del Tribunal ha de efectuarse precisamente sobre los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa. El conocimiento de la acusación se garantiza inicialmente mediante las conclusiones provisionales y, una vez finalizada la actividad probatoria, en el acto del juicio oral, mediante las definitivas en las que, naturalmente, se pueden introducir las modificaciones fácticas y jurídicas demandadas por aquella actividad, siempre que se respete la identidad esencial de los hechos que han constituido el objeto del proceso. La posibilidad de que en las conclusiones definitivas de la acusación se operen cambios, incluso relevantes, se deduce con toda claridad del artículo 793.7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorga al Juez o Tribunal, "cuando la acusación cambie la tipificación penal de los hecho o se aprecien un mayor grado de participación o de ejecución, o circunstancias de agravación de la pena", la facultad de "conceder un aplazamiento de la sesión, hasta el límite de diez días, a petición de la defensa, a fin de que ésta pueda aportar los elementos probatorios y de descargo que estime convenientes".

El motivo se ha de desestimar.

Como colofón a lo expuesto es conveniente recordar siempre que el proceso con todas las garantías, la prohibición de causar indefensión, el Juez predeterminado e imparcial, y, en definitiva, el derecho a la tutela judicial efectiva, guardan entre sí una directa e inmediata relación. Más siempre han de interpretarse tales derechos desde la racionalidad, huyendo de lo que puede ser absurdo cuando no abuso jurídico.

El derecho al juez predeterminado no puede tener el alcance que se pretende. No se vulnera ese derecho fundamental al Juez si el órgano jurisdiccional actuante es el correcto en ese momento procesal, sin perjuicio de que las actuaciones por éste realizadas tengan su final destino en otro Tribunal. Sería en todo caso una irregularidad formal, de mero trámite, totalmente inocua, siempre que en el fondo se cumplan las prevenciones legales y constitucionales que amparan el derecho.

Lo importante, si se habla de Juez predeterminado, es que el órgano judicial llamado a conocer o a actuar haya sido creado previamente por la norma, que esté investido de jurisdicción y competencia antes del hecho que motive su actuación y, finalmente, que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo como órgano especial o excepcional (Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 1994).

El cuarto motivo también se ha de rechazar porque trae causa de lo expuesto más arriba. Se denuncia la vulneración de los artículos 24.1.2 de la Constitución y se afirma la incorrección de haberse instruido las actuaciones por denegación de auxilio cuando después se calificó por delito de infidelidad en la custodia de documentos. No hubo tal inconcrección. Sobre los hechos investigados, las conclusiones provisionales marcaron el ámbito y límites del proceso, durante el que los acusados pudieron legítima y constitucionalmente defenderse como lo creyeron oportuno.

El quinto motivo, por quebrantamiento de forma, debió, en buena técnica procesal, haber sido estudiado en primer lugar, si no fuera porque su carencia absoluta de fundamento propicia ahora la desestimación por la inadmisión que en otro trámite procesal debió acordarse (artículo 885.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Pero lo curioso es que la falta de claridad se quiere basar en que los jueces no tuvieron en cuenta todo lo alegado por la defensa, cuyo escrito era más largo que el de la acusación particular, también porque solo se tuvieron en cuenta las argumentaciones de la citada acusación.

Nada de lo expuesto implica el quebrantamiento de forma solicitado, porque la falta de claridad nada tiene que ver con que el hecho probado, asumido por el Tribunal, únicamente acoja lo que estima no solamente acreditado sino igualmente transcendente y básico para el silogismo judicial.

La falta de claridad (Sentencias de 12 de abril de 1991 y 27 de febrero de 1992, entre otras) se produce no sólo cuando gramaticalmente resulte incomprensible el "factum" (por ambigüedad, por oscuridad, por mala redacción, por imprecisión) sino también cuando por la omisión de elementos, datos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdad de lo ocurrido, con la lógica consecuencia de que entonces se hace imposible determinar la existencia del delito, la participación concreta del acusado, la concurrencia de circunstancias modificativas o incluso el contenido de los distintos pronunciamientos civiles, si se quiere actuar dentro de las estructuras de lo que debe ser la tutela judicial efectiva.

Si la omisión de tales circunstancias es notoriamente transcendente hasta el punto de impedir la comprensión del fallo judicial, es fácilmente asumible el defecto procesal.

Concretamente la viabilidad del defecto necesita: a) que en la narración de los hechos exista incomprensión, dudas, confusión u omisiones, siempre referidas a puntos esenciales del "factum" como antecedente obligado de la conclusión silogística; b) que tales oscuridades o incomprensiones guarden una directa relación con la calificación jurídica de la sentencia; y c) que esa falta de entendimiento provoque realmente un evidente vacio descriptivo en los hechos probados.

Por lo que respecta a la contradicción hay que advertir una vez más (entre otras muchas ver la Sentencia de 11 de marzo de 1996) que el defecto formal exige una serie de condicionamientos harto conocidos: a) que la contradicción sea interna, como producida dentro de los hechos probados, pero no entre éstos y los fundamentos jurídicos salvo en el caso de que incorrectamente vengan aquéllos incluidos, de alguna manera, en dichos razonamientos de Derecho, tal se advierte entre otras en las Sentencias de 18 de febrero de 1995, 8 de septiembre y 8 de mayo de 1993, en cuyo supuesto sería absurdo que los datos fácticos incluidos en el "factum" pudieran utilizarse contra el reo pero no en cambio para alegar a su favor una posible contradicción dentro del contexto general de lo que es el relato histórico de lo acaecido; b) que sea gramatical, es decir, que los hechos comprendidos en tal relación sean contradictorios, irreconciliables y antitéticos de forma que la afirmación de uno implique la negación del otro; c) que por ello sea manifiesta, patente e insubsanable, pues ni siquiera con la integración de otros pasajes del relato pueda rehacerse la comprensión y la compatibilidad mutua y recíproca de los hechos contradictorios; y d) que la contradicción sea esencial porque afecte a partes fundamentales del silogismo judicial, y a la vez causal no sólo por tratarse de expresiones imprescindibles sino porque además determinen el fallo poniendo de manifiesto la incongruencia existente entre lo que se acuerda y sus antecedentes fácticos.

No hay contradicción alguna en los términos que el recurso pretende. La contradicción está muchas veces relacionada con la falta de claridad porque aquella aboca a esta. Este no es el caso. El relato es claro e inteligible, en los términos expuestos en el principio de esta resolución. Las expresiones que se traen a colación por el motivo, en nada afectan a la claridad y a las consecuencias jurídicas producidas.

Finalmente el sexto motivo también debió ser inadmitido en su momento por falta absoluta de fundamento. Aunque se denuncia con apoyo en el artículo 851.2 procesal, lo cierto es que resulta difícil entender lo que se quiere decir en el mismo. Habla de predeterminación, habla de falta de pruebas y habla de la valoración asumida por los Jueces de la Audiencia, para insistir una vez más en los alegatos anteriormente expuestos, esencialmente que se haya condenado por un delito distinto del que inicialmente dio lugar a la apertura de las actuaciones.

Esa falta de inconcrección y de rigor científico impide cualquier otra contestación que no sea la desestimación que se propugna.III.