ATS, 8 de Febrero de 2022
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 08 Febrero 2022 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
Auto núm. /
Fecha del auto: 08/02/2022
Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Número del procedimiento: 1351/2021
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Ricardo Bodas Martín
Procedencia: T.S.J.CAST.LA MANCHA SALA SOCIAL
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sagrario Plaza Golvano
Transcrito por: AML / V
Nota:
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 1351/2021
Ponente: Excmo. Sr. D. Ricardo Bodas Martín
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sagrario Plaza Golvano
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Auto núm. /
Excmo. Sr. y Excmas. Sras.
Dª. Rosa María Virolés Piñol
Dª. Concepción Rosario Ureste García
D. Ricardo Bodas Martín
En Madrid, a 8 de febrero de 2022.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ricardo Bodas Martín.
Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Albacete se dictó sentencia en fecha 21 de febrero de 2020, en el procedimiento nº 440/19 seguido a instancia de D.ª Bibiana contra Eroski Hipermercados Sociedad Cooperativa, Cecosa Hipermercados SL, Equipamiento Familiar y Servicios SA, Eracel SA y Erosmer Ibérica SA y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), sobre despido, que estimaba la excepción de caducidad y desestimaba la demanda.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, en fecha 28 de diciembre de 2020, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada, en cuanto que aprecia la caducidad de la acción de despido, pero desestimaba la demanda formulada por el actor, con absolución de las entidades codemandadas.
Por escrito de fecha 29 de marzo de 2021 se formalizó por el letrado D. Andrés Oñate Parra en nombre y representación de D.ª Bibiana, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 19 de noviembre de 2021, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
1. Cuestión casacional
El debate planteado se centra en decidir si la relación del actor es laboral sobre la base de la existencia de una pretendida cesión ilegal, y derivado de ello, si la baja obligatoria como cooperativista es un despido nulo o improcedente.
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La sentencia recurrida
La demandante estuvo vinculada mediante contrato de trabajo ordinario con diversas entidades desde el 11/09/1996, suscribiendo luego el 01/05/2012 un contrato para la adquisición de la condición de socio cooperativista de EROSKI. En esa condición de socio cooperativista, prestaba servicios en el centro comercial Eroski Albacenter, que seguía gestionado (en virtud de contrato de arrendamiento de servicios de 14/03/2012) por la entidad CECOSA como titular del negocio de gran almacén; formando parte ambas entidades, a su vez, del Grupo EROSKI.
El día 16/01/2016 CECOSA remite comunicación a EROSKI, en la que le hace saber su decisión de resolver el contrato de arrendamiento de servicios de fecha 14/03/2012 y de cerrar el Hipermercado de Albacete dada la situación económica del mismo. Por tal razón, se procede a resolver parcialmente el contrato referido, en lo que se refiere a la totalidad de los 67 socios que prestan sus servicios en el Hipermercado de Albacete, con efectos de fin del mes de abril de 2019.
Con fecha 15/02/2019 la parte actora recibió comunicación por la que se informaba de la decisión de la cooperativa de iniciar expediente de baja obligatoria, previo ofrecimiento de reubicación en puestos de trabajo existentes en otras localidades, con arreglo al listado que se acompañaba, a la vista de la falta de viabilidad económica que supondría mantener a los socios que desarrollan su prestación en el Hipermercado de Albacete. No habiendo ejercido la actora la petición de reubicación en alguna de las plazas ofertada, ni formulado tampoco alegaciones, se le comunicó la decisión adoptada por el consejo rector de la cooperativa en su sesión de fecha 27/02/2019, por la que entendiendo que concurría causa suficiente, se adoptaban como acuerdos aceptar la baja voluntaria obligatoria justificada de la actora, que se haría efectiva en los dos meses posteriores, y se acordaba igualmente el reembolso del capital, informándole de la posibilidad de formular recurso en el plazo de un mes, posibilidad que no fue utilizada.
Como consecuencia de ello, se hizo efectiva la baja obligatoria con fecha de efectos de 17/04/2019, tal como se le había comunicado previamente el 03/04/2019, presentando la trabajadora demanda de despido.
Respecto a la cuestión casacional planteada, la sentencia señala que la naturaleza jurídica de la relación que une al demandante con la sociedad cooperativa no es de carácter laboral pues, indiscutida la adquisición de tal condición de forma voluntaria, no existe indicio alguno de la existencia de vicio en el consentimiento o fraude de ley que pudiera transformar la naturaleza de la relación. Razona asimismo la sala que la alegada existencia de cesión ilegal o de grupo de empresas tampoco transforman per se el tipo de relación concurrente, sin perjuicio de lo cual valora que no existe indicio alguno de cesión y que la consideración de grupo de empresas que se declaró en otra sentencia debe matizarse para entender que sus consecuencias se restringen a los trabajadores, pero no tiene virtualidad para modificar la naturaleza del vínculo de los socios cooperativistas. Finalmente, y en relación con la baja obligatoria en la cooperativa, considera la sala, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial que cita, que el socio cooperativista no es un trabajador por cuenta ajena, sino que la relación con la empresa en la que trabaja es de carácter societario por cuya razón las normas laborales sólo podrían ser de aplicación en la medida en que estuvieran expresa y específicamente contempladas en la normativa reguladora del régimen jurídico de la cooperativa, no siendo de aplicación las normas relativas a la forma de la carta de despido así como tampoco las que disciplinan los despidos, sino que debe aplicarse la Ley 27/1999, de 16 de julio de Cooperativas (y en su caso la Ley 11/2010, de 4 de noviembre de Cooperativas de Castilla la Mancha) y los estatutos sociales. De este modo, no se deriva de los hechos que la baja obligatoria del demandante incurriese en ningún tipo de irregularidad susceptible de valoración en la jurisdicción social; de otro lado, por lo que se refiere a la justificación de la baja, que la misma tuvo como causa el cierre del centro de trabajo tramitado el correspondiente expediente por la cooperativa, y que se ofreció la recolocación, por lo que no hay duda de la concurrencia de la causa organizativa prevista en el artículo 85 de la citada Ley de Cooperativas. De todo ello, se deriva la desestimación de la demanda.
1. La sentencia de contraste. No se aprecia la contradicción
La trabajadora recurre en casación para la unificación de doctrina alegando la existencia de contradicción con la sentencia de esta Sala, de 12 de junio de 2001, R. 3749/2000, debiendo en este momento recordar que la contradicción del art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no surge de una comparación abstracta de doctrinas, al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, tal como viene la Sala señalando de forma reiterada en sus SSTS 11/09/2020, R. 1307/2018; 4-12-2020, R. 3053/2018; 15/12/2020, R. 1905/2018; 9-2-2021 R. 4758/2018, entre otras muchas.
En el caso resuelto por dicha resolución, el actor solicitó el día 1 de diciembre de 1998 su inscripción en la cooperativa de trabajo asociado "SERVICARNE, Sociedad Cooperativa Laboral", firmando el solicitante una cláusula, según la cual se precisaba un período de seis meses para ser socio de pleno derecho, pudiendo entre tanto ambas partes dar por rescindida la relación sin alegar causa alguna, y comenzó aquél a trabajar en la fecha dicha. La citada cooperativa había concertado en el año 1994 con la empresa "GRUPO SADA S.A.", un arrendamiento de servicios, por el que SERVICARNE se obligaba a realizar para la arrendataria todos los procesos necesarios para lograr el objeto social de ésta. El actor prestó siempre sus servicios en un centro de trabajo que la empresa arrendataria tenía en la provincia de Toledo, siendo toda la maquinaria propiedad de dicha arrendataria y llevando los trabajadores únicamente su utillaje personal, adecuándose los socios cooperativistas en la prestación del servicio a los tiempos y métodos de trabajo que determinara la empresa arrendataria, aunque SERVICARNE tenía destacados en el aludido centro de trabajo varios jefes de equipo, sin que conste cuáles eran las funciones de éstos. Por escrito de 17 de mayo de 1999 la cooperativa comunicó al trabajador aludido que no se le admitía en definitiva como socio, por lo que debería cesar el 31 del propio mes, en cuya fecha, efectivamente, se produjo el cese. Formuló el interesado demanda por despido contra "SERVICARNE S.C.L." y contra "GRUPO SADA, S.A.", demanda que fue desestimada en la instancia. Interpuesto por el actor recurso de suplicación, resultó éste favorablemente acogido por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha en sentencia de fecha 14 de Julio de 2000 que, revocando la impugnada por apreciar que el demandante había sido objeto de una cesión ilegal comprendida en el art. 43.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET), revocó la de instancia y declaró que se trataba de un despido improcedente, por lo que condenó a ambas demandadas en consonancia con tal pronunciamiento.
La sentencia de contraste desestima el recurso por falta de contradicción entre las sentencias contrastadas, lo que determina que ese requisito exigido en el art. 219 LRJS tampoco pueda ser apreciado ahora, con una sentencia que no se pronuncia sobre la cuestión casacional planteada. Pero es que, además, las supuestos comparados son distintos, porque en el caso de la sentencia recurrida se trata de un socio cooperativista - cuya condición no se pone en duda, que pretende que su baja en la cooperativa sea considerada como un despido improcedente o nulo, mientras que, en el caso de la sentencia de contraste, nos hallamos ante un trabajador que no había adquirido la condición de socio cooperativista y que, tras un periodo de trabajo concertado como paso previo a tal adquisición, ve denegado su acceso a la cooperativa y es cesado en la prestación de servicios.
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Alegaciones
En consecuencia, procede declarar la inadmisión del recurso, de conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 225.4 y 5 y 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con lo informado por el Ministerio Fiscal, sin imposición de costas.
LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Andrés Oñate Parra, en nombre y representación de D.ª Bibiana contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de fecha 28 de diciembre de 2020, en el recurso de suplicación número 1184/20, interpuesto por D.ª Bibiana, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Albacete de fecha 21 de febrero de 2020, en el procedimiento nº 440/19 seguido a instancia de D.ª Bibiana contra Eroski Hipermercados Sociedad Cooperativa, Cecosa Hipermercados SL, Equipamiento Familiar y Servicios SA, Eracel SA y Erosmer Ibérica SA y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
