STS 281/2023, 7 de Marzo de 2023

PRIMERO.- Resolución recurrida en casación y hechos del litigio.

1. Este recurso de casación tiene por objeto la mencionada sentencia de 14 de abril de 2021, en que se acuerda, literalmente, lo siguiente:

   "[...] 1º.- DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo número 1805/2018, que ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, ha promovido D. José Luis Martín Jaureguibeitia, Procurador de los Tribunales y de D. Germán, contra la Resolución identificada en el encabezamiento de esta Sentencia, la cual se confirma por ser conforme a derecho.

   2. - Condenar a la parte recurrente al pago de las costas causadas en esta instancia [...]".

   SEGUNDO.- Preparación y admisión del recurso de casación.

1. Notificada dicha sentencia a las partes, el procurador don José Luis Martín Jaureguibeitia, en la indicada representación, presentó escrito de 17 de junio de 2021, de preparación de recurso de casación.

2. Tras justificar los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la sentencia, se identifican como normas jurídicas infringidas:

   -El artículo 24 de la Constitución Española (CE) y el artículo 283 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC).

   - El artículo 43.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).

3. La Sala a quo tuvo por preparado el recurso de casación mediante auto de 25 de junio de 2021, que ordenó el emplazamiento de las partes para comparecer ante este Tribunal Supremo. El procurador Sr. Martín Jaureguibeitia ha comparecido el 5 de julio de 2021; y el Abogado del Estado lo ha hecho el 29 de julio de 2021, ambos en el plazo de 30 días del artículo 89.5 LJCA.

   TERCERO.-Interposición y admisión del recurso de casación.

1. La sección primera de esta Sala admitió el recurso de casación en auto de 20 de abril de 2022, en que aprecia la concurrencia del interés casacional objetivo para formar jurisprudencia, en estos literales términos:

   "[...] Determinar si, a los efectos del supuesto de responsabilidad tributaria del artículo 43.1.b) de la Ley General Tributaria , resulta exigible a un administrador con cargo caducado y que ha convocado la junta general para el nombramiento de los nuevos integrantes del órgano de administración, que proceda adicionalmente, como consecuencia de la concurrencia de una causa legal de disolución sobrevenida a la celebración de aquella junta general, a convocar una nueva junta general para acordar la disolución de la sociedad, ex art. 365 de la Ley de Sociedades de Capital , y/o a solicitar su disolución judicial en su condición de "interesado", ex art. 366 de la Ley de Sociedades de Capital [...]".

2. El procurador don José Luis Martín Jaureguibeitia, en la representación del recurrente, interpuso recurso de casación en escrito de 13 de junio de 2022, solicitando del Tribunal Supremo:

   "[...] dicte en su día Sentencia por la que acuerde:

   1. ) La estimación del presente recurso de casación, con la consecuente casación y anulación íntegra de la Sentencia de 14 de abril de 2021, de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por la que se desestimaba el recurso interpuesto contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de 28 de febrero de 2019, desestimatoria de la reclamación formulada contra el Acuerdo de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Madrid de la AEAT, de 20 de noviembre de 2015, por el que se declara responsable subsidiario de las deudas tributarias de la sociedad de la que fue administrador a D. Germán, por importe de 555.340,91 euros.

   2. ) Correlativamente, el reconocimiento de la inexistencia de una conducta negligente imputable a D. Germán durante el periodo que fue administrador caducado de la sociedad NEW WORLD FILS INTERNATIONAL, S.A., y, consecuentemente, la imposibilidad de derivarle responsabilidad alguna por las deudas tributarias de aquella [...]".

   CUARTO.- Oposición al recurso de casación.

   El Abogado del Estado, emplazado como recurrido en este recurso de casación, presentó escrito de oposición el 22 de julio de 2022, donde solicita, tras la propuesta de doctrina al efecto, lo que sigue:

   "[...] Sobre esa base, desestime ya el recurso y confirme la sentencia recurrida así como la resolución del TEAC de 28 de febrero de 2019, que desestimó la reclamación formulada por el recurrente contra el Acuerdo de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Madrid de la AEAT, de fecha 20 de noviembre de 2015, en relación con un procedimiento de responsabilidad subsidiaria del artículo 43.1.b) LGT/2003 [...]".

   QUINTO.- Vista pública y deliberación.

   Esta Sección Segunda no consideró necesaria la celebración de vista pública - artículo 92.6 LJCA-, quedando fijada la deliberación, votación y fallo de este recurso el 28 de febrero de 2023, día en que efectivamente se deliberó, votó y falló, con el resultado que seguidamente se expresa.

PRIMERO.- Objeto del presente recurso de casación.

El objeto de este recurso de casación consiste, en determinar, con miras a la formación de jurisprudencia por su valor casacional, si a los efectos del supuesto de responsabilidad tributaria del artículo 43.1.b) de la Ley General Tributaria, resulta exigible a un administrador con cargo caducado y que ha convocado la junta general para el nombramiento de los nuevos integrantes del órgano de administración, que proceda adicionalmente, como consecuencia de la concurrencia de una causa legal de disolución sobrevenida a la celebración de aquella junta general, a convocar una nueva junta general para acordar la disolución de la sociedad, ex art. 365 de la Ley de Sociedades de Capital, o a solicitar su disolución judicial en su condición de "interesado", ex art. 366 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se impugna en casación la sentencia de 14 de abril de 2021, dictada por la Sección Séptima de la Sala C-A de la Audiencia Nacional, recurso nº 1805/2019, desestimatoria de dicho recurso, interpuesto por el Sr. Germán.

El acto recurrido en la instancia es la resolución del TEAC de 28 de febrero de 2019, que desestima la reclamación contra el Acuerdo de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Madrid de la AEAT, de 20 de noviembre de 2015, sobre declaración de responsabilidad subsidiaria del art. 43.1.b) de la LGT, por importe de 555.340,91 euros.

SEGUNDO.- Hechos sobre los que hemos de pronunciarnos, según derivan de la sentencia de instancia y del auto de admisión.

El auto de admisión refleja los hechos relevantes a efectos del trámite de admisión del presente recurso de casación:

"[...] Un análisis del expediente administrativo y de las actuaciones judiciales nos lleva a destacar, como datos importantes para decidir sobre la admisión a trámite del recurso de casación, los siguientes:

1. Acuerdo de derivación de responsabilidad tributaria.

   El 15 de septiembre de 2015, la Dependencia de Recaudación de la Delegación de Madrid de la AEAT dictó que declaró responsable subsidiario a don Germán, del artículo 43.1.b) LGT , de las deudas de la entidad New World Films International, S.A. de cuyo consejo de administración había sido miembro.

   Recurrido el anterior acuerdo en reposición, la Dependencia Regional de Recaudación dictó resolución desestimatoria con fecha 20 de noviembre de 2015.

2. Reclamación económico-administrativa.

   Frente al anterior acto se interpuso reclamación, desestimada por resolución del TEAC, de 26 de febrero de 2019, que a los efectos que ahora interesan, señala:

   "ANTECEDENTES DE HECHO [...]

   SEXTO.- El acuerdo de derivación concluye el cese de hecho en el ejercicio de la actividad por la entidad desde principios de 2013, de acuerdo a varios hechos:

   [...].

   FUNDAMENTOS DE DERECHO [...]

   SEXTO.- [...] Existen indicios que permiten mantener la conclusión a la que llegó la Administración sobre el cese de hecho de la entidad [...].

   NOVENO.- [...] El reclamante señala que cumplió con su obligación al convocar Junta para dotar de nuevo órgano de Administración, pero lo cierto es que lo hizo una vez pasado un lapso de tiempo más que considerable, teniendo en cuenta la caducidad de los cargos en fecha 24 de marzo de 2009 y siendo celebrada la Junta General de Accionista según señala en sus alegaciones el 28 de junio de 2012, siendo los acuerdos adoptados elevados a público el 1 de marzo de 2013, e inscritos en el Registro Mercantil el 4 de julio de 2013. Ello no se puede entender como la única posibilidad de actuación que tiene frente al cese de la actividad de la entidad.

   En apoyo de sus pretensiones refirió el artículo 171 de la [Ley de Sociedades de Capital] que recoge:

   "En caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores solidarios, de alguno de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, sin que existan suplentes, cualquier socio podrá solicitar del Secretario judicial y del Registrador mercantil del domicilio social la convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores.

   Además, cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con ese único objeto."

   El artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, señala que:

   "1. La sociedad de capital deberá disolverse:

   1. Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.

      [...]

   4. Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento [...]".

      De lo que se puede extraer que la sociedad estaba incursa en causa de disolución por cese de la actividad, encontrándose los órganos sociales a su vez paralizados, ya que de acuerdo con sus estatutos, la representación estaba cedida a un Consejo de Administración integrado por un número de miembros que no podrá ser inferior a tres ni superior a diez.

      El artículo 365 señala el deber de convocatoria de los administradores:

      "1. Los administradores deberán convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución o, si la sociedad fuera insolvente, ésta inste el concurso.

      Cualquier socio podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su juicio, concurriera alguna causa de disolución o la sociedad fuera insolvente.

      2. La junta general podrá adoptar el acuerdo de disolución o, si constare en el orden del día, aquél o aquéllos que sean necesarios para la remoción de la causa."

         Asimismo, procede señalar que ante el cese de la entidad, cuyo órgano de Administración se encontraba paralizado, como ocurre en el presente caso, podría haber sido obtenida la disolución de la entidad de acuerdo con el artículo 366 de la Ley de Sociedades de Capital que señala:

         "1. Si la junta no fuera convocada, no se celebrara, o no adoptara alguno de los acuerdos previstos en el artículo anterior, cualquier interesado podrá instar la disolución de la sociedad ante el juez de lo mercantil del domicilio social. La solicitud de disolución judicial deberá dirigirse contra la sociedad.

      2. Los administradores están obligados a solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el acuerdo social fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado.

         La solicitud habrá de formularse en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o no se hubiera adoptado."

         De acuerdo a lo expuesto procede desestimar las alegaciones presentadas por el reclamante y confirmar el acuerdo de derivación dictado".

3. Recurso contencioso-administrativo.

   Contra la anterior resolución, el interesado interpuso recurso contencioso-administrativo que se tramitó con el número 1805/2019 ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

   La ratio decidendi de la sentencia sobre este particular se contiene en el fundamento jurídico quinto con el siguiente tenor literal:

   "QUINTO.- Sobre el elemento subjetivo.

   El actor rechaza que exista una conducta reprochable en el ejercicio de su cargo.

   La conducta reprochable consiste en la existencia de deudas pendientes, en este caso, con la Hacienda Pública sin adoptar las medidas necesarias para que, una vez que la sociedad cesa en el ejercicio de su actividad de manera definitiva, se aseguren los derechos de los acreedores sociales, entre los que se encuentra naturalmente la Hacienda Pública.

   En el recurso que se está enjuiciando, es necesario la concurrencia de culpabilidad, en el sentido de que se le reproche al administrador una conducta carente de la diligencia exigible para llevar a cabo la disolución y liquidación de la sociedad, o, lo que es lo mismo, para poner a la sociedad en condiciones de cumplir las obligaciones tributarias pendientes, ya sea promoviendo su disolución o el procedimiento concursal correspondiente y realizando las actuaciones necesarias para poder afrontar el pago [...].

   El demandante tenía la obligación de haber adoptado las medidas necesarias, entre las que se encontraba instar la disolución de la sociedad como consecuencia del cese del ejercicio de la actividad.

   El art. 366 de la LSC habilita a cualquier interesado a instar la disolución de la sociedad ante el juez de lo mercantil.

   Frente al cese de la actividad de la entidad y su obligación de convocar la junta general, lo único que hizo fue convocar una junta que fue celebrada el 28 de junio de 2012, siendo los acuerdos adoptados elevados a públicos, el 1 de marzo de 2013.

   Ello, como razona el TEAC, no cabe entender como la única posibilidad de actuación que tiene frente al cese de la actividad de la entidad. La única conclusión posible es que no realizó los actos necesarios para poder afrontar, el pago de las deudas tributarias, concurriendo así el elemento subjetivo necesario para poder declarar su responsabilidad.

   En palabras de la Sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, dictada en el recurso núm 6329/2010 " La culpa del administrador social que legitima la exigencia de responsabilidad al mismo para el pago de todos los conceptos adeudados por la sociedad frente a la Hacienda Pública, no es, como en el supuesto del párrafo 1° del artículo 40.1 de la Ley General Tributaria , la concurrencia de culpa en la comisión de la infracción (sin perjuicio de que esta culpa pueda concurrir en la misma persona, máxime en un caso como el que nos ocupa en el que era administrador único de la entidad), sino la culpa implícita en haber permitido un cese de facto desordenado de la actividad social, existiendo deudas pendientes frente a la Hacienda Pública, incumpliendo las obligaciones y responsabilidades que tanto la ley mercantil como la ley fiscal establecen para estos supuestos respecto de los administradores."

   Por las razones, expuestas Sala debe desestimar el presente recurso contencioso-administrativo".

   La citada sentencia constituye el objeto del presente recurso de casación".

   "[...] TERCERO. Marco jurídico.

   1. A estos efectos, el recurrente plantea la necesidad de interpretar el artículo 43.1.b) de la LGT, que dispone:

      "1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: [...]

      2. Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago".

   2. También será procedente tener en consideración los siguientes preceptos del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

      2.1. El artículo 171 que, bajo la rúbrica "Convocatoria en casos especiales", dispone:

      "En caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores solidarios, de alguno de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, sin que existan suplentes, cualquier socio podrá solicitar del Secretario judicial y del Registrador mercantil del domicilio social la convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores.

      Además, cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con ese único objeto".

      2.2. El artículo 222, en relación con la caducidad del nombramiento de los administradores, establece:

      "El nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado junta general o haya transcurrido el plazo para la celebración de la junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior".

      2.3. El artículo 363, con título "Causas de disolución", dispone en su apartado 1º:

      "1. La sociedad de capital deberá disolverse:

      1. Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.

      2. Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.

      3. Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.

      4. Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.

      5. Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

      6. Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley.

      7. Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.

      8. Por cualquier otra causa establecida en los estatutos".

      2.4. El artículo 365 determina que:

      "1. Los administradores deberán convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución o, si la sociedad fuera insolvente, ésta inste el concurso.

      Cualquier socio podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su juicio, concurriera alguna causa de disolución o la sociedad fuera insolvente.

   2. La junta general podrá adoptar el acuerdo de disolución o, si constare en el orden del día, aquél o aquéllos que sean necesarios para la remoción de la causa".

      2.5. Finalmente, el artículo 366 dispone:

      "1. Si la junta no fuera convocada, no se celebrara, o no adoptara alguno de los acuerdos previstos en el artículo anterior, cualquier interesado podrá instar la disolución de la sociedad ante el juez de lo mercantil del domicilio social. La solicitud de disolución judicial deberá dirigirse contra la sociedad.

   2. Los administradores están obligados a solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el acuerdo social fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado.

      La solicitud habrá de formularse en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o no se hubiera adoptado".

      Continúa el auto reflejando la jurisprudencia de esta Sala en relación con el artículo 43.1.b) LGT:

      "[...] En efecto, la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo se ha pronunciado en diversas ocasiones en relación con el supuesto de responsabilidad tributaria hoy controvertido ( artículo 43.1.b) LGT), así como su precedente ( artículo 40.1, 2º, LGT de 1963). En dichos pronunciamientos se ha señalado, entre otras cuestiones y a los efectos que ahora interesan, que la responsabilidad tributaria contemplada en dicho precepto es de carácter subjetivo por lo que resulta exigible la existencia de una conducta al menos negligente del administrador. La sentencia de 4 de octubre de 2016 (RCUD nº 3215/2015), FJ 6º, indica en este sentido:

      "[...] la responsabilidad del administrador no puede entenderse en los supuestos de cese en la actividad de la entidad de forma objetiva, ya que dicha responsabilidad no puede derivar sólo de la existencia de unas deudas tributarias, sino que la misma ha de tener su fundamento en la conducta al menos negligente del administrador que omite la diligencia precisa para poner a la sociedad en condición de cumplir las obligaciones tributarias pendientes y, en su caso, llevar a efecto la disolución y la liquidación de la sociedad, haciéndose partícipe con la sociedad del incumplimiento de la obligación tributaria, debiendo predicarse la negligencia no respecto del cumplimiento de las obligaciones en el momento en que estas surgen sino respecto de la conducta posterior. Es pues, necesario que se haya producido por parte del administrador de la sociedad una omisión de la diligencia precisa para llevar a efecto la disolución y liquidación ordenada de aquella. La conducta reprochable consiste en el conocimiento de la existencia de deudas pendientes con la Hacienda sin que adopten las medidas necesarias para que una vez que la sociedad cesa en el ejercicio de su actividad de manera definitiva aseguren los derechos de los acreedores sociales entre los que se encuentran naturalmente la Hacienda. Esta Sala en su sentencia de 22 de septiembre de 2008 (casa. unif. doctrina 40/2004) ha afirmado que la LGT 58/2003 ha remarcado la idea de que para exigir la responsabilidad del administrador en estos casos de responsabilidad subsidiaria se precisa de una concreta conducta obstativa para el pago de las deudas tributarias pendientes".

      En relación con la omisión de la diligencia debida, la sentencia de 9 de mayo de 2013 (rec. 6329/2010) FJ 4º.4, indica:

      "Nos encontramos así ante un supuesto de derivación de responsabilidad tributaria al administrador social, por la vía del artículo 40.1°, párrafo 2°, de la Ley General Tributaria de 1963, esto es, por haberse producido un cese de facto, desordenado, de la actividad social, existiendo deudas pendientes frente a la Hacienda Pública, sin que el administrador --en este caso administrador único-- de la sociedad deudora hubiera siquiera intentado esa ordenada liquidación de la sociedad, acudiendo incluso, si ello hubiera sido preciso, al correspondiente expediente concursal.

      Nuestra legislación mercantil obliga al administrador social a procurar por todos los medios a su alcance la disolución y liquidación ordenada de la sociedad cuando concurra causa de disolución, así como a procurar la declaración de la sociedad en concurso (anteriormente en suspensión de pagos o quiebra según procediera) si el déficit patrimonial obligara a dicha medida complementaria, debiendo a estos efectos el administrador social convocar la correspondiente Junta de Accionistas o Socios.

      La culpa del administrador social que legitima la exigencia de responsabilidad al mismo para el pago de todos los conceptos adeudados por la sociedad frente a la Hacienda Pública, no es, como en el supuesto del párrafo 1° del artículo 40.1 de la Ley General Tributaria , la concurrencia de culpa en la comisión de la infracción (sin perjuicio de que esta culpa pueda concurrir en la misma persona, máxime en un caso como el que nos ocupa en el que era administrador único de la entidad), sino la culpa implícita en haber permitido un cese de facto desordenado de la actividad social, existiendo deudas pendientes frente a la Hacienda Pública, incumpliendo las obligaciones y responsabilidades que tanto la ley mercantil como la ley fiscal establecen para estos supuestos respecto de los administradores".

      Por su parte, la sentencia de 7 de marzo de 2016 (rec. 1300/2014), FJ 6º.2.C, señala, en relación con aquellos casos en los que los administradores se encuentran con el cargo caducado, lo siguiente:

      "Se ha de añadir, sin embargo, frente al argumento de que después de la caducidad de los cargos no se adoptó acuerdo alguno, ni se celebró ninguna Junta, lo que afirmamos en la sentencia dictada el 18 de noviembre de 2013, en el recurso de casación 4486/2012), relativa a la derivación de responsabilidad subsidiaria a otro administrador de [...], por las mismas deudas tributarias que las aquí contempladas. Allí hemos dicho (FJ 5º) que, rectamente entendidos los artículos 126.3 y 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil , prescriben el momento en el que ha de entenderse caducado el nombramiento de un administrador cuyo mandato ha expirado, pero no se deriva de los mismos que esa caducidad determine la automática pérdida de la condición de administrador. Recordábamos que en otra sentencia anterior [de 18 de octubre de 2010 (casación 2733/06, FJ 3º)] habíamos indicado que la seguridad en el tráfico mercantil justifica que el mero hecho de la caducidad del nombramiento por el transcurso del tiempo previsto para el mandato no implique automáticamente la perdida de la condición de administrador, quedando quien la ostente obligado a adoptar las medidas oportunas para que se nombre a otro, en caso de que no desee continuar, o para que se revoque su nombramiento...".

   3. En el presente caso, sin embargo, la cuestión planteada parte del hecho aceptado en la sentencia de instancia de que el administrador, que se encontraba con el cargo caducado, sí había convocado la junta general con el objeto de que se nombraran nuevos administradores. Y, en este contexto, la sentencia confirma la resolución del TEAC en la que se considera que el administrador, además de convocar aquella junta, debía haber realizado otras actuaciones y, en particular, convocar, al amparo del artículo 365 de la LSC, la junta general para adoptar el acuerdo de instar el concurso o el acuerdo de disolución por concurrir las causas legales de disolución del artículo 363.1, letra a) (cese de actividad) y d) (paralización de los órganos sociales), así como, en su caso, la solicitud de disolución judicial en su condición de interesado, de conformidad con el artículo 366.1 LSC.

      ...se hace conveniente un pronunciamiento de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que analice la cuestión con interés casacional señalada, teniendo en consideración, adicionalmente, que la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha indicado (i) que los administradores cesantes, mientras no haya otro administrador nombrado, deben no sólo convocar la junta para cubrir la vacante, sino también atender, en el interregno, a las necesidades de gestión y representación de la sociedad [ SSTS Sala Primera de 25 de mayo de 2021 (rec. 5345/2018), FJ 5º. 4; y de 23 de octubre de 2009 (rec. 199/2005), FJ 3º], (ii) que, como regla general, resulta irregular la convocatoria de la junta general por los administradores con cargo caducado, salvo que se realice con el objeto de nombrar a los sustitutos y sin perjuicio de que en la convocatoria se introduzcan otros asuntos [ vid. sentencia de 9 de diciembre de 2010 (rec. 903/2007), FJ 5º] y (iii) se ha afirmado que la responsabilidad que la legislación mercantil impone a los administradores por incumplir la obligación de convocar en plazo la junta general por concurrir una causa legal de disolución es, en principio, exigible a los administradores de derecho, pero no a los de hecho [ vid. sentencia de 28 de abril de 2006 (rec. 3287/1999), FJ 2º, in fine...".

      TERCERO.- La fundamentación de la sentencia de instancia.

      La sentencia de instancia contiene, en su fundamentación jurídica, una muy amplia descripción, fundada en prueba, de los hechos esenciales -cese de la actividad, condición de administrador de hecho y la culpa o negligencia en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias-, en estos términos:

      "[...]

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido :

1. ) Fijar los criterios interpretativos sentados en el fundamento jurídico quinto de esta sentencia.

2. ) No ha lugar al recurso de casación deducido por DON Germán contra la sentencia de 14 de abril de 2021, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso nº 1805/2019.

3. ) No hacer imposición de las costas devengadas en este recurso.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.