ATS, 22 de Diciembre de 2016
| Ponente | JESUS SOUTO PRIETO |
| ECLI | ES:TS:2016:12538A |
| Número de Recurso | 58/2016 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 22 de Diciembre de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintidós de Diciembre de dos mil dieciséis.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jesus Souto Prieto
Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de León se dictó sentencia en fecha 28 de enero de 2015 , en el procedimiento nº 609/2013 seguido a instancia de D. Juan Manuel contra CONGELADOS Y DERIVADOS S.A., PESCAPUERTA S.A., MINISTERIO FISCAL y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA), sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en fecha 28 de octubre de 2015 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 9 de diciembre de 2015, se formalizó por el letrado D. Antonio Bermejo Porto en nombre y representación de D. Juan Manuel , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 5 de mayo de 2016, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
La cuestión suscitada se centra en determinar si resulta suficiente la carta de despido objetivo derivado de despido colectivo, en lo que se refiere a la determinación de los criterios de selección del trabajador recurrente. Éste prestaba servicios para la empresa Congelados y Derivados SA (CONDESA), como mozo de almacén, en la línea de producción y cámara, hasta que el 25 de febrero de 2013 le fue comunicado su despido por causas económicas y productivas, con efectos de esa misma fecha. La empresa adoptó la decisión de despido colectivo, tras la tramitación del periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, que concluyó sin acuerdo mediante acta final de 22 de febrero de 2013. En la memoria explicativa del despido colectivo se relacionaban nominativamente los trabajadores afectados por el mismo, así como su clasificación profesional y fecha de alta en la empresa, y se establecían también allí los criterios de selección consistentes, básicamente, en formar parte del personal afecto a la línea de producción y cámara existente, cuyo censo ascendía a 20 trabajadores, señalándose los demás criterios para la selección de los 4 trabajadores restantes, pertenecientes a otros departamentos y que también fueron incluidos en el despido. El trabajador fue seleccionado entre los afectados porque era mozo de almacén que desempeñaba su trabajo en la línea de producción y cámara, y dicha línea fue cerrada por completo, procediéndose al vaciado de amoniaco de todo el sistema de refrigeración por una empresa especializada. Igualmente, hay que señalar que el despido colectivo fue impugnado por el comité de empresa de CONDESA, y fue declarado ajustado a Derecho, por apreciarse la concurrencia de la causa legal esgrimida para justificarlo, siendo confirmada dicha decisión por STS de 21 de mayo de 2014 .
La sentencia de instancia declaró la procedencia del despido del trabajador, frente a lo cual éste recurrió en suplicación alegando -en lo que a la cuestión casacional planteada interesa- la insuficiencia de la carta de despido por falta de concreción de los criterios de designación de la trabajadora demandante. La sentencia ahora impugnada del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 28 de octubre de 2015, Rec. 1741/15 , confirma dicha resolución razonando que el criterio de designación del trabajador no fue otro que la decisión empresarial de cerrar la línea donde aquél desempeñaba su trabajo, cosa que figuraba en la memoria explicativa y se hizo también constar en la comunicación escrita del despido individual, habiendo sido ya examinada en la sentencia recaída en el procedimiento de despido colectivo la adecuación a derecho de tal decisión.
En casación para la unificación de doctrina el trabajador insiste en la insuficiencia de la carta de despido, señalando como sentencia contradictoria la dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 24 de marzo de 2015 (R. 297/2015 ), que declara improcedente el despido objetivo que fue decidido por la empresa Seguriber S.L.U., en el marco de un despido colectivo por causas organizativas y productivas, para la extinción de 34 contratos de trabajo de Vizcaya, Álava y Navarra. Tampoco se alcanzó un acuerdo en periodo de consultas, y los criterios de selección de los trabajadores afectados eran los recogidos en la memoria explicativa del expediente, obrante en autos, habiendo sido también en este caso declarado ajustado a Derecho el despido colectivo por SAN 23 de diciembre de 2013 , aunque no se concreta su firmeza. La carta de despido indicaba básicamente que se procedía a extinguir el contrato de la actora como consecuencia del despido colectivo; que la necesidad de extinguir los contratos de trabajo fue puesta de manifiesto y acreditada tanto a la representación legal de los trabajadores como a la autoridad laboral, y que la decisión se adoptaba por causas organizativas y productivas "con el fin de reorganizar la totalidad de los servicios de protección de personalidades concertados con el cliente Ministerio de Interior que esta empresa presta y que continúan vigentes, tanto en el País Vasco como en Navarra".
La sentencia de contraste desestima el recurso de la empresa haciendo suya la argumentación jurídica de otra sentencia anterior de la propia Sala, según la cual los despidos individuales derivados de despido colectivo deben comunicarse haciendo referencia expresa y pormenorizada de los criterios utilizados para la designación del trabajador.
A los efectos de determinar la existencia de contradicción hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el art. 219 LRJS , dicho presupuesto requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", SSTS 16 de julio de 2013 (R. 2275/2012 ), 22 de julio de 2013 (R. 2987/2012 ), 25 de julio de 2013 (R. 3301/2012 ), 16 de septiembre de 2013 (R. 302/2012 ), 15 de octubre de 2013 (R. 3012/2012 ), 23 de diciembre de 2013 (R. 993/2013 ), 29 de abril de 2014 (R. 609/2013 ), 17 de junio de 2014 (R. 2098/2013 ) y 4 de febrero de 2015 (R. 96/2014 ).
En el caso que ahora nos ocupa los supuestos comparados son distintos, tanto más cuanto que en la sentencia recurrida no hay otro criterio de selección que el hecho de trabajar en la línea de producción suprimida, por lo que ninguna duda podía albergar el trabajador sobre su afectación, dado que prestaba servicios en la misma, mientras que en la sentencia de contraste se trataba de eliminar diversos puestos de trabajo de los centros de trabajo de las tres provincias de País Vasco, con arreglo a los criterios de selección indicados en la memoria explicativa, referidos a la prioridad de permanencia de los representantes de los trabajadores, la antigüedad matizada a su vez con otros criterios secundarios como el impacto operativo, la relación de confianza con el VIP, las cargas familiares y la voluntariedad, que no fueron concretados en la carta de despido.
Por otra parte, la pretensión deducida en el recurso carece de contenido casacional, pues la función institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina es procurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico por los órganos judiciales del orden social. De ahí que, conforme a lo dispuesto en el art. 225.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , puedan ser inadmitidos los recursos de casación para unificación de doctrina que carecen de contenido casacional, esto es, los que se interpongan contra sentencias cuyas decisiones sean coincidentes con la doctrina sentada por esta Sala del Tribunal Supremo [AATS 1 de octubre de 2014 (R. 1068/2014), 7 de octubre de 2014 (R. 1062/2014) entre otros y SSTS 29 de abril de 2013 (R. 2492/2012 ), 17 de septiembre de 2013 (R. 2212/2012 ), 15 de enero de 2014 (R. 909/2013 ), entre otras].
Eso es lo que sucede en este caso al ser la sentencia recurrida adecuada a la doctrina de la Sala establecida por la STS Pleno de 15 de marzo de 2016 (R. 2507/2014 ), seguida entre otras, por SSTS 8 de marzo de 2016 (R. 3788/2014 ), con arreglo a la cual no es necesario que en la carta de despido se incorporen los criterios de selección ni la baremación que al trabajador corresponde en función de ellos, porque no lo exige la ley y porque la negociación previa del periodo de consultas y el mandato de representación de los negociadores hacen presumir su conocimiento y que dichas circunstancias- los criterios de selección y baremación individual -deberán, en su caso, acreditarse en el proceso de impugnación individual del despido, sin que el trabajador sufra por ello en su derecho de defensa, al poder solicitarlos previamente al proceso mediante diligencias preliminares, actos preparatorios y aportación de prueba por la demandada.
En el escrito de alegaciones la recurrente insiste en la admisión del recurso pero las diferencias apuntadas son claras e impiden apreciar la identidad necesaria conforme a lo expuesto en esta resolución.
De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Antonio Bermejo Porto, en nombre y representación de D. Juan Manuel , contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid de fecha 28 de octubre de 2015, en el recurso de suplicación número 1741/2015 , interpuesto por D. Juan Manuel , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de León de fecha 28 de enero de 2015 , en el procedimiento nº 609/2013 seguido a instancia de D. Juan Manuel contra CONGELADOS Y DERIVADOS S.A., PESCAPUERTA S.A., MINISTERIO FISCAL y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA), sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
