ATS, 15 de Julio de 2003

PonenteD. IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA
ECLIES:TS:2003:7819A
Número de Recurso3433/2000
ProcedimientoInadmisión
Fecha de Resolución15 de Julio de 2003
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

En la Villa de Madrid, a quince de Julio de dos mil tres.I. ANTECEDENTES DE HECHO

  1. - El Procurador D. Ignacio Aguilar Fernández, en nombre y representación de D. Cesary D. Sergio, presentó ante esta Sala escrito de interposición de recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha 14 de junio de 2000 por la Audiencia Provincial de Logroño en el rollo nº 390/1999 dimanante de los autos nº 170/1998 del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Logroño.

  2. - Entregadas las actuaciones al Ministerio Fiscal, éste las ha devuelto con la fórmula de "VISTO".

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Ignacio Sierra Gil de la Cuesta

FUNDAMENTOS DE DERECHO

  1. - Los recurrentes aducen un único motivo de casación -formulado por la vía del ordinal 4º del art. 1692 de la LEC de 1881- en el que resultan apreciables las causas de inadmisión de la regla 2ª inciso segundo del art. 1710 de la LEC de 1881 por inobservancia del art. 1707 de dicha LEC, y de carencia manifiesta de fundamento (art. 1710.1-3ª, caso primero LEC 1881), para cuya apreciación, la de esta última, no se requiere previa audiencia de parte (criterio constante de esta Sala y SSTC 37, 46 y 98/95 y 152/98).

    Concurre la primera de dichas causas de inadmisión -por inobservancia del art. 1707 de la LEC de 1881 y prescindiendo ya de la división del motivo en tres apartados que hubieran debido alegarse como motivos independientes, especialmente el apartado A), en el que se alega una cuestión muy distinta a la planteada en los apartados B) y C)- por mención errónea de la jurisprudencia infringida que se denuncia en los apartado A) y C) de dicho motivo. A este respecto es reiterada la doctrina de esta Sala que exige, además de la mención al menos dos sentencias de esta Sala (STS 21-4-92 y 24-3-95) expresar en qué sentido concreto ha sido infringida en el supuesto, lo que equivale a razonar su pertinencia y fundamentación, es decir que es preciso, para que sea admisible un motivo fundado en infracción de jurisprudencia, no sólo citar dos o más sentencias de esta Sala que contengan una doctrina coincidente sobre un supuesto similar al objeto del litigio, sino también razonar cómo, cuándo y en qué se habría infringido por la sentencia recurrida, razonamiento que impone tanto el citado art. 1707 LEC como la jurisprudencia de esta Sala (SSTS 21-4-92, 20-5-92, 23-3-93, 14-6-96, 24-5-97 y 1-6- 2000), lo que evidentemente no se hace en los citados apartados, ya que en el apartado A) se citan tres sentencias dictadas por tres Audiencias Provinciales y en el apartado C) no se hace mención de sentencia alguna y en su desarrollo ni siquiera llega a exponerse la doctrina jurisprudencial que denuncia infringida en su encabezamiento; por otra parte, la causa de inadmisión que se examina resulta igualmente apreciable porque en los respectivos desarrollos de los tres apartados del motivo, lejos de argumentar sobre las infracciones denunciadas se limita a la exposición de lo que, a su entender, ha quedado acreditado en el litigio, circunstancia que como, se verá, determina además la concurrencia de la segunda causa de inadmisión indicada, de carencia manifiesta de fundamento. En tal sentido debe reiterarse doctrina constante de esta Sala según la cual, por más flexibilidad que el principio constitucional de tutela judicial efectiva imponga en la interpretación de los requisitos formales del recurso de casación, existen unos límites infranqueables derivados de la propia naturaleza de este recurso, de su carácter especialmente restrictivo y exigente (SSTC 7/89 y 29/93), que encuentran su plasmación legal en el art. 1.707 de la L.E.C. y en la tipificación de la inobservancia de este precepto, como causa de inadmisión, en el art. 1.710.1-2ª de la misma ley procesal, siendo requisitos exigidos por el citado art. 1.707 la expresión del motivo o motivos en que se ampare el recurso, la previsión legal de los mismos como tales motivos de casación ("en relación con los que la ley permite"), la cita expresa de las normas o jurisprudencia supuestamente infringidas y el razonar acerca de la pertinencia y fundamentación de cada uno, todo ello desde la superior consideración de que el recurso de casación no es en modo alguno una tercera instancia, como por otra parte viene a declarar expresamente el legislador de 1992 (E. de M. Ley 10/92, apdo.3), ni el escrito por el que se interpone puede ser igual o similar al de conclusiones propio de la instancia, no pudiendo mezclarse en un mismo motivo cuestiones heterogéneas (SSTS 29-6-93, 21-7-93, 11-3-96, 28-5-96, 22-1-97, 26-2-99, 16-3-99, 25-1-2000, 23-2-2000 y 5-12-2000); finalmente, ha de señalarse que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 19 de diciembre de 1997 (caso Brualla Gómez de la Torre contra España), que se pronuncia sobre la supuesta violación del Convenio por un Auto de inadmisión de esta Sala, rechazando que tal violación se produjera, también ha declarado admisible un especial formalismo del recurso de casación (ATS 24-4-2001 y 16-5-01).

  2. - Prescindiendo de las anteriores cuestiones de índole formal, los recurrentes del desarrollo de los tres apartados del motivo, se advierte que los recurrentes caen en el defecto casacional de petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, que consiste en partir de un supuesto fáctico contrario al proclamado por la sentencia recurrida (SSTS 20-2-92, 6-11-92, 12-11-92, 2-12- 93, 13-5-97 y 5-7-2000) o, lo que es lo mismo, no respetar los hechos probados y las determinaciones de carácter eminentemente fáctico que pertenecen al ámbito sentenciador de la instancia (SSTS 15-11-95 y 24-3-95), lo que pretende sin utilizar la vía casacional adecuada, pues de no estar conforme con la valoración probatoria de la Audiencia debió, al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LEC, alegar error de derecho en la apreciación de la prueba por haberse infringido alguna de las escasas normas que en nuestro ordenamiento jurídico contienen regla valorativa de prueba, con cita no sólo del precepto supuestamente infringido, sino también con exposición de la nueva resultancia probatoria según el recurrente (SSTS 24-1-95, 26-12-95, 7-2- 97, 25-2-97, 26-6-98, 29-7-98, 13-4-99, 26-4-2000 y 9-10-2000); y ello es así porque en el motivo se parte de que no se ha acreditado por la entidad actora que el patrimonio de la sociedad, de la que son administradores los recurrentes, es insuficiente para la satisfacción del crédito reclamado (apartado A), que la sociedad no está incursa en las causas de disolución contempladas en los apartados c) y e) del art. 104.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (apartado B) y que la mencionada sociedad tiene patrimonio y tiene actividad (apartado C), en contra de las conclusiones fácticas de la Sentencia impugnada, que parte de que la sociedad carece de actividad y de patrimonio y de que los codemandados incumplieron su obligación de convocar junta para su disolución siendo conocedores de la situación económica de dicha sociedad, premisas claramente expuestas tras la valoración de la prueba practicada, en la sentencia dictada en primera instancia que, no olvidemos, acoge íntegramente, la Sala de apelación (Fundamento de Derecho Primero, párrafos cuarto y sexto); de manera que no combatiéndose adecuadamente en el motivo el factum de la sentencia impugnada, ya que los preceptos que cita como infringidos -arts. 104 y 105 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada- no contienen norma legal valorativa de prueba alguna, aquél carece manifiestamente de fundamento, sin que la invocación del art. 1214 del CC resulte procedente a tales efectos, ya que con ella olvida la doctrina de esta Sala según la cual este precepto está reservado en casación para los casos de absoluta falta de prueba y alteración por el Tribunal de las reglas sobre quién haya de soportar tal carencia (SSTS 18-5-93, 21-7-93, 13- 12-94, 16-6-95, 8-3-96), no infringiéndose el art. 1214 CC cuando el Tribunal de instancia falla tras valorar las pruebas practicadas (STS 27-1-99), como sucede en el caso que nos ocupa, especialmente la actitud de los recurrentes ante la práctica de la prueba documental propuesta por la actora y declarada pertinente, acordada después como diligencias para mejor proveer, y que no llegó a verificarse ante la pasividad de los recurrentes, circunstancia que soslayan de manera absoluta.

  3. - Procediendo por tanto la inadmisión del recurso, las costas deben imponerse a la parte recurrente, con pérdida del depósito constituido, conforme al art. 1710.1-1ª LEC de 1881 de 1881.LA SALA ACUERDA

    1. - NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Procurador D. Ignacio Aguilar Fernández, en nombre y representación de D. Cesary D. Sergio, contra la sentencia dictada con fecha 14 de junio de 2000 por la Audiencia Provincial de Logroño en el rollo nº 390/1999 dimanante de los autos nº 170/1998 del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Logroño.

    2. - DECLARAR FIRME dicha resolución.

    3. - Imponer las costas a la parte recurrente, CON PÉRDIDA DEL DEPÓSITO CONSTITUIDO.

    4. - Y remitir las actuaciones al órgano de su procedencia.

    Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que com Secretario, certifico.

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