STS, 16 de Diciembre de 2005

Que, en el Sumario nº 22/07/03, instruido por el Juzgado Togado Militar Territorial nº 22, con sede en San Fernando (Cádiz), contra los Soldados de Infantería de Marina D. Fidel, D. Alonso y D. Jesús Manuel, así como contra el Cabo 1º D. Luis Alberto, el Tribunal Militar Territorial Segundo dictó con fecha 17 de noviembre de 2.004, sentencia nº 197/04 , en la que se declaran como hechos probados los siguientes:

El día 27 de febrero de 2.003, sobre las 1:30 horas, cuando la Patrulla de la GUMIZ, compuesta por el Cabo conductor D. Jose María y la Soldado de Infantería de Marina Policía Naval, Araceli, se encontraba realizando una ronda de seguridad por la población militar de San Carlos (San Fernando-Cádiz), observaron la presencia de un vehículo civil, marca HONDA CIVIC, matrícula ....-QZD, color rojo, con dos ocupantes vestidos con el uniforme mimetizado, circulando por la zona denominada Paseo, identificando la Soldado Araceli a uno de los integrantes del vehículo, en concreto al Cabo 1º Luis Alberto, sin poder precisar quién era el conductor, dando inmediatamente después, tras llegar a la GUMIZ, novedades de esta circunstancia al Alférez Adolfo, en funciones ese día de Comandante de la Guardia.

A la vista de lo anterior, el Oficial en compañía del Cabo Jose María, realizan una ronda de seguridad en vehículo oficial de madrugada, cruzándose con el vehículo citado que circulaba en esos momentos a muy baja velocidad, procediendo al seguimiento del mismo, observando que había penetrado en la CLICA en dirección a la estación petrolera. Posteriormente, el mismo vehículo sale de la CLICA a las 2:20 horas, aproximadamente, y una vez en el exterior, pasada la puerta de salida, el Alférez da el alto y ordena a los ocupantes del mismo que salgan, resultando ser el Cabo 1º Luis Alberto, que en ese día se encontraba desempeñando servicio de guardia militar dependiente del Arsenal de la Carraca en la CLICA, en turno de 8:30 de la mañana del día 27 de febrero, siendo responsable del mismo, y el Soldado Fidel, quien también era componente del servicio de la guardia militar en funciones de centinela, ordenándoles a ambos que se subiesen al vehículo de la GUMIZ dirigiéndose con el oficial al interior de la CLICA y, en concreto, a la estación petrolera, comprobando que el puesto fijo o garita de centinela se encontraba sin ocupar, acudiendo al Cuerpo de Guardia encontrando en su interior a los otros dos componentes de la guardia, Soldados de Infantería de Marina Jesús Manuel y Alonso, siendo el primero de ellos el que tenía que estar ocupando el puesto de centinela en ese momento, según la distribución de los turnos acordada de mutuo acuerdo, en concreto de 2:15 a 4:30 horas, habiendo entrado de puesto tras realizar el relevo con los Soldados Seijas (sic), correspondiendo al segundo de los Soldados el turno de descanso en esos momentos.

Consta en actuaciones escrito de la Jefatura del Tercio Sur de Infantería de Marina, en el que se informa que "la Guardia Militar en el Arsenal Militar tiene carácter de servicio de armas, conforme establece el art. 523 de las Reales Ordenanzas de la Armada. La duración de dicha guardia es de veinticuatro horas. El primero de la garita o zonas a vigilar por los componentes de la guardia son dos fijos hasta las 19:00 horas y durante el resto del tiempo sólo queda un puesto fijo (planta petrolera). El Cabo Luis Alberto actúa como responsable de esa guardia ante el Cabo 1º de guardia en el Arsenal, Raúl. Ningún miembro de la guardia estaba autorizado a abandonar el recinto de la CICLA ...".

El Alférez Adolfo, al percatarse del posible consumo de bebidas alcohólicas por parte de los componentes de la guardia, en especial, del Cabo Luis Alberto y el Soldado Fidel trasladó a los cuatro miembros, tras dejar cubierto el servicio por los compnentes de la GUMIZ, al servcio de Urgencias del Hospital General de la Defensa, a los efectos de ser reconocidos con el fin de verificar si se encontraban en estado de embriaguez, siendo reconocidos individualmente por la capitana médico Dña. Gema, quien dictamina como juicio diagnóstico para cada uno de ellos posible consumo de alcohol, no precisando tratamiento, descartando en todo caso la embriaguez de los militares.

Queda acreditado en los autos, según informe de la Unidad, que por estos hechos se impuso al Cabo Luis Alberto y al Soldado Fidel, treinta días de arresto a cumplir en su Unidad por falta disciplinaria que cumplieron en su totalidad

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Que la referida sentencia contiene en su fallo, entre otros pronunciamientos, el siguiente que es el que concretamente interesa a los efectos de este recurso:

Con la conformidad de las partes, que debemos condenar y condenamos al Soldado I.M. D. Jesús Manuel, como autor de un delito consumado de "abandono de puesto de centinela", previsto y penado en el art. 146.3º del Código Penal Militar , sin circunstancias eximentes ni modificativas de la responsabilidad militar, a la pena de seis meses de prisión, con las accesorias de suspensión de cargo público y derecho de sufragio pasivo por el mismo periodo, con el efecto de no serle de abono para el servicio el tiempo de condena, aunque para su cumplimiento sí lo será todo el tiempo sufrido de privación de libertad por razón de estos hechos, en cualquier concepto y sin que haya que exigir responsabilidades civiles

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Contra la referida sentencia, la representación procesal del soldado Jesús Manuel presentó escrito solicitando se tuviera por preparado recurso de casación, acordándose así en virtud de auto de fecha 22 de febrero de 2.005 , que ordenó al propio tiempo la remisión de la causa y de las certificaciones legalmente previstas a esta Sala y el emplazamiento de las partes para comparecer ante la misma en plazo de quince días.

Recibidas las correspondientes actuaciones, por la representación procesal del Soldado Jesús Manuel se presentó escrito formalizando el recurso de casación previamente preparado, con base en los siguientes motivos:

Único.- "Se alega por esta parte la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia derivado de la falta de prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia de tal manera que el error en la apreciación de la prueba previsto en el art. 849.2º de la LECR queda evidenciado por la carencia de la mínima actividad probatoria de cargo necesaria para enervar la verdad interina de inculpabilidad que supone la presunción de inocencia, siendo esta vía procesal apropiada para articular este supuesto de vulneración de derecho fundamental tal y como tiene declarado de forma constante y reiterada la Jurisprudencia de esta Sala (SSTS 14/3/84 y 6/3/86 , entre otras)".

Conferido traslado por diez días al Ministerio Fiscal, por el mismo se presentó en tiempo y forma escrito solicitando la inadmisión, o, en su defecto, la desestimación del recurso interpuesto y la íntegra confirmación de la sentencia recurrida.

No habiéndolo solicitado las partes, ni estimando necesaria esta Sala la celebración de vista, se declaró concluso el presente rollo para dictar sentencia, señalándose en providencia de fecha 14 de noviembre de 2.005 el día 14 de diciembre del mismo año a las 12:00 horas, para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo del recurso, llevándose a efecto con el resultado decisorio que a continuación se expresa.

El recurrente fue condenado en sentencia dictada de conformidad con fecha 17 de noviembre de 2.004, por el Tribunal Militar Territorial Segundo, en el Sumario nº 22/07/03 , a la pena de seis meses de prisión, con las accesorias de suspensión de cargo público y derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena, por el delito de abandono de puesto de centinela, previsto y penado en el art. 146.3º del CPM .

El recurrente basa su recurso en un único motivo:

"La vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia derivado de la falta de prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia de tal manera que el error en la apreciación de la prueba previsto en el art. 849.2º de la LECR queda evidenciado por la carencia de la mínima actividad probatoria de cargo necesaria para enervar la verdad interina de inculpabilidad que supone la presunción de inocencia, siendo esta vía procesal apropiada para articular este supuesto de vulneración de derecho fundamental tal y como tiene declarado de forma constante y reiterada la Jurisprudencia de esta Sala (SSTS 14/3/84 y 6/3/86 , entre otras)".

Las sentencias de conformidad producen una serie de efectos sobre los que insistiremos más adelante y que resulta necesario destacar a los fines que aquí interesan. Sólo mediante la compresión de dichos efectos y, por tanto, del mecanismo de la conformidad, podrá resolverse este recurso.

Habremos, pues, de fijar con carácter previo al análisis del motivo del recurso, el marco legal de la conformidad al que habremos de atenernos a la hora de determinar si en este caso, como pretende la defensa, se ha vulnerado o no el derecho constitucional a la presunción de inocencia.

La hipotética vulneración de la presunción de inocencia del recurrente dependerá, por tanto, de que se haya infringido o no el régimen jurídico de la conformidad, de suerte que si en este supuesto se constata que el Tribunal ha actuado en todo con sujeción a cuanto prescribe la Ley en materia de conformidad, resulta difícil- tal y como razonaremos posteriormente- apreciar la vulneración de este derecho fundamental, pues la respuesta dada por el Tribunal sería la adecuada a Derecho, de ahí la conveniencia de analizar en profundidad los requisitos y efectos de la conformidad, que en parte son comunes al ámbito militar y al procesal penal común.

En este sentido no está de mas señalar que la Ley de Enjuciamiento Criminal en su última reforma ha potenciado la conformidad, otorgándole la naturaleza de una verdadera transacción en algunos casos, extremando, eso sí, el control judicial de las conformidades (art. 787), en línea con las nuevas tendencias sobre el principio de oportunidad reglada, que no libre, dentro de las que hay que enmarcar la nueva regulación de la conformidad.

Pues bien, en una primera aproximación puede afirmarse que es la conformidad un modo de poner fin al proceso que supone la aceptación por parte del acusado, dentro de ciertos límites, de la renuncia de su derecho de defensa. Decimos bien, y lo remarcamos "renuncia al derecho de defensa" dentro de ciertos límites, ya que el recurrente alega la indefensión derivada de la falta de prueba de cargo suficiente.

Debe precisarse, que la disposición del acusado al conformarse recae en realidad no sobre derechos que son presupuesto de la defensa, sino sobre los derechos instrumentales a través de los cuales se articula la defensa en el acto del juicio oral. Ello implica, por ende, la renuncia del imputado a su derecho a la presunción de inocencia, tal y como así lo viene entendiendo, no sólo la Doctrina, sino también el Tribunal Supremo (Salas II y V), exonerando así a la acusación de la carga de probar la culpabilidad.

Ello no obstante, sobre el Tribunal que dicta la sentencia de conformidad pesa la obligación de controlar -también dentro de ciertos límites-, la corrección de la calificación aceptada de una parte, y la procedencia de la pena, amén de otros extremos en cuyo estudio no entraremos. Así, la Sala II del TS, en su sentencia nº 545/2.003 de 15 de Abril ha dicho lo siguiente:

... La conformidad del acusado con la acusación garantizada y avalada por su Letrado defensor, comporta una renuncia implícita a replantear para su revisión por el Tribunal casacional, las cuestiones fácticas y jurídicas que ya se han aceptado, libremente y sin oposición, pues- añade dicha sentencia- nadie puede ir contra sus propios actos, impungnando lo que se ha aceptado libre, voluntariamente y con el asesoramiento jurídico necesario

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Finalmente, dice : « ...El Principio de Seguridad jurídica obliga a ello, pues, de lo contrario, se quebrantaría la regla "pacta sunt servanda", posibilitando el fraude derivado de una negociación dirigida a conseguir, mediante la propuesta de conformidad, una acusación y una sentencia más benévolas para posteriormente impugnar en casación lo previamente aceptado, sin posibilidades para la acusación de reintroducir otros eventuales cargos más severos, renunciándolos para obtener la conformidad ...».

En parecidos términos nos hemos expresado en nuestra sentencia de 20 de Mayo de 2002 en la que, entre otras cosas, dijimos que:

... La admisión de un recurso de casación contra una sentencia dictada con base en una expresa conformidad producida con la concurrencia de todas las exigencias legales, iría contra la Doctrina de los propios actos, porque la conformidad supone un acto propio al que el Ordenamiento atribuye trascendencia jurídica, siendo la pretensión revocatoria de la sentencia dictada en tal supuesto atentatoria a la buena fe procesal .... .Solamente cuando no se cumplen las condiciones necesarias para la validez de la conformidad al mostrar el acusado su conformidad faltando alguna exigencia legal o separarse el juzgador de la conformidad al dictar sentencia o, pese a cumplirse aquellas condiciones resultara vulnerado el principio de legalidad, es viable en estos casos la impugnación de la sentencia en casación por cuanto en ellos se habrá infringido la Ley ...

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Lo anterior, evidentemente no concurre en el presente caso, al haber mostrado el acusado hoy recurrente su conformidad con pleno conocimiento de lo exigido legalmente para ello, sin que el Tribunal de instancia se haya separado de la conformidad prestada por dicho acusado y su defensa, ni vulnerase, tampoco, con la condena impuesta a aquél el principio de legalidad al estar los hechos probados cometidos por dicho acusado, plenamente tipificados en el artículo 146.3º del Código Penal Militar . En igual sentido, y confirmando la Doctrina expuesta, nos hemos pronunciado en la sentencia de 7 de Abril de 2.003 .

Así las cosas, la condena del acusado se produce por su propia manifestación de voluntad y no porque haya sido encontrado culpable tras el juicio oral. El fundamento de esta fórmula autocompositiva se encuentra en una de las posibles manifestaciones del derecho de defensa.

Para que la conformidad surta sus efectos propios, ha de ser absoluta, expresa, voluntaria, personalísima, formal, vinculante y de doble garantía ( STS de 1 de Marzo de 1.988 ). Especial mención hemos de hacer del carácter vinculante de la conformidad. En efecto, ya el Tribunal Supremo en su sentencia de 9 de Junio de 1.988 , declaró que: « ... la conformidad crea por mandato legal un estado de hecho y de derecho vinculante para las partes intervinientes y para el propio Tribunal ...» .

La vinculación de la conformidad afecta así por igual al acusado o acusados como a las partes acusadoras. Unos y otros han de pasar necesariamente por el relato fáctico y la índole de la infracción así como por la clase y extensión de la pena- si bien esta no es una cuestión pacífica-. En definitiva, el Tribunal en principio ha de estar y pasar por lo previamente pactado, ateniéndose así a los términos de la conformidad.

Efectivamente, el instituto de la conformidad al dar eficacia a un acto parcial dispositivo, tiene su plasmación en un convenio sobre la calificación acusatoria que vincula al Tribunal en un triple sentido:

1. Respecto a los hechos.

2. Al título de imputación aceptado.

3. A la pena solicitada, aunque en este caso con matices

De la Doctrina expuesta se deduce a modo de conclusión final que la conformidad realizada con sujeción a las prescripciones de la Ley constituye una manifestación del derecho de defensa plasmado en la renuncia al normal desarrollo del proceso, al impedir con su acto la dialéctica del juicio oral y la práctica de la prueba . En palabras del Tribunal Constitucional ( STC 29/95 ) « ... una expresión de defensa personal o privada ... », cuyo objetivo fundamental reside en despejar la incertidumbre que para él supone la realización del juicio oral (SSTS 11 de Abril y 11 de Noviembre de 2.000 ).

A la luz de las consideraciones anteriores, resulta claro que este Tribunal en vía de recurso de casación, tratándose de una sentencia de conformidad, ha de limitar su examen casacional a comprobar:

1) si en el caso concreto se han cumplido o no las exigencias legales,

2) si el hecho es o no típico,

3) si se ha dictado sentencia de conformidad en un supuesto no admitido por la Ley,

4) si se han respetado las exigencias procesales cuando se alega un vicio del consentimiento que hace ineficaz la conformidad o cuando, excepcionalmente la pena impuesta no sea legalmente procedente conforme a la calificación de los hechos, sino otra inferior, valorándose el principio de legalidad ( Sentencia de la Sala II de 17 de Abril de 1.993 ).

5) Y, por último, si la sentencia se ajusta a los términos pactados.

En el caso actual no nos encontramos ante ninguno de estos supuestos. En efecto, la sentencia se ha dictado cumpliendo los requisitos formales y materiales legalmente establecidos para las sentencias de conformidad y el Tribunal se ha adaptado escrupulosamente a los términos del acuerdo.

En definitiva, el Tribunal ha dado en este caso una respuesta fundada y conforme a Derecho, con pleno respeto del derecho de defensa del acusado, el cual ha renunciado al derecho a la presunción de inocencia y al debate en el juicio oral en el ejercicio de su libertad, conforme le reconoce la Ley y con plena sujeción a ella, por lo que no puede ahora replantear cuestiones fácticas y jurídicas aceptadas en su momento, libremente y sin oposición, pues, como hemos dicho reiteradamente, nadie puede ir contra sus propios actos impugnando lo aceptado en su día libremente, ni tampoco contra el principio de seguridad jurídica que quebraría si ahora se revocara lo pactado pues, de hacerse así, se propiciaría por esta vía las posibilidades de fraude.

Por todo ello, la alegación de que en este supuesto se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia carece de fundamento fáctico y jurídico por las razones antes expuestas. Es más, el impugnar ahora la conformidad pactada libremente dentro de los límites legales constituye en su calificación más benévola un ejemplo de mala fe procesal.

Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O. 4/1.987 de 15 de julio .

En consecuencia,