STS 1322/2023, 27 de Septiembre de 2023

Tramitación en primera instancia

1. - La procuradora D.ª Emma Frigola Casalí, en nombre y representación de D. Tomás, interpuso demanda de juicio ordinario contra Zurich España, Cía de Seguros y Reaseguros, S.A., en la que solicitaba se dictara sentencia:

   "[...] por la que se condene a la demandada:

   1. Al abono de la cantidad de 49.136,47.- € a D. Tomás en concepto de indemnización más los intereses legales que correspondan, así como los previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde día de febrero de 2012 (sic);

   2. Subsidiariamente, al abono de la cantidad de 35.000.- € más los intereses legales así como los previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde el día 27 de enero de 2012.

   3. Se declare, para el caso en el que sea opuesta, el carácter limitativo y por tanto su no aplicación de la cláusula que excluya la cobertura cuando se trata de daños causados por la falta de consentimiento informado.

   En ambos casos, a la imposición de las costas judiciales".

2. - La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia n.º 21 de Barcelona y se registró con el n.º 474/2015. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3. - El procurador D. Alejandro Font Escofet, en representación de D. Tomás, contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba al juzgado:

   "[...] dicte sentencia por la que no dando lugar a la demanda formulada por Don Tomás, se absuelva a Zurich Insurance PLC, Sucursal en España de los pedimentos de la misma, con expresa imposición a la pre actora de las costas causadas".

4. - Tras seguirse los trámites correspondientes, la Magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 21 de Barcelona dictó sentencia de fecha 23 de junio de 2016, con la siguiente parte dispositiva:

   "Desestimo la demanda interpuesta por Tomás Contra Zurich Insurance PlC, sucursal en España.

   Se condena a la actora al pago de las costas causadas en este procedimiento".

Tramitación en segunda instancia

1. - La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de D. Tomás.

2. - La resolución de este recurso correspondió a la sección 19.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que lo tramitó con el número de rollo 999/2016 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 23 de mayo de 2019, cuya parte dispositiva dispone:

"Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por parte de la representación de D. Tomás contra la Sentencia dictada el día 23 de junio de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia nº 21 de Barcelona en juicio ordinario 474/2015, que se revoca y se condena a la demandada a abonar a la actora 24.568,23 euros más los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de interpelación judicial, sin hacer expresa imposición de las costas de ninguna de las instancias".

.- Interposición y tramitación del recurso de casación

1. - La procuradora D.ª Emma Frigola Casalí, en representación de D. Tomás, interpuso recurso de casación.

   El motivo único del recurso de casación fue:

   "Infracción legal de los artículos 18, 20.3, 20.6 y 20.8 de la Ley de Contrato de Seguro, la ley 50/198, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la causa justificada que permita eximir al asegurador de la indemnización por mora contenida, entre otras, en las sentencias del TS núm. 948/2011, de 16 de enero de 2012; 206/2016, de 5 de abril; 73/2017, de 8 de febrero de 2017; 36/2017, de 20 de enero de 2017; núm. 218/2010, de 9 de abril; núm. 522/2018, de 24 de septiembre".

2. - Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 20 de octubre de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

   "1.º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Tomás contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 19.ª) de 23 de mayo de 2019 dictada en el rollo de apelación n.º 999/2016, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 474/2015 del Juzgado de Primera Instancia n.º 21 de Barcelona.

   2. ) Abrir el plazo de veinte días, para que la parte recurrida formalice, por escrito su oposición al recurso, encontrándose las actuaciones a su disposición en Secretaría, durante el citado plazo.

   Contra la presente resolución no cabe recurso alguno".

3. - Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4. - Por providencia de 10 de julio de 2023 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 20 de septiembre del presente, fecha en que ha tenido lugar.

Antecedentes relevantes

A los efectos decisorios del presente recurso partimos de los antecedentes siguientes.

1. - El demandante D. Tomás ejercitó una acción directa, en su condición de perjudicado, contra Zurich España, Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A., en su condición de aseguradora de la Fundación Puigvert de Barcelona.

2. - La demanda se fundamentó en que, a consecuencia de la práctica de una litotricia extracorpórea con sedación e incumplimiento del deber de obtención del consentimiento informado, sufrió un grave hematoma y progresiva atrofia hasta que en diciembre de 2011 perdió la funcionalidad de su riñón izquierdo.

   A consecuencia de ello, en febrero de 2012, se solicitó el historial clínico del demandante y, al constatarse la ausencia de la hoja de consentimiento informado, se promovieron unas diligencias preliminares contra la Fundación Puigvert para obtenerlo, en las que se contestó, por dicho centro, que "no lo exhibe porque no se firmó".

   En noviembre de 2013 y octubre de 2014, se dirigieron burofaxes por parte del perjudicado a la propia compañía y su asegurada, en los que se instaba al pronto resarcimiento del daño. En el segundo de ellos, expresamente, se denunciaba además el incumplimiento del deber de información en los términos siguientes:

   "Como Uds. bien conocen, con motivo de dicha prescripción errónea por parte de los facultativos de su centro, el Sr. Tomás padece graves problemas de salud, así como secuelas que, de haber cumplido Vdes. con la lex artis de su oficio, no se hubieran producido. Tampoco se informó al paciente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 8 y 10 de la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre derechos de información concerniente a la salud y autonomía del paciente y documentación clínica".

3. - Así las cosas, el 25 de abril de 2015 se interpuso la oportuna demanda cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de Primera Instancia número 21 de Barcelona, en la que se postuló, con carácter principal, la condena de la compañía a abonar al actor la suma de 49.136,47 euros, por los daños y perjuicios sufridos, y, subsidiariamente, una indemnización de 35.000 euros, por ausencia de consentimiento informado. En ambos casos, se solicitó la aplicación de los intereses del art. 20 de la LCS, desde el 27 de enero de 2012, data en la que se evidenció la pérdida de la funcionalidad del riñón.

   Seguido el procedimiento, por todos sus trámites, se dictó sentencia desestimatoria de la demanda.

4. - Contra dicha sentencia se interpuso por el demandante recurso de apelación. Su conocimiento correspondió a la sección decimonovena de la Audiencia Provincial de Barcelona, que revocó la dictada por el juzgado y estimó parcialmente la demanda.

   En la resolución del tribunal se descartó que existiese una mala praxis médica en la ejecución de la litotricia, pero sí una vulneración de la lex artis, toda vez que el demandante no había sido ilustrado sobre los riesgos típicos de dicho tratamiento con lo que se vulneró el principio del consentimiento informado. A consecuencia de ello, se le indemnizó con la cantidad de 24.568,23 euros; es decir, con la mitad de la suma reclamada en la demanda.

   Sin embargo, no se consideró procedente la condena al pago de los intereses del art. 20 de la LCS, con el argumento siguiente:

   "Al basarse la condena en la falta de consentimiento informado, no procederá la aplicación de los intereses del art. 20 de la LCS. Como señala en caso idéntico la SAP, Civil, sección 1 del 19 de noviembre de 2018 (ROJ: SAP B 11473/2018 -ECLI: ES: APB:2018:11473): "No obstante, en el caso de autos existen razones que justifican la no imposición de los intereses del art. 20 LCS, ya que la aseguradora demandada desconocía la falta de consentimiento informado, que ha sido el título de imputación motivo de condena"".

   En definitiva, se dictó sentencia condenatoria de la compañía aseguradora a abonar al demandante la suma de 24.568,23 euros, más los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de interpelación judicial, todo ello sin hacer especial condena en costas.

5. - La compañía aseguradora no recurrió la precitada sentencia, pero sí lo hizo la parte demandante, en tanto en cuanto se consideró acreedora a los intereses del art. 20 de la LCS a cargo de la compañía demandada.

El recurso de casación

El recurso se interpuso por interés casacional. Se alegaron como infringidos los artículos 18, 20.3, 20.6 y 20.8 de ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. Se citó la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la causa justificada que permite la liberación de la aseguradora del pago de los intereses de mora en la liquidación del siniestro, contenida, entre otras, en las sentencias de esta Sala 1ª 218/2010, de 9 de abril, 948/2011, de 16 de enero de 2012; 206/2016, de 5 de abril; 73/2017, de 8 de febrero; 36/2017, de 20 de enero y 522/2018, de 24 de septiembre.

En síntesis, se señala que la aseguradora tenía perfecta constancia de la inexistencia del consentimiento informado antes del ejercicio judicial de la acción. Incluso, si se entendiera que la compañía solo conoció tal dato desde la interposición de la demanda, lo que tajantemente se niega, la sentencia sería igualmente errónea, pues, al menos, los intereses del art. 20 de la LCS procederían a partir de tal data, puesto que, desde ese momento, no podía sostener la compañía su ignorancia sobre tan esencial extremo.

No se entiende que si la mala praxis observada -razona el recurrente- fue la omisión en la obtención del consentimiento informado reiteradamente denunciado, la compañía no procediera a liquidar el siniestro, y máxime cuando fue expresamente reconocida tal circunstancia por el centro sanitario al admitir que no podía exhibir el correspondiente documento escrito de constatación porque no se firmó.

Se citó la jurisprudencia de esta sala conforme a la cual el hecho de acudir a un proceso no conforma causa justificada de demora en la liquidación diligente del daño, y que el art. 18 de la LCS impone a las compañías las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro; lejos de ello, la demandada se comportó con total pasividad.

Se argumenta que la sentencia invocada por el tribunal provincial, como apoyo a la decisión tomada, no guarda identidad de razón con el presente caso, ya que, en el supuesto enjuiciado en dicha resolución, se habían suscrito dos documentos de consentimiento informado y era preciso el proceso para determinar su suficiencia. Además, de que previamente a la demanda no había sido comunicado a la compañía de seguros la ausencia del consentimiento informado a diferencia de lo que sucede en el proceso que nos ocupa.

Por otra parte, se citan sentencias de esta Sala en que se condena al pago de los intereses del art. 20 de la LCS, en supuestos en los que la imputación del daño deriva de la omisión en la obtención del consentimiento informado ( SSTS 948/2011, de 16 de enero de 2012; 206/2016, de 5 de abril, 73/2017, de 8 de febrero y 36/2017, de 20 de enero).

Tampoco se considera que la compañía hubiera acreditado el desconocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación del perjudicado o al ejercicio de la acción directa, lo que debió acreditar al corresponderle la carga de la prueba ( art. 20.6 LCS) y no hizo ( SSTS 325/2009, de 7 de mayo, 218/2010, de 9 de abril y 522/2018, de 24 de septiembre).

En su oposición al recurso, la compañía demandada niega que se le comunicara la ausencia del consentimiento informado en la carta de 22 de noviembre de 2013 que transcribe, aunque sí reconoce que se le trasladó tal hecho en la reclamación de 20 de octubre de 2014. En cualquier caso, señala que no tuvo acceso a la documentación clínica del paciente hasta el 8 de septiembre de 2015, tras ser incorporada a los autos por la Fundación Puigvert.

Cita la sentencia 579/2019, de 5 de noviembre, en la que se establece que el devengo de los intereses del art. 20 de la LCS no procede hasta que la administración establece la obligación de pago.

Se señala que la compañía de seguros actúa como aseguradora de la administración pública y cita la jurisprudencia contencioso-administrativa que, en tales casos, no condena al pago de los intereses de demora, al considerarse necesario que se reconozca la responsabilidad de la administración asegurada. Alega como apoyo la sentencia de la Sala 3.ª, de 4 de julio de 2012, en recurso 2724/2011.

En cualquier caso, se insiste en que no tuvo conocimiento de la reclamación de la falta del consentimiento informado hasta el 21 de octubre de 2014, y acceso al historial clínico, por primera vez, el 8 de septiembre de 2015. Además, el tratamiento dispensado no era invasivo, por lo que no existía obligación de la obtención del consentimiento informado por escrito, y la testifical practicada acreditaba que se había informado al actor.

Estimación del recurso

A los efectos decisorios del presente proceso partimos de las consideraciones siguientes:

1. - Corresponde a la jurisdicción civil el conocimiento del presente proceso, toda vez que se trata de una demanda de reclamación de una indemnización por el daño sufrido por un particular en su integridad física contra una sociedad mercantil, en aplicación de la acción directa atribuida al perjudicado por una norma de naturaleza material o sustantiva de derecho privado como es el art. 76 de la LCS, sin interpelación de la administración pública, ni acto administrativo que revisar. De esta manera, se pronunció, recientemente, la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo, en su auto 2/2022, de 2 marzo, así como la sentencia del Pleno de esta Sala 1.ª 321/2019, de 5 de junio, entre otras.

2. - El objeto de este proceso es una acción directa, que corresponde al perjudicado frente a la compañía de seguros del causante del daño, configurada jurídicamente como un derecho propio del perjudicado, autónomo e independiente del que ostenta la entidad asegurada contra la compañía de seguros, de manera tal que se proclama que "[...] la acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador frente al asegurado".

   Lo expuesto no significa, como es natural, que no deba concurrir el presupuesto indeclinable de que el riesgo asegurado sea objeto de una de cobertura vigente y que constituya el daño sufrido por el perjudicado. Es preciso, además, que quien reclama sea titular de un interés lesionado por una acción jurídicamente imputable a la persona física o jurídica, pública o privada, asegurada.

   En definitiva, para obtener el resarcimiento del daño sufrido, el perjudicado cuenta con dos derechos, cada uno de ellos instrumentalizado con la correspondiente acción, de los que surgen dos obligaciones diferentes: la del asegurado, causante del daño, que nace del hecho ilícito, y la del asegurador, proveniente también de ese mismo hecho ilícito, pero que presupone la existencia de un contrato de seguro y que está sometida al régimen especial del artículo 76 LCS ( SSTS 200/2015, de 17 de abril, que cita la de 12 de noviembre de 2013, reproducidas en la más reciente 321/2019, de 5 de junio).

   La víctima puede acumular ambas acciones y ejercitarlas conjuntamente contra el autor del daño y su compañía aseguradora, unidos por vínculos de solidaridad; o bien, ejercitarlas independientemente sólo contra el causante del daño o únicamente contra la compañía de seguros.

3. - En casos, como el presente, en que se opta por demandar únicamente a la compañía de seguros en vía civil, se producen las consecuencias siguientes:

   En primer término, y como es obvio, la condena de la aseguradora dependerá de la existencia de responsabilidad patrimonial de la administración asegurada, que deberá acreditarse, en el proceso civil, bajo los parámetros propios del derecho administrativo ( sentencias 579/2019, de 5 de noviembre; 473/2020, de 17 de septiembre y 501/2020, de 5 de octubre, entre otras). Proceder de esta manera no constituye una cuestión extravagante, sino expresamente prevista en el art. 42 de la LEC, que regula las cuestiones prejudiciales no penales, que se susciten en el proceso civil. Dicho precepto señala que: "[...] a los solos efectos prejudiciales, los tribunales civiles podrán conocer de asuntos que estén atribuidos a los tribunales de los órdenes contencioso-administrativo y social".

   En este caso, se trataría de una cuestión prejudicial no devolutiva, puesto que su conocimiento corresponde a la jurisdicción civil, y que obligará a los tribunales de este orden jurisdiccional a constatar la previa existencia de responsabilidad patrimonial de la administración mediante la aplicación de lo normado en los actualmente vigentes arts. 32 a 35 de la Ley 40/2015.

   Pues bien, de la misma manera que los tribunales civiles deben apreciar la existencia de una responsabilidad de la administración asegurada cuando se ejercite la acción directa por vía civil solo contra la compañía de seguros, lo mismo debe hacer la aseguradora cuando el perjudicado prescinde de la reclamación administrativa y le exija el resarcimiento del daño directamente como consecuencia del derecho que le corresponde al amparo del art. 76 LCS.

   Por lo tanto, al conocer la aseguradora la reclamación del demandante, para obtener el resarcimiento del daño sufrido, dirigida directa y exclusivamente contra ella, debió abrir expediente para determinar la existencia del siniestro y, en su caso, proceder a su liquidación ( art. 18 LCS).

   Lo que no puede es ampararse en el argumento de que no está obligada a hacer honor a su compromiso indemnizatorio, si no acude la víctima a la vía administrativa, formulando la correspondiente reclamación patrimonial frente a la administración presuntamente responsable, y esperar a que aquella sea reconocida en el correspondiente expediente administrativo, pues el perjudicado no está obligado a ello, y goza del derecho de dirigir la acción de resarcimiento en vía civil únicamente contra la aseguradora de la administración.

4. - Se deberá, por lo tanto, valorar a los efectos de aplicar los intereses del art. 20 de la LCS, la concurrencia de causa justificada para no imponerlos a la compañía aseguradora a tenor del apartado 8 de tal precepto. Para ello, contamos con una reiterada jurisprudencia.

   En efecto, constituye pronunciamiento de esta Sala 1.ª del Tribunal Supremo el que sostiene que los intereses del art. 20 de la LCS ostentan un carácter marcadamente sancionador, que se traduce en la interpretación restrictiva que merecen las causas justificadas de exoneración del deber de indemnizar ( sentencias 743/2012, de 4 de diciembre; 206/2016, de 5 de abril, 514/2016, de 21 de julio; 456/2016, de 5 de julio; 36/2017, de 20 de enero; 73/2017, de 8 de febrero ; 26/2018, de 18 de enero; 56/2019, de 25 de enero; 556/2019, de 22 de octubre; 419/2020, de 13 de julio, 503/2020, de 5 de octubre y 96/2021, de 23 de febrero).

   En este esfuerzo delimitador, con respecto al juego normativo del art. 20 de la LCS, hemos señalado que la simple pendencia de un proceso no puede constituir, por sí solo, causa justificada para obviar la imposición de los intereses moratorios; pues entonces las compañías de seguros no liquidarían los siniestros y esperarían a que se promovieran acciones judiciales contra ellas, lo que conduciría a la frustración de la finalidad perseguida por el art. 20 de la LCS, que se convertiría en papel mojado en contra de la voluntad del legislador.

   Por lo tanto, la mera circunstancia de judicializarse la reclamación, ante la negativa de la aseguradora de hacerse cargo del siniestro, no puede dejar sin aplicación al art. 20 de la LCS, dado que su juego normativo quedaría de esta manera subordinado a la oposición de las compañías de seguros, que tendrían en sus manos demorar las liquidaciones de los siniestros y evitar la aplicación de los precitados intereses.

   A los efectos de impedir tan indeseables consecuencias es necesario que la judicialización, excluyente de la mora, se encuentre fundada en razones convincentes que avalen la reticencia de la compañía a hacer honor al compromiso contractualmente asumido, puesto que no ha de ofrecer duda que la sola circunstancia de la promoción de un proceso no permite presumir la racionalidad de la oposición a indemnizar, toda vez que no concurre un enlace preciso y directo conforme a las directrices de la lógica entre ambos comportamientos con trascendencia jurídica ( sentencias 503/2020, de 5 de octubre y 563/2021, de 26 de julio).

   En consonancia se ha proclamado que sólo concurre la causa justificada del art. 20.8 de la LCS, en los específicos supuestos en que se hace necesario acudir al proceso para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación de indemnizar; esto es, cuando la resolución judicial deviene imprescindible para despejar las dudas existentes en torno a la realidad del siniestro o su cobertura ( sentencias 252/2018, de 10 de octubre; 56/2019, de 25 de enero, 556/2019, de 22 de octubre; 570/2019, de 4 de noviembre, 47/2020, de 22 de enero, 116/2020, de 19 de febrero, 419/2020, de 13 de julio, 503/2020, de 5 de octubre y 563/2021, de 26 de julio, entre otras muchas).

   Tampoco es causa justificada las diferencias entre el perjudicado y la aseguradora en el importe indemnizatorio del daño sufrido, pues tales discrepancias plausibles desde luego no impiden a la compañía consignar la cantidad que considere debida.

   En este sentido, señalamos, por ejemplo, en la STS 110/2021, de 2 de marzo, que:

   "La demandada tan solo discrepa de la cuantía de la indemnización postulada en la demanda, lo que no es causa justificada conforme una reiterada jurisprudencia para evitar la aplicación de los mentados intereses ( sentencias 328/2012, de 17 de mayo, 641/2015, de 12 de noviembre; 317/2018, de 30 de mayo; 47/2020, de 22 de enero y 643/2020, de 27 de noviembre entre otras muchas)".

5. - Pues bien, en este caso, la realidad del siniestro es indiscutible. De la propia documentación clínica consta la pérdida de la funcionalidad del riñón izquierdo del demandante tras la litotricia practicada.

   La vigencia del seguro y el objeto de cobertura evidentemente obvios, tampoco discutidos.

   La necesidad de la obtención del consentimiento informado es difícilmente rebatible, así como que no existía en la documentación clínica su constatación por escrito. La sentencia da por acreditado que dicho consentimiento no se obtuvo, lo que conforma un pronunciamiento judicial, no cuestionado por la aseguradora, que no recurre la sentencia.

   La jurisprudencia ha proclamado que el consentimiento informado es presupuesto y elemento integrante de la lex artis ad hoc ( SSTS 948/2011, de 16 de enero de 2012, 206/2016, de 5 de abril, 227/2016, de 8 de abril, 838/2021, de 30 de noviembre y 680/2023, de 8 de mayo, STEDH de 8 de marzo de 2022, R.J. contra España, y STC 37/2011, de 28 de marzo, entre otras muchas).

   Por consiguiente, el advenimiento de un riesgo típico no informado constituye fuente de responsabilidad civil, lo que sin duda le consta a una entidad especializada en la responsabilidad civil médica como es la compañía Zurich.

   Es evidente que antes de la presentación de la demanda se formularon reclamaciones extrajudiciales directamente dirigidas contra la compañía aseguradora, la cual tampoco demostró que el centro médico asegurado no le hubiera comunicado el siniestro, proceder que constituye una elemental obligación que conforma pauta normal de la actuación de los asegurados, máxime cuando se trata de un centro médico especializado integrado en el sistema de la sanidad pública.

   Por lo tanto, lo excepcional o anormal -la no comunicación del siniestro reclamado- requiere su demostración por la parte que así lo sostenga, como sucede en este caso con la compañía demandada.

   El art. 20.6 de la LCS centró la atención de la sala, buena muestra de ello la encontramos en la sentencia 556/2019, de 22 de octubre, en la que hemos señalado:

   "En cuanto al día inicial del cómputo, según el art. 20.6.º LCS, 6.º "será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro", y la jurisprudencia de esta sala (por ejemplo, sentencia 522/2018, de 24 de septiembre) ha declarado que esa regla general tiene dos excepciones: la primera, referida al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario, implica que si no han cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o en la ley el término inicial del cómputo será el de la comunicación ( artículo 20.6.ª II LCS) y no la fecha del siniestro; y la segunda, referida al tercero perjudicado o sus herederos, determina que excepcionalmente será término inicial la fecha de dicha reclamación o la del ejercicio de la acción directa ( art. 20. 6.ª III LCS) cuando el asegurador pruebe que no tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción por el perjudicado o sus herederos".

   No cabe aplicar la regla excepcional contemplada en el segundo inciso de tal precepto, pues la compañía no ha justificado -carga de la prueba que le corresponde por atribución legal ( art. 217.6 LEC)- que desconociera la realidad del siniestro antes de la primera reclamación dirigida contra ella en noviembre de 2013, cuando constan anteriores actuaciones encaminadas a la reparación del daño contra la asegurada, que lógicamente se debieron poner en conocimiento de la compañía demandada, siendo excepcional no hacerlo. Fácil hubiera sido requerir a la asegurada para que precisara la fecha en que comunicó el siniestro a la compañía demandada; pues la indeterminación de tal dato perjudica lógicamente a la compañía, lo que demuestra la inconsistencia de su argumento.

   La STS 579/2019, de 5 de noviembre, invocada por la compañía demandada, en modo alguno, guarda identidad de razón con el presente proceso. En el caso enjuiciado en dicha resolución, la parte demandante había promovido reclamación administrativa de declaración de responsabilidad patrimonial contra la administración sanitaria. Reconocida ésta y cuantificado su importe promovió la acción directa ante los tribunales de lo civil contra la aseguradora. La pretensión ejercitada implicaba revisar un acto administrativo firme para obtener, de esta forma. una indemnización mayor que la fijada en vía administrativa. La precitada sentencia, ratificando el pronunciamiento de la audiencia, declaró improcedente un pronunciamiento de tal clase, bajo el argumento de que "sería contrario a la legalidad que se utilizase la acción directa para impugnar el acto administrativo, que se había consentido, a los solos efectos indemnizatorios". Al haber acudido a la vía administrativa se consideró, ante la singularidad del supuesto, que una prudente compañía no resarciese al daño hasta que se pronunciaría la Administración, y se añade además que "hasta tal punto es así, a efectos de causa justificada, que existe un cambio sustancial, no ya de cuantía, sino de conceptos a valorar, entre lo decidido por la resolución administrativa no impugnada y lo reclamado en la demanda de este litigio".

   La expuesta fue la ratio decidendi (razón de decidir) determinante de que se entendiese que concurría causa justificada para no imponer los intereses de demora desde la fecha del siniestro. Ahora bien, en el caso que ahora nos ocupa, no hubo reclamación administrativa previa, ni el perjudicado estaba obligado a promoverla, sino que ejercitó la acción directa contra la sociedad anónima demandada.

   La pasividad en la liquidación del siniestro es evidente, ni tan siquiera consta lo intentase la aseguradora tras la presentación de la demanda y consiguiente tramitación del proceso.

   Procede, en consecuencia, estimar el recurso de casación interpuesto por el demandante a tenor del conjunto argumental antes expuesto, dada la falta de diligencia de la compañía en la puntual y exigible liquidación del siniestro, lo que conforma el presupuesto de su mora causante de la tardía reparación del daño sufrido por el perjudicado, que se vio forzado a acudir a un dilatado proceso judicial, ante la pasividad de la compañía que, con su comportamiento omisivo, se hizo acreedora a la condena de los intereses legales del art. 20 LCS, entidad que no puede obligar al demandante a acudir a la vía administrativa previa para que la administración reconozca su responsabilidad o esperar el pronunciamiento firme de la sentencia civil, lo que dejaría a dicho precepto sin juego normativo.

Asunción de la instancia

En aplicación de lo establecido en el art. 487.3 LEC procede casar la sentencia recurrida y, en funciones de instancia, estimar en parte el recurso de apelación del demandante, en el sentido de incorporar al fallo de la sentencia dictada por la audiencia la obligación de la compañía de seguros de abonar los intereses del art. 20 de la LCS, desde la fecha solicitada en demanda 27 de enero de 2012 y hasta su completo pago, calculados durante los dos primeros años al tipo legal más un 50%, y, a partir de ese momento, al tipo del 20% ( sentencia de pleno 251/2007, de 1 de marzo, seguida, entre otras, por las sentencias 562/2018, de 10 de octubre, 140/2020, de 2 de marzo; 419/2020, de 13 de julio, 503/2020, de 5 de octubre, 643/2020, de 27 de noviembre, 110/2021, 2 de marzo).

Costas y depósito

Conforme al art. 398.2 LEC, no procede imponer a ninguna de las partes las costas del recurso de casación ni las de la segunda instancia, dada la estimación de ambos recursos.

Según el art. 394.1 LEC, tampoco procede imponer las costas de la primera instancia, toda vez que la demanda ha sido parcialmente estimada.

Procede la devolución de los depósitos constituidos para recurrir en apelación y casación ( disposición adicional 15.ª , apartado 8 de la LOPJ).