STS 535/2006, 3 de Mayo de 2006

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , se invoca vulneración del derecho a que no se produzca indefensión en relación al artículo 24.1 de la Constitución .

Se dice producida indefensión al haber sido valorada como prueba las manifestaciones del coimputado Manuel en el uso de su derecho a decir la última palabra, ya que lo manifestado en ese momento procesal no pudo ser sometido a contradicción por la defensa de los recurrentes.

El motivo no pude prosperar.

Tiene declarado esta Sala, como es exponente la Sentencia 1075/1996, de 26 de diciembre , que la distinción entre la declaración del imputado y esta oportunidad procesal final radica no sólo en el momento en el que se producen, sino también, y sobre todo, en su finalidad. En ambos casos tal finalidad es defensiva, pero mientras que la declaración como imputado y con las garantías propias de tal "status" permite a aquél la defensa frente a la imputación, la oportunidad procesal final o última sirve sólo para corregir cualquier olvido o error o matizar hechos o afirmaciones barajados en el curso del juicio. Como señalan las STC. 181/1994, de 20 de junio (FJ.3) y 29/1995, de 6 de febrero (FJ. 6), dicho artículo 739 de la LECrim . «ofrece al acusado el "derecho a la última palabra", por sí mismo, no como una mera formalidad, sino -en palabras del Fiscal que la Sala asume- "por razones íntimamente conectadas con el derecho a la defensa que tiene todo acusado al que se brinda la oportunidad final para confesar los hechos, ratificar o rectificar sus propias declaraciones o las de los coimputados o testigos, o incluso discrepar de su defensa o completarla de alguna manera". La raíz profunda de todo ello no es sino el principio de que nadie pueda ser condenado sin ser oído, audiencia personal, que, aun cuando mínima, ha de separarse como garantía de la asistencia letrada, dándole todo el valor que por sí misma le corresponde. La viva voz del acusado es un elemento personalísimo y esencial para su defensa en juicio"». Sigue diciendo esta Sentencia de esta Sala que el alcance de las alegaciones que se verifiquen en esta fase final del proceso no puede ser otro que el previsto en el numeral 6º del artículo 746 de la LECrim .: «cuando revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones sustanciales en los juicios, haciendo necesarios nuevos elementos de prueba o alguna sumaria información suplementaria».

Lo cierto es que en este caso, ni la defensa de los ahora recurrentes interesaron la suspensión, a los efectos que se acaban de dejar expresado, ni el Tribunal tenía que acordarla, ya que olvidan los recurrentes que este acusado, que se expresó así al hacer uso de la última palabra, se había expresado, en términos parecidos, en el mismo acto del juicio oral, al afirmar que tanto Cesar como Mauricio eran conscientes de lo que allí se movía y de que las nóminas eran falsas, que se aprovechaban del pastel, añadiendo que Mauricio sabía lo que estaba haciendo el declarante.

Así las cosas, las defensas de los recurrentes pudieron interrogar al mencionado coacusado, dándose cumplido acatamiento al principio de contradicción sin que se haya producido indefensión alguna.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , se invoca vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución .

Se reitera la improcedencia de valorar las declaraciones del coacusado Manuel, al hacer uso de la última palabra, siendo de reproducir lo expresado para rechazar el motivo anterior.

Por otra parte, el Tribunal de instancia ha podido valorar las declaraciones de los propios recurrentes sobre su intervención en los hechos enjuiciados y sobre todo las depuestas por los testigos que adquirieron los vehículos, como fueron las depuestas por María del Leticia, quien manifestó que conocía a Mauricio y a Cesar, que les compró un "Opel Tigra", concretando la suma entregado, entrega que efectuó a Mauricio, que el primer adquirente era el también acusado Manuel, que se había ahorrado unas 500.000 pesetas y que el coche no tenía kilómetros; que Mauricio explicó porqué vendía el vehículo diciendo que había una persona que le debía dinero y que le iba a pagar la deuda con el coche y que por eso podía vendérselo; que Cesar era el mediador y que el deudor se lo había entregado a Mauricio; que no conocía a Manuel y que se consideraba perjudicada en la suma de 1.575.000 pesetas que era lo que había pagado por el vehículo que le ha sido retirado. Es decir, clarifica la participación de los dos recurrentes en la operación de venta del vehículo por un precio bastante inferior al que se había adquirido poco tiempo antes de la financiera, y plenamente conscientes, por consiguiente, de la operación defraudatoria que se estaba cometiendo.

Resulta igualmente expresiva, a los efectos de destruir la presunción de inocencia, la declaración de la testigo Yolanda, que intervino en otra operación de compraventa, quien manifestó conocer de antes a Mauricio y que posteriormente conoció a Cesar y que no les entregaron el coche modelo "Almera" que iban a adquirir, a pesar de que la operación había sido aprobada por la financiera, ya que no le gustaba el aspecto de ellos y que incluso llegó a decir a Mauricio que esto me huele mal y que éste le contestó "tu no te compliques la vida, que a mi también me huele mal".

El Tribunal de instancia igualmente ha podido valorar la declaración depuesta, en el acto del juicio oral, por el testigo Jose Ignacio, que conoce a Cesar y a Mauricio, a quienes compró un "Opel Vectra", quienes les dijeron que el coche que vendían procedía del pago de una deuda, y les pagó 2.100.000 pesetas, cantidad que reclama, al haber quedado el vehículo depositado a favor de la financiera, vehículo que había sido adquirido poco tiempo antes en el establecimiento Expomovil Ubeda. S.A. por un precio de 2.600.000 peseta, financiando la operación la entidad G. M. A. C. Opel Credit, como consta asimismo acreditado por las declaraciones de los representantes de estas sociedades y por la documentación aportada.

Han existido, por consiguiente, además de las declaraciones del coacusado antes mencionadas, otras pruebas muy significativas e indudablemente incriminatorias, que contrarrestan el derecho de presunción de inocencia invocado.

Tampoco puede prosperar la denuncia de falta de motivación, ya que el Tribunal de instancia razona con suficiencia sobre las pruebas que ha tenido en cuenta para alcanzar su convicción sobre la participación de estos acusados en los hechos enjuiciados, haciéndose expresa mención de las declaraciones de los testigos que depusieron en el acto del plenario así como la declaración del coacusado Manuel.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción, por aplicación indebida, de los artículos 248, 249, 250.6 y 74, todos del Código Penal .

Se alega, en defensa del motivo, que no concurren los elementos que caracteriza al delito de estafa y que los recurrentes desconocían las falsedades cometidas para adquirir los vehículos y que ignoraban la finalidad defraudatoria.

El cauce procesal esgrimido exige un riguroso respeto al relato fáctico de la sentencia de instancia y en él constan cuantos requisitos caracterizan el delito continuado de estafa apreciado por el Tribunal sentenciador que recoge, en sus fundamentos jurídicos, la doctrina de esta Sala sobre dicha figura delictiva.

Ciertamente, se declara probado que los ahora recurrentes, en compañía de Manuel, en unos casos, y en otros de Luis Francisco, puestos de acuerdo con estos otros dos acusados que usaron de documentación falsa para poder conseguir la adquisición de los vehículos, participaron en dichas adquisiciones como en sus ventas posteriores, a precio inferior del que tenían que abonar a las entidades financieras, y ocultando las operaciones fraudulentas realizadas, y ello supone la presencia del engaño precedente o concurrente, bastante para la consecución de los fines propuestos y con suficiente entidad para provocar la entrega de los vehículos y el pago por los sucesivos adquirentes, produciendo un error esencial en las personas y entidades perjudicadas, que desconocían la situación real y provocando sus actos de disposición patrimonial, con el consiguiente perjuicio, y existiendo nexo causal entre el engaño del que se valieron los acusados y el perjuicio de las víctimas, con evidente ánimo de lucro.

La continuidad delictiva aflora, sin dificultad, de ese mismo relato fáctico, en el que se recoge una homogeneidad de operaciones de adquisición y venta de vehículos, utilizando similar procedimiento y que responden a un mismo plan, surgiendo un dolo unitario que se construye con la unidad objetiva y subjetiva que jurídicamente se realiza a través de la continuidad delictiva. El artículo 74 ha sido correctamente aplicado.

El Tribunal de instancia no ofrece explicación alguna para justificar la aplicación de la agravante prevista en el número 6º del artículo 250 del Código Penal , de que revista especial gravedad, atendiendo al valor de la defraudación, y ello obliga a esta Sala a una estimación parcial del motivo, excluyéndose la apreciación de la mencionada agravante, y como igualmente está ausente toda explicación sobre la individualización de la pena, extremo sobre el que no se hace mención alguna, como es exigible, y todo ello determina que se imponga la pena mínima de seis meses de prisión.

Con este alcance, el motivo debe ser estimado.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Se reitera que los recurrentes han sido condenados exclusivamente por las declaraciones del coacusado Manuel y se pretende acreditar que las manifestaciones de ese acusado no son ciertas y que por ello ha incurrido en error al dictarse una sentencia condenatoria.

Se parte, pues, de un dato erróneo, ya que la condena no se sustenta exclusivamente en las declaraciones de ese coacusado y es más, ni los recibos sobre la entrega del dinero a Manuel, ni las falsificaciones realizadas, ni los posibles bienes de que sean titulares los recurrentes evidencian error en la apreciación de una conducta constitutiva de delito de estafa, cuando existen pruebas legítimamente obtenidas en el acto del plenario que acreditan la concurrencia de los elementos que caracterizan esa figura delictiva.

Ha señalado esta Sala en numerosas sentencias, (293/2006, de 13 de marzo y 1340/2202, de 12 de julio , entre otras), que este motivo de casación exige los siguientes requisitos: en primer lugar ha de fundarse en una verdadera prueba documental, quedando excluidas las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; en segundo lugar, que el documento sea literosuficiente, es decir, que evidencie el error cometido por el juzgador al consignar algún elemento fáctico o material de la sentencia, por su propio contenido, sin tener que recurrir a otras pruebas ni a conjeturas o complejas argumentaciones; en tercer lugar, que sobre el mismo extremo no existan otros elementos de prueba, pues en ese caso se trata de un problema de valoración sometido a las reglas generales que le son aplicables; y, finalmente, en cuarto lugar, que el dato o elemento acreditado por el particular del documento designado por el recurrente tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo.

Resulta esencial, por consiguiente, que la exigida literosuficiencia del documento supone autonomía probatoria, es decir, que por su propio contenido y condición tenga capacidad demostrativa autónoma sin necesidad de acudir a conjeturas o argumentaciones ni precisar adición de otras pruebas ( Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1998 )

Presupuestos que no concurren en el caso que examinamos, al haber podido valorar el Tribunal de instancia otras pruebas, a las que se ha hecho antes mención, distintas de las que se señalan como documentos, que además de no gozar de literosuficiencia, tampoco evidencian error en el Tribunal de instancia ni la inocencia de los acusados.

El motivo debe ser desestimado.

RECURSO INTERPUESTO POR Luis Pablo

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Se omite la mención de documento alguno que pudiera acreditar el error en que se dice ha incurrido el Tribunal sentenciador.

Parece ser que lo que se cuestiona es la existencia de prueba de cargo para construir el relato fáctico en el que se sustenta la calificación jurídica de complicidad atribuida al ahora recurrente.

El propio recurrente reconoce, en el acto del juicio oral, que acompañó a Luis Francisco en la compra de dos de los vehículos, compra en la se utilizó documentación falsa, y el Tribunal de instancia ha podido valorar igualmente la declaración del coacusado Luis Francisco, que resulta especialmente esclarecedora sobre la intervención que tuvo el ahora recurrente, a quien atribuye todas las gestiones para la adquisición de los vehículos a cambio de una comisión. También se recibió declaración a los representantes de las entidades perjudicadas.

Así las cosas, han existido pruebas de cargo, legítimamente obtenidas, sin que se aprecie error en la valoración de la prueba, como antes se ha dejado expresado, al no señalarse documento alguno que pudiera acreditarlo.

El motivo debe ser desestimado.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 29 del Código Penal .

El motivo aparece enfrentado a los hechos que se declaran probados respecto a este acusado, que contribuyó eficazmente a la adquisición de dos vehículos por parte del coacusado Luis Francisco que utilizó de documentos falsos para esa adquisición, lo que ha permitido al Tribunal de instancia, atendiendo a las declaraciones escuchadas, alcanzar la convicción de que este acusado estaba impuesto de los medios fraudulentos utilizados para la adquisición de los vehículo, convicción que de ningún modo puede considerarse arbitraria o contraria a las reglas de la lógica y la experiencia.

La cooperación ofrecida por este acusado a la conducta delictiva incardina en una participación como cómplice, apreciada correctamente en la sentencia recurrida, no produciéndose, por consiguiente, la infracción legal que se denuncia.

Respecto a su adhesión al recurso interpuesto por Luis Francisco, habrá que estar a lo que se exprese respecto a ese recurrente.

El motivo no puede prosperar.

RECURSO INTERPUESTO POR Braulio

UNICO.- En el único motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 250.6 del Código Penal .

El motivo debe ser estimado por las mismas razones expresadas al examinar igual alegación realizada por los recurrentes Mauricio y Cesar.

Con ese mismo alcance, el motivo debe ser estimado.

RECURSO INTERPUESTO POR Manuel

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 390 del Código Penal y por falta de aplicación del artículo 77 del mismo texto legal .

Se cuestiona la condena impuesta por el delito de falsedad en documento oficial ya que se sustenta en la presentación de una copia de la declaración de la renta sin que se declare probado que dicha copia estuviese falsificada y por otra parte se alega que se trata de una mera copia y no del original. Se añade que las nóminas falsificadas han sido consideradas por el Tribunal de instancia como documentos privados y que en su caso existiría un concurso de delitos entre la estafa y la falsedad.

En el relato fáctico de la sentencia de instancia, en el que deben estar expresados los elementos básicos que integran la figura delictiva objeto de acusación, con relación al delito de falsedad en documento oficial al que se refiere el presente motivo, lo único que se dice es que presentaron un impreso de declaración de la renta del año 1995, con etiquetas a nombre de Carlos José, más adelante se dice que se presentaron unos impresos de declaración de la renta del año 1995, con etiquetas de Luis Francisco, también se dice que presentaron como documentación unos impresos de declaración de la renta con etiquetas de Braulio y, por último, también se consigna que se ocuparon a Braulio copias originales de la declaración de la renta del año 1995, con las etiquetas a su nombre.

En ningún momento se declara probados que esas declaraciones o impresos fueran mendaces o se faltara a la verdad sobre la persona a la que correspondían sin que pueda completarse ese relato fáctico con los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida cuando la omisión afecta a aspectos esenciales de la conducta presuntamente delictiva, sin cuya presencia no existe subsunción típica.

Por lo que se deja expresado, el motivo debe ser estimado, dejándose sin efecto la condena por falsedad en documento oficial.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 390 del Código Penal, en relación con el artículo 74 del mismo texto legal .

Al no existir delito de falsedad en documento oficial, por las razones expresadas al examinar el anterior motivo, queda sin contenido el presente motivo en el que se cuestiona la continuidad de dicha figura delictiva.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios y con carácter subsidiario por falta de aplicación del artículo 21.1 y aplicación indebida del artículo 66, ambos del Código Penal .

Se alega, en defensa del motivo, que la ludopatía y la politoxicomanía que padece el recurrente debió superar la mera atenuante y que constituye causa de exención semiplena de la responsabilidad criminal o subsidiariamente una atenuante muy cualificada, debiéndose reducir la pena en dos grados.

Se señala como documento que evidencia el error en el que se dice ha incurrido el Tribunal de instancia, al no apreciar la eximente incompleta o la atenuante muy cualificada, el informe emitido por el perito de la defensa Sr. Humberto.

Examinadas las actuaciones puede comprobarse que mencionado perito, que declara ser Médico psiquiatra y médico forense en excedencia, dictamina en el acto del plenario que el acusado Manuel padece trastorno de la personalidad, ludopatía y adicción a las drogas que su trastorno de la personalidad conlleva una inadaptación familiar social laboral que le ha llevado al consumo inmoderado de alcohol y drogas, que ese trastorno de la personalidad no supone una alteración intelectual aunque supone una limitación fuerte de su voluntad; que sabe lo que hace y es consciente de la antijuricidad pero no de sus consecuencias, que cree que sigue siendo consumidor de drogas pero que no lo ha analizado y que no tiene la realidad deformada porque no es psicótico.

Este informe es tenido en cuenta por el Tribunal de instancia para apreciar una atenuante sin que de dicho informe se infiera que la capacidad de culpabilidad de este acusado estuviera tan seriamente afectada o su padecimiento fuera tan intenso, que procediese la aplicación de una eximente incompleta o atenuante muy cualificada.

Tiene declarado esta Sala, como es exponente la Sentencia de 4 de mayo de 2000 , que la psiquiatría actual ha sustituido el término psicopatía por el de trastorno de la personalidad que consiste en deficiencias psicológicas que, sin constituir una psicosis, afectan a la organización y cohesión de la personalidad y a un equilibrio emocional y volitivo. Se caracterizan ciertamente por su variedad por constituir desviaciones del carácter respecto del tipo normal y pueden ser más o menos acentuadas, pudiendo incluso ser expresión -tras la redacción actual del art. 20.1º del nuevo Código penal - de anomalías o alteraciones psíquicas, pudiendo encuadrarse en la eximente incompleta del art. 21.1º, cuando alcanzan especial afectación a la capacidad de comprensión o a la motivación de la conducta del sujeto.

En el supuesto que se examina, acorde con el propio informe del perito de la defensa, el acusado era capaz de comprender la ilicitud de los hechos en el momento de comisión de los mismos, y por ello tenía aptitud para ser motivado hacia una conducta distinta por la norma que prohíbe defraudar a otra persona, de ahí que aparezca correcta la subsunción realizada por el Tribunal de instancia de que concurre una atenuante atendido el alcance de la alteración de su personalidad.

No se ha producido el error en la apreciación de la prueba que se denuncia y el motivo debe ser desestimado.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 66 del Código Penal, en relación con el artículo 390 del mismo texto legal y de modo subsidiario, al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , se invoca vulneración del derecho de igualdad que proclama el artículo 14 de la Constitución .

Se alega que las penas de prisión impuestas por los delitos de estafa y falsedad lo han sido sin tener en cuenta la concurrencia de una circunstancia atenuante, habiéndosele impuesto la misma pena que a los otros acusados en quienes no concurre ninguna atenuante.

La estimación del motivo que niega la existencia del delito de falsedad en documento oficial y la ausencia de motivación en la individualización de la pena determina que este motivo carezca de contenido.

En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , se invoca vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, en relación al artículo 24.1 de la Constitución y por inaplicación del artículo 21.6 del Código Penal .

Se solicita la apreciación de una atenuante analógica por haberse producido dilaciones indebidas.

El motivo no puede prosperar.

Esta Sala tiene declarado que los criterios a tener en cuenta para determinar si se han producido o no dilaciones indebidas pueden ser variados, recogiéndose como tales: a) la naturaleza y circunstancias del litigio, singularmente su complejidad, debiendo prestarse exquisito cuidado al análisis de las circunstancias concretas; b) los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo; c) la conducta procesal correcta del demandante, de modo que no se le pueda imputar el retraso; d) el interés que en el proceso arriesgue el demandante y consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes y e) la actuación del órgano judicial que sustancia el proceso y consideración de los medios disponibles.

El Tribunal de instancia ha tenido en cuenta estos criterios al rechazar la atenuante que se postula por dilaciones indebidas, señalando que independientemente de la extensión y complejidad de la causa, las dilaciones han sido producidas por los propios acusados y sus defensas; así el extraordinario plazo transcurrido para la calificación provisional de los hechos por aquellos así como haber provocado dos suspensiones del juicio oral, una de ellas precisamente por el acusado Manuel al renunciar al abogado que le defendía.

Por las razones expresadas por el Tribunal de instancia, no concurren los presupuestos que permitirían apreciar unas dilaciones indebidas con efectos atenuantes.

Por último es de remitirse a lo expresado respecto a los recursos formalizados por los acusados Braulio, Cristobal, Cesar y Mauricio, Luis Francisco y Luis Pablo a los que se adhiere el ahora recurrente.

RECURSO INTERPUESTO POR Luis Francisco

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Se dice que el Tribunal de instancia ha incurrido en error al imponerle, como responsabilidad civil, una indemnización a favor de PSA Credit por importe de 8.441, 69 euros cuando esa entidad ha renunciado al resarcimiento de daños y perjuicios (folios 976 y 977) al haber recuperado el vehículo.

El motivo, que es apoyado por el Ministerio Fiscal, debe ser estimado, en cuanto cualquier parte perjudicada puede renunciar al resarcimiento de daños y perjuicios, al regirse la responsabilidad civil por el principio dispositivo, y realizada tal renuncia no procede pronunciamiento sobre dicha responsabilidad.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 250.6 del Código Penal .

Se alega que no concurren los presupuestos para apreciar la agravante prevista en el en el número 6º del artículo 250 del Código Penal , de que revista especial gravedad, atendiendo al valor de la defraudación.

Como se ha expresado con anterioridad al examinar igual invocación, el Tribunal de instancia no ofrece explicación alguna para justificar la aplicación de esa agravante y ello obliga a esta Sala a una estimación del motivo, excluyéndose la apreciación de la mencionada agravante, y como igualmente está ausente toda explicación sobre la individualización de la pena, a lo que no se hace mención alguna, lo que es exigible, determina que se imponga la pena mínima de seis meses de prisión por el delito de estafa.

RECURSO INTERPUESTO POR Cristobal

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución .

Se alega por el recurrente que su condena se sustenta básicamente en la declaración del coacusado Manuel en el acto del plenario, lo que se dice está en contra de lo manifestado por otros testigos que atribuyen al mencionado acusado la entrega de la documentación en el concesionario y que se limitan a decir que el ahora recurrente estaba presente.

También se dice que de existir prueba no sería respecto a un delito continuado de estafa ya que sólo hubo un engaño consumado.

Son tres las operaciones de compra con documentación falsa (nóminas) y posterior reventa a menor precio en las que ha intervenido el ahora recurrente y en concreto en las que aparecen numeradas en el relato fáctico como números dos, cinco y siete, referidas a adquisiciones de vehículo "Megane" en Automóviles La Torrecilla, en la que participó este acusado, junto con el coacusado Manuel, hasta el extremo de que puso el vehículo a nombre de su esposa Margarita y procedió posteriormente a venderlo por un precio muy inferior; la segunda -cinco del relato fáctico- se refiere a la adquisición de un vehículo modelo "Almera" en el concesionario de Nissan en Linares; y en la tercera -séptima del relato fáctico- intervino por parte del concesionario la testigo Yolanda y la adquisición de un vehículo modelo "Vanette", habiendo comparecido a efectuar la compra el ahora recurrente y el coacusado Braulio, adquisición que no llegó a materializarse al apercibirse la financiera de la falsedad de la documentación aportada.

El propio recurrente reconoce en el acto del juicio oral que acompañó a Manuel al concesionario a comprar el vehículo modelo "Megane" en Torrecilla que lo compró unos días después, y que lo vendió posteriormente porque detectó anomalías. Venta que asimismo viene corroborada por su esposa Margarita quien declara que su esposo le dijo a los pocos días que el vehículo había que venderlo porque tenía problema de papeles. Igualmente manifestó el ahora recurrente que fue a la Nissan a dar una explicación de las operaciones, ya que le conocían, pero que no intervino y que sí estuvo en la operación de Sierra Nevada.

El coacusado Manuel declara en el acto del plenario que fue precisamente el ahora recurrente, Cristobal, quien llevó la documentación que le había entregado otra persona, y que fue Cristobal quien preparó la operación y que era quien se encargaba de las nóminas y demás papeles.

El testigo Pedro Jesús declara en el acto del juicio oral que compró el "Megane" a Cristobal y que estaba nuevo, y que tenía algo más de un mes y pocos kilómetros y que le dijo que lo quería vender porque no le gustaba, extremos corroborados por el testimonio de Elvira. Asimismo declaró la testigo Yolanda sobre la intervención del ahora recurrente. Asimismo se recibió declaración a los funcionarios policiales que llevaron la investigación sobre las operaciones realizadas por los acusados y entre ellos al ahora recurrente.

Así las cosas, el Tribunal de instancia pudo valorar las declaraciones del propio recurrente, de su esposa, de varios de los coacusados, especialmente Manuel, testificales y documentación aportada, pruebas legítimamente obtenidas en el acto del plenario y que contrarrestan el derecho de presunción de inocencia invocado.

La continuidad delictiva surge de la pluralidad de operaciones de adquisición y venta de vehículos, utilizando similar procedimiento y que responden a un mismo plan, sin que su apreciación influya en la determinación de la pena haberse impuesto la mínima por el delito de estafa, por las razones expresadas en motivos anteriores, en los que asimismo se explica la absolución por el delito de falsedad.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción, por aplicación indebida, de los artículos 248, 249, 250.6 y 74 del Código Penal .

Se alega que no concurren los requisitos precisos para apreciar un delito de estafa, negando la existencia de engaño.

El cauce procesal esgrimido exige un riguroso respeto al relato fáctico de la sentencia de instancia, en el que concurre los elementos que caracterizan el delito de estafa apreciado, incluido el engaño bastante, siendo de reiterar lo expresado para rechazar igual motivo formalizado por otros de los acusados recurrentes.

Es asimismo de dar por reproducidas las razones que se han tenido en cuenta para no apreciar la agravante prevista en el número 6º del artículo 250 del Código Penal , salvo este extremo, el motivo debe ser desestimado.

III.