STS 834/2021, 29 de Octubre de 2021

PRIMERO .- El Juzgado de lo Penal nº 1 de DIRECCION000, condenó a Maximo, como autor criminalmente responsable de cuatro delitos de maltrato en el ámbito familiar, previstos y penados en el artículo 153.1 y 3 del Código Penal, a la pena, por cada uno de ellos, pena de 6 meses de prisión con las demás prevenciones punitivas que se disponen en tal Sentencia, como autor penalmente responsable de un delito de lesiones, previsto y penado en el artículo 147.1 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, debiéndose imponer la pena de 6 meses de prisión con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, la pena de prohibición del derecho a la tenencia y uso de armas durante 1 año y 6 meses y la pena de prohibición de aproximación a Doña Dolores, a su domicilio, lugar de trabajo, o cualquier lugar donde se encuentre, a una distancia inferior a los 1000 metros, por un período de 1 año y 6 meses, así como, igualmente, se le condena como autor de un delito de coacciones, previsto y penado en el artículo 172.2 del Código Penal, y como autor de un delito de violencia física o psíquica habitual, previsto y penado en el artículo 173.2 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 1 año y 9 meses de prisión con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante, el tiempo de la condena, la pena de prohibición del derecho a la tenencia y uso de armas durante 4 años y 1 día y la pena de prohibición de aproximación a Doña Dolores, a su domicilio, lugar de trabajo, o cualquier lugar donde se encuentre, a una distancia inferior a los 1000 metros así como, de comunicarse con ésta por cualquier medio de comunicación y/o telemático, por un período de 3 años así como.

La Sentencia dictada por la Audiencia Provincial, resolviendo el recurso de apelación frente a la Sentencia de primer grado, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de DIRECCION000, y tras diversas absoluciones, condena al acusado Maximo, como autor criminalmente responsable de un delito de lesiones del art 147,1° del CP con la agravante de parentesco, fijando la pena de un año y seis meses de prisión, inhabilitación especial durante el tiempo de la condena para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, y la pena de prohibición de aproximación a menos de 1000 metros de la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o lugar donde se encuentre habitualmente, así como de comunicarse con ella durante un periodo de dos años superior al tiempo de la condena, y estimando el recurso de la acusación particular, se condena a Maximo como autor de dos delitos de maltrato de los arts. 153,1° y 3° del Código Penal, a la pena de de 9 meses y un día de prisión por cada uno de los dos delitos de maltrato, inhabilitación especial durante el tiempo de la condena para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, prohibición de la tenencia y porte armas durante dos años y la pena de prohibición de aproximación a menos de 1000 metros de la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o lugar donde se encuentre habitualmente , asi como de comunicarse con ella durante un periodo de un año superior al tiempo de la condena.

Hemos relatado todo este avatar procesal, reflejando las condenas fruto del ejercicio de la potestad jurisdiccional en primera y en segunda instancia, para dejar más claros los términos del debate, en el curso de esta instancia casacional, en donde deben analizarse, por interés casacional, los recursos de la acusación particular y de la defensa.

Recurso de Maximo.

SEGUNDO .- Estudiamos conjuntamente los motivos primero y cuarto, pues, aun cuando el primero está referido a la infracción de precepto constitucional, sobre la base de lo autorizado en el artículo 852 de la ley de enjuiciamiento criminal, al entenderse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de nuestra Carta Magna respecto de la agravante de parentesco art. 23, y el formato de este recurso no admita una queja de contenido constitucional, sí lo permite cuando esté relacionado con una infracción sustantiva, como ocurre en este caso, referido a que, pese a que ninguna de las acusaciones recurrió la sentencia de primera instancia en lo que afecta al delito del art. 147 del Código Penal, el Tribunal de apelación impone la agravante de parentesco del art. 23 del Código Penal de oficio y agrava la pena impuesta al acusado por el indicado delito, pasando de una condena de seis meses de prisión a otra de un año y seis meses, lo que constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el art. 24.1 de la Constitución y la vulneración del principio de reformatio in peius. Lo que se traduce en el dictado de una resolución judicial contra la jurisprudencia de esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, por imponerse una pena con infracción del principio acusatorio, y ello en el curso del segundo grado jurisdiccional.

El Ministerio Fiscal ha apoyado el motivo, razonando al respecto que, si bien fue solicitada por el Fiscal la referida agravante de parentesco para el delito de lesiones, no fue apreciada por el Juez de lo Penal en su sentencia, sin que mediara recurso de las acusaciones sobre esta cuestión, pues en el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular se interesó, para los delitos de maltrato del art. 153, la agravación prevista en el apartado 3 de haberse cometido los delitos en el domicilio común, pero no se alegó nada respecto al delito de lesiones, al no haber sido estimada en la primera instancia la precitada agravante de parentesco.

En efecto, la sentencia recurrida declara que el delito de parentesco no ha sido objeto de impugnación por ninguna de las partes:

"Aun cuando no ha sido objeto de impugnación por ninguna de las partes, debemos referirnos a la calificación jurídica que se efectúa en relación al art 147 del Código Penal, respecto de la cual el Ministerio fiscal aprecia la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad, como agravante, del parentesco del art 23 Código Penal".

A pesar de ello, aplicó la agravante de parentesco, incrementando la pena del acusado.

Esta forma de proceder resulta contraria la prohibición de reformatio in peius, a las que se refiere esta Sala Casacional en las SSTS 152/2017, de 10 de marzo, 216/2019, de 24 de abril y 137/2015, de 25 de febrero, así como toda la doctrina constitucional al efecto.

En el mismo sentido, la STC 216/2019, de 24 abril ha indicado claramente que:

"Además, el Tribunal debe respetar, en todo caso, la prohibición de la reforma peyorativa, en virtud de la cual el órgano "ad quem" no puede exceder los límites en que esté planteado el recurso ( STC 17/2000, de 31 de enero)".

La STS 327/2003, de 25 de febrero, declara que la "reformatio in peius" se produce cuando la resolución del recurso determina una modificación perjudicial operada en fase de recurso que no es consecuencia de ninguna de las pretensiones deducidas ante el Tribunal a través de ninguno de los recursos admitidos a trámite.

Lo que se repite en La STS 258/2009, de 16 de marzo, ya señaló que la reformatio in peius está proscrita, legal y constitucionalmente.

Aun cuando la agravante indicada sea una circunstancia en cierto modo objetiva, no se puede operar de oficio, como lo hizo la sentencia recurrida.

En consecuencia, procede la estimación del motivo, que ha sido expresamente apoyado por el Ministerio Fiscal, y casar la Sentencia en los términos que fijamos en la segunda Sentencia que ha de dictarse al efecto.

TERCERO .- El motivo segundo y el tercero de este recurrente no pueden prosperar, en tanto que solicitan, por infracción de precepto constitucional, al amparo de lo autorizado en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la Constitución española respecto de la condena por los delitos tipificados en el art. 153.1 y 3 del Código Penal, que lo relaciona con la incongruencia en su aspecto fáctico, y en el tercero, por falta de prueba, por el propio cauce casacional. En consecuencia, los motivos segundo y tercero, no son admisibles en un recurso por interés casacional.

La STS 210/2017, de 28 de marzo, nos dice respecto a este nuevo formato de recurso de casación que la exclusión del ámbito de la casación de los delitos menos graves ha venido suponiendo un muy serio obstáculo para la creación de doctrina legal sobre un buen número de tipos penales, lo que acarreaba unas disfunciones que crecieron a medida que se sucedían las reformas del derecho penal sustantivo tan frecuentes como sobredimensionadas. Una buena parte del Código Penal de 1995 y sus nada esporádicas modificaciones han permanecido al margen de la doctrina jurisprudencial propiciando una dispersión interpretativa que exigía con urgencia la adopción de medidas legislativas correctoras.

El legislador de 2015 ha sido sensible a esta necesidad. Al tiempo que generaliza la doble instancia (otra sentida necesidad), ha abierto la casación, solo por infracción de ley del art. 849.1º (error iuris), a los delitos cuyo enjuiciamiento viene atribuido a los Juzgados de lo Penal. De esa forma se implanta una herramienta procesal idónea para homogeneizar la interpretación del derecho penal sustantivo (vid. STC 134/1991, de 17 de junio), lo que repercute en una más efectiva satisfacción del principio de igualdad, minimizando (aunque sin llegar a neutralizar, lo que es objetivo no plenamente alcanzable) y reconduciendo a márgenes tolerables el peligro de respuestas judiciales desiguales ante situaciones iguales, con lo que ello comporta de erosión del principio constitucional de igualdad ( art. 14 CE).

Estamos ante una modalidad de recurso que enlaza más con el art. 9.3 CE (seguridad jurídica) que con el art. 24.1 (tutela judicial efectiva). En dicha resolución judicial decíamos que salvando las gotas de simplificación que anidan en esa disyuntiva, esa premisa -es un recurso al servicio de la seguridad jurídica más que de la tutela judicial efectiva- ayuda a diseñar este novedoso formato impugnativo. Esta casación no está reclamada por el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque también lo sirva; sino por el principio de seguridad jurídica. También en esta vía casacional se acaba poniendo punto final en la jurisdicción ordinaria a un asunto concreto con personas singulares afectadas, dispensando en definitiva tutela judicial efectiva. Pero esta función es satisfecha primordialmente a través de la respuesta en la instancia y luego en una apelación con amplitud de cognición. Colmadas ya las exigencias de la tutela judicial efectiva con esa doble instancia, se abren las puertas de la casación pero con una muy limitada capacidad revisora: enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica. El horizonte esencial de esta modalidad de casación es, por tanto, homogeneizar la interpretación de la ley penal, buscando la generalización. La respuesta a un concreto asunto también se proporciona pero en un segundo plano, como consecuencia y derivación de esa finalidad nuclear. Es un recurso de los arts. 9.3 y 14 de la Constitución española; más que de su art. 24.

Ya un pleno no jurisdiccional de esta Sala segunda (9 de junio de 2016) abordó la naturaleza de este recurso tratando de dibujar algunos de sus perfiles básicos. Conviene recordar en esta primera sentencia esas embrionarias aproximaciones interpretativas. El texto de Acuerdo es el siguiente:

"

1. El art 847 1º letra b) de la Lecrim. debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art 849 de la Lecrim, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los arts. 849 2º, 850, 851 y 852.

2. Los recursos articulados por el art 849 1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

3. Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( art 884 Lecrim).

4. Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art 889 2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

5. La providencia de inadmisión es irrecurrible ( art 892 Lecrim).

   Recurso de la acusación particular.

   CUARTO .- En su primer motivo, formalizado por infracción de Ley al amparo de lo autorizado en el artículo 849 párrafo 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción de preceptos penales de carácter sustantivo y normas jurídicas de igual contenido por inaplicación indebida del art. 173.2 y 3 CP.

   Se refiere la recurrente al maltrato habitual, que la Sentencia de segundo grado ha dejado sin efecto.

   Como quiera que se trata de un motivo por infracción de ley, es necesario el respeto más riguroso por el factum de la sentencia recurrida.

   En los hechos probados de la Sentencia de segundo grado, se lee lo siguiente:

   UNDECIMO.- No ha quedado probado que Dña. Dolores y el acusado durante la convivencia y desde el primer mes haya sido víctima de violencia, tanto física como psíquica, de forma habitual por parte del acusado ni que este se mostrara, en todo momento, muy controlador con la Sra. Dolores ni que más allá de los episodios de violencia que se declaran probados, la dejara encerrada en casa sin llave ni que la controlara, a través de una aplicación en el móvil las llamadas que ella hacía o los mensajes que enviaba.

   Tampoco ha quedado probado que los hijos de la Sra. Dolores hayan sido perceptores de la violencia y los malos tratos, más allá de discusiones que pudieran producirse.

   QUINTO .- .- El Código Penal de 1995 en su art. 153, con el mismo buen propósito de la reforma de 1989, mantuvo la figura penal con algunas mejoras técnicas y un endurecimiento de la penalidad "el que habitualmente ejerce violencia física sobre su cónyuge o persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad o sobre los hijos propios o del cónyuge conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces que con él convivieran o que se hallen sujetos a la potestad, tutela o curatela, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el resultado que, en cada caso, se causare".

   Este artículo fue objeto de sucesivas reformas, Leyes Orgánicas 11 y 14/ 1999, de 30 de abril y de 9 de junio de modificación del C.P. en materia de protección a las víctimas de malos tratos, con el confesado propósito de mejorar el tipo penal otorgando una mayor y mejor protección a las víctimas; LO. 11/2003 de 29.9, que sin perjuicio de reconocer el alcance multidisciplinar de la violencia doméstica, que no agota su contenido en la agresión física o psíquica, sino que afecte al desarrollo de la personalidad, a la propia dignidad humana y a todos los derechos inherentes, justifica que este delito de violencia habitual en el ámbito familiar haya pasado al Título VII del Código y ubicado en el campo de los delitos contra la integridad moral, concretamente en el art. 173, dado que este delito desde una perspectiva estrictamente constitucional, el bien jurídico protegido trasciende y se extiende más allá de la integridad personal al atentar el maltrato familiar a valores constitucionales de primer orden como el derecho a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad, art. 10, que tiene su consecuencia lógica en el derecho no solo a la vida, sino a la integridad física y moral con interdicción de los tratos inhumanos y degradantes -art. 15- y en el derecho a la seguridad -art. 17 - quedando también afectados principios rectores de la política social y económica, como la protección de la familia y la infancia y protección integral de los hijos del art. 39.

   Coherentemente con este enfoque, el delito que comentamos debe ser abordado como un problema social de primera magnitud y no solo como un mero problema que afecta a la intimidad de la pareja, y desde esta perspectiva es claro que la respuesta penal en cuanto represiva es necesaria, pero a su vez debe estar complementada con políticas de prevención, de ayuda a las víctimas y también de resocialización de estas y de las propias víctimas.

   Puede afirmarse que el bien jurídico protegido es la paz familiar, sancionando aquellos actos que exteriorizan una actitud tendente a convertir aquel ámbito en un microcosmos regido por el miedo y la dominación, porque, en efecto, nada define mejor el maltrato familiar como la situación de dominio y de poder de una persona sobre su pareja y los menores convivientes.

   La STS 927/2000, de 24 de junio, a la que cita la STS 716/2009 de 2 de julio, realiza un detenido estudio de las características y funciones del antiguo art. 153 CP. -actual art. 173.2- que penaliza la violencia domestica cuya grave incidencia en la convivencia familiar es innegable y su doctrina debe complementarse por otras SSTS 645/99 de 29 abril, 834/2000 de 19 de mayo, 1161/2000 de 26 de junio o 164/2001 de 5 marzo.

   La violencia física y psíquica a que se refiere el tipo es algo distinto de los concretos actos de violencia aisladamente considerados y el bien jurídico es mucho más amplio y relevante que el mero ataque a la integridad, quedando afectados fundamentalmente valores de la persona y dañado el primer núcleo de toda sociedad, como es el núcleo familiar. Esta autonomía del bien jurídico, de acción y de sujetos pasivos, unido a la situación de habitualidad que se describe en el art. 153 -actual art. 173.2- es el que permite con claridad afirmar la sustantividad de este tipo penal; los concretos actos de violencia solo tienen el valor de acreditar la actitud del agresor y por ello ni el anterior enjuiciamiento de estos actos impide apreciar la existencia de este delito (se estaría en un supuesto de concurso de delitos, art. 77, y no de normas) ni se precisa tal enjuiciamiento, bastando la comprobada realidad de la situación que se denuncia.

   Lo relevante será constatar si en el "factum" se describe una conducta atribuida al recurrente que atenta contra la paz familiar y se demuestra en agresiones que dibujen ese ambiente de dominación y temor sufrido por los miembros de la familia, abstracción hecha de que las agresiones hayan sido o no denunciadas o enjuiciadas y que permitan la obtención del juicio de certeza sobre la nota de habitualidad que junto con el ataque a la paz familiar constituyen así dos coordenadas sobre las que se vértebra el tipo penal.

   Por ello, la reiteración de conductas de violencia física y psíquica por parte de un miembro de la familia, unido por los vínculos que se describen en el precepto, o que mantenga análogas relaciones estables de afectividad constituyen esta figura delictiva aun cuando aisladamente consideradas serian constitutivos de falta, en cuanto vienen a crear, por su repetición, una atmósfera irrespirable o un clima de sistemático maltrato, no solo por lo que implica de vulneración de los deberes especiales de respeto entre las personas unidas por tales vínculos y por la nefasta incidencia en el desarrollo de los menores que están formándose y creciendo en ese ambiente familiar. Se trata de valores constitucionales que giran en torno a la necesidad de tutelar la dignidad de las personas y la protección a la familia.

   Finalmente, en cuanto a la habitualidad que necesariamente debe darse en el ejercicio de la violencia física dentro del ámbito de las relaciones familiares, es una exigencia típica, un tanto imprecisa, que ha originado distintas corrientes interpretativas.

   La más habitual entiende que tales exigencias se satisfacen a partir de la tercera acción violenta, criterio que no tiene más apoyo que la analógica aplicación del concepto de habitualidad que el art. 94 CP establece a los efectos de sustitución de las penas. Otra línea interpretativa, prescindiendo del automatismo numérico anterior, ha entendido que lo relevante para apreciar la habitualidad, más qué la pluralidad en sí misma, es la repetición o frecuencia que suponga una permanencia en el trato violento, siendo lo importante que el Tribunal llegue a la convicción de que la víctima vive en un estado de agresión permanente.

   Esta es la postura más correcta. La habitualidad no debe interpretarse en un sentido jurídico de multireincidencia en falta de malos tratos -lo que podría constituir un problema de non bis in idem-, parece más acertado optar por un criterio naturalístico entendiendo por habitualidad la repetición de actos de idéntico contenido, pero no siendo estrictamente la pluralidad la que convierte a la falta en delito, sino la relación entre autor y víctima más la frecuencia que ello ocurre, esto es, la permanencia del trato violento, de lo que se deduce la necesidad de considerarlo como delito autónomo.

   Lo importante es que el Juez llegue a esa convicción de que la víctima vive en un estado de agresión permanente. En esta dirección la habitualidad debe entenderse como concepto criminológico-social, no como concepto jurídico-formal por lo que será una conducta habitual la del que actúa repetidamente en la misma dirección con o sin condenas previas, ya que éstas actuarían como prueba de la habitualidad, que también podría demostrarse por otras vías más.

   Dicho de otro modo, el delito de violencia o maltrato habitual es autónomo, tiene su propio radio de acción y se proyecta sobre un valor trascendente al de los actos concretos y singulares que definen la existencia de la habitualidad exigida por el legislador, cuestión de la que se ha ocupado abundantemente la jurisprudencia de esta Sala (por ejemplo, SSTS 232/2015, 98/2013 o 856/2014). Así, hemos señalado que "se trata de un tipo con sustantividad propia que sanciona la consolidación por parte de sujeto activo de un clima de violencia y dominación; de una atmósfera psicológica y moralmente irrespirable, capaz de anular a la víctima e impedir su libre desarrollo como persona, precisamente por el temor, la humillación y la angustia inducidos. Un estado con autonomía propia y diferenciada, que se vertebra sobre la habitualidad, pero en la que los distintos actos que lo conforman sólo tienen el valor de acreditar la actitud del agresor.

   Por ello ha dicho de manera reiterada esta Sala que el maltrato familiar del artículo 173 CP se integra por la reiteración de conductas de violencia física y psíquica por parte de un miembro de la familia en relación a las personas que el precepto enumera, aun cuando aisladamente consideradas fueran constitutivas de falta. Lo relevante es que creen, por su repetición, esa atmósfera irrespirable o el clima de sistemático maltrato al que ya nos hemos referido.

   La habitualidad que necesariamente debe darse en el ejercicio de la violencia dentro del ámbito de las relaciones familiares, es una exigencia típica que ha originado distintas corrientes interpretativas.

   La jurisprudencia de esta Sala se ha apartado de la que vinculaba la habitualidad con un número de acciones violentas, que por establecer un paralelismo con la habitualidad que describe el artículo 94 CP a afectos de sustitución de penas, se fijó en más de dos, es decir, a partir de la tercera acción violenta. Gana terreno y se consolida en la doctrina de esta Sala la línea que considera que lo relevante no es el número de actos violentos o que estos excedan de un mínimo, sino la relación entre autor y víctima, más la frecuencia con que ello ocurre, esto es, la permanencia del trato violento, de lo que se deduce la necesidad de considerarlo como delito autónomo.

   La habitualidad así configurada responde a un concepto criminológico-social más que jurídico-formal. Será conducta habitual la del que actúa repetidamente en la misma dirección con o sin condenas previas, que de existir, son prueba de aquella, aunque no la única vía para su acreditación".

   Como dijimos en la STS 232/2015, de 20 de abril, el delito de maltrato habitual en el ámbito familiar previsto el artículo 173.2 CP castiga la ejecución de actos de violencia física o psíquica perpetrados de forma asidua sobre sujetos comprendidos en el ámbito familiar o cuasifamiliar, con los que se convive o concurre una vinculación personal persistente. Actos que, desde una perspectiva de conjunto, generan una situación de dominio o de poder sobre la víctima que menoscaba su dignidad, lo que da lugar a un injusto específico que rebasa el correspondiente a cada una de las acciones individuales que integran el comportamiento habitual.

   De manera constante ha destacado la doctrina de esta Sala, que la violencia física y psíquica a que se refiere el tipo es algo distinto de los concretos actos violentos o vejatorios aisladamente considerados, y que el bien jurídico es mucho más amplio y relevante que el mero ataque a la integridad, quedando afectados fundamentalmente valores inherentes a la persona y dañado el primer núcleo de toda sociedad, el familiar (entre otras SSTS 645/99 de 29 abril; 834/2000 de 19 de mayo; 927/2000 de 24 de junio; 1161/2000 de 26 de junio; 164/2001 de 5 marzo; 105/2007 de 14 febrero; 1050/2007 de 20 de diciembre; 716/2009 de 2 de julio; 192/2011 de 18 de marzo; STS 765/2011 de 19 de julio; STS 782/2012 de 2 de octubre; STS 1059/2012 de 27 de diciembre; 66/2013 de 25 de enero; 701/2013 de 30 de septiembre; 981/2013 de 23 de diciembre ó 856/2014 de 26 de diciembre).

   SEXTO .- La reciente STS 684/2021, de 15 de septiembre, describe las características del maltrato habitual, como tipo penal que evidencia con fuerza la humillación y sometimiento que sufren las víctimas en el hogar, bajo las siguientes notas a destacar que han sido fijadas por la jurisprudencia de esta Sala y que se exponen en dicha resolución judicial de forma sistemática, a saber:

   " a.- Con el maltrato habitual el bien jurídico que directa y específicamente protege el artículo 173.2 del Código Penal es la pacífica convivencia entre personas vinculadas por los lazos familiares o por las estrechas relaciones de afecto o convivencia a las que el propio tipo se refiere.

   b.- En la mayoría de ocasiones, la única prueba con entidad suficiente para sustentar la condena del acusado será precisamente el testimonio de la víctima, por lo que no puede prescindirse de la misma, bajo pretexto de alegato de la duda de que la declaración de la víctima no puede operar como única prueba para sustentar una condena, como ya ha declarado esta Sala. Nos movemos, entonces, en el terreno de la valoración de la prueba, que nos lleva al respeto del principio de inmediación, que no tiene alcance en sede casacional. La declaración de la víctima es prueba de cargo bastante a analizar por el juez o Tribunal que actúa desde su atalaya infranqueable de la inmediación.

   c.- Mediante el maltrato habitual se ejerce un clima de "insostenibilidad emocional" en la familia mediante el empleo de una violencia psicológica de dominación llevada a cabo desde la violencia física, verbal y sexual, por la que ejerce esa dominación que intenta trasladar a los miembros de la familia y lo consigue de facto.

   d.- Mediante el maltrato habitual el autor de este delito ejerce y pone de manifiesto el mensaje que pretende trasladar a los miembros del núcleo familiar mediante una subyugación psicológica que pone de manifiesto mediante el ejercicio de la violencia.

   e.- El maltratador habitual desarrolla, así, con su familia un mensaje claro y diáfano de la que podríamos denominar jerarquización de la violencia familiar.

   f.- Se sanciona la misma habitualidad, por cuanto supone un plus de reprochabilidad penal por una conducta típica, antijurídica, culpable y punible cuya perversidad se exterioriza por la reiteración, que es lo que le dota de autonomía frente a los actos individuales que conforman la habitualidad y sin que de ello pueda inferirse un atentado a la prohibición del bis in idem, al tratarse de una manifestación autónoma que el propio texto penal considera de forma independiente a cada una de las formas en las que se manifiesta esta actitud violenta.

   g.- Se refleja, así, por la doctrina que el maltrato habitual en la violencia doméstica es un delito autónomo cuyo bien jurídico protegido es la integridad moral de la víctima, tratando de impedir la vivencia en un estado hostil y vejatorio continuo. Y, lo que es importante, su forma de manifestación puede ser física, pero, también, psicológica, pudiendo causar, incluso en algunos casos, más daño a las víctimas el psicológico que el físico, por cuanto aquél puede que ni tan siquiera lleguen a percibir que están siendo víctimas, lo que agrava más el hecho de la no denuncia en muchos casos y la permanencia en el tiempo del maltrato psicológico que puede afectar, y de gravedad, a la psique.

   h.- Además, en lo que atañe a la relación concursal entre el delito de maltrato habitual del artículo 173.2 CP y los delitos de maltrato individual del artículo 153.1 CP , recuerda la doctrina que el delito del artículo 173.2 CP mantiene su autonomía respecto de los eventuales tipos que puedan resultar de los actos violentos que repetidos constituyen su sustrato y esencia. Véase la cláusula de salvaguardia del concurso de delitos del artículo 173.2 in fine CP . Así, el art. 173 es compatible con la sanción separada de los distintos hechos violentos ejercidos sobre la víctima.

   i.- La autonomía delictiva del artículo 173.2 CP respecto de los actos violentos habituales que lo integran radica en el bien jurídico protegido. El delito del artículo 173.2 CP se consuma cuando la actuación se manifiesta de manera habitual y determina la creación de una convivencia insoportable para la víctima, la cual vive y respira en una situación de miedo, depresión y ansiedad, temiendo, incluso, por su vida, todo lo cual implica un claro desconocimiento, por parte del acusado, de la dignidad personal de la mujer.

   j.- La conducta que se sanciona en el art. 173.2 es distinta de las concretas agresiones cometidas contra esas personas, lo que se corresponde con el inciso final del precepto, que establece la pena para la violencia habitual sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. La conducta típica viene, pues, integrada por una forma de actuar y de comportarse de manera habitual en la que la violencia está constantemente presente, creando una situación permanente de dominación sobre las víctimas, que las atemoriza impidiéndoles el libre desarrollo de su vida. Tal forma de actuar se traduce y se manifiesta en distintos actos agresivos, de mayor o menor entidad, pero siempre encuadrados en aquel marco de comportamiento.

   k.- En los casos de maltrato habitual que se prolonga a lo largo del tiempo puede haber concreción, o no, de fechas, y puede ser difícil que la víctima o víctimas las recuerden con detalle, ya que pueden referir el estado permanente del maltrato, pero en la mayoría de los casos se trata de una conducta repetitiva, lo que no provoca indefensión.

   l.- La habitualidad no es un problema aritmético de número mínimo de comportamientos individualizados que han de sumarse hasta alcanzar una determinada cifra. Menos aún puede exigirse un número concreto de denuncias. Responde más a un clima de dominación o intimidación, de imposición y desprecio sistemático que los hechos probados describen de forma muy plástica y viva.

   ll.- La apreciación de ese elemento de habitualidad no depende de la acreditación de un número específico de actos violentos o intimidatorios. Lo determinante es crear una atmósfera general de esa naturaleza, que trasluzca un afianzado instrumento de superioridad y de dominio hacia la víctima, lo que sería producto de una reiteración de actos de violencia psíquica o física de diversa entidad, a veces nimia, pero cuya repetición provoca esa situación que permite hablar de habitualidad.

   m.- La habitualidad, así configurada, responde a un concepto criminológico-social más que jurídico-formal. Será conducta habitual la del que actúa repetidamente en la misma dirección con o sin condenas previas, que de existir, hay prueba de aquella, aunque no la única vía para su acreditación.

   n.- El maltrato habitual genera la existencia de un solo delito aun cuando ese clima habitual violento pueda afectar a varios de los sujetos pasivos mencionados en el precepto y sin perjuicio, claro está, del concurso real que pueda trazarse con los distintos delitos que contra bienes jurídicos individuales se hayan podido cometer en ese contexto relaciona. La pluralidad de sujetos afectados, insistimos, no transforma la naturaleza unitaria del delito del artículo 173.2 CP en tantos delitos homogéneos como personas mencionadas en el tipo hayan soportado directamente el clima habitual de violencia creada por el autor.

   ñ.- El tipo del artículo 173.2 CP se aproxima a la categoría de los delitos de estado en los que se crea un resultado antijurídico que no aparece vinculado a una concreta identidad del sujeto pasivo, mediante la generación de un clima habitual de violencia, sujeción y dominación que se proyecta sobre todos los que, con independencia de su número, hayan quedado encerrados, valga la expresión, en dicho círculo. Resultado, por tanto, diferenciado de aquellos que se deriven de las específicas acciones de violencia psíquica o física contra una o varias de las concretas personas afectadas.

   o.- Con el maltrato habitual se ejerce un ambiente infernal e irrespirable que envolverá la convivencia", a partir de los actos de violencia o cosificación dirigidos en el tiempo "sobre el mismo o diferentes sujetos pasivos de los previstos en el precepto", resultando incluso indiferente que algunos de tales actos hubieren sido ya enjuiciados.

   p.- El número de personas directamente afectadas por dicho clima violento duradero, como la frecuencia con que se reiteren los actos de violencia, la naturaleza concreta de los comportamientos, o el daño que los actos de dominación puedan irradiar a los demás integrantes de la unidad familiar, servirán como parámetro para evaluar los indicadores de antijuridicidad de la acción y el alcance de la culpabilidad del responsable. Datos todos ellos que deberán ser tomados en cuenta para la individualización de la pena a imponer.

   q.- El maltrato habitual se configura con unas características de especial crueldad en el autor que en el círculo de su propio hogar familiar ejerce un maltrato prolongado, y que aunque se desdobla en actos aislados de hechos que pueden conllevar, individualmente considerados, una penalidad reducida, la reiteración en esos hechos provoca un doble daño en la víctima, tanto físico si se trata de agresiones causando lesión o sin causarlas, o en expresiones con rango de maltrato psíquico, por afectar a la psique de las víctimas, no solo las expresiones que se profieren, sino el maltrato físico habitual viniendo del autor del que vienen los hechos, que no se trata de un tercero ajeno a las víctimas, sino de la pareja de la víctima, o el padre de las mismas, como aquí ocurre, lo que agrava el padecimiento de las víctimas de violencia de género y doméstica.

   r.- El maltrato habitual produce un daño constante y continuado del que la víctima, o víctimas tienen la percepción de que no pueden salir de él y del acoso de quien perpetra estos actos, con la circunstancia agravante en cuanto al autor, de que éste es, nada menos, que la pareja de la víctima, lo que provoca situaciones de miedo, incluso, y una sensación de no poder denunciar.

   s.- En el maltrato habitual puede que el silencio haya sido prolongado en el tiempo hasta llegar a un punto en el que, ocurrido un hecho grave, se decide, finalmente, a denunciar por haber llegado a un límite a partir del que la víctima ya no puede aguantar más actos de maltrato hacia ella y, en ocasiones, también, hacia sus hijos.

   t.- El retraso en denunciar la víctima los actos de maltrato habitual no puede ser tenido en cuenta para minimizar la credibilidad de la declaración de la víctima por las propias características de este tipo penal en el que el silencio de las víctimas se manifiesta como una de las más relevantes, lo que agrava el resultado lesivo emocional y físico de las víctimas al final de este recorrido de maltrato.

   u.- Ello va unido a que cuando la víctima se decide a denunciar, o a querer romper su relación ante el carácter insoportable del que se ejerce sobre ella y sus hijos se incrementa el riesgo de que los actos de maltrato pasen a un escenario de "incremento grave del riesgo de la vida de la víctima", ya que si ésta decide comunicar la necesidad de una ruptura de la relación, o le denuncia por esos hechos, el sentimiento de no querer aceptar esa ruptura el autor de los mismos provoca que pueda llegar a cometer un acto de mayor gravedad, y que puede dar lugar, incluso, a actos de la denominada violencia vicaria.

   v.- En el maltrato habitual la inexistencia de denuncias previas no es entendible como una declaración no cierta o inexacta, o que la víctima falta a la verdad, ya que la existencia de denuncias previas no es un requisito sine qua non exigido en la valoración de la prueba de la víctima en el delito de malos tratos.

   x.- Que la víctima se decida, al final, a denunciar los malos tratos habituales tras un hecho de gravedad, no altera su credibilidad, y es obvio que la relación que mantengan no sea buena, y más aún cuando tras la convivencia, o durante ella, ha habido malos tratos. Pero ello no tiene por qué conllevar a que en la declaración de la víctima se entienda que siempre y en cualquier circunstancia existe una duda acerca de su credibilidad. No puede alegarse que ello es por resentimiento, y no quiere decir que la víctima mienta, sino que el resentimiento existe de cualquier modo, pero por esa existencia del maltrato, lo que no debe llevarnos a dudar de que lo que declara acerca de un hecho concreto sea incierto.

   y.- La redacción del art. 173.2 CP que sanciona la mera conducta habitual del maltrato como tipo penal autónomo tiene una específica misión de impartir un mayor reproche penal a una conducta tan execrable como lo es el maltrato reiterado.

   z.- La relación de "sometimiento psicológico" que provoca el maltrato, y que puede plasmarse en secuelas graves psíquicas, determina la paralización de tomar decisiones libres a la víctima, ya que la víctima no es consciente de que esté siendo victimizada, porque la dominación y subyugación del autor del delito de maltrato permite conseguir que la víctima no pueda salir del ciclo de la violencia habitual que ejerce el autor".

   SÉPTIMO .- La Sentencia dictada en apelación, que es aquí la sentencia recurrida, declara como probados los siguientes hechos:

   Se declara probado que el acusado Maximo, mantuvo una relación de pareja desde abril del 2017, con Dolores, comenzando ambos a residir en compañía de los hijos de aquélla en la c/ CALLE000 NUM001 de la localidad de DIRECCION001.

   Del propio modo se declara probado que, en torno al 28 de diciembre de 2017, cuando el acusado convivía con su pareja, Dolores, en Fuerteventura le pegó un puñetazo en las costillas, provocándole el hundimiento de una de ellas y un hematoma. Al día siguiente fueron al hospital y manifestaron que se había caído en la bañera.

   A consecuencia del hecho la Sra. Dolores sufrió lesiones consistentes en contusión costal, lesiones que requirieron objetivamente para su sanidad de una primera asistencia facultativa. Las lesiones tardaron en curar 5 días no impeditivos, sin secuelas

   Probado y así se declara que, en fecha 19 de febrero de 2018, también en la localidad de Fuerteventura, el acusado le pegó a la Sra. Dolores varías bofetadas en la cara con la mano abierta y se partió una muela. Al día siguiente fueron al dentista y se le extrajo el trozo que le quedaba.

   A consecuencia del hecho la Sra. Dolores sufrió lesiones consistentes en dolor en pieza premolar derecho, y aun cuando al estar embarazada no pudo objetivarse dicho extremo por radiografía, se procedió a la extracción de la pieza, siendo necesario nuevo tratamiento posterior por inflamación. No constan los días de curación de las lesiones.

   Ha quedado probado que cuando el acusado se había trasladado con la Sra. Dolores a la localidad de DIRECCION002, CALLE001 num NUM003, desde marzo del 2018, y cuando se encontraban paseando por la montaña se inició una discusión entre ambos, volviendo el acusado a la vivienda, y tras volver la Sra. Dolores a ésta y al encontrarla cerrada con su hijo mayor dentro, y al no disponer de llaves, procedió a entrar por la ventana del lavabo del parking y, por este motivo, al llegar al domicilio familiar el acusado, mandó al hijo mayor a su habitación y, acto seguido, propinó a la Sra. Dolores diversas bofetadas y patadas que le ocasionaron lesiones en mano y brazo , cayendo al suelo y luego, cuando se levantaba, le propinó otra patada en el pecho.

   A los efectos de determinar si concurre un delito de maltrato habitual, ejerciendo violencia física o psíquica, con quien sea o haya sido su cónyuge o su pareja, hemos de considerar que los tres hechos declarados como probados por la Sentencia recurrida pueden resumirse, según lo relatado anteriormente, en un puñetazo en las costillas, que lleva a la mujer al hospital, en donde tiene que decir, para encubrir a su pareja, que se ha caído de la bañera, posteriormente, varias bofetadas en la cara con la mano abierta, lo que origina como resultado que se parta una muela a la víctima, que fue extraída por un dentista y todo ello estando embarazada, junto al episodio de marzo del 2018, cuando se encontraban paseando por la montaña se inició una discusión entre ambos, volviendo el acusado a la vivienda, y tras volver la Sra. Dolores a ésta y al encontrarla cerrada con su hijo mayor dentro, y al no disponer de llaves, procedió a entrar por la ventana del lavabo del parking y, por este motivo, al llegar al domicilio familiar el acusado, mandó al hijo mayor a su habitación y, acto seguido, propinó a la Sra. Dolores diversas bofetadas y patadas que le ocasionaron lesiones en mano y brazo, cayendo al suelo y luego, cuando se levantaba, le propinó otra patada en el pecho. Todo ello en un corto lapso temporal, lo que patentiza un episodio de hostigamiento y de constantes amenazas (clima de miedo y dominación).

   Con estos hechos, por más que la sentencia recurrida, en su resultancia fáctica, impropiamente, incluya la proposición de que el acusado Maximo no ha ejercido de forma habitual violencia física o psíquica, se encuentra en contradicción con el relato de hechos anteriormente transcrito en donde se narran tres graves episodios de violencia de género, en un pequeño marco temporal, como es entre el mes de diciembre de 2017 y el mes de marzo de 2018, razón por la cual no puede mantenerse la conclusión a la que llega la sentencia recurrida y que incorrectamente lleva al factum una expresión que excluye el análisis jurídico del caso, de tal modo que, con tal afirmación histórica, trata de ponerse a cubierto o a neutralizar cualquier motivo de impugnación respecto a tal incardinación delictiva.

   Máxime cuando señala que no se trata de una violencia habitual "más allá de los episodios de violencia que se declaran probados", lo cual incurre de nuevo, en otra contradicción en el factum, pues el análisis de la habitualidad no es un hecho sino una conclusión jurídica.

   Lo propio en el último párrafo, que también resulta enigmático, en tanto que se considera que no "ha quedado probado que los hijos de la Sra. Dolores hayan sido perceptores de la violencia y los malos tratos, más allá de [las] discusiones que pudieran producirse". Lo que hemos de entender que fueron testigos de las discusiones "que pudieran producirse", sin una más concreta precisión al respecto.

   El concepto de habitualidad es un concepto jurídico, y no una narración fáctica, razón por la cual no debe incluirse en la secuencia histórica de una Sentencia penal, sino analizarse su concurrencia en la fundamentación jurídica de la misma.

   La reiteración de tres actos de violencia de género, muy próximos en el tiempo, junto al descrito clima de miedo y dominación, producen la aplicación de tal precepto que sanciona la violencia habitual, que ha de castigarse con mayor pena cuando, como en este caso se constata, la mayoría de los episodios ocurren en el domicilio común.

   Si se afirma que el bien jurídico protegido es la paz familiar, sancionando aquellos actos que exteriorizan una actitud tendente a convertir aquel ámbito en un microcosmos regido por el miedo y la dominación, porque, en efecto, nada define mejor el maltrato familiar como la situación de dominio y de poder de una persona sobre su pareja y los menores convivientes, los hechos que estamos analizando se corresponden muy adecuadamente a este paradigma.

   No solamente la repetición en tres ocasiones de sucesos de gran violencia física y emocional (psíquica), sino el clima de miedo que ha determinado en los menores la asistencia a este tipo de discusiones, que aunque se salden con resortes tales como "súbete a la habitación", es imposible su desconocimiento cuando se vive en familia. Ese clima satisface, junto a los episodios violentos, la aplicación del art. 173, en sus apartados 2 y 3 del Código Penal.

   Lo importante es que el Juez llegue a esa convicción de que la víctima vive en un estado de agresión permanente. En esta dirección la habitualidad debe entenderse como concepto criminológico-social, no como concepto jurídico-formal por lo que será una conducta habitual la del que actúa repetidamente en la misma dirección con o sin condenas previas, ya que éstas actuarían como prueba de la habitualidad, que también podría demostrarse por otras vías más.

   En consecuencia, el motivo, formalizado por estricta infracción de ley, y con evidente interés casacional, tiene que ser estimado, pues resulta contrario a todo un cuerpo muy consolidado de jurisprudencia de esta Sala Casacional, debiendo condenarse al acusado como autor, también, de un delito de maltrato habitual, en los términos que fijaremos en la segunda Sentencia que hemos de dictar a continuación de ésta.

   Costas procesales

   OCTAVO .- Procediendo la estimación de ambos recursos de casación, hemos de declarar de oficio las costas procesales de esta instancia casacional ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

   F A L L O

   Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

   1. - ESTIMAR el recurso de casación interpuesto por las representaciones legales del acusado DON Maximo y de la acusación particular DOÑA Dolores, contra Sentencia 638/2019, de 9 de julio de 2019 de la Sección 20ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

   2. - DECLARAR DE OFICIO las costas procesales ocasionadas en la presente instancia casacional por sus respectivos recursos.

   3. - CASAR y ANULAR en la parte que le afecta la referida Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que será sustituida por otras más conforme a Derecho.

   4. COMUNICAR la presente resolución y la que seguidamente se dicta a la Audiencia de procedencia, con devolución de la causa que en su día remitió, interesándole acuse de recibo.

   Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

   Así se acuerda y firma.

   Julián Sánchez Melgar Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre Vicente Magro Servet

   Eduardo de Porres Ortiz de Urbina Leopoldo Puente Segura

   RECURSO CASACION núm.: 4693/2019

   Ponente: Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar

   Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río

   TRIBUNAL SUPREMO

   Sala de lo Penal

   Segunda Sentencia

   Excmos. Sres.

4. Julián Sánchez Melgar

4. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

4. Vicente Magro Servet

4. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina

4. Leopoldo Puente Segura

   En Madrid, a 29 de octubre de 2021.

   Esta Sala ha visto el recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de Ley y de precepto constitucional interpuesto por las representaciones legales del acusado DON Maximo (cuyos datos identificativos constan en la causa) y de la acusación particular DOÑA Dolores, contra Sentencia 638/2019, de 9 de julio de 2019 de la Sección 20ª de la Audiencia Provincial de Barcelona estimatoria parcial del recurso de apelación (Rollo de apelación 148/2019 APPEN) formulado frente a la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de DIRECCION000 Sentencia núm. 107/2019, de 5 de abril de 2019. Sentencia que ha sido recurrida en casación por dichas representaciones legales y que ha sido casada y anulada en la parte que le afecta, al estimarse ambos recursos formulados, por la Sentencia dictada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo. Por lo que los mismos Magistrados que formaron Sala y bajo idéntica Presidencia, proceden a dictar esta Segunda del Sentencia, con arreglo a los siguientes Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho.

   Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar.

ÚNICO.- De conformidad con el recurso de la defensa, hemos de reducir la pena impuesta por el delito de lesiones, a la propia que figuraba en la correspondiente Sentencia del Juzgado de lo Penal, al infringir la Audiencia el principio de proscripción de la reforma peyorativa. Y accediendo a lo postulado por la acusación particular, condenar a Maximo, como autor criminalmente responsable de un delito de maltrato habitual a su pareja, tipificado en los apartados 2 y 3 del art. 173 del Código Penal, a la misma pena impuesta en el Juzgado de lo Penal, ya que la mayor parte de los episodios de violencia se han perpetrado en el domicilio común, por lo que debe imponer a Maximo, como autor criminalmente responsable de un delito de violencia física o psíquica habitual, previsto y penado en el artículo 173.2 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, la pena de 1 año y 9 meses de prisión con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, la pena de prohibición del derecho a la tenencia y uso de armas durante 4 años y 1 día y la pena de prohibición de aproximación a Doña Dolores, a su domicilio, lugar de trabajo, o cualquier lugar donde habitualmente se encuentre, a una distancia inferior a los 1000 metros así como, de comunicarse con ésta por cualquier medio de comunicación y/o telemático, por un período de 3 años así como, juntamente con el pago de las costas procesales incluidas las de la acusación particular.

Se mantienen, en lo demás, los demás extremos del fallo de la sentencia recurrida, esto es, la de segunda instancia.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

Que debemos condenar y condenamos a Maximo como autor criminalmente responsable de un delito de lesiones, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de seis meses de prisión con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, la pena de prohibición del derecho a la tenencia y uso de armas durante 1 año y 6 meses y la pena de prohibición de aproximación a Doña Dolores, a su domicilio, lugar de trabajo, o cualquier lugar donde se encuentre, a una distancia inferior a los 1000 metros, por un período de 1 año y 6 meses.

Igualmente, debemos condenar y condenamos a Maximo, como autor criminalmente responsable de un delito de violencia física o psíquica habitual, previsto y penado en el artículo 173.2 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, la pena de 1 año y 9 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, la pena de prohibición del derecho a la tenencia y uso de armas durante 4 años y 1 día y la pena de prohibición de aproximación a Doña Dolores, a su domicilio, lugar de trabajo, o cualquier lugar donde habitualmente se encuentre, a una distancia inferior a los 1000 metros así como, de comunicarse con ésta por cualquier medio de comunicación y/o telemático, por un período de 3 años así como, juntamente con el pago de las costas procesales incluidas las de la acusación particular.

Se mantienen, en lo restante, los demás extremos del fallo de la sentencia recurrida, esto es, la de segunda instancia, en tanto sean compatibles con lo dispuesto en esta resolución judicial.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Julián Sánchez Melgar Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre Vicente Magro Servet

Eduardo de Porres Ortiz de Urbina Leopoldo Puente Segura