STS 836/2009, 2 de Julio de 2009

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación al artículo 142.2 del mismo texto legal y artículo 120.3 de la Constitución y artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca quebrantamiento de forma por no expresarse clara y terminantemente los hechos que se declaran probados.

Se alega, en defensa del motivo que el relato fáctico se presenta impreciso y con falta de claridad, añadiéndose que es incomprensible por dubitativo y ambiguo.

Así se señala que incurre en tales defectos el que se diga "con el que había tenido algún episodio de disputa tiempo antes..."; y el que se establezca en relación al cuchillo que "bien lo portaba él o lo arrebató del cinto de Nicolas..."

La falta de claridad que se invoca en el presente motivo, de acuerdo con reiterada doctrina de esta Sala, se puede afirmar por la incomprensión de los hechos que se dejan probados, o porque aparezcan redactados confusa o dubitativamente, de tal modo que resulten inadecuados para servir de argumentación lógica al fallo. Y nada de eso sucede en el recurso que se examina, la narración es perfectamente clara y el fallo recaído acorde con los hechos que se dejan probados, sin que deba reflejarse en la narración fáctica extremos que, alegados por las partes, no han podido ser recogidos por el Tribunal al no deducirse, según su apreciación, de las pruebas practicadas; lo que no puede pretender la entidad recurrente es suplir o completar lo que entiende son omisiones, ello escapa del cometido del motivo esgrimido y, si el Tribunal de instancia no ha podido concretar, por insuficiencia de prueba, quien era el portador del cuchillo, es correcto que así lo declare, sin que ello implique falta de claridad cuando están perfectamente concretados los hechos básicos en los que se sustenta la calificación y el pronunciamiento condenatorio de la sentencia recurrida.

El motivo no puede prosperar.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 9.3 de la Constitución, se invoca error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Se alega que el Tribunal de instancia ha incurrido en error al no haber apreciado la grave afección psicopatológica que padecía el recurrente, lo que hubiera permitido aplicar circunstancias modificativas de la responsabilidad penal por alteración psíquica determinantes, cuanto menos, de la exención o semiexención de la pena impuesta.

Asimismo se dice que el Tribunal de instancia ha incurrido en error en relación a la distancia y el modo en el que se habían producido los disparos efectuados por el recurrente.

En apoyo del primer extremo de este motivo se señalan los informes médicos emitidos por los doctores D. Isaac - folio 253, informe de 31 de octubre del año 1997- y D. Pelayo -folio 255-, emitido el 20 de agosto de 1993, indicándose que por el primero se dictamina que " A causa de sus alteraciones y limitaciones psíquicas, su voluntad está muy disminuida de forma permanente "; y por el segundo que " Por todo ello cree el informante que el explorado se halla afecto de importantes trastornos de la personalidad, por lo que, en muchas ocasiones, la voluntariedad reflexiva de sus actos le estaría notoriamente disminuida "

Ha señalado esta Sala en numerosas sentencias, (496/99, de 5 de abril, y 1340/2202, de 12 de julio, entre otras), que este motivo de casación exige, como requisitos, los siguientes: en primer lugar ha de fundarse en una verdadera prueba documental, quedando excluidas las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; en segundo lugar, que el documento sea literosuficiente, es decir, que evidencie el error cometido por el juzgador al consignar algún elemento fáctico o material de la sentencia, por su propio contenido, sin tener que recurrir a otras pruebas ni a conjeturas o complejas argumentaciones; en tercer lugar, que sobre el mismo extremo no existan otros elementos de prueba, pues en ese caso se trata de un problema de valoración sometido a las reglas generales que le son aplicables; y, finalmente, en cuarto lugar, que el dato o elemento acreditado por el particular del documento designado por el recurrente tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo.

Son exigencias propias de un documento casacional el que goce de literosuficiencia y autonomía probatoria, es decir, que por su propio contenido y condición tenga capacidad demostrativa autónoma sin necesidad de acudir a conjeturas o argumentaciones ni precisar adición de otras pruebas.

Y tratándose de pruebas periciales, es igualmente doctrina reiterada de esta Sala que no constituyen documentos, a estos efectos casacionales, los dictámenes periciales, en cuanto se trata de pruebas personales que no pierden dicho carácter por el hecho de aparecer documentadas en las actuaciones, con la única excepción de que la prueba pericial sea única e inequívoca y el Tribunal sentenciador la haya incorporado de modo incompleto o fragmentariamente o que tratándose de varios dictámenes coincidentes la Audiencia ha llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes o, incluso, diametralmente opuestas o contrarias a lo expuesto por los peritos.

Y ciertamente eso no sucede en el supuesto que examinamos; los dictámenes periciales médicos aportados por la defensa fueron emitidos en otras causas años antes de producirse los hechos ahora enjuiciados, y el Tribunal de instancia ha podido valorar los emitidos en la presente por los médicos forenses doctores D. Pedro Miguel y Dª. Ángeles que obran a los folios 436, 437 y 438 de las actuaciones que contienen las siguientes conclusiones: 1ª. Los datos obtenidos en la exploración de Nicolas son compatibles con un trastorno límite de personalidad. 2ª. En el momento actual, dicho trastorno no merma su entendimiento o su voluntad, en relación a los hechos imputados. Y en el acto del juicio oral, la doctora Dª Ángeles se ratificó en el informe y lo amplió señalando que el procesado Nicolas tiene una perfecta capacidad de entender lo que hace y las consecuencias de lo que hace sin que tenga merma de su conocimiento ni de su voluntad y que en los hechos en concreto tenía plena capacidad.

Así las cosas, los requisitos que se han dejado antes expresados para que pueda prosperar este motivo de casación no concurren en el presente caso, en cuanto no se ofrece, en apoyo del motivo, un documento que goce de autonomía probatoria y que evidencia el error que se dice cometido por el Tribunal de instancia, error que no se ha producido en cuanto su valoración sobre la capacidad de culpabilidad del acusado coincide con lo dictaminado en el acto del plenario, habiéndose apreciado por las razones que se expresan en el noveno de los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida, una atenuante analógica de trastorno mental.

En relación a los disparos se hace referencia a la prueba pericial química -folios 504 y siguiente- en la que se dictamina, en lo que concierne al disparo en la zona torácica, que " la distancia de disparo estaba comprendida entre medio metro y metro y medio..." y que "... respecto a la distancia del disparo en el pecho se descarta un disparo en contacto..." Y que asimismo se señala, en relación al disparo en el abdomen, que " respecto a la distancia del disparo en el abdomen, la circunstancia de haber impactado el proyectil previamente en la hebilla no permite hacer una estimación de la distancia, si bien, la escasez de residuos y de restos de plomo, nos inclina a descartar un disparo de contacto o próximo al contacto ".

Y partiendo de esos informes, la defensa del recurrente sostiene que el Tribunal de instancia ha incurrido en error al declarar como probado que "...disparó el acusado con su revolver a poca distancia, alcanzándole en el abdomen. Pese al disparo, Eleuterio siguió corriendo y tras él Nicolas, quien le disparó nuevamente al menos en dos ocasiones, una de ellas a bocajarro, que le alcanzó en el tórax, cerca del cuello."

Tampoco puede estimarse este alegado error sobre la distancia en la que se produjeron los disparos, ya que los propios informes periciales que obran al folio 516 de las diligencias y que fueron ratificados en el acto del plenario refieren que uno de los disparos estaba comprendido entre medio metro y metro y medio, y lo que hace el Tribunal de instancia es señalar una distancia en los disparos que respeta lo dictaminado por los peritos, siendo irrelevante, a los efectos de la calificación jurídica y a la participación del acusados en los hechos que se declaran probados, que se diga que otro de los disparos fuera a "bocajarro", lo que coincide sustancialmente con la corta distancia a que se refieren los peritos.

Por todo lo que se deja expresado, el motivo no puede prosperar.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución así como infracción del principio in dubio pro reo.

Se alega, en defensa del motivo, que el Tribunal de instancia ha dudado sobre elementos fácticos esenciales y en concreto se refiere a la persona a quien pertenecía o era portadora del cuchillo intervenido en las actuaciones policiales, y que ello sería -se dice-cuestión determinante para la adecuada valoración de cuál de las personas enfrentadas acometió la agresión inicial.

Este motivo tampoco puede prosperar.

El Tribunal de instancia, en el primero de los fundamentos jurídicos, analiza las pruebas que ha podido valorar con relación a los hechos nucleares imputados al acusado, especialmente los testimonios depuestos por las personas que presenciaron la agresión, lo declarado por la víctima, lo reconocido por el propio agresor y los dictámenes médicos y balísticos, sobre las heridas causadas por el arma de fuego, que portaba el acusado, como él ha reconocido, y destaca, para corroborar lo acontecido, la persecución del acusado a Eleuterio, su conducta con la Guardia Civil, los datos objetivos que se derivan de las huellas de Eleuterio en el cuchillo y los vestigios que las balas disparadas dejaron sobre la ropa que llevaba Eleuterio, y que esos datos o elementos revelan que los hechos sucedieron como se declaran probados.

Por el contrario, no existe prueba, salvo lo manifestado por el agresor, que pueda sustentar que la víctima agredió o intentó agredir con el cuchillo al acusado antes de que éste hiciera uso de su arma, versión del acusado que tampoco sería lógica atendidas las características y zona del cuerpo en la que sufrió la herida con el cuchillo.

Así las cosas, la convicción alcanzada por el Tribunal de instancia sobre las circunstancias en las que se efectuaron los disparos y, en definitiva, de cómo se produjeron los hechos enjuiciados, aparece perfectamente acorde con las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia y de ningún modo arbitraria.

En relación al principio "in dubio pro reo" igualmente invocado, este principio únicamente puede estimarse infringido, en su aspecto normativo, cuando reconociendo el Tribunal sentenciador la existencia de una duda sobre la concurrencia de alguno de los elementos integradores del tipo, opta por la solución más perjudicial para el acusado, pero no cuando, como sucede en el caso actual, el Tribunal sentenciador no alberga duda alguna sobre los hechos que sustentan la conducta típica del acusado.

Ha existido, por consiguiente, prueba de cargo legítimamente obtenida en el acto del plenario que contrarresta el derecho de presunción de inocencia invocado.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución, en relación con tratados suscritos por España y en relación al artículo 10.2 de la Constitución.

Se reitera lo alegado en defensa del anterior motivo, de que no existen elementos de prueba suficientes que permitan acreditar que el recurrente protagonizara la agresión inicial que se le imputa ni cualquier otro tipo de acometimiento contra Don. Eleuterio, por lo que entiende que se le ha condenado por un delito de homicidio intentado sin prueba que lo avale, sin que el Tribunal de instancia identifique adecuadamente la prueba en la que aparentemente basa su convicción ni razona sobre la suficiencia de los medios de prueba.

Las razones esgrimidas en defensa del motivo no pueden ser atendidas a tenor de lo que se ha dejado explicado para rechazar el anterior motivo, habiéndose motivado razonada y razonablemente por el Tribunal de instancia sobre las pruebas que ha podido valorar.

Dándose por reiterado lo que allí se ha dejado expresado, ha existido prueba de cargo, legítimamente obtenida, que sustenta el relato fáctico de la sentencia recurrida.

Este motivo también debe ser desestimado.

En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24.1 de la Constitución, en relación a los artículos 120 y 9.3 de la propia Constitución.

Se dice cometida tales vulneraciones en cuanto se sostiene que Don. Eleuterio ha cometido un delito de lesiones de los artículos 147.1 y 148.1 del Código Penal sin que sea de estimar la concurrencia de causa de justificación alguna; y que de otro lado se dice acreditada la concurrencia de los presupuestos de una eximente completa o, subsidiariamente, incompleta, de legítima defensa respecto de la conducta del ahora recurrente.

Se viene a reproducir los mismos argumentos alegados en defensa de los anteriores motivos.

Acorde con la correcta valoración de la prueba realizada por el Tribunal sentenciador, no ha precedido agresión alguna por parte de la víctima que pudiera sustentar la legítima defensa que se esgrime en el presente motivo.

Y en relación a la legítima defensa que el Tribunal de instancia sí ha apreciado en el delito de lesiones cometido por Eleuterio contra la persona de Nicolas, ahora recurrente, como se solicitó por el Ministerio Fiscal, son de dar por reproducidos los correctos razonamientos que se expresan en el octavo de los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida, en el que se explica la presencia de una agresión ilegítima por parte del ahora recurrente, la necesidad racional del medio empleado para tratar de repelerla y la falta de provocación por parte Eleuterio, lo que ha determinado su absolución.

El motivo, por todo lo que se deja expresado, no puede prosperar.

En el sexto motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución, en relación con tratados suscritos por España y en relación al artículo 10.2 de la Constitución.

Se niega la existencia de prueba de cargo que evidencie que el recurrente ha cometido un delito de hurto de uso de vehículo a motor, ni que tuviera conocimiento que el vehículo pudiera haber sido sustraído.

El Tribunal de instancia si bien niega la existencia de prueba que acredite que fuera el acusado el que sustrajo el vehículo del interior del garaje, afirma, por el contrario, la existencia de prueba que acredita que el ahora recurrente llegó conduciendo ese vehículo careciendo, obviamente, de permiso para hacerlo, y así se señalan las declaraciones de la usuaria habitual de dicho vehículo y los testimonios depuestos por quienes le vieron llegar al lugar de los hechos conduciéndolo y lo comunicaron a los agentes de la Guardia Civil que efectivamente localizaron el vehículo. Y respecto al conocimiento que tenía el acusado de que el vehículo había sido previamente sustraído a su titular, como se razona en la sentencia de instancia, resulta bien evidente el hecho de que en su interior estuviera a la vista el bolso de la legítima usuaria, la documentación del vehículo y papeles esparcidos por el suelo, como lo declararon en el acto del juicio los funcionarios policiales que lo observaron, de lo que se infiere, con toda lógica, ese conocimiento.

Ha existido, por consiguiente, prueba de cargo que evidencia que el recurrente llegó al lugar de los hechos conduciendo un vehículo con conocimiento de que previamente había sido sustraído a su legítimo titular.

El motivo no puede prosperar.

En el séptimo motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del principio acusatorio y del derecho a ser informado de la acusación que proclama el artículo 24 de la Constitución con vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías.

Se dice producida tal vulneración del principio acusatorio al haber sido condenado como autor de un delito de utilización ilegítima de vehículo a motor previsto en el artículo 244 CP cuando la acusación se limitó a considerarle autor de un delito de hurto de uso, operando el juzgador una transmutación fáctica del objeto en el que venía planteada la litis.

No lleva razón el recurrente ya que en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, que obra a los folios 63 y siguientes del Rollo de la Audiencia, se recoge que el acusado accedió al interior de un garaje donde se encontraba estacionado abierto y con las llaves puestas el vehículo Peugeot Partner,....-KMR, propiedad de Alexis y habitualmente utilizado por Virginia y tras ponerlo en marcha con la intención de utilizarlo y conduciéndolo sobre las 23:45 horas del día 5 de octubre llegó a la calle Llobregat a bordo del citado vehículo.

Es cierto que el derecho a ser informado de la acusación constituye una de las garantías del debido proceso y del derecho de defensa. Así, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 33/2003, de 13 de febrero, recuerda que en el ámbito de las garantías integradas en el derecho a un proceso equitativo (art. 24.2 CE ) se encuentra el derecho a ser informado de la acusación, que se concreta en el derecho de defensa, señalando que, desde la STC 12/1981, viene declarando que la información, a la que tiene derecho el acusado, tiene por objeto los hechos considerados punibles, de modo que "sobre ellos recae primariamente la acusación y sobre ellos versa el juicio contradictorio en la vista oral" pero también la calificación jurídica, dado que ésta no es ajena al debate contradictorio. Y si bien de este principio resulta la necesaria congruencia entre acusación y defensa, es, sin embargo, posible que los órganos judiciales se aparten de la calificación jurídica fijada por las acusaciones sin que ello suponga automáticamente la vulneración del derecho de defensa del acusado, siempre que concurran dos condiciones: la identidad del hecho punible, de forma que el mismo hecho señalado por la acusación, que se debatió en el juicio contradictorio y que se declaró probado en la Sentencia de instancia, constituya el supuesto fáctico de la nueva calificación, y que ambos delitos sean homogéneos, es decir, tengan la misma naturaleza, porque el hecho que configura los tipos correspondientes sea sustancialmente el mismo; en definitiva, que el acusado pueda defenderse de todos y cada uno de los elementos que componen el tipo de delito objeto de acusación.

Y en el supuesto que examinamos, el derecho a ser informado de la acusación que es consustancial al derecho de defensa, pues parte esencial del mismo es el derecho a contradecir la pretensión acusatoria, en modo alguno ha resultado vulnerado en el presente caso, ya que si examinamos el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que hemos hecho antes referencia, vemos que en el relato de esa acusación se recoge la utilización por parte del acusado de un vehículo sustraído a su titular, acusación de la que ha podido defenderse sin restricción alguna, existiendo homogeneidad entre el delito de hurto de uso de vehículo a motor objeto de acusación y el delito de utilización ilegítima de vehículo de motor apreciado en la sentencia recurrida.

No ha existido, por consiguiente, la alegada vulneración del principio acusatorio o del derecho a ser informado de la acusación.

El motivo debe ser desestimado.

En el octavo motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución, en relación con tratados suscritos por España y en relación al artículo 10.2 de la Constitución.

Se niega la existencia de actividad probatoria que evidencie que el recurrente cometió un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

El Tribunal de instancia razona sobre las pruebas de cargo que ha podido valorar para alcanzar la convicción de que la conducta del acusado era igualmente constitutiva de un delito de atentado a agentes de la autoridad y así se señala que queda acreditado que dos agentes de la Guardia Civil, que iban uniformados reglamentariamente, persiguieron al acusado y manifestaron en el acto del juicio que éste se escondió debajo de un coche, apuntando con el arma que portaba a los agentes, extremo que se sometió a contradicción en el acto del plenario, y tanto el Guardia Civil que era apuntado como su compañero de patrulla, explicaron con claridad que el acusado no solo apuntaba sino que estuvo moviendo el arma en la misma dirección que los movimientos de los agentes y que fue esa conducta la que hizo que estuvieran a punto de disparar sus propias armas.

Ha existido, por consiguiente, prueba de cargo sobre la realidad de esa conducta, que se subsume, sin duda, en el delito de atentado apreciado por el Tribunal de instancia.

En el noveno motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 138 del Código Penal, en relación con el artículo 16.1 del mismo texto legal y falta de aplicación del artículo 148.1, en relación al artículo 147.1, todos del Código Penal.

Se dice cometida tal infracción legal al estar ausentes los elementos típicos del delito de homicidio, en concreto el animus necandi, constatándose todo lo más un mero ánimo de lesionar.

Es doctrina reiterada de esta Sala que el ánimo o intención de matar, que constituye el elemento o base subjetiva del delito de homicidio, pertenece al ámbito interno de la persona y requiere un juicio de inferencia para su fijación en el proceso, operación compleja que partiendo de datos fácticos demostrados, conduce -a través de las reglas lógicas o de máximas de experiencia- a la certeza moral que la resolución judicial necesita; y ese juicio de inferencia obliga a una indagación cuidadosa de todas las circunstancias del hecho, en cuanto pueden facilitar datos o elementos significativos de la voluntad o intención del sujeto y se vienen destacando el arma o medios utilizados, la zona a la que se dirige el ataque, las palabras que precedieron o acompañaron a la agresión, por cuanto constituyen a veces confesión espontánea del alcance de la intención lesiva; en el supuesto que examinamos existen datos fácticos acreditado de los que se infiere y afirman con evidencia y con sujeción a las reglas de la lógica y de la experiencia, ese " animus necandi " o intencionalidad homicida del recurrente en cuanto se declara probado que el acusado disparó con su revolver a Eleuterio a poca distancia, alcanzándole en el abdomen, pese al disparo Eleuterio siguió corriendo y tras él el acusado quien le disparó nuevamente al menos en dos ocasiones, una de ellas a también a corta distancia que le alcanzó en el tórax, cerca del cuello.

De lo expuesto, resulta evidente que concurren cuantos elementos y circunstancias se exigen por la jurisprudencia de esta Sala para inferir la concurrencia del " animus necandi " en el recurrente y ello determina que proceda la desestimación de este motivo, que se presenta claramente enfrentado a un relato fáctico que debe ser rigurosamente respetado.

No se formaliza.

En el undécimo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 14.3 del Código Penal, en relación con el artículo 564.1 del mismo texto legal.

Se dice que ha concurrido un error de prohibición invencible o, subsidiariamente vencible, en relación al delito de tenencia ilícita de armas, afirmándose que desconocía por completo la antijuridicidad penal de la posesión de armas de fuego sin la respectiva licencia.

Tiene declarado esta Sala, como es exponente la Sentencia de 20 de julio de 2000, que la apreciación del error, en cualquiera de sus formas, vencible o invencible, vendrá determinada en atención a las circunstancias objetivas del hecho y subjetivas del autor. Son fundamentales para apreciar cualquier tipo de error jurídico en la conducta del infractor, según lo expuesto, las condiciones psicológicas y de cultura del agente, las posibilidades de recibir instrucción y asesoramiento o de acudir a medios que le permitan conocer la trascendencia jurídica de su conducta. También la naturaleza del hecho delictivo, sus características y las posibilidades que de él se desprenden para ser conocido por el sujeto activo. Sin embargo, a) queda excluido el error si el agente tiene normal conciencia de la antijuricidad o al menos sospecha de lo que es un proceder contrario a Derecho; y b) no es permisible la invocación del error en aquellas infracciones cuya ilicitud es notoriamente evidente.

Acorde con la doctrina que se deja expresada, en el presente caso resulta inadmisible la invocación de error de prohibición, ya sea vencible o invencible, al referirse a un delito como el de tenencia ilícita de armas, cuya ilicitud resulta bien patente para la generalidad de las personas, especialmente cuando se trata de un español, residente igualmente en España, sin que pueda invocarse la existencia de legislaciones más permisivas en otros países.

El motivo carece de todo fundamento y debe ser desestimado.

En el duodécimo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por indebida inaplicación, del artículo 20.4 del Código Penal, y subsidiariamente por indebida inaplicación de los artículos 20.4 y 21.1 y artículo 20.6, todos del Código Penal.

Se dice cometida infracción legal al no haberse apreciado la eximente de legítima defensa y, subsidiariamente, la eximente incompleta dado que actuó bajo los presupuestos objetivos y subjetivos de la mencionada causa de justificación.

Se sustenta el motivo en una versión de los hechos que no ha sido acogida por el Tribunal de instancia, al no resultar de la prueba practicada. Y en los hechos que se declaran probados, que deben ser rigurosamente respetados, dado el cauce procesal esgrimido, no existe ningún dato o elemento que permita sustentar la legítima defensa que se postula en la agresión con armas que realizó este acusado.

El motivo no puede prosperar.

En el décimo tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por indebida inaplicación, del artículo 20.1 del Código Penal y subsidiariamente por inaplicación del artículo 21.1 en relación al artículo 20.1, todos del Código Penal.

Se dice producida tal infracción legal al no haberse apreciado la eximente completa e incompleta de anomalía o alteración psíquica ya que padecía un estado psicopatológico que determina la limitación de sus facultades mínimas de autorregulación de conducta, condicionando de forma intensa su imputabilidad.

Este motivo también se presenta en franca contradicción con los hechos que se declaran probados en los que se declara que el acusado, al tiempo de realizar los hechos no presentaba alteraciones sensoperceptivas, con inteligencia dentro de los límites de la normalidad, estando afecto por un trastorno límite de la personalidad que no merma su entendimiento, aunque con frecuencia se comporta de manera compulsiva.

El Tribunal de instancia, en el noveno de sus fundamentos jurídicos, tras recoger lo que se acaba de describir del relato fáctico, expresa que el informe médico forense (folios 436-438), que se ratificó por uno de sus firmantes en el juicio oral y fue sometido a intensa contradicción, fue claro, y admitiendo que el trastorno límite de personalidad era compatible con los datos obtenidos en la exploración, rechazó categóricamente que tuviese mermada la inteligencia e incluso la voluntad y la Sala de instancia, sobre la base de esa pericia y teniendo en cuenta los antecedentes que obran en la causa (folios 253- 258), estimó que el acusado tenía un comportamiento impulsivo que en todo caso era suficientemente importante como para mermar, siquiera fuese con levedad, su control de impulsos. Se añade que la relevancia de los trastornos de personalidad, en lo tocante a la imputabilidad, son variables, pudiendo ir desde la exención de responsabilidad hasta la irrelevancia. Y sigue diciendo que, en el supuesto que nos ocupa, el informe forense constata que no hay déficit de capacidad de entendimiento y, aunque no lo admite explícitamente, sí aceptó en juicio que podía tener dificultades para el control de impulsos. Sobre esa base, no cabe reconocer exención de responsabilidad criminal, pues no hay anulación del entendimiento ni de la voluntad, ni merma importante de ellas, por lo que igualmente se rechaza la semieximente, si bien cabe aceptar que hay un déficit de control de impulsos que debe ser apreciado como atenuante, por vía analógica del artículo 21.6 del Código Penal, con relación al artículo 20.1 y 21.1 del mismo texto legal. No obstante lo anterior, dicha atenuante sólo se aprecia con relación a los delitos en los que tal control de impulsos puede ser trascendente, como es la agresión calificada de homicidio intentado o el delito de atentado, no así a los demás.

El razonamiento expresado por el Tribunal de instancia para rechazar la eximente tanto completa como incompleta postulada por su defensa y apreciar, por el contrario, una atenuante analógica se corresponde, acorde con la doctrina de esta Sala, con los hechos que se han declarado probados.

Tiene declarado esta Sala, como es exponente la Sentencia de 16 de noviembre de 1999, que la alteraciones de la personalidad pueden operar a través de la anomalía o alteración psíquica a que se refiere el artículo 20.1 o, en su caso, el artículo 21.1 del Código Penal, sin embargo, se precisa que no es suficiente este dato para que pueda ser apreciada dicha eximente, ni completa ni incompleta, puesto que la mera presencia de una anomalía o alteración psíquica puede ser irrelevante para la determinación de la imputabilidad de quien la padece y, en consecuencia, de su responsabilidad penal. Es preciso además que el autor de la infracción penal, a causa de la alteración que sufre, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, es decir, es preciso que la anomalía o alteración se interponga entre el sujeto y la norma que establece la ilicitud del hecho, de forma que no pueda ser motivado por aquélla o que, pudiendo percibir el mandato o la prohibición contenidos en la norma, carezca ésta de fuerza motivadora para el sujeto porque el mismo se encuentre determinado en su actuación por causas vinculadas a su alteración psíquica que anulen la motivación normativa. Y en el supuesto de que la incapacidad para ser motivado por el precepto, o el bloqueo que en la motivación creada por el mismo determinen otras causas, sea solo parcial, nacerá el presupuesto fáctico para la apreciación de la eximente incompleta.

Eso no sucede, como se ha recogido en los hechos que se declaran probados, en el caso que examinamos, ya que el acusado es capaz de entender la ilicitud de una determinada conducta y de adecuarse a las normas morales y sociales, no obstante, por las razones expresadas por el Tribunal sentenciador, se ha estimado correctamente la apreciación de una atenuante analógica..

El motivo no puede prosperar.

III.