ATS, 17 de Enero de 2018
| Ponente | FRANCISCO MARIN CASTAN |
| ECLI | ES:TS:2018:234A |
| Número de Recurso | 2897/2015 |
| Procedimiento | Casación |
| Fecha de Resolución | 17 de Enero de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Presidente Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan
A U T O
Auto: CASACIÓN
Fecha Auto: 17/01/2018
Recurso Num.: 2897/2015
Fallo/Acuerdo:
Ponente Excmo. Sr. D.: Francisco Marin Castan
Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 1 DE LOGROÑO
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
Escrito por: CMB/MJ
Auto: CASACIÓN
Recurso Num.: 2897/2015
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
Procurador: D. Ignacio Aguilar Fernández
D.ª M.ª José Bueno Ramírez
TRIBUNAL SUPREMO.
Sala de lo Civil
A U T O
Excmos. Sres.:
D. Francisco Marin Castan
D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
Dª. M.ª Ángeles Parra Lucán
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Enero de dos mil dieciocho.
La representación procesal de D. Luis Miguel presentó el día 29 de septiembre de 2015 escrito de interposición de recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha 21 de julio de 2015 por la Audiencia Provincial de La Rioja (Sección Primera), en el rollo de apelación n.º 153/2014 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 241/2013 del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Haro.
Mediante diligencia de ordenación de fecha 2 de octubre de 2015 se tuvo por interpuesto el recurso, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.
El procurador D. Ignacio Aguilar Fernández, en nombre y representación de D. Luis Miguel presentó escrito ante esta Sala con fecha 5 de octubre de 2015 personándose en calidad de parte recurrente. La procuradora D.ª María José Bueno Ramírez, en nombre y representación de Banco Popular Español, S.A. presentó escrito ante esta Sala con fecha 5 de octubre de 2015 personándose en calidad de parte recurrida.
Por providencia de fecha 29 de noviembre de 2017 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes personadas.
Mediante escrito presentado el día 12 de diciembre de 2017 la parte recurrente muestra su oposición a las causas de inadmisión puestas de manifiesto, entendiendo que el recurso cumple todos los requisitos exigidos en la LEC, mientras que la parte recurrida mediante escrito de fecha 19 de diciembre de 2017 se manifestó conforme con las posibles causas de inadmisión puestas de manifiesto por providencia de esta Sala de fecha 29 de noviembre de 2017.
Por la parte recurrente se ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .
Ha sido ponente el Excmo. Sr. Magistrado D.Francisco Marin Castan, a los solos efectos de este trámite.
El presente recurso de casación se interpone contra una sentencia recaída en juicio ordinario en el que la parte demandante, D. Luis Miguel interpuso demanda contra Banco Popular Español, S.A., en ejercicio de acción de anulación de participaciones subordinadas por error en el consentimiento.
Más en concreto la parte demandante indica en su demanda como objeto de la acción ejercitada los contratos de fecha 16 de octubre de 2009, denominado de valores u obligaciones necesariamente convertibles en acciones del Banco Popular y de fecha 16 de octubre de 2009, denominado de depósito y administración de valores La parte demandante solicitada se declare nula su adquisición por error en el consentimiento, con devolución de la cantidad de 90.000 euros, más intereses legales. Subsidiariamente ejercita acción de resolución de los citados contratos.
La parte demandada se opuso alegando que la información facilitada fue adecuada y suficiente.
La sentencia de primera instancia desestimó la demanda por entender que no hubo una defectuosa información del producto al demandante.
Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, el cual fue resuelto por la sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja, Sección Primera, de fecha 21 de julio de 2015 , la cual desestimó el recurso de apelación interpuesto, confirmando la sentencia de primera instancia.
Más en concreto la sentencia de la Audiencia Provincial que ahora es objeto de recurso, tras la valoración de la prueba, señala que no puede considerarse acreditada la existencia de un error en el contratante puesto que se le suministró la información detallada de todos los elementos esenciales del contrato tanto documentalmente como verbalmente. Añade que el cliente acudió voluntariamente a la propia entidad de la que no era cliente con la idea concreta de contratar tal producto con base en la información suministrada por un amigo suyo que también había contratado el producto, recibiendo la pertinente información, contando con tiempo suficiente para sopesar su decisión sobre la base de la información recibida en los días que mediaron desde la explicación a la efectiva contratación, contando con elementos de juicio suficientes para valorar el riesgo que la operación podía implicar, riesgo al que no era ajeno por su propio historial de contratación en fondos de inversión.
Dicho procedimiento fue tramitado en atención a una cuantía inferior a los 600.000 euros por lo que su acceso a la casación habrá de hacerse a través del ordinal 3º del art. 477.2 LEC .
El escrito de interposición, en cuanto al recurso de casación, se articula en un motivo único en el que tras citar como preceptos legales infringidos los artículos 1261 a 1265 del Código Civil , en relación con el artículo 1300 del mismo cuerpo legal y el artículo 79 bis de la Ley de Mercado de Valores en su redacción dada por la Ley 27/2007, de 19 de diciembre y el RD 217/2008, se alega la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales. Como fundamento del interés alegado se citan como opuestas a la recurrida las sentencias de esta Sala de fechas 7 de julio de 2015 y 20 de enero de 2014 , así como las sentencias de la Audiencia Provincial de Palencia de fechas 30 de octubre de 2013 y 9 de julio de 2015 , de la Audiencia Provincial de Pontevedra de fechas 11 de febrero de 2014 y 8 de abril de 2014 , de la Audiencia Provincial de Cáceres de fecha 12 de febrero de 2014 , de la Audiencia Provincial de Cuenca de fecha 14 de abril de 2015 , de la Audiencia Provincial de Álava de fecha 2 de mayo de 2014 , de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 13 de mayo de 2015 , y de la Audiencia Provincial de Gerona de fecha 9 de abril de 2014 .
Argumenta la parte recurrente que la doctrina contenida en dichas resoluciones ha sido infringidas por la sentencia recurrida en tanto que en el presente caso concurren los requisitos exigidos por la jurisprudencia para apreciar la existencia de vicio invalidante del consentimiento. En concreto señala que el demandante tiene la condición de minorista, no habiéndose ofrecido por la entidad bancaria una información suficiente para comprender las características del producto y sus riesgos.
Pues bien, a la vista de lo expuesto y pese a las manifestaciones de la parte recurrente, el recurso de casación no puede prosperar por incurrir en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento por las siguientes razones:
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Atendido el contenido del recurso y las alegaciones de la parte recurrente debe tenerse en cuenta la sentencia de esta Sala de fecha 30 de noviembre de 2016, recurso nº 1636/2014 , la cual, recogiendo la doctrina de la Sala en la materia señala lo siguiente en cuanto a las obligaciones subordinadas:
"[...] Esta sala, en numerosas sentencias dictadas con relación al error vicio en la contratación de productos financieros complejos, ha declarado que la normativa reguladora del mercado de valores es fundamental para determinar si el error es excusable, puesto que establece para las empresas que operan en el mercado financiero una obligación de información a los clientes con estándares de claridad e imparcialidad muy elevados. Por tanto, si no se da esa información y el cliente incurre en error sobre esos extremos sobre los que debió ser informado, el error puede considerarse no solo sustancial, pues recae sobre los elementos esenciales que determinaron la prestación de su consentimiento, sino también excusable.
Quien ha sufrido el error merece en este caso la protección del ordenamiento jurídico puesto que confió en la información que le suministraba quien estaba legalmente obligado a un grado muy elevado de imparcialidad, exactitud, veracidad y defensa de los intereses de su clientela en el suministro de información sobre los productos de inversión cuya contratación ofertaba y asesoraba. Como declaramos en las sentencias de Pleno núm. 840/2013, de 20 de enero de 2014 , y 460/2014, de 10 de septiembre , «la existencia de estos deberes de información que pesan sobre la entidad financiera incide directamente sobre la concurrencia del requisito de la excusabilidad del error, pues si el cliente minorista estaba necesitado de esta información y la entidad financiera estaba obligada a suministrársela de forma comprensible y adecuada, el conocimiento equivocado sobre los concretos riesgos asociados al producto financiero complejo contratado en que consiste el error, le es excusable al cliente [...]".
Asimismo la sentencia de esta Sala de 25 de febrero de 2016, rec. 2578/13 , en la que se examina deuda subordinada indica lo siguiente:
[...]Pero cuando, como ocurre en la contratación en el mercado de valores, el ordenamiento jurídico impone a una de las partes un deber de informar detallada y claramente a la contraparte sobre las presuposiciones que constituyen la causa del contrato, como es el caso de los riesgos en la contratación de productos y servicios de inversión, para que el potencial cliente pueda adoptar una decisión inversora reflexiva y fundada ( art. 12 Directiva y 5 del anexo al Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo ), en tal caso, la omisión de esa información, o la facilitación de una información inexacta, incompleta, poco clara o sin la antelación suficiente, determina que el error de la contraparte haya de considerarse excusable, porque es dicha parte la que merece la protección del ordenamiento jurídico frente al incumplimiento por la contraparte de la obligación de informar de forma veraz, completa, exacta, comprensible y con la necesaria antelación que le impone el ordenamiento jurídico.
9.- Que los clientes hubieran contratado anteriormente productos similares no conlleva que tuvieran experiencia inversora en productos financieros complejos, si en su contratación tampoco les fue suministrada la información legalmente exigida. Como ya declaramos en las sentencias núm. 244/2013, de 18 de abril , y 769/2014, de 12 de enero de 2015 , para la entidad de servicios de inversión la obligación de información que establece la normativa legal del mercado de valores es una obligación activa, no de mera disponibilidad. Es la empresa de servicios de inversión la que tiene obligación de facilitar la información que le impone dicha normativa legal, no sus clientes, inversores no profesionales, quienes deben averiguar las cuestiones relevantes en materia de inversión y formular las correspondientes preguntas. Sin conocimientos expertos en el mercado de valores, el cliente no puede saber qué información concreta ha de demandar al profesional. El cliente debe poder confiar en que la entidad de servicios de inversión que le asesora no está omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante. Como hemos afirmado en las sentencias núm. 244/2013, de 18 de abril , 769/2014, de 12 de enero de 2015 , y 489/2015, de 15 de septiembre , la actuación en el mercado de valores exige un conocimiento experto. El hecho de tener un patrimonio considerable, o que los clientes hubieran realizado algunas inversiones previas no los convierte tampoco en clientes expertos, puesto que no se ha probado que en esos casos se diera a los demandantes una información adecuada para contratar el producto con conocimiento y asunción de los riesgos de una inversión compleja y sin garantías. La contratación de algunos productos de inversión con el asesoramiento de Caixa Catalunya, sin que la entidad pruebe que la información que dio a los clientes fue mejor que la que suministró en el caso objeto del recurso, y en concreto, que fue la exigida por la normativa del mercado de valores, solo puede indicar la reiteración de la entidad financiera en su conducta incorrecta, no el carácter experto de los clientes. [...]».
En la base fáctica que deriva de la sentencia recurrida se considera probado que al demandante se le suministró la información detallada de todos los elementos esenciales del contrato tanto documentalmente como verbalmente. Añade que el cliente acudió voluntariamente a la propia entidad de la que no era cliente con la idea concreta de contratar tal producto con base en la información suministrada por un amigo suyo que también había contratado el producto, recibiendo la pertinente información, contando con tiempo suficiente para sopesar su decisión sobre la base de la información recibida en los días que mediaron desde la explicación a la efectiva contratación, contando con elementos de juicio suficientes para valorar el riesgo que la operación podía implicar, riesgo al que no era ajeno por su propio historial de contratación en fondos de inversión, elementos fácticos los expuestos que son absolutamente eludidos en el planteamiento del recurso de casación.
En consecuencia vista la doctrina de la Sala en la materia en este momento se ha producido una desaparición del interés casacional alegado, tal como esta Sala ya ha apreciado en AATS de 18 de marzo de 2015, rec. 2584/2012 y rec. 1744/2012 , entre otros, dictados en fase de admisión de recurso interpuestos en litigios sobre nulidad de contratos de permuta financiera (swaps) por error vicio del consentimiento, siguiendo, además, un criterio ya aplicado por esta Sala en distintas materias jurídicas (AATS de 28 de mayo de 2013, recursos 2375/2011 , 636/2012 y 184/2012, de 9 de abril de 2013 , recurso n.º 1162/2012 , y de 21 de enero de 2014, recurso n.º 285/2013 ), pues atendida la base fáctica de la sentencia recurrida, a la que anteriormente se ha hecho mención, se considera acreditado que el cliente supo el alcance del riesgo de las operaciones que firmó y que hubo la información exigible por parte del banco, de suerte que el criterio de la sentencia recurrida al no apreciar la existencia de error esencial y excusable no contradice el criterio de esta Sala.
Estamos ante una situación equiparable a la pérdida del efecto útil del recurso ( SSTS de 9 de marzo de 2010 , rec. 456 / 2006, 10 de octubre de 2011 , rec. 1557 / 2008), pues su admisión indiscriminada basada en el mero cumplimiento de los requisitos formales de acreditación del interés casacional nunca podría llevar a la modificación del fallo; así pues, resulta apreciable la causa de no-admisión concurrente es la prevista en el 483.2.4ª LEC, en relación con el artículo 477.2.3 LEC , de inexistencia de interés casacional pues objetivamente contemplada la sentencia recurrida no se contradice con los criterios jurisprudenciales de esa Sala.
Respetada la base fáctica de la sentencia recurrida ninguna infracción se ha cometido por esta última de la jurisprudencia señalada, partiendo la parte recurrente en todo momento para justificar su pretensión de la existencia de error en la contratación, error que es negado por la sentencia recurrida. A tales efectos se debe recordar que es doctrina constante de esta Sala que la casación no constituye una tercera instancia y no permite revisar la valoración de la prueba realizada por los Tribunales de apelación, pues su función es la de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento a la cuestión de hecho, que ha de ser respetada ( sentencias núm. 142/2010, de 22 de marzo ; 56/2011, de 23 febrero ; 71/2012 de 20 febrero ; 669/2012, de 14 de noviembre ; 147/2013, de 20 de marzo ; 5/2016, de 27 de enero y 41/2017, de 20 de enero ; entre otras muchas). Como consecuencia de lo cual, en el recurso de casación se ha de partir necesariamente del respeto a los hechos declarados en la sentencia recurrida, lo que en el presente caso no hace el recurrente.
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En consecuencia el interés casacional alegado por la parte recurrente no se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en la Sentencia a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia un supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose del resultado de hecho y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, de suerte que no estamos sino ante una cita de norma infringida meramente instrumental y, subsiguientemente, ante un interés casacional artificioso y, por ende, inexistente, incapaz de realizar la función de unificación jurisprudencial propia del recurso desde el momento en que responde a una situación fáctica distinta de la apreciada por la resolución recurrida, faltando por tanto la acreditación del interés casacional alegado.
Las razones expuestas justifican la inadmisión del recurso interpuesto sin que las alegaciones realizadas tras la puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión supongan una alteración de dichos razonamientos habida cuenta que la parte recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en el recurso ahora examinado.
Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4 LEC , dejando sentado el art. 483.5 que contra este Auto no cabe recurso alguno.
Siendo inadmisible el recurso de casación a parte recurrente perderá el depósito constituido de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª , apartado 9, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .
Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida procede imponer las costas a la parte recurrente.
En virtud de lo expuesto,
LA SALA ACUERDA :
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) Inadmitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Luis Miguel contra la sentencia dictada con fecha 21 de julio de 2015 por la Audiencia Provincial de La Rioja (Sección Primera), en el rollo de apelación n.º 153/2014 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 241/2013 del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Haro.
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) Declarar firme dicha Sentencia.
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) Imponer las costas a la parte recurrente, que perderá el depósito constituido.
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) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta Sala.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 483.5 de la LEC contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como secretario, certifico
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