ATS, 11 de Noviembre de 2020

JurisdicciónEspaña
Fecha11 Noviembre 2020

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Social

Auto núm. /

Fecha del auto: 11/11/2020

Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA

Número del procedimiento: 452/2020

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Molins García-Atance

Procedencia: T.S.J. COM. VALENCIANA SOCIAL

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez

Transcrito por: MHG/R

Nota:

UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 452/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Molins García-Atance

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Social

Auto núm. /

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

Dª. Rosa María Virolés Piñol

D. Ángel Blasco Pellicer

D. Juan Molins García-Atance

En Madrid, a 11 de noviembre de 2020.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Juan Molins García-Atance.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Por el Juzgado de lo Social N.º 7 de los de Alicante se dictó sentencia en fecha 28 de febrero de 2018, en el procedimiento n.º 162/2017 seguido a instancia del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) contra D.ª Genoveva, sobre reintegro de prestaciones, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO

Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en fecha 4 de junio de 2019, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO

Por escrito de fecha 24 de julio de 2019 se formalizó por el Abogado del Estado en nombre y representación del Fondo de Garantía Salarial, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO

Esta Sala, por providencia de 2 de octubre de 2020, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contenido casacional. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La cuestión que se suscita en el actual recurso de casación para la unificación de doctrina consiste en determinar si cabe oponer la excepción de cosa juzgada para impedir que el Fogasa pueda reclamar el reintegro de una prestación obtenida por silencio administrativo positivo, lo que en el caso había supuesto que el Fogasa pagase indebidamente el 40% de la indemnización por despido objetivo.

La sentencia que se recurre -de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 4 de junio de 2019 (R. 1355/2018)-, trae causa de una reclamación deducida por el ente gestor frente a la demandada en revisión del acto administrativo producido por silencio administrativo, en el que se solicitaba que por el Juzgado se declarase la nulidad o subsidiariamente la anulabilidad del mismo, y a reintegrar al Fondo las prestaciones indebidamente percibidas; pretensión estimada por la decisión judicial de instancia al descartar que pudiera operar la excepción de cosa juzgada. Sin embargo, la resolución ahora recurrida considera que la sentencia recaída en el anterior procedimiento de reclamación de prestaciones ante el Fogasa despliega dichos efectos de cosa juzgada.

La demandada formuló el 23 de mayo de 2013 solicitud de prestaciones ante el Fogasa, y en fecha 8 de septiembre de 2014 la citada entidad dictó resolución denegando las mismas. Interpuesta la pertinente demanda, el Juzgado de lo Social dicta sentencia firme en la que estimó la demanda y condenó al Fogasa a abonar a la actora la suma de 5.651,93 €, al entender que la solicitud debía declararse aprobada por silencio positivo. Sentado lo anterior, y articulada demanda por el Fondo solicitando la revisión del acto declarativo del derecho reconocido a dicha trabajadora, la misma es desestimada por la sala de suplicación en aplicación de la cosa juzgada, al existir una sentencia firme que condenó al Fondo a abonar la cantidad señalada, sin que proceda dejar sin efecto la ejecución de dicha sentencia firme.

Recurre el Fogasa en casación para la unificación de doctrina denunciando la infracción de los arts. 222.1 y 4 de la LEC, y art. 146 LRJS, y arts. 42, 43 y 62.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y proponiendo como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 11 de octubre de 2018 (R. 1308/2018).

La decisión de referencia parte de una realidad fáctica muy próxima, y en lo que ahora interesa, consta una previa decisión judicial que estima la pretensión actora --abono de una indemnización rechazada por el Fondo por insuficiencia de título-- en virtud de silencio administrativo positivo, por haberse dictado la resolución desestimatoria tres meses después de la solicitud. Interpuesta posterior demanda por el Fondo. La sentencia de instancia desestima la demandada de revisión de acto administrativo de derecho frente a una beneficiaria de la prestación de garantía reconocida en virtud de silencio administrativo positivo por extemporaneidad de la resolución administrativa de fecha 8-5-2012, con el fin de que se deje sin efecto declarando la nulidad, o la anulabilidad de dicho acuerdo con reintegro de las cantidades percibidas. Sin embargo, tal parecer no es compartido por la sentencia de comparación, que descarta la aplicación al caso de la excepción material de cosa juzgada ex art. 222.1 LEC, porque la decisión previa no entra en el fondo del asunto limitándose a constatar la existencia del silencio administrativo y a fijar el alcance del mismo. Concluye que no nos encontramos ante dos procedimientos con identidad de causas de pedir y objetos, y declara la nulidad del acto administrativo por silencio positivo.

Entre la sentencia recurrida y la de contraste concurren las identidades exigidas por el artículo 219 de la LRJS. En efecto, en ambos supuestos, las trabajadoras han solicitado al Fogasa determinadas prestaciones, no obteniendo resolución expresa en el plazo de tres meses. Las trabajadoras presentan demanda ante el correspondiente Juzgado de lo Social, que concluye con sentencia en la que se condena al Fogasa a abonar la totalidad de la prestación reclamada en virtud del efecto del silencio positivo. El Fogasa interpone demanda de revisión de actos declarativos de derechos y reintegro de cantidades, a fin de que se deje sin efecto el acto presunto estimatorio de la solicitud de prestaciones. Y las sentencias enfrentadas dentro del recurso llegan a pronunciamientos contradictorios y de signo diverso, al desestimar en un caso [recurrida] la pretensión en aplicación de la cosa juzgada, y en el otro [de contraste] descartar la aplicación de dicha excepción.

Pero, con independencia de la concurrencia de contradicción, el recurso debe ser inadmitido por falta de contenido casacional, porque es doctrina de la Sala establecida en sentencia del Pleno de 27 de febrero de 2019 (R. 3597/2017), que en estos casos ha de apreciarse el efecto de cosa juzgada positiva o prejudicial, al haber sido dictada sentencia firme que condena al Fogasa a abonar la prestación económica correspondiente, por lo que no procede declarar con posterioridad que se trata de una prestación indebida y dar lugar a su reintegro.

En este sentido, la Sala ha señalado con reiteración que la función institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina es procurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico por los órganos judiciales del orden social, lo que implica que puedan inadmitirse por falta de contenido casacional los recursos que se interpongan contra sentencias cuyas decisiones sean coincidentes con la doctrina sentada por la Sala IV del Tribunal Supremo, conforme a lo recogido en el art. 225.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Así, entre otras, las SSTS 4 de diciembre de 2018 Rec. 3559/16, 5 de diciembre de 2018 Rec. 2658/17 y 9 de octubre de 2019 Rec. 2108/17.

En su escrito de alegaciones el Fogasa insiste en la admisión del recurso, pero la falta de contenido casacional es clara conforme a lo expuesto en la presente resolución al haberse pronunciado esta Sala IV sobre la cuestión.

SEGUNDO

De conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 225 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y a pesar de haber informado a favor de la admisión del recurso el Ministerio Fiscal, procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina. Sin imposición de costas a la parte recurrente, al no haber comparecido en el recurso ninguna de las partes recurridas.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Abogado del Estado, en nombre y representación del Fondo de Garantía Salarial contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 4 de junio de 2019, en el recurso de suplicación número 1355/2018, interpuesto por D.ª Genoveva, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 7 de los de Alicante de fecha 28 de febrero de 2018, en el procedimiento n.º 162/2017 seguido a instancia del Fondo de Garantía Salarial contra D.ª Genoveva, sobre reintegro de prestaciones.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.

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