STS, 6 de Abril de 2001
| Ponente | RODRIGUEZ ARRIBAS, RAMON |
| ECLI | ES:TS:2001:2916 |
| Número de Recurso | 5319/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 6 de Abril de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. PASCUAL SALA SANCHEZD. JAIME ROUANET MOSCARDOD. RAMON RODRIGUEZ ARRIBASD. JOSE MATEO DIAZD. ALFONSO GOTA LOSADA
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a seis de Abril de dos mil uno.
VISTO ante esta Sección de la Sala Tercera el recurso de casación núm. 5.319/96, interpuesto por la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la sentencia dictada en 12 de Febrero de 1996, por la Sección Sexta de la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, en el recurso número 509/92, sobre impugnación de liquidaciones por Tasa de Permiso de Doblaje, en el que ha comparecido como parte recurrida, la entidad "Warner Española, S.A.", representada por el procurador D. Manuel Lanchares Larré con la asistencia de Letrado.
La Sala de esta Jurisdicción, Sección Sexta, de la Audiencia Nacional, con fecha 12 de Febrero de 1996, en el recurso anteriormente referenciado, dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Que estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por Cía Mercantil Warner Española S.A., y en su nombre y representación el Procurador Sr. D Manuel Lanchares Larre, frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 26 de octubre de 1988, debemos declarar y declaramos no ser ajustada a Derecho la Resolución impugnada en los extremos examinados, y en consecuencia debemos anularla y la anulamos, declarando que por el Ministerio de Economía y Hacienda se continúe el trámite del artículo 153 de la LGT, recabando al efecto el oportuno dictamen del Consejo de Estado, y a su vista, adopte la decisión que en Derecho proceda, desestimando el presente recurso contencioso administrativo en lo demás, sin expresa imposición de costas".
Contra la anterior sentencia, la Abogacía del Estado preparó recurso de casación, y emplazadas las partes y remitidos los autos, la recurrente lo interpuso mediante escrito fundado en un sólo motivo, al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley de esta Jurisdicción, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, concretamente considera infringido el art. 153 de la Ley General Tributaria, en relación con los artículos 109 y 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo, apoyando su tesis en la irrecurribilidad de las liquidaciones firmes, dictadas al amparo de alguna norma declarada posteriormente nula por los Tribunales, terminando por suplicar sentencia en la que, estimando el recurso de casación, se case y anule la recurrida, declarando ajustada a Derecho la resolución administrativa impugnada.
Conferido traslado para contestación a la representación procesal de la recurrida "Warner Española, S.A.", lo evacuó por medio de escrito, en el que se opuso al recurso, solicitando su desestimación, con imposición de costas al Estado; tras de lo cual quedaron los autos pendientes de deliberación y fallo por la Sala, acto que tuvo lugar en el día de ayer,
La Sala debe examinar con carácter previo, por ser de orden público procesal y por ello de obligado cumplimiento, si existe cuantía o no para la admisión del presente recurso de casación.
Examinadas las liquidaciones objeto de reclamación, sólo superan la cifra de seis millones de pesetas, que como summa gravamis exige el artículo 93.2.b) de la Ley de esta Jurisdicción, aquí aplicable, las siguientes:
Nº Liquidación
Título
Importe
Fecha de Pago
5/76 El Coloso en Llamas 10.705.000 24-3-76
248/79 Dos Superpolicías 9.505.000 24-10-79
1158/84 Supermán III 17.760.000 28-3-85
451/86 Nunca digas nunca jamás 10.600.000 5-6-86
361/81 Supermán II 6.545.000 25-5-84
233/82 Supermán 12.880.000 26-11-84
211/83 Supermán II 26.320.000 25-2-85
472/983 La Reclujta Benjamín 7.185.000 25-11-85
Esta Sala Tercera del Tribunal Supremo mantiene doctrina reiterada y totalmente consolidada, consistente en afirmar que en materia tributaria el elemento identificador de la cuantía es cada acto administrativo de liquidación o cada "actuación" (autoliquidaciones y declaraciones-liquidaciones, etc) de los obligados tributarios, sin que tenga transcendencia alguna, a estos efectos, el hecho de que los administrados, como en el caso de autos, pidan conjuntamente la declaración de nulidad de varios actos y soliciten, en consecuencia, la devolución de los ingresos que por tal razón consideran indebidos, y de igual modo es también intranscendente que la Administración Tributaria por economía, eficacia y celeridad tramite, en unidad de expediente administrativo, la declaración de nulidad de varias liquidaciones y las correspondientes devoluciones, porque tal acumulación no implica que pierdan su individualidad intelectual y jurídica, tanto en vía administrativa, como jurisdiccional, razón por la cual para determinar la cuantía a efectos de la admisión del recurso de casación debe atenderse a la propia de cada acto administrativo de liquidación, por lo que ha de concluirse que el recurso es inadmisible respecto de todas las liquidaciones que no exceden de 6.000.000 de pts, y admisible respecto de las que superan tales cifras que son las indicadas al inicio de este Fundamento de Derecho, con la consecuencia de que, en el presente momento procesal, el motivo de inadmisión se convierte en causa de desestimación del recurso en cuanto a las liquidaciones inferiores a seis millones de pesetas.
En cuanto al fondo, el problema aquí suscitado ha sido resuelto por las sentencias de esta Sala, entre otras, de 2 y 23 de octubre de 1999, 3 de diciembre de 1999, 29 de enero de 2000, 6 de marzo de 2000 y 23 de noviembre de 2000, de acuerdo con la tesis planteada por el Abogado del Estado.
Lo que se está discutiendo en el presente recurso, es si la Administración puede denegar la tramitación de una declaración de nulidad de pleno de derecho de determinadas liquidaciones, instada a través del procedimiento de revisión de oficio de los actos tributarios, previsto en el art. 153 de la Ley General Tributaria, lo que equivale a desestimarla a límine, o si como sostiene la sentencia impugnada, debe tramitar el expediente y adoptar posteriormente la resolución que proceda.
También conviene tener en cuenta que el motivo en que se apoya la petición formulada por "Warner Española, S.A.", era el previsto en el art. 153.1.a) de la citada Ley General Tributaria, es decir, el de que las liquidaciones habían sido dictadas por órgano manifiestamente incompetente.
La sentencia impugnada, al recoger la posición de la parte recurrente en la instancia, la resume en los siguientes términos, en su fundamento 2: "La cuestión planteada no es otra que la relativa a si, como consecuencia de la nulidad de los Decretos 4292/1964 y 793/1973, declarada por el Tribunal Supremo, devienen también nulos de pleno derecho los actos administrativos de liquidación de la tasa regulada por dichas disposiciones y, si en consecuencia, la recurrente tendría derecho a la devolución de las cantidades en su día ingresadas en concepto de la referida tasa".
Aceptando los razonamientos en la instancia del obligado tributario, la sentencia recurrida, con el apoyo que cree encontrar en las sentencias de esta Sala que después analizaremos, concluyó que procedía obligar a la Administración a iniciar y tramitar el expediente del art. 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 153 de la Ley General Tributaria.
Las sentencias que invoca la resolución recurrida son las de 7 de mayo de 1992, dictada por la Sala Especial de Revisión del art. 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 y la de 2 de octubre del mismo año, de la Sala Tercera.
Ante todo conviene precisar que dicha doctrina, como advierte la misma sentencia de instancia, procede de recursos en los que se instaba la acción de nulidad del art. 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo (hoy, la misma acción se recoge en términos idénticos, en el art. 102 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre), y que permite a la Administración eliminar los actos nulos de pleno derecho.
Entiende la doctrina que citamos que, ante la denuncia del particular, lo procedente es que la Administración "sometiese la petición o acción al procedimiento formal revisorio que dice el precepto, recabando el dictamen del Consejo de Estado y resolviendo en consecuencia. Una solución contraria, como la adoptada por la sentencia ahora impugnada, no encuentra apoyo en el principio de tutela judicial efectiva ni en el de economía procesal", según puede leerse en la sentencia de la Sala Especial.
Pero la sentencia impugnada no ha tenido en cuenta dos cautelas que dicha sentencia estableció en su propio texto, la primera dirigida a los Tribunales y la segunda -que es la que ahora importa-, a la Administración.
La primera cautela recoge que la solución que antes indicamos no es aplicable a actos administrativos sobre los que se cuenta ya con elementos de juicio para, sobreponiéndose a un entendimiento formalista del carácter revisor de la Jurisdicción contenciosa, enjuiciar su validez, ni frente a pretensiones resarcitorias puras y simples, en los que alguna sentencia, como la de 16 de noviembre de 1974, superó la ausencia de trámites -entre ellos el informe del Consejo de Estado- para decidir sobre el fondo.
Y la segunda consiste en que si la Administración apreciase, con razonable fundamento y motivación, que no existe en modo alguno, de manera ostensible e indubitada, motivo alguno de nulidad radical que conduzca a la pretendida declaración de nulidad, nada le impide resolver denegando la prosecución del trámite, sin someter a la consulta del Consejo de Estado, una petición de nulidad carente de la más mínima base, ya que de lo contrario se convertiría al Alto Consejo Consultivo en un órgano a disposición de los particulares ejercitantes de dicha acción, y no del Gobierno y de la Administración.
Estas cautelas encajan perfectamente con la doctrina de esta Sala que invoca el Abogado del Estado.
Así, la sentencia de esta Sala de 13 de febrero de 1991 afirma que, frente a la tesis de que los actos singulares dictados al amparo de una norma derogada por anulación jurisdiccional son nulos debe recordarse que tal solución tiene los límites que la propia ley establece en función de uno de los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico, acogido en el art. 9 de la Constitución, donde se garantiza la seguridad jurídica.
Por su parte, las sentencias de 21 de mayo de 1988 y la de 3 de octubre de 1991 (que se remite a la anterior), en un supuesto similar al que ahora nos ocupa, declaró ajustada a Derecho la resolución ministerial denegando motivadamente la iniciación del expediente de revisión del art. 153, porque no concurría en el supuesto ninguno de los tres motivos contenidos en el art. 153 de la Ley General Tributaria.
Las sentencias que llevan fecha de 4 de octubre de 1991, en la misma línea, afirman que una liquidación practicada conforme a las normas entonces vigentes, aunque tales normas hayan sido posteriormente declaradas ilegales, no está comprendida en ninguno de los supuestos del precepto indicado.
Dicha doctrina guarda relación, asimismo, con la que aparece en la sentencia del Tribunal constitucional 45/1989, de 20 de febrero, en cuyo Fundamento Jurídico 11 se formula el siguiente principio acerca de las consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad de una ley, que viene siendo considerado desde entonces como regla básica sobre los efectos de la anulación de una norma en orden a los actos dictados a su amparo:
"... Entre las situaciones consolidadas que han de considerarse no susceptibles de ser revisadas, como consecuencia de la nulidad que ahora declaramos, figuran no sólo aquéllas decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada (art. 40 LOTC), sino también, por exigencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), las establecidas mediante las actuaciones administrativas firmes; la conclusión contraria, en efecto, entrañaría (...) un inaceptable trato de disfavor para quien recurrió, sin éxito, ante los Tribunales en contraste con el trato recibido por quien no instó en tiempo la revisión del acto de aplicación de las disposiciones hoy declaradas inconstitucionales".
Puede afirmarse, como resultado de cuanto llevamos expuesto, que en materia de revisión de actos administrativos, la vía normal es la interposición de la reclamación económico-administrativa en el plazo de 15 días siguientes, cualquiera que sea el grado de invalidez que se alegue. Transcurrido dicho plazo, sin impugnar dichos actos en la vía indicada, los actos se convierten en firmes y consentidos, inatacables e irrevisables en dicha vía y, en consecuencia, en la jurisdiccional.
Esta afirmación conlleva las siguientes declaraciones complementarias:
-
La nulidad de las disposiciones generales, declarada en recursos directos o estimada en recursos indirectos, no produce la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos dictados a su amparo.
-
La nulidad de pleno derecho sólo se produce cuando los actos administrativos tributarios han incurrido en alguna de las causas establecidas en el art. 153 de la Ley General Tributaria.
-
Las liquidaciones practicadas conforme a las normas vigentes en dicho momento, no inciden en nulidad de pleno derecho, aunque tales normas sean posteriormente declaradas ilegales.
Aplicando cuanto llevamos expuesto al caso presente es manifiesta la procedencia del recurso interpuesto por la Administración, basado en la infracción del art. 153, puesto que manifiestamente no concurre el supuesto de órgano liquidador manifiestamente incompetente que invocó en su solicitud el obligado tributario.
Lejos de ello, la Administración tributaria actuó en su momento al amparo de normas válidas, frente a las cuales sólo se han producido recursos indirectos que son insuficientes para los fines pretendidos. En otros términos, la competencia existía indiscutiblemente al producirse la liquidaciones que ahora se pretenden revisar.
Es por ello que debe estimarse el recurso, sin que sea posible, en el contexto de un recurso de casación, reconducir la solicitud inicial, formulada por la vía del art. 153 (con base en la inexistente incompetencia manifiesta), a la del art. 154 (infracción manifiesta de la Ley), que no fue la utilizada, sin perjuicio de que ésta hubiera podido ser procedente.
La estimación del recurso se hace sin pronunciamiento sobre costas, ni en las de la instancia, ni en las del presente recurso, a los efectos del art. 102.2 de la Ley de la Jurisdicción de 1956, aquí aplicable.
Por todo lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y por la potestad que nos confiere el pueblo español.
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- Desestimamos el recurso de casación 5319/96, interpuesto por la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado, contra la sentencia dictada el día 12 de febrero de 1995, por la Sección Sexta de la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, en su recurso 509/92, en lo relativo a las liquidaciones comprendidas en los actos administrativos impugnados, que no superan la cifra de seis millones de pesetas, no incluidas en el fundamento primero de esta sentencia.
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- Estimamos el mismo recurso en lo que se refiere a las liquidaciones enumeradas en dicho fundamento, al propio tiempo que desestimamos la demanda formulada en su día por la entidad "Warner Española, S.A.", contra el acto administrativo expreso que denegó la iniciación del procedimiento de revisión de oficio de las liquidaciones a que se refiere el presente recurso.
Sin pronunciamiento en materia de las costas de este recurso, ni en las de instancia.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos
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