STSJ Comunidad de Madrid 1/2019, 2 de Enero de 2019
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid, sala civil y penal |
| Fecha | 02 Enero 2019 |
| Número de resolución | 1/2019 |
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Domicilio: C/ General Castaños, 1 - 28004
Teléfono: 914934850,914934750
31001590
NIG: 28.079.00.2-2017/0094654
Procedimiento Nulidad laudo arbitral 42/2017
Materia: Arbitraje
Demandante: D./Dña. Luis Manuel
PROCURADOR D./Dña. JOSE ANTONIO MORENO ALMONACID
Demandado: AGENCIA SERVICIOS MENSAJERIA, S.A.
PROCURADOR D./Dña. SUSANA DE LA PEÑA GUTIERRE
SENTENCIA Nº 1/2019
Excmo. Sr. Presidente:
D. Francisco Javier Vieira Morante
Ilmos. Sres. Magistrados:
Ilmo. Sr. Magistrado Don Francisco José Goyena Salgado
Ilmo. Sr. Magistrado D. Jesús María Santos Vijande
En Madrid, a dos de enero de dos mil diecinueve
El 5 de junio de 2017 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia la demanda formulada por el procurador D. JOSÉ ANTONIO MONTERO ALMONACID, en nombre y representación de Luis Manuel , asistido por el Letrado D. Atilano Vidal Fole ejercitando, contra la mercantil "AGENCIA SERVICIOS MENSAJERÍA, S.A.", acción de anulación del Laudo con nº de expediente NUM000 , de fecha 22 de febrero de 2017, que dicta el Tribunal Arbitral de la JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Por Decreto de fecha 26 de marzo de 2018 se admitió a trámite la demanda supra referenciada, acordando dar traslado a la parte demandada, al que se emplazó en legal forma, para contestación de la demanda formulada.
No comparecida la parte demandada en el plazo fijado, se la declaró inicialmente en rebeldía, personándose posteriormente, fuera del plazo para contestar a la demanda.
Por Auto de fecha 8 de junio de 2018 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la documental aportada por la parte demandante y señalándose para deliberación.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Goyena Salgado, quien expresa el parecer unánime del Tribunal.
El Laudo impugnado desestima la demanda de arbitraje formulada por D. Luis Manuel , ejercitando una reclamación de cantidad, por incumplimiento de contrato, frente a la mercantil "AGENCIA SERVICIOS MENSAJERÍA, S.A.", y solicitando se condenada al pago de la cantidad de 800 euros, en concepto de indemnización, así como a la anulación de la factura de cargo contra el mismo, por importe de 2.128,01 euros.
Frente a dicha resolución se insta la presente demanda de anulación del laudo dictado, con base en las alegaciones y fundamentos que estimó oportunos y solicitando se declare nulo el laudo y se deje sin efecto.
Se alega por la parte demandante, como motivos de nulidad los previstos en los apartados b y d del art. 41, de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje .
Establece el Art. 41.1: "El laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe:
-
Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.
-
Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se ha ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se ha ajustado a esta ley."
Señala la demanda que la tramitación del expediente, el propio acto de la vista celebrada y en consecuencia la valoración efectuada por el órgano competente que le lleva a desestimar la reclamación de esta parte, se efectuaron sin la preceptiva intervención del Vocal representante de Usuarios, precisamente la persona encargada de velar por los derechos del reclamante, estando por el contrario debidamente representada y defendida la parte demandada, merced a la intervención en el procedimiento del Vocal representante de la Agencia de Carga.
Dicha circunstancia, a juicio de la parte demandante, infringe bien el apartado b) o el d), o ambos, del citado art. 41 de la Ley de Arbitraje .
Sin perjuicio de los motivos alegados por la parte en su demanda de impugnación del laudo arbitral, la Sala, al amparo de lo dispuesto en el art. 41.2 LA, reparó en que el Laudo aparece dictado por un número par de árbitros y, en concreto, en ausencia del Vocal representante del sector de Usuarios.
Como es sabido, y así lo tiene señalado esta Sala en varias resoluciones, por todas la reciente sentencia de fecha 11 de diciembre de 2018 : "...el art. 41.2 LA dispone: " Los motivos contenidos en los párrafos b) [que una parte no haya sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no haya podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos] , e) [que los árbitros hayan resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje] y f) [que el laudo sea contrario al orden público] del apartado anterior podrán ser apreciados por el Tribunal que conozca de la acción de anulación de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en relación con los intereses cuya defensa le esté legalmente atribuida ".
Pues bien, cumple recordar ahora lo que esta Sala ya ha dicho en repetidas ocasiones acerca del alcance de este precepto. En palabras de nuestra Sentencia 74/2015, de 23 de octubre (ROJ STSJ M 12653/2015 ), FJ 3:
" La doctrina es unánime al considerar que esta importante novedad de la vigente Ley de Arbitraje está inspirada o, por mejor decir, es reiteración -salvo en lo que concierne a la referencia al apartado b), que fue introducido, por razones muy atendibles, en virtud de enmienda parlamentaria de los Grupos Socialista y Vasco- de lo establecido en el art. 34.2.b) de la Ley UNCITRAL , según el cual el laudo puede ser anulado de oficio cuando el Tribunal compruebe: i) que, según la Ley del Estado del foro, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; y ii) que el Laudo es contrario al orden público de ese Estado.
Es evidente que con esta previsión normativa se acentúa claramente el control jurisdiccional sobre el arbitraje, pero tampoco existe duda -sino general conformidad- a la hora de sostener que esa previsión, trasunto, como decimos, de la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resoluciones 40/72, de 11.12.1985, y 61/33, de 4 de diciembre de 2006), está justificada, habida cuenta de que el examen de oficio se permite respecto de motivos que trascienden la simple voluntad de las partes y su poder de disposición, en el bien entendido, claro está, de que el laudo haya sido impugnado a instancia de parte -no se trata de que el Tribunal incoe de oficio el proceso de anulación.
También resulta incuestionado que este precepto entraña una ruptura real del principio de congruencia, por expresa previsión de la Ley, no estando limitado el Tribunal a decidir sólo sobre la base de los motivos alegados por las partes, sino también, según establece el art. 41.2 LA, atendiendo a aquellos otros que hayan podido ser apreciados de oficio por él mismo.
Si bien se mira, se trata, más que de una facultad del Tribunal, de un verdadero deber, dada la naturaleza pública de los intereses en juego, que es lo que explica la apelación legal al principio de oficialidad. Observancia de este deber que resulta tanto más exigible -desde el punto de vista del art. 14 CE , en su vertiente de igualdad en la aplicación judicial de la Ley- cuando, como es el caso, se da la circunstancia de que la Sala sentenciadora ha sentado una doctrina jurisprudencial en supuestos similares, de suerte que, si el laudo controvertido evidenciase los defectos señalados en esa doctrina, ello habría de conducir -salvo cambio jurisprudencial motivado- a una decisión jurisdiccional coincidente con la precedentemente adoptada "".
Razones de estricto orden lógico obligan a examinar con carácter previo, ante todo y sobre todo, si el Laudo incurre en una infracción del orden público que lo viciaría radicalmente y en su totalidad, cuál sería el haber sido dictado por un número par de árbitros. En tal caso, no habría lugar a pronunciarse sobre los concretos motivos planteados en la demanda, debiendo resolver en primer término si el Tribunal Arbitral ha estado debidamente constituido.
La certificación del Laudo impugnado, acredita que fue dictado por la Junta Arbitral del Transporte de Madrid, integrada por D. Candido -como Presidente- y por D. Cecilio , como Vocal representante del sector de Agencia de Carga Fraccionada, actuando como Secretaria -con voz, pero sin voto- Dª. Isabel , y en ausencia -"no comparece"- del Vocal representante del sector de Usuarios.
El caso presente guarda estrechísima similitud con el resuelto por esta Sala, entre otras, en las precitadas Sentencias 14/2016, de 9 de febrero ; 68/2016, de 2 de noviembre ; 25/2017, de 4 de abril ; y 53/2017, de 26 de septiembre , cuya motivación -FFJJ 2º y 3º; FJ 2º; FJ 3º y FJ 1º, respectivamente- ha de sustentar, en sus propios términos, la decisión anulatoria que procede acordar en esta causa.
Dijimos entonces (S. 14/2016) :
FJ SEGUNDO
" Cumple constatar que, en principio, es inconcusa la procedencia de declarar la nulidad de un Laudo dictado por un colegio arbitral integrado por un número par de árbitros. Lo hemos dicho en la Sentencia 4/2015, de 13 de enero (FJ 3 in fine ) -ROJ STSJ M 199/2015 -: " no cabe un colegio arbitral que actúe y eventualmente resuelva con un número par de miembros ". Y es que, como veremos con algún detalle, la previsión legal de que el número de árbitros haya de ser impar (" Las partes podrán fijar libremente el número de árbitros, siempre que sea impar , dice el art. 12.1 de la Ley 60/2003, de Arbitraje ), según criterio prácticamente unánime de jurisprudencia y doctrina, constituye un mandato legal de orden público, que, por...
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