STSJ País Vasco 457/2023, 11 de Octubre de 2023
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, sala Contencioso Administrativo |
| Número de resolución | 457/2023 |
| Fecha | 11 Octubre 2023 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 0000385/2021
DE Procedimiento ordinario (Migración)
SENTENCIA NÚMERO 000457/2023
ILMOS. SRES.
PRESIDENTE
D. LUIS ANGEL GARRIDO BENGOETXEA
MAGISTRADOS
D.JOSE ANTONIO GONZALEZ SAIZ
D.CARLOS CARDENAL DEL PERAL
En Bilbao, a 11 de octubre del 2023.
La Sección: 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados/as antes expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número 385/2021 y seguido por el procedimiento Procedimiento ordinario, en el que se impugna: el Acuerdo dictado el 26 de febrero de 2021 por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Gipuzkoa mediante el que se estima parcialmente el recurso de Reposición contra el que determinaba el justiprecio correspondiente a la expropiación de la Finca nº NUM000 incluida en la Zona Especial de Conservación para las Aves "Txingudi", Zaldiferra y Bekorrota en el término municipal de Hondarribia ( expediente nº NUM001 ).
Son partes en dicho recurso:
- DEMANDANTE: Socorro, representado por la procuradora DÑA. MARIA LECETA BILBAO y dirigido por el letrado D.RAFAEL RAMIREZ ARAMENDIA.
- DEMANDADA: ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO, representado y dirigido por el SERVICIO JURIDICO CENTRAL DEL GOBIERNO VASCO.
Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Jose Antonio Gonzalez Saiz.
El día 11/05/2021 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que la procuradora D.ª MARIA LECETA BILBAO actuando en nombre y representación de D.ª Socorro, interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo dictado el 26 de febrero de 2021 por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Gipuzkoa mediante el que se estima parcialmente el recurso de Reposición contra el que determinaba el justiprecio correspondiente a la expropiación de la Finca nº NUM000 incluida en la Zona Especial de Conservación para las Aves "Txingudi", Zaldiferra y Bekorrota en el término municipal de Hondarribia ( expediente nº NUM001 ); quedando registrado dicho recurso con el número 0000385/2021.
En el escrito de demanda en base a los hechos y fundamentos de derecho en el expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que estimase los pedimentos de la actora.
En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que declare la conformidad a derecho de la resolución impugnada.
Por Decreto de fecha 2/12/2021 se fijó como cuantía del presente recurso la de 16.669,27 euros.
El procedimiento no se recibió a prueba por no solicitarlo las partes ni considerarlo necesario este Tribunal .
En los escritos de conclusiones, las partes reprodujeron las pretensiones que tenían solicitadas.
Por resolución de fecha 6/10/2023 se señaló el pasado día 10/10/2023 para la votación y fallo del presente recurso, habiéndose observado los trámites y prescripciones legales.
Se impugna el Acuerdo dictado el 26 de febrero de 2021 por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Gipuzkoa mediante el que se estima parcialmente el recurso de Reposición contra el que determinaba el justiprecio correspondiente a la expropiación de la Finca nº NUM000 incluida en la Zona Especial de Conservación para las Aves "Txingudi", Zaldiferra y Bekorrota en el término municipal de Hondarribia ( expediente nº NUM001 ).
La premisa jurisprudencial esencial desde las que vamos a valorar las posiciones de los litigantes aparece, entre otras muchas, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2014-recurso nº 4574- 2011 cuyo texto relevante para el supuesto en estudio es el que sigue:
"la doctrina constante de esta Sala, que por reiterada se hace innecesaria su cita, según la cual los acuerdos de los Jurados de Expropiación Forzosa gozan de la presunción de veracidad, legalidad y acierto, si bien siendo tal presunción de naturaleza iuris tantum, puede y debe ser revisada en vía jurisdiccional. Ahora bien, para que esta presunción sea desvirtuada es necesario que se haga prueba suficiente de infracción legal, un notorio error de hecho o desafortunada apreciación de los elementos de prueba existentes en el expediente".
Tal doctrina resulta precisada en la Sentencia de 23 de septiembre de 2013-recurso nº 6278-2010 diciendo que "dicha presunción es de carácter "iuris tantum", por lo que puede ser desvirtuada en base a la prueba practicada en sede jurisdiccional, especialmente a través de la prueba pericial, que reúna los razonamientos necesarios para llevar a la Sala de instancia, a la hora de valorarla conforme a las reglas de la sana crítica, a la convicción de que por su objetividad y fundamentación es suficiente para demostrar el error de los informes emitidos por los técnicos de la Administración al efectuar su valoración".
Desde tal premisa el art. 217 de la LEC impone a la parte actora demostrar los presupuestos de su acción y esto implica en el supuesto en estudio que ha de acreditar tanto las razones por las que deba enervarse la presunción de acierto del justiprecio especificado por el Jurado como aquellas que demuestren que ha de aplicarse la valoración que la parte propone. Es importante para todo ello tener presente que nos encontramos en una materia que exige, salvo aspectos asequibles para el ciudadano medio, que la ilustración del órgano jurisdiccional se lleve a cabo mediante prueba pericial. Se trata pues de uno de los ámbitos propios de la prueba pericial ya que como decimos son precisos conocimientos técnicos o prácticos ( art. 335 de la LEC ). Este medio de prueba es el adecuado para trasladar en términos que permitan su entendimiento y valoración el conocimiento especializado de los hechos al resto de las partes y al propio órgano jurisdiccional. Y la pericia, además, no puede limitarse a ofrecer una mera valoración alternativa a la del Jurado sino que debe cuestionarla, criticarla y razonar el porqué de considerarla errónea. Lógicamente debe demostrar también los elementos necesarios para que deba primar la valoración que la parte defienda.
Así mismo es importante recordar, entre otras muchas, las Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2007, 26 de octubre de 2005 - que cita las de 4 de marzo y 3 de mayo de 1999- cuando dicen:
"En definitiva, la valoración oficial goza de la presunción de acierto y veracidad reconocida por la jurisprudencia a los acuerdos de los Jurados de Expropiación, que tan sólo han de ceder cuando se incurra en errores fácticos, jurídicos o desajustada apreciación de los elementos probatorios aportados al expediente, o bien cuando dichos errores resulten de pruebas evacuadas en el proceso contradictoriamente y con plenas garantías legales...
Dicho esto, y trastocando los motivos de recurso con el fin de seguir un orden procedimental de conocimiento más adecuado, sobre la falta de motivación de los acuerdos impugnados cabe decir que para entender satisfecha la exigencia de motivar que impone a los Jurados de Expropiación el art. 35.1 de LEF basta con que la argumentación, aunque breve, sea racional y suficiente, permitiendo al interesado conocer las razones que han llevado a la decisión y fundar adecuadamente una posible impugnación, propiciando así su defensa frente a la actuación que considere perjudicial a sus intereses, sin exigirse numerosas y abundantes consideraciones, siendo bastante la mención genérica de los criterios utilizados y la referencia a los elementos o factores comprendidos en la estimación, siendo suficiente, en definitiva, que la motivación sea referida al caso cuestionado y contenga la expresión de cuáles son los bienes y derechos a justipreciar, no siendo preciso descender a los datos precisos y a los pormenores que condujeron a la determinación del justiprecio, como ocurre en el caso".
La resolución del Jurado, y aparece así la segunda de nuestras premisas, y como ocurre con todo acto administrativo, ha de estar motivada, ha de contener las razones suficientes que justifiquen el criterio valorativo y la solución alcanzada de modo que se pueda verificar el íter lógico seguido y, en su caso, cuestionarlo.
Si el acuerdo debiera anularse por falta de motivación al tratarse este de un recurso es de plena jurisdicción la cuestión deberá resolverse en el propio proceso sin retrotraer las actuaciones. Así, como expone el Tribunal Supremo en la Sentencia de 27 de noviembre de 2012-recurso nº 4237/2010:
"el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo se configura con la naturaleza de plena Jurisdicción en el que la actuación administrativa constituye una previa condición del proceso, pero sin quedar vinculado el Poder Judicial a las condiciones de la previa vía administrativa. Es decir, es suficiente la decisión de la Administración para iniciar el proceso y una vez iniciado éste, el Orden Contencioso-Administrativo está revestido de potestad suficiente para decidir todas las pretensiones vinculadas a los derechos e intereses afectados. Y el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente este carácter del Orden Contencioso-Administrativo al amparo de la extensión que comporta el derecho fundamental a la tutela judicial, como recuerda la sentencia 155/2012, de 16 de julio, haciéndose eco de "una consolidada doctrina", de la que se deja constancia y conforme a la cual "no resulta atendible desde la óptica constitucional que nos es propia la consideración del carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa más allá...
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