ATS 864/2019, 12 de Septiembre de 2019
| Ponente | CARMEN LAMELA DIAZ |
| ECLI | ES:TS:2019:10164A |
| Número de Recurso | 389/2019 |
| Procedimiento | Recurso de casación |
| Número de Resolución | 864/2019 |
| Fecha de Resolución | 12 de Septiembre de 2019 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
Auto núm. 864/2019
Fecha del auto: 12/09/2019
Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION
Número del procedimiento: 389/2019
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excma. Sra. D.ª Carmen Lamela Diaz
Procedencia: AUDIENCIA PROVINCIAL DE BADAJOZ (Sección 1ª)
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río
Transcrito por: GMM/MJCP
Nota:
RECURSO CASACION núm.: 389/2019
Ponente: Excma. Sra. D.ª Carmen Lamela Diaz
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
Auto núm. 864/2019
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
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Manuel Marchena Gomez, presidente
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Andres Martinez Arrieta
Dª. Carmen Lamela Diaz
En Madrid, a 12 de septiembre de 2019.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Carmen Lamela Diaz.
La Audiencia Provincial de Badajoz (Sección 1ª) dictó sentencia el 9 de octubre de 2018 en el Rollo de Sala nº 32/2017 , tramitado como procedimiento abreviado nº 18/2016 por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, en cuyo fallo, se dispone lo siguiente: "Debemos condenar y condenamos al inculpado Jacinto mayor de edad y sin antecedentes penales y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, como autor criminalmente responsable de un delito contra el derecho de los trabajadores ya definido a las penas de un año y seis meses de prisión, multa de nueve meses, a razón de una cuota diaria de 12 euros, fijándose una responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y para el ejercicio de actividad comercial y de administración empresas, y al pago de la tercera parte de las costas procesales.
Igualmente se condena al inculpado a que en concepto de responsabilidad civil abone a la Tesorería de la Seguridad Social en las cantidades que haya dejado de ingresar por las cotizaciones sociales de las coitadas trabajadoras, cantidad que devengara los intereses legales del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a acreditar en ejecución de sentencia.
Se impone a la sociedad TRAVELBLANC S.L. con respecto al establecimiento denominado HALLOWEEN, las penas accesorias de suspensión de actividades y clausura del local por tiempo de dos años."
Contra dicha sentencia se presentó recurso de casación por el Procurador Don Jesús Díaz Durán en nombre y representación de Jacinto alegando como único motivo:
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- al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 24 de la Constitución , vulneración del artículo 21.6 del Código Penal .
Durante la tramitación del recurso, se dio traslado al Ministerio Fiscal, que formuló escrito de impugnación e interesó su inadmisión, y subsidiariamente, su desestimación.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución, la Excma. Sra. Magistrada Doña Carmen Lamela Diaz.
En aplicación de las citadas normas de reparto, el Excmo. Sr. Magistrado D. Andres Martinez Arrieta sustituye al Excmo. Sr. Magistrado D. Julián A. Sánchez Melgar (por razones de licencia oficial), en la deliberación y el dictado de esta resolución.
ÚNICO.- Se alega como único motivo del recurso al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 24 de la Constitución , vulneración del artículo 21.6 del Código Penal .
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Discute el recurrente la indebida inaplicación de la circunstancia de dilaciones indebidas al considerar que el juicio oral se suspendió en dos ocasiones por causas no imputables al mismo, sino a la incorrecta o ausente citación de los testigos.
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La reciente STS 842/2017, de 21 de diciembre , recuerda que "la dilación indebida es considerada por la jurisprudencia como un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si el mismo resulta injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable. Se subraya también su doble faceta prestacional derecho a que los órganos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable, y racional traduciéndose en el derecho a que se ordene la inmediata conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones indebidas. En cuanto al carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse a las circunstancias del caso concreto con arreglo a los criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, los márgenes de duración normal de procesos similares, el interés que en el proceso arriesgue el demandante y las consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes, el comportamiento de éstos y el del órgano judicial actuante. Por lo demás, en la práctica la jurisdicción ordinaria ha venido operando para graduar la atenuación punitiva con el criterio de la necesidad de pena en el caso concreto, atendiendo para ello al interés social derivado de la gravedad del delito cometido, al mismo tiempo que han de ponderarse los perjuicios que la dilación haya podido generar al acusado ( SSTEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España ; 28 de octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España ; 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras c. España ; SSTC 237/2001 , 177/2004 , 153/2005 y 38/2008 ; y SSTS 1733/2003, de 27-12 ; 858/2004, de 1-7 ; 1293/2005, de 9-11 ; 535/2006, de 3-5 ; 705/2006, de 28-6 ; 892/2008, de 26-12 ; 40/2009, de 28-1 ; 202/2009, de 3-3 ; 271/2010, de 30-3 ; 470/2010, de 20-5 ; y 484/2012, de 12-6 , entre otras)."
También tiene establecido esta Sala que son dos los aspectos que han de tenerse en consideración a la hora de interpretar esta atenuante. Por un lado, la existencia de un "plazo razonable", a que se refiere el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales , que reconoce a toda persona el "derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable", y, por otro lado, la existencia de dilaciones indebidas, que es el concepto que ofrece nuestra Constitución en su art. 24.2 . En realidad, son conceptos confluyentes en la idea de un enjuiciamiento sin demora, pero difieren en sus parámetros interpretativos. Las dilaciones indebidas son una suerte de proscripción de retardos en la tramitación, que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa y los lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales. Por el contrario, el "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que ha de tener como índices referenciales la complejidad de la misma y los avatares procesales de otras de la propia naturaleza, junto a los medios disponibles en la Administración de Justicia ( SSTS 91/2010, de 15-2 ; 269/2010, de 30-3 ; 338/2010, de 16-4 ; 877/2011, de 21-7 ; y 207/2012, de 12-3 ).
La doctrina jurisprudencial sostiene que el fundamento de la atenuación consiste en que la pérdida de derechos, es decir, el menoscabo del derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, equivale a una pena natural, que debe compensarse en la pena que vaya a ser judicialmente impuesta por el delito para mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la pena (la pérdida de bienes o derechos derivada del proceso penal) y el mal causado por la conducta delictiva ( SSTC 177/2004 y 153/2005 ). Por lo tanto, esa pérdida de derechos derivada del menoscabo del derecho fundamental debe determinar la reducción proporcional de la gravedad de la pena adecuada a la gravedad de la culpabilidad, porque ya ha operado como un equivalente funcional de la pena respecto a la que corresponde por el grado de culpabilidad. Ahora bien, que ello sea así no significa, sin embargo, como precisa la doctrina, que el transcurso del tiempo comporte una extinción, ni siquiera en parte, de la culpabilidad, pues esta es un elemento del delito que como tal concurre en el momento de su comisión y el paso del tiempo no comporta, por lo tanto, que disminuya o se extinga ( SSTS 987/2011, de 15-10 ; 330/2012, de 14-5 ; y 484/2012, de 12-6 ).
De otra parte, se ha advertido en algunos precedentes de este Tribunal que la obligación de denunciar las dilaciones indebidas con el fin de evitar cuanto antes, o en su caso paliar, la lesión del derecho fundamental, no alcanza al acusado. En primer lugar, porque en el proceso penal, y sobre todo durante la instrucción, el impulso procesal es un deber del órgano judicial. Y, en segundo lugar, porque el imputado no puede ser obligado sin más a renunciar a la eventual prescripción del delito que pudiera darse como consecuencia de una inactividad procesal. Esto marca una diferencia esencial entre el procedimiento penal, en lo que se refiere a la posición del imputado, y otros procesos que responden a diferentes principios. El derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas está configurado en el artículo 24 CE sin otras condiciones que las que surgen de su propia naturaleza ( SSTS 1497/2002, de 23-9 ; 705/2006, de 28-6 ; 892/2008, de 26-12 ; 269/2010, de 30-3 ; y 590/2010, de 2-6 ).
Y en cuanto a las causas del retraso a ponderar para la aplicación de la atenuante, la jurisprudencia ha señalado que "ni las deficiencias organizativas ni el exceso de trabajo pueden justificar, frente al perjudicado, una dilación indebida" ( SSTS 1086/2007 ; 912/2010 ; y 1264/2011 , entre otras; STEDH 20-3-2012, caso Serrano Contreras c. España ).
La reforma del C. Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que entró en vigor el 23 de diciembre siguiente, regula como nueva atenuante en el art. 21. 6 ª las dilaciones indebidas en los siguientes términos: "La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa".
Por consiguiente, el nuevo texto legal, según ha advertido la doctrina, coincide sustancialmente con las pautas que venía aplicando la jurisprudencia de esta Sala para operar con la atenuante analógica de dilaciones indebidas.
Los requisitos para su aplicación serán, pues, los tres siguientes: 1) que la dilación sea indebida; 2) que sea extraordinaria; y 3) que no sea atribuible al propio inculpado. Pues, aunque también se requiere que la dilación no guarde proporción con la complejidad de la causa, este requisito se halla comprendido realmente en el de que sea indebida, toda vez que si la complejidad de la causa justifica el tiempo invertido en su tramitación la dilación dejaría de ser indebida en el caso concreto, que es lo verdaderamente relevante".
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En el relato fáctico se considera probado, en síntesis, que a las 23,30 horas del 29 de mayo de 2015 funcionarios de la lnspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz asistidos por funcionarios policiales de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía, cursaron visita de inspección al centro de trabajo sito en el club de alterne "Halloween" que la empresa "Extremadura Travelblanc, S.L." explota en esta ciudad de Badajoz, y ubicado en la calle Ebano nº 4, así, constataron que de un total de quince trabajadores allí presentes, once (11) mujeres desempeñaban tareas laborales -en funciones de captación de clientes varones para la consumición de bebidas, como camareras de alterne, siendo así que todas ellas, ciudadanas extranjeras, (identificadas como Sara , Violeta Rogelio , Marí Trini , María Angeles , María Cristina . María Inés , María Virtudes , Benita , María Purificación y Adolfina ), no habían sido dadas de alta en la Seguridad Social conforme a la normativa y plazos vigentes. Una de aquellas mujeres ( Adolfina , de nacionalidad paraguaya se encontraba además en situación administrativa irregular en territorio español.
El Sr. Inspector y los Sres. Subinspectores de Trabajo elaboraron Acta e Informe sobre concurrencia de conducta delictiva, remitido a esta Fiscalía Provincial por el lImo. Sr Jefe de la lnspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz (ref. OS 6/0004715/15), siendo incoadas en virtud del mismo las Diligencias Informativas de Investigación Penal nº 148/2015, Y planteada denuncia por la Fiscalía Provincial.
De dicha empresa "Extremadura Travelblanc, S.L." (C.I.F. BI0250306 Y C.C.C.061108293393), con domicilio social en "Calle Gladiolo s/n de Valdelacalzada (Badajoz) y anteriormente en Zalamea de la Serena Badajoz), es administrador único del acusado Jacinto (D.N.I. NUM000 ), quien era consciente de dichas actividades laborales, circunstancias y condiciones laborales de aquellas trabajadoras en el club "Halloween" negocio del que es titular y responsable.
El alegato del recurrente ha de ser inadmitido.
La resolución impugnada dio debida respuesta a la pretensión del mismo en su fundamento de derecho cuarto al explicar las vicisitudes para la celebración del juicio oral que se señaló hasta en tres ocasiones a consecuencia de la dificultad de localizar a los testigos propuestos por las partes que residían en el extranjero.
En efecto, examinadas las actuaciones se advierte que el tiempo transcurrido desde octubre de 2017, fecha del auto de admisión de pruebas, a noviembre de 2018, fecha de la celebración del juicio oral, se encuentra justificado por la complejidad para la citación de los testigos, residentes en el extranjero, y legítimos medios de prueba propuestos por las partes.
No se trata pues de una dilación indebida ni extraordinaria que justifique la aplicación de la atenuante pretendida.
Asimismo, debe advertirse que aun cuando se apreciase la existencia de dilaciones indebidas en las actuaciones, en todo caso como simple (cosa que, como hemos dicho, no sucede), no tendría aptitud para modificar el fallo de la sentencia dado que la pena impuesta se encuentra fijada dentro de los límites previstos por la Ley para los casos de concurrencia de una sola atenuante simple (su mitad inferior).
Por todo lo anterior, procede la inadmisión del presente motivo, de conformidad con lo que determina el artículo 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En su consecuencia procede adoptar la siguiente parte dispositiva:
LA SALA ACUERDA : NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formulado por la parte recurrente contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
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SAP Badajoz 35/2019, 6 de Noviembre de 2019
...se absolvió al citado inculpado, dicha resolución no fue recurrida por el Ministerio Fiscal y confirmada por el Auto del Tribunal Supremo nº 864/2.019 de fecha 12-9-2.019, y por el cual se acuerda inadmitir a trámite el recurso de casación formulado por el condenado Don Raúl . CUARTO En la......