ATS, 12 de Julio de 2017
| Ponente | MILAGROS CALVO IBARLUCEA |
| ECLI | ES:TS:2017:7454A |
| Número de Recurso | 3641/2016 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 12 de Julio de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a doce de Julio de dos mil diecisiete.
Es Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Milagros Calvo Ibarlucea
Por el Juzgado de lo Social N.º 18 de los de Barcelona se dictó sentencia en fecha 27 de noviembre de 2015 , en el procedimiento n.º 760/2013 seguido a instancia de Alcayata y Tornillería SA contra D. Sebastián , sobre reclamación de cantidad, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 13 de junio de 2016 , que desestimaba el recurso interpuesto y en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 20 de septiembre de 2016, se formalizó por el letrado D. José Ruz García en nombre y representación de D. Sebastián , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 4 de abril de 2017, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 .
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18 de julio de 2008, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009 , R. 3014/2007 y 1138/2008 ), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010 , 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011 , 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011 .
La sentencia impugnada confirmada dictada en la instancia que ha estimado la demanda interpuesta por la empresa contra el trabajador, condenando el demandado a abonar a la mercantil 29.675, 15 €, correspondientes a prestaciones de desempleo. El 17-07-12 la empresa y el trabajador suscribieron un acuerdo transaccional en el que se contienen, entre otros, los siguientes extremos: la empresa reconoce adeudar los salarios de tramitación del 29-03-10 al 31-05-12 por un importe bruto de 59.404,38 €, netos 46.635,06. Con anterioridad se ha abonado el mes de junio de 2012, 17 días de julio de 2012 y la indemnización por despido objetivo. El total adeudado asciende a 53.559,06 € netos. Las partes presentan el acuerdo en el procedimiento de ejecución al objeto de que lo homologué judicialmente. El 02-10-12 la empresa presentó escrito en el Juzgado en el que se indicaba que, si bien se debía homologar el acuerdo alcanzado, no se habían descontado las prestaciones percibidas por el trabajador durante el periodo en el que ha estado en desempleo, y solicitaba que el trabajador ingresara ante el SPEE las cantidades percibidas en concepto de desempleo, pues de lo contrario supondría un enriquecimiento injusto. El acuerdo fue homologado por Auto de 09-10-12, que en su Fundamento de Derecho segundo indicaba "En cuanto a lo manifestado por el letrado de la parte demandada en relación a las posibles diferencias que pudieran existir en las cantidades abonadas a los trabajadores y las que, en su caso, hubieran percibido por desempleo, y atendido el acuerdo transaccional al que han llegado las partes, no procede en el presente procedimiento establecer dichas diferencias, sin perjuicio de que sea la Entidad Gestora correspondiente quien reclama a los trabajadores las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente." El 8-8-12 el SPEE comunicó a la empresa el inicio de expediente por la posible responsabilidad empresarial respecto al trabajador, por la cuantía de 29.675,15 €, y en fecha 11-10-12 dicho organismo dictó resolución en la que declaró la responsabilidad de la empresa, en una cuantía de 29.675,15 €, y por el motivo de "Readmisión al trabajo".
La Sala desestima el recurso del trabajador dirigido a evitar su condena. Fundamenta su decisión en que de los términos del acuerdo se desprende que la empresa nunca tuvo intención de asumir el coste de la devolución de la prestación de desempleo, ni quiso mejorar las sumas que reconocía adeudar en concepto de salarios de tramitación e indemnización y prueba de ello es que a la fecha de la firma desconocía que él SPEE le reclamaría lo que este había abonado al trabajador en concepto de prestación de desempleo. Pero además --continúa-- la empresa puso en conocimiento del Juzgado que no se habían descontado de los salarios de trámite las sumas percibidas del SPEE y que este ahora reclamaba, siendo el propio Juzgado el que decide que no procede descuento alguno por dicho concepto, porque entiende erróneamente que no es la empresa la que lo debe hacer sino que la Entidad Gestora debe reclamar al trabajador dicha suma. En definitiva, no se pactó que la empresa asumiera la devolución de la prestación de desempleo sin descuento alguno sobre los salarios, lo que significa que dicha suma la recibió de forma indebida el trabajador, obteniendo un enriquecimiento injusto. Por tanto --concluye-- para restaurar el equilibrio que se ha roto entre las partes debe ser condenado el trabajador a reintegrar la totalidad de la ventaja recibida.
El trabajador interpone recurso de casación para la unificación de la doctrina proponiendo como contradictoria la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 23 de noviembre de 2011 (R. 6927/2010 ). Dicha resolución confirma la desestimación de la demanda interpuesta por la empresa frente al trabajador en reclamación de cantidad por la prestación de desempleo abonado durante el período correspondiente al devengo de los salarios de tramitación. Las partes alcanzaron en el procedimiento de despido un acuerdo de conciliación ante el Juzgado n.º 26, el cual lo homólogó por auto de 29 de junio de 2009. En el se transaccionaron los efectos de dicho despido y también los derivados y pendientes del primer despido del trabajador, declarado nulo por el Juzgado n.º 10. La Sala desestima el recurso formulado por la empresa, razonando que cuando se produce el acuerdo conciliatorio, la empresa tenía perfecto conocimiento de la reclamación sobre responsabilidad en el reintegro de la prestación de desempleo percibida por el trabajador incoada por el SPEE --se notificó el 17 de octubre de 2008-- por lo que en dicho acuerdo podía y pudo deducir del importe de los salarios de tramitación abonados la cuantía que por el concepto de prestación de desempleo fue abonada por el SPEE y que se le reclamaba, sin que lo hiciera así, prefiriendo transaccionar cuantas cuestiones quedaban pendientes entre ambas partes.
De lo expuesto se desprende que las sentencias no son contradictorias. En particular, en la referencial cuando se alcanza el acuerdo conciliatorio la empresa tenía perfecto conocimiento de la reclamación incoada por el SPEE sobre el reintegro de la prestación de desempleo percibida por el trabajador, lo que unido a los términos de la transacción donde se pacta por los salarios de tramitación una cantidad neta, sin que consten los parámetros de su cálculo, lleva a la Sala a presumir que al momento de pactar la cantidad neta a abonar por la empresa al trabajador por el concepto de salarios de tramitación ya se tuvo presente la cantidad que la mercantil debía reintegrar por la prestación de desempleo. Por el contrario, la sentencia recurrida parte no sólo de un acuerdo transaccional en el que en él punto primero se indican con detalle las cantidades adeudadas en concepto de salarios de tramitación, sino también de que la empresa desconocía que el SPEE reclamaría lo que este había abonado en concepto de prestación de desempleo y que antes de la homologación del acuerdo la empresa puso en conocimiento del Juzgado que no se había descontado de los salarios de tramitación que se reconocían las sumas que había percibido del SPEE el trabajador.
De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, al no haber quedado desvirtuadas las causas que se hicieron constar en la providencia que abrió el incidente de inadmisión por el escrito de alegaciones. Sin que haya lugar a la imposición de costas al gozar la parte recurrente del beneficio de justicia gratuita.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. José Ruz García, en nombre y representación de D. Sebastián , contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 13 de junio de 2016, en el recurso de suplicación número 1445/2016 , interpuesto por D. Sebastián , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 18 de los de Barcelona de fecha 27 de noviembre de 2015 , en el procedimiento nº 760/2013 seguido a instancia de Alcayata y Tornillería SA contra D. Sebastián , sobre reclamación de cantidad.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
