STS, 29 de Noviembre de 2005

Don Juan presentó demanda ante los Juzgados de lo Social de Zaragoza el 28 de marzo de 2003, siendo ésta repartida al nº 4 de los mismos, en base a los siguientes hechos: El actor presta sus servicios en el Colegio Fundación Jesús María-El Salvador, con la categoría profesional de Profesor de Educación Primaria, desde el 1 de octubre de 1961. El art. 61 del IV Convenio Colectivo de centros de enseñanza sostenidos con fondos públicos , establece que cuando los trabajadores que cumplan 25 años de antigüedad en la empresa tendrán derecho a una paga equivalente a una gratificación extraordinaria por cada quinquenio cumplido. Se termina suplicando en la demanda se dicte sentencia en la que se condene a los demandados a abonar al demandante 17.516 euros en concepto de gratificación extraordinaria por antigüedad en la empresa, más los intereses legales.

El 16 de junio de 2003 se celebró el acto de juicio, con la participación de las partes y el resultado que se refleja en el acta que obra unida a estas actuaciones.

El Juzgado de lo Social nº 4 de Zaragoza dictó sentencia el 17 de junio de 2003 en la que estimando la demanda condenó a la Administración demandada y al Centro Concertado a abonar al actor 15.013,76 euros. En esta sentencia se declaran los siguientes HECHOS PROBADOS: "1°).- El actor ha venido prestando servicios como profesor titular de Educación Primaria en el Centro Concertado demandado Fundación Jesús María - El Salvador de Zaragoza, con una antigüedad desde el 1/10/1961, percibiendo durante su relación laboral, el complemento de antigüedad en su retribución mensual de la Administración educativa en su modalidad de pago delegado; 2°).- La retribución del demandante al tiempo de su jubilación anticipada el 1-02-2002, comprensiva de salario base, antigüedad y el complemento autonómico Aragón, era de 1.876,72 ¤/mes, coincidiendo con la prevista en las tablas salariales aplicables a dicho ejercicio (B.O.E. del 9 de abril de 2002) y a la Orden de 18/04/01 relativa al complemento autonómico (B.O.A. de 9/05/01); siendo la cuantía reclamada, correspondiente a la paga extraordinaria por antigüedad, de 15.013,76 euros -1.876,72 ¤/mes, sin inclusión de prorrata de pagas extras, por 8 quinquenios-; existiendo conformidad entre las partes sobre dicha cuantía para el caso de estimación de la demanda; 3°).- Ya el I Convenio Colectivo Nacional de la Enseñanza (BOE 2-12-76 ) recoció el derecho al premio de jubilación consistente en que el trabajador que tuviere un mínimo de quince años de antigüedad en la empresa al tiempo de su jubilación percibiría de la misma el importe íntegro de tres mensualidades y una mensualidad más por cada cinco años que excedan de aquellos. Dicho premio de jubilación vino siendo recogido dentro del Capítulo de Mejoras Sociales por los sucesivos Convenios Colectivos de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, recogiéndose ya en 1.997 en una mensualidad extraordinaria por cada quinquenio cumplido al tiempo de la jubilación, y hasta la publicación del IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas o total parcialmente con fondos públicos (B.O.E. 17-10-00 ). En el IV Convenio Colectivo dentro del título sobre retribuciones, en su artículo 61 se recoge por primera vez la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa, cuando el trabajador cumpla 25 años de antigüedad, con un importe equivalente al de una mensualidad extraordinaria por cada quinquenio cumplido, desapareciendo al propio tiempo el derecho a percibir el premio de jubilación recogido en el artículo 67 del III Convenio ; y recogiéndose en la Disposición transitoria Tercera del Convenio , que "Los trabajadores que a la entrada en vigor de este Convenio tengan cumplidos 56 o más años y que a lo largo de su vigencia alcanzaran al menos 15 años de antigüedad en la empresa y menos de 25, tendrán derecho a percibir una paga extraordinaria por antigüedad en la empresa por importe de una mensualidad extraordinaria por cada quinquenio cumplido. Añadiendo el párrafo último, que "En el supuesto de que el trabajador extinga su contrato de trabajo durante la vigencia del convenio, por cualquiera de las causas previstas legalmente, la empresa vendrá obligada a abonarle la paga extraordinaria por antigüedad si reúne los requisitos de esta disposición". La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón dictó sentencia de 30/10/01 en procedimiento 587/01 , en la que estimando la demanda de conflicto colectivo interpuesta por la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza de Aragón (FSIE Aragón) se declaraba que la paga extraordinaria por antigüedad establecida en el IV Convenio de centros de enseñanza privada sostenidos con fondos públicos tiene carácter salarial, declarando el derecho a percibirla por los docentes de los niveles concertados de Aragón que trabajan en dichas empresas, y la obligación de la Administración Autonómica de abonarla, mediante pago delegado en forma y cuantía legal, tal como se explicaba en su fundamento de derecho sexto. Dicha sentencia fue confirmada en casación por la del Tribunal Supremo de 17/12/02, señalando que la paga extraordinaria se encuadra dentro del capítulo de las retribuciones y que a tenor del art. 25 del Estatuto entra dentro de su amplio concepto de salario pues es una retribución que se satisface como remuneración a una larga prestación de servicios, teniendo como única razón de ser remunerar una notable antigüedad en la prestación del trabajo a la empresa y se devenga cuando se cumple el tiempo de servicio continuo exigido y no en proporción al tiempo trabajado y por ello, igual que la antigüedad ha de ser abonada por la Administración aunque hubiera adquirido el trabajador durante un tiempo en que la empresa no fuera centro concertado el premio del art. 61, se ha de satisfacer cuando se causa el derecho al mismo; 4°).- El importe total de los gastos salariales variables presupuestariamente consignados para el año 2002 en el Concierto Educativo del Colegio Concertado, a disposición del mismo, con arreglo a los correspondientes módulos económicos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año, y atendiendo al número de unidades concertadas ascendieron -según certificación del Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón aportada como documental que se da por reproducida- como apartado c) de los módulos económicos, a 217.018,56 euros, habiéndose efectuado por la DGA con cargo a dicho ejercicio económico abonos en nombre del centro a 31/12/02 por la suma de 367.893,30 euros; siendo en el 2.003 el total de gastos variables previstos realizar con cargo a dicho ejercicio económico por el Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón como abonos por gastos variables liquidados al Colegio Fundación Jesús María-El Salvador de 378.915,13 euros, siendo el módulo económico incluido en los Presupuestos Generales del Estado para dichos gastos en este año 2003 de 221.358.93 euros. Igualmente obra en autos certificación de la DGA conforme a la cual en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2003, actualmente en situación de prórroga de los correspondientes para el ejercicio 2002, en los conceptos presupuestarios ..."enseñanza concertada" están consignados los créditos necesarios para atender las obligaciones derivadas de los conciertos suscritos por la Comunidad Autónoma con centros de enseñanza privados", siendo en dicho ejercicio en número de unidades concertadas de 1829 en el período de enero-agosto 2003 y 1.822 en el período de septiembre- diciembre de 2003., suponiendo un presupuesto total de 8.408.670,84 euros para financiar el apartado c) de los módulos económicos de las unidades concertadas (gastos variables del artículo 13. 1. c) del Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos educativos ); habiéndose previsto ya obligaciones con cargo a dichos presupuestos por importe de 11.674.091,06 euros; 5°).- Consta formulada la preceptiva reclamación administrativa previa respecto de la DGA en fecha 2/01/03, sin que fuera contestada expresamente".

Contra la anterior sentencia, la Diputación General de Aragón, Consejería de Educación y Ciencia formuló recurso de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su sentencia de 22 de diciembre de 2003 , estimó parcialmente el recurso y confirmó en lo principal la sentencia recurrida, dejando sin efecto el pago de recargo por mora.

Contra la sentencia de la Sala de lo Social de Zaragoza, la Diputación General de Aragón interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que se formalizó ante esta Sala mediante escrito fundado en los siguientes motivos: 1.- Contradicción de la sentencia recurrida con la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictada el 20 de julio de 1999. 2.- Infracción por inaplicación de los arts. 49.2 .3 y 6 de la Ley Orgánica 8/1985 , y del art. 13, párrafo 1 y 2 del RD 2377/1985 .

Oída la parte recurrente sobre la posible inadmisión del recurso, y formuladas las alegaciones que creyó oportunas, se admitió a trámite el recurso, y tras ser impugnado por la parte recurrida, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, el cual fue emitido en el sentido de estimar procedente la desestimación del recurso.

Se señaló para la votación y fallo el día 22 de noviembre de 2005, llevándose a cabo tales actos en la fecha señalada.

El actor presta servicios con la categoría profesional de Profesor de educación primaria en el Colegio Fundación Jusús María-El Salvador de Zaragoza. Este centro tiene suscrito concierto educativo con la Diputación General de Aragón, Departamento de Educación y Ciencia.

Al actor no le fue abonado el premio o paga extraordinaria de antigüedad que el art. 61 del IV Convenio Colectivo Estatal para las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, publicado en el BOE de 17 de octubre del 2000 , otorga o reconoce a los trabajadores que cumplan 25 años de antigüedad en la empresa. Sin embargo el demandante considera que tiene derecho a percibirlo, y por ello el 28 de marzo del 2003 presentó la demanda origen de las presentes actuaciones, en la que solicitó que se condenase a los demandados a hacerle efectivo el pago de dicha paga extraordinaria o premio. Esta demanda se dirigió contra el Colegio mencionado y contra el Departamento de Educación y Ciencia de la Diputación General de Aragón.

El Juzgado de lo Social nº 4 de Zaragoza dictó sentencia de fecha 17 de junio del 2003 , en la que estimó tal demanda y condenó solidariamente a los dos demandados a que abonasen al actor la suma de 15.013'76 euros. Recurrió en suplicación la Diputación General de Aragón, y la Sala de lo Social del TSJ de Aragón, mediante sentencia de 22 de diciembre del 2003 , confirmó en lo esencial la resolución de instancia.

Frente a esta sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Aragón se formula ahora el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que se invoca como sentencia contradictoria la dictada por esta Sala el 20 de julio de 1.999 . Pero como se va a razonar a continuación, entre ambas resoluciones no concurre la necesaria identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina.

En la sentencia de contraste se aborda el problema relativo a la responsabilidad en el pago del complemento vinculado a la jefatura de estudios en el III Convenio Colectivo Estatal para las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, en un caso en que la demandante había desempeñado esa jefatura en los años 1.994, 95 y 96, aunque reclamaba sólo los dos últimos 1.995 y parte de 1.996. En este caso, la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía condenó a la Administración al pago de la cantidad reclamada, estimando que el concepto retributivo debía encuadrarse en la letra a) del número 1 del artículo 13 del R.D. 2377/1985 , pero esta Sala, en la sentencia de contraste, estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina planteado por aquélla, e hizo recaer exclusivamente sobre la empresa el pago del concepto reclamado.

Para ello, nuestra sentencia parte del carácter limitado de la obligación de pago delegado que recae sobre la Administración en estos supuestos de centros concertados, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.6 de la Ley 8/1995 y el art. 13.2 del Decreto 2377/1985 y pasa después a definir el problema esencial que se plantea en el recurso, que "consiste en dilucidar si el complemento retributivo que se abona a los Jefes de Estudios, de acuerdo con el Convenio Colectivo aplicable en el supuesto de autos, a los efectos de la determinación de los módulos o fracciones que consigna el art. 13.1 del Decreto 2377/1985 , debe considerarse incluido en el apartado a) de este precepto, que se refiere genéricamente a las "cantidades correspondientes a salarios del personal docente", o si, por el contrario, se ha de entender incardinado en el apartado c) que comprende determinados conceptos también salariales, pero de carácter más variable. Y es evidente que, en este caso, según se aplique uno u otro criterio, la solución que se adopte será claramente distinta, toda vez que de acuerdo con la revisión fáctica que fue acogida favorablemente por la sentencia de suplicación, consta que el centro docente demandado, durante el año de 1995, percibió de la Administración pública andaluza, por el concepto de "gastos variables" que es el que corresponde al mencionado apartado c) del art. 13-1, cantidades muy superiores a la suma total que correspondía al mismo; mientras que no consta probado, en forma alguna, que se hubiese superado el límite legal mencionado en lo que atañe al módulo o fracción del apartado a) de dicho artículo. Lo cual significa que, si estima acertada la primera proposición, habría que absolver a la Junta de Andalucía del pago del complemento retributivo reclamado en la demanda, en cuanto al año de 1995; mientras que si se concluye que el acierto se encuentra en la segunda postura aludida, tendría que condenarse a dicha Junta, tal como hace la sentencia recurrida".

Planteado así el problema, en nuestra sentencia llegamos a la conclusión de que el complemento de los jefes de estudios se incardinaba en la letra c) del artículo 13.1 del RD citado , por lo que, a la vista del contenido de las certificaciones incorporadas al relato de hechos probados, era claro que el importe reclamado excedía de los límites presupuestarios previstos para el año 1.995, pues en ese año no había remanente alguno o dotación en el contenido c) del módulo correspondiente pero no para 1.996, pues no se había demostrado que en ese año se hubiese superado ningún límite en relación con los módulos del art. 13.1 del Real Decreto 2377/1985 . El complemento de jefe de estudios no se implantó "ex novo" cuando la demandante llevó a cabo su reclamación, y por ello se tuvieron en cuenta las previsiones presupuestarias oportunas, que condujeron a entender que se habían rebasado para el año 1.995 , como se ha dicho, pero no para 1.996.

Sin embargo, en la sentencia impugnada nos encontramos con un concepto retributivo nuevo, introducido por el artículo 61 del IV Convenio Colectivo Estatal para las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicas, que se publicó en el B.O.E. de 17 de octubre de 2.000 , y es esa circunstancia, que no concurre en la sentencia de contraste, la que constituyó la razón de decidir de aquélla, hasta el punto de que se ocupa ésta resolución en analizar nuestra sentencia de 20 de julio de 1.999 -la de contraste- y poner de relieve ésta diferencia. Así, se dice en el ella que el complemento de dirección o jefatura era un concepto salarial contemplado en los módulos económicos presupuestados "... a diferencia de la paga de antigüedad, no presupuestada por la Administración". Es decir: en el caso de la sentencia recurrida no se había presupuestado el devengo por lo que no cabía la aplicación del artículo 13.1 c) del Reglamento , sino que debería acudirse al límite previsto en el artículo 49.6 de la LODE , entonces vigente, de "no superar el porcentaje de incremento global de los salarios".

Esas diferencias determinan que las resoluciones comparadas, siendo diferentes en sus pronunciamiento, sin embargo no sean contradictorias, de lo que ha de desprenderse ahora, en este trámite procesal, la desestimación del recurso de casación para la unificación de doctrina, lo que supone ratificar el criterio de estimación de la pretensión que se adoptó en la sentencia de instancia y se ratificó en la decisión recurrida, lo que, por otra parte, se ajusta a lo que la propia Administración demandada ha reconocido, aunque con matices más detallados y relacionado con otros acuerdos, en la Orden de 6 de septiembre de 2.004, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Diputación general de Aragón, publicada en el Boletín Oficial de dicha Comunidad el 22 de septiembre de 2.004, por la que se da publicidad a lo acordado en la Mesa Sectorial de la Enseñanza Privada Concertada el 29 de julio de 2.004, en cuyo acuerdo segundo se afirma que el Departamento referido "abonará la paga extraordinaria por antigüedad establecida en el artículo 61 y en la Disposición Transitoria Tercera del IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos ", en la forma prevista en las disposiciones que siguen, que afectan a las distintas situaciones y periodos de cobro, pero no al propio reconocimiento del devengo.

En suma, de conformidad con lo razonado hasta ahora, concurre como causa de inadmisión del recurso la falta de identidad de los supuestos analizados en las sentencias comparadas, óbice que en este trámite procesal determina la desestimación del mismo, con expresa condena en costas a la parte recurrente, dado lo que dispone el art. 233 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.