ATS, 11 de Octubre de 2017
| Ponente | JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA |
| ECLI | ES:TS:2017:9673A |
| Número de Recurso | 712/2017 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 11 de Octubre de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a once de Octubre de dos mil diecisiete.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana
Por el Juzgado de lo Social Nº 39 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 28 de septiembre de 2015 , en el procedimiento nº 745/15 seguido a instancia de D. Fausto contra SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑA EXPANSIÓN EXTERIOR, S.A., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 19 de diciembre de 2016 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 7 de febrero de 2017 se formalizó por el Letrado D. Fernando Pérez-Espinosa Sánchez en nombre y representación de D. Fausto , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 22 de junio de 2017, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
La cuestión que se suscita se limita a determinar si concurren las causas económicas alegadas por la entidad demandada - Sociedad Estatal España Expansión Exterior SA- para justificar el despido objetivo del actor, que prestaba servicios para ella, con una antigüedad de 10/02/2014 y la categoría de técnico comercial, hasta que la referida entidad le comunicó la extinción del contrato por causas objetivas de índole productiva, económica, y organizativa, debido, por ese orden - la primera - a los cambios legislativos producidos que "originaron un impacto negativo en los ingresos de la Compañía; la negativa evolución del estado de la cartera de proyectos, la pérdida recurrente del volumen de negocio-ingresos en el periodo 2012-2014, el estado del presupuesto a febrero de 2015 y la negativa evolución de los ingresos del Área de Apoyo a la empresa; en cuanto a las económicas, se señala "la delicada situación financiera en el periodo 2012-2014, analizando igualmente los resultados de 2015; y las organizativas, con arreglo a los datos derivados de la plantilla de la Sociedad puesta en relación con los costes de personal y los ratios por empleado".
La empresa demandada que opera en el mercado en proyectos internacionales desde hace más de 60 años, es de capital 100% público, y desde 1982 depende de la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente a su vez del Ministerio de Economía, constando que ha venido sufriendo una evolución negativa en su actividad de apoyo a las empresas y se ha visto afectada en gran manera por las medidas de racionalización del sector público y del recorte del gasto que tuvieron lugar en el año 2014, resultando igualmente que la empresa puso en marcha en el año 2012 un plan de austeridad que se ha revelado insuficiente y que sus ingresos se han desplomado entre los años 2012 y 2014. En particular, la empresa dejó de tener actividad procedente del Área de Medio propio a partir de abril de 2015, al haberse producido una atribución de dicha rama de actividad al ICEX, e igualmente, la actividad de gestión del fondo y servicios de asesoramiento a los programas del FONPRODE, pasó a desempeñarla la Compañía Española de Financiación al Desarrollo. Por otra parte, en junio de 2014 finalizó la encomienda para el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Todo lo cual supone una reducción de más del 70% del volumen de ingresos. Resalta la Sala también que la Ley 15/2014 autorizó la sucesión universal del activo y pasivo de la empleadora a favor del ICEX, lo que vino a culminar un proceso de reorganización de la actividad, habiendo pasado 19 trabajadores de la demandada al ICEX, lo que resulta lógico cuando esta última empresa ha asumido una parte importante de la actividad de la demandada, sin que tal dato altere la necesidad de amortizar otros puestos de trabajo de directivos, al constar un claro desajuste y sobredimensionamiento de la plantilla. Todo lo cual conduce a la sentencia impugnada a apreciar la necesidad de amortizar el puesto de trabajo del actor.
La sentencia de instancia desestimó la demanda de despido y la de suplicación ahora impugnada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 19 de diciembre de 2016 (R. 876/2016 ) confirma dicha resolución al considerar - en lo que a la cuestión casación la plantada interesa - que a la luz de los datos expresados, es claro que concurren las causas económicas y productivas alegadas, desestimando el recurso planteado por el trabajador.
El trabajador acude en casación para la unificación de doctrina insistiendo en la falta de acreditación de la causa económica alegada para justificar su despido y citando de contraste la sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de septiembre de 2014 (R. 231/2013 ), dictada en proceso de impugnación del despido colectivo llevado a cabo por la entidad de derecho público Agencia Pedro Laín Entralgo, y que dio lugar a la extinción del contrato de 77 trabajadores.
La sentencia declara el despido impugnado no adecuado por no cumplirse las exigencias legales y jurisprudenciales exigidas, y tras concluir: 1) Que no es contrario a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación que se extingan los contratos del personal temporal y no del personal fijo; 2) Que no puede examinarse en el procedimiento del art. 124 LRJS la vulneración del derecho a la libertad sindical por no haberse respetado la prioridad de permanencia en la empresa; 3) Que no se aprecia mala fe en las negociaciones; 4) Que no procede examinar en el procedimiento del art. 124 LRJS las irregularidades en la notificación de la decisión extintiva individual; 5) Que ha existido sucesión empresarial, puesto que la Dirección General de Investigación Formación e Infraestructuras Sanitarias de la Consejería de Sanidad de la CCAA Madrid, ha sucedido a la Agencia, si bien con posterioridad al despido y en los términos queridos por la Ley que dispone de la subrogación y 6) Que la entidad de los problemas económicos (pérdida de las subvenciones y resultados empresariales negativos entre 2010 y 2012) no tienen la gravedad necesaria para justificar la extinción colectiva de la inmensa mayoría de los contratos.
Lo expuesto evidencia que la contradicción no puede ser apreciada porque, de acuerdo con el art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS ), dicho presupuesto requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales (por todas, STS 04/02/2015, R. 96/2014 ).
Así, la sentencia recurrida examina un despido por causas objetivas, adoptado por causas económicas, productivas y organizativas, debido a que la sociedad demandada ha visto reducido su volumen de ingresos en un 70% como consecuencia de la sucesión universal de una rama de su actividad al ICEX y de la atribución de otra actividad a otra compañía, a lo que se añade que el cese de los trabajadores que pasaron a dicho Instituto determinó un desequilibrio en la plantilla, que pasó a tener 20 puestos operativos y 4 directivos. Sin embargo, la sentencia de contraste trae causa de un despido colectivo y la Sala, si bien aprecia la situación económica negativa, declara que los despidos no son ajustados a derecho por no acreditarse la necesaria proporcionalidad que debe existir entre las causas alegadas y el número de extinciones de contratos de trabajo, criterio que no utiliza la sentencia recurrida por cuanto la misma trae causa, precisamente, de un despido individual.
Por lo que, vistas las alegaciones de la parte recurrente, y de conformidad con lo establecido en los arts. 219.1 , 225.3.4 y 5 y 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, habiendo resuelto la Sala en el mismo sentido el recurso 582/2017. Sin imposición de costas.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Fernando Pérez-Espinosa Sánchez, en nombre y representación de D. Fausto contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 19 de diciembre de 2016, en el recurso de suplicación número 876/16 , interpuesto por D. Fausto , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 39 de los de Madrid de fecha 28 de septiembre de 2015 , en el procedimiento nº 745/15 seguido a instancia de D. Fausto contra SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑA EXPANSIÓN EXTERIOR, S.A., sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
