STS, 12 de Julio de 2006
| Ponente | JUAN JOSE GONZALEZ RIVAS |
| ECLI | ES:TS:2006:4227 |
| Número de Recurso | 1462/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 12 de Julio de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
JUAN JOSE GONZALEZ RIVASNICOLAS ANTONIO MAURANDI GUILLENPABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAJOSE DIAZ DELGADOEDUARDO CALVO ROJAS
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a doce de Julio de dos mil seis.
Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, el recurso de casación que con el número 1462/2001 ante la misma pende de resolución, interpuesto por don Sergio, representado por la Procuradora doña Macarena Rodríguez Ruiz, contra la sentencia de 21 de noviembre de 2000 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (dictada en el recurso contencioso-administrativo número 50/1999).
Siendo parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
La sentencia recurrida dispone lo siguiente: "PRIMERO.- Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo nº 03/50/99, interpuesto por el Letrado D. Angel Martín Ortiz, en nombre y representación de D. Sergio, contra la resolución del Ministerio de Justicia (Secretaría de Estado de Justicia), de 4 de noviembre de 1998 por la que se aprueba y publica la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997, que se confirma en el aspecto objeto de recurso por ajustarse al ordenamiento jurídico. SEGUNDO.- No hacemos una expresa condena en costas".
Contra dicha sentencia ha interpuesto recurso de casación Dª. Macarena Rodríguez Ruiz, en representación de D. Sergio. En el escrito de interposición del recurso, después de exponer el motivo que estimó pertinente, solicitó a la Sala : "dictar sentencia dando lugar al mismo, casando la resolución recurrida, declarando contrario a derecho su fallo, y en todo de acuerdo con lo suplicado en su día en el escrito de demanda".
Admitido a trámite el recurso se remitieron las actuaciones a esta Sección Séptima, conforme a las reglas de reparto de asuntos y, por providencia de 15 de octubre de 2002, se dio traslado del escrito de interposición al Abogado del Estado para que formalizara su oposición lo que verificó mediante escrito de 12 de noviembre de 2002, en el que solicitó a la Sala "dicte sentencia declarando no haber lugar a este recurso".
Cumplidas las prescripciones legales, se señaló para votación y fallo el día 5 de julio de 2006.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas,
D. Sergio realizó, por el turno libre y en el ámbito territorial de Andalucía, las pruebas selectivas convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997 para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia. Esas pruebas comprendían dos ejercicios. Según la Base 9.1 de las que regían la convocatoria, el primero consistía en la contestación a un cuestionario de cien preguntas, cada una de las cuales iba seguida de cuatro respuestas, de las que solo una era correcta. Se puntuaba de 0 a 100 puntos, asignándose un punto por acierto, restándose 0,33 puntos por cada error y no puntuando las preguntas no contestadas. Encomendaba, igualmente, la Base 9.1 al Tribunal Calificador único decidir, a la vista del número y nivel de conocimientos de los aspirantes presentados, cual habría de ser la puntuación mínima para superar este ejercicio en cada ámbito territorial. El segundo ejercicio consistía en reproducir mecanográficamente un texto o textos propuestos por el Tribunal, valorándose el número de pulsaciones y su ejecución correcta y penalizándose los errores y omisiones, así como el incumplimiento de las normas de realización del ejercicio. Precisaba la Base 9.2 que, a efectos de cómputo, 280 pulsaciones en máquina electrónica equivalían a 250 en máquina normal. Se calificaría de 0 a 100 puntos, siendo la puntuación mínima para superarlo la equivalente a 280 pulsaciones netas deducidos los errores y efectuada la conversión máquina eléctrica/máquina manual.
Antes de la realización del primer ejercicio el Tribunal anuló dos preguntas, de manera que la puntuación máxima posible en el mismo quedó en 98 puntos. El Sr. Sergio conforme a las reglas de la Base 9.1 obtuvo 87 puntos, pues contestó correctamente 89 preguntas, falló en 6 y dejó de responder a 3. Y en el segundo logró una puntuación de 71,49 puntos. En consecuencia, su calificación final sería de 158,49 puntos. No obstante, el Tribunal Calificador único, además de establecer en 78 la puntuación mínima necesaria para superar el primer ejercicio, resolvió aplicar una fórmula de transformación de la realmente obtenida en el mismo con el fin de que quedaran comprendidas en una escala que iba de 50 a 98 sustituyendo a la que iba de 78 a 98. Para ello consideró que 78 puntos equivalían a 50 y con arreglo a esa equivalencia convirtió todas las puntuaciones. De esa manera, los 87 puntos del Sr. Narciso pasaron a ser 72,50 y, sumados a los 71,49 puntos del segundo ejercicio, le dejaron fuera de la relación definitiva de aprobados. El resultado fue que, en lugar de los 158,49 puntos iniciales, se quedó con 143,49, es decir, una puntuación inferior a la de la última seleccionada para el ámbito de Andalucía, Dª Inmaculada que obtuvo 151, 23 puntos.
Ante esa circunstancia, interpuso el recurso contencioso administrativo que dio lugar a la sentencia ahora impugnada.
La parte recurrente, en su demanda, sostenía la infracción del artículo 15 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo , y de la Orden de convocatoria porque el Tribunal Calificador único se había apartado de lo dispuesto en las Bases que la regían, sin modificarlas conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común . Modificación consistente en la aplicación de ese factor de transformación de las puntuaciones del primer ejercicio, desconocida por los concursantes hasta después de la realización de las pruebas, y distorsionante de los resultados obtenidos conforme a la aplicación de la Base 9.1. En efecto, el Sr. Sergio ponía de manifiesto, mediante una tabla de resultados, que, si bien la equivalencia era plena con la puntuación inicial de 98 ese factor de transformación iba haciendo que la diferencia creciera gradualmente entre aquella y la finalmente adjudicada. De esa forma, de una relación 98/98, se iba pasando a otras como 94/90, 92/85, 90/80, 88/75, 86/70, 84/65, 82/60, de manera que conforme disminuía la puntuación inicial iba aumentando progresivamente la diferencia entre ella y la transformada. En definitiva, esa operación no era inocua sino que alteraba sustancialmente el orden de los aprobados haciendo posible, como efectivamente sucedió, que aspirantes con una calificación global inferior a la del Sr. Sergio le superasen en la nota final.
Por todo ello, pidió a la Sala que anulara la resolución que aprobó la relación definitiva de aspirantes aprobados en tanto no le incluía, condenando a la Administración a dictar otra en su lugar, por la que se le incluya y reconozca como uno de los aspirantes que ha superado la oposición convocada por la orden de referencia, con el reconocimiento expreso de la antigüedad que como funcionario le corresponde desde la fecha en que aquellos que la superaron tomaron posesión de la plaza (primer destino), condenándola igualmente al abono de los sueldos y demás emolumentos correspondientes desde la fecha en que debiera haber tomado posesión, con los intereses legales devengados desde dicha fecha hasta su cumplido pago.
La sentencia de la Audiencia Nacional ahora recurrida desestimó el recurso. En sus fundamentos, recuerda el criterio jurisprudencial uniforme de que las bases de la convocatoria de un concurso o pruebas selectivas constituyen la ley a la que ha de sujetarse el procedimiento y resolución de los mismos, de tal manera que, una vez firmes y consentidas, vinculan por igual a los participantes y a la Administración, así como a los Tribunales y Comisiones encargados de la valoración de los méritos, no pudiéndose modificar sino de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley 30/1992. Tal planteamiento tenía su reflejo normativo en el artículo 3 del Real Decreto 1411/1968, de 27 de junio, que aprobó el Reglamento General de Ingreso en la Administración Pública , y se plasmó en el artículo 13.4 y 5 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo , lo que supone que el procedimiento selectivo debe ajustarse a las previsiones contenidas en las bases.
A partir de aquí, dice que la Base 6.1 atribuía al Tribunal Calificador único la facultad de elaborar los criterios de valoración y que la base 9.1, tras señalar como habría de puntuarse el primer ejercicio, le encomendaba la fijación de la puntuación mínima para superarlo en cada ámbito territorial. De ello deduce la Sala de la Audiencia Nacional que el proceder discutido se justifica en las facultades que las bases atribuyen al Tribunal Calificador y en "la obtención de un resultado justo y ponderado en el cómputo de los méritos y capacidad de los participantes". Además, dice la sentencia que "por tratarse de una fórmula proporcional no supone alteración del orden de los aprobados en cada ejercicio y que a todos los participantes se les valora por igual, por lo que no existe discriminación entre los mismos".
El recurso de casación se funda en el artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción y contiene tres motivos.
En el primero, se invoca la infracción del artículo 22 del Reglamento de Oficiales y se considera que la sentencia de instancia ha vulnerado la Orden de convocatoria de las pruebas por haberse apartado la Administración de las Bases que las regían sin modificarlas con arreglo a lo previsto por la ley 30/1992. Explica el recurrente, que el Tribunal Calificador Único, en contra de lo que dice la sentencia impugnada, fue más allá de lo que le autorizaba la base 9.1, excediéndose, por tanto, en su competencia para fijar la puntuación mínima en virtud de un informe de Transformación de los Puntos no publicado y desconocido por los aspirantes hasta después de la realización de las pruebas. Esa conversión, subraya, distorsionó y alteró las puntuaciones resultantes de la aplicación de la mencionada base con el resultado de verse excluido de la relación de aprobados en la que debería haber figurado.
Por su parte, el Abogado del Estado, en el escrito de oposición considera que el recurrente no ha desvirtuado los argumentos expuestos por la sentencia y que lo único que pretende es revisar en casación, lo que no es procedente, la valoración de las puntuaciones. Además, insiste, la valoración de los méritos es una función exclusiva del Tribunal Calificador único.
El problema que plantea este recurso de casación ha sido resuelto ya por esta Sala y Sección en sus sentencias de 29 de junio (casación 6843/2001) y de 15 y 22 de diciembre (casación 1595/2000 y 1445/2000) todas de 2005 y dictadas en relación con este mismo proceso selectivo. En la primera de ellas decíamos:
"El problema principal de esta casación es decidir si esa formula correctora que aplicó el Tribunal Calificador, (...), fue discriminatoria y perjudicial para los recurrentes. Pues de haber sido así sería de apreciar la infracción del artículo 14 CE que es denunciada en el motivo de casación.
Para abordar esa cuestión la Sala tiene que comenzar puntualizando que acepta que los índices de progresión de las escalas de puntuaciones reales y corregidas son los que también se señalan en ese apartado F). Y lo hace por estas razones: porque esa alegación de la parte recurrente no ha sido rebatida expresamente en esta fase de casación (como tampoco lo fue en el proceso de instancia); y porque se confirma con alguno de los datos que aparecen en el expediente administrativo que fue remitido por la Administración demandada.
Dicho expediente es incompleto. Respecto del primer ejercicio no incluye las puntuaciones reales y corregidas de todos los opositores (como habría sido lo correcto) sino sólo las de una parte de ellos. Pero en esas que sí figuran se constata que la progresión de las escalas de puntuaciones reales y corregidas es como se dice en el recurso de casación (en coincidencia con lo que se había dicho en la demanda inicial).
Tras lo anterior, lo que procede estudiar son las exigencias que debería haber cumplido esa fórmula correctora que fue aplicada para poder ser considerada efectivamente igualitaria y rectamente ajustada a lo establecido en las bases de la convocatoria.
Es claro que la corrección había de mantener a los opositores al finalizar el primer ejercicio con el mismo orden que les hubiera correspondido según las puntuaciones reales, pero no bastaba solo con eso. Además de lo anterior, era necesario que la nueva puntuación corregida del primer ejercicio tuviera sobre el resultado de la puntuación final la misma incidencia que habría tenido la puntuación real de ese ejercicio.
Sólo si se confirma la observancia de esta segunda exigencia podrá aceptarse que se ha cumplido la proporción que las bases de la convocatoria querían que existiera entre la calificación de cada ejercicio y el resultado final del proceso selectivo.
(....) La polémica formula correctora no cumple con esa última exigencia que acaba de apuntarse. Su incidencia en el resultado final de la oposición es diferente a la que habrían tenido las puntuaciones reales. Así: la puntuación mínima real de 78 se transforma en una puntuación corregida de 50, mientras que la puntuación real de 98 se convierte en 100; y lo que en una comparación global de ambos sistemas de puntuación se observa es que las puntuaciones reales más bajas están mucho más distantes de sus equivalentes corregidas que lo están las puntuaciones reales más elevadas.
Los datos parciales que figuran en el expediente así lo confirman.
Por tanto, tienen razón los recurrentes de casación en que esa formula correctora no fue igualitaria.
Esto hace que el paso siguiente tenga que ser comprobar si la aplicación de esa formula correctora, además de no ser igualitaria en términos abstractos, significó para ellos el perjuicio de haber quedado excluidos de la lista final de aspirantes seleccionados.
Y así habrá sucedido si entre los seleccionados figura alguno de ellos que, de haberse computado la puntuación real y no la corregida, habría obtenido una puntuación total inferior a la que habría correspondido a los recurrentes.
Las actuaciones permiten constatar que ese perjuicio efectivamente tuvo lugar (...) En la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas (..) aparecen personas con una puntuación corregida para el primer ejercicio cuya puntuación real equivalente, de haber sido computada esta última y no la corregida, habría dado lugar a un total que sería inferior al que se acaba de reflejar para cualquiera de los tres recurrentes.
La calificación del primer ejercicio de los recurrentes fue efectivamente discriminatoria y perjudicial para ellos, por lo que debe acogerse la violación del artículo 14 CE que denuncian.
Y no está de más destacar que así lo señaló el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones presentado en el proceso de instancia, y que en las actuaciones obra un informe del Defensor del Pueblo que también censura la aplicación de la fórmula correctora".
Las anteriores consideraciones llevaron a esta Sala a estimar el recurso de casación y también el recurso contencioso administrativo de los entonces recurrentes y a esa misma conclusión hemos de llegar aquí, porque en el motivo que se ha formulado contra la sentencia de la Audiencia Nacional subyace el mismo reproche, la desigualdad en el tratamiento dado a los distintos concursantes como consecuencia de la aplicación de una fórmula correctora no prevista en las bases de la convocatoria que distorsionó los resultados a los que conducía el sistema de puntuación previsto por aquellas. La Administración no aplicó correctamente "antes al contrario, se salió de lo que preceptuaban" dichas bases, que como dice la sentencia, recordando lo que establecen las normas antes mencionadas eran la ley del concurso. Y al actuar de esa forma asignó al recurrente una calificación inferior a la que le correspondía, la cual estaba por encima del mínimo exigido para superar las pruebas. Se ha producido, pues, la infracción denunciada y eso comporta la estimación del recurso de casación con la consiguiente anulación de la sentencia.
Y por esas mismas razones, procede la estimación del recurso contencioso administrativo. Así debe ser porque en la demanda, el recurrente ha reclamado la anulación del acto impugnado en tanto no le incluye, el reconocimiento de que superó las pruebas, su nombramiento como Auxiliar de la Administración de Justicia y de que se le otorgue la antigüedad y abono de las retribuciones correspondientes con los intereses legales devengados. Pero no ha pedido figurar con un determinado orden en la lista de seleccionados ni ser antepuesto a ninguna persona concreta.
A tenor de lo establecido en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción no se hace imposición de costas en la instancia debiendo correr cada parte con las suyas del recurso de casación.
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Que ha lugar al recurso de casación nº 1462/2001 interpuesto por D. Sergio contra la sentencia dictada el 21 de noviembre de 2000 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional , que anulamos.
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Que estimamos el recurso contencioso administrativo nº 50/1999 y anulamos la exclusión del recurrente de la relación de aspirantes seleccionados en las pruebas para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997 aprobada por la resolución de la Secretaría de Estado de Justicia de 4 de noviembre de 1998.
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Que declaramos el derecho de D. Sergio a ser incluido en la relación de aprobados, de conformidad con los criterios establecidos en las bases, y a ser nombrado funcionario del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia con los efectos económicos y administrativos correspondientes.
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Que no hacemos imposición de costas en la instancia debiendo correr cada parte con las suyas del recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas, en audiencia pública, celebrada en el mismo día de su fecha, lo que Certifico. Rubricado.
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