ATS, 21 de Diciembre de 2016
| Ponente | FRANCISCO MARIN CASTAN |
| ECLI | ES:TS:2016:11492A |
| Número de Recurso | 3220/2014 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 21 de Diciembre de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Diciembre de dos mil dieciséis.
La representación procesal de la entidad mercantil Arriaundi, S.L. presentó escrito en el que interpuso los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra la sentencia dictada en segunda instancia, el 11 de junio de 2014, por la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 4.ª, en el rollo de apelación n.º 540/2013 , dimanante del juicio ordinario n.º 304/2012, seguidos ante el UPAD Primera Instancia n.º 4 de Durango.
Por la indicada Audiencia Provincial se tuvo por interpuestos los recursos y se acordó la remisión de las actuaciones a este Tribunal Supremo, Sala Primera, con emplazamiento de las partes.
Recibidos los autos en este Tribunal han comparecido el procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de la mercantil Arriaundi Gasóleos, S.L., como recurrente, y el procurador D. Eduardo Codes Feijóo, en nombre y representación del Banco de Santander, S.A., como parte recurrida, quien ha alegado la existencia de causas de inadmisión de los recursos.
Por providencia de 11 de octubre de 2016 se acordó, en cumplimiento de los artículos 483.3 LEC y 473.2.II LEC, poner de manifiesto a las partes personadas la posible concurrencia de causas de inadmisión de los recursos, que consta notificada.
La representación procesal de la mercantil recurrente ha presentado escrito en el que expone las razones por las que considera que los recursos deben ser admitidos.
La representación procesal del banco recurrido ha presentado escrito en el que expone las razones por las que considera que los recursos son inadmisibles.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. Magistrado D. Francisco Marin Castan, a los solos efectos de este trámite.
Son antecedentes necesarios para resolver sobre la admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal los siguientes:
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El proceso se inició en virtud de demanda, formulada por la mercantil hoy parte recurrente contra el banco hoy parte recurrida, en la que se ejerció una acción de nulidad de varias confirmaciones de permuta financiera (swap) suscritas entre los años 2005 a 2008, por error en el consentimiento de la mercantil demandante.
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La sentencia de primera instancia desestimó la demanda; interpuesto por la mercantil demandante recurso de apelación, la sentencia de segunda instancia confirmó la desestimación de la demanda
En lo esencial, en esta sentencia -en la que se tiene presente la doctrina fijada por esta Sala en la STS del Pleno nº 840/2013, de 20 de enero de 2014, rec. nº 879/2012 - se llega a la conclusión de que no existió error, atendiendo a las circunstancias concurrentes en la suscripción sucesiva de más de diez swaps, entre otras la aceptación de liquidaciones negativas y costes de cancelación.
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La mercantil demandante ha formulado los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación planteando las siguientes cuestiones:
El recurso de casación se interpone por la vía del interés casacional en su aspecto de existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales sobre dos temas: a) si la sola formación y estudios del cliente son suficientes para analizar si concurre el error o deben tenerse en cuenta las circunstancias concretas de la contratación; y b) sobre el alcance de la información que debe proporcional al cliente el banco.
En el recurso extraordinario por infracción procesal se formulan dos motivos, al amparo del art. 469.1.2 ..º y 4.º LEC , por infracción de los arts. 216 , 217 , 218 y 24 CE .
La sentencia contra la que se han interpuesto los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, formulados de forma conjunta por la misma parte litigante, se ha dictado, en segunda instancia, en un juicio que accede al recurso de casación en su modalidad de existencia de interés casacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 477.2.3º LEC . Así pues, en aplicación de la DF 16ª. 1.5ª.II LEC debe examinarse en primer término si se ha acreditado la existencia del interés casacional que determina el carácter de recurrible en casación de la sentencia impugnada, ya que de no ser así la inadmisión del recurso de casación comporta la improcedencia del recurso extraordinario por infracción procesal.
No procede la admisión del recurso de casación ya que resultan apreciables las siguientes causas de inadmisión:
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Inexistencia de interés casacional ( art. 483.2.3.ª LEC ). No es admisible el recurso en el que se invoque la existencia de interés casacional por jurisprudencia contradictoria de audiencias provinciales cuando exista jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre el problema jurídico planteado ( AATS de 26 de noviembre de 2012, rec. 600/2013 , y 8 de enero de 2013, rec. 773/2012 ), tal y como se recogió en el Acuerdo de 30 de diciembre de 2011, sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, tras la reforma operada por Ley 37/2011 de 10 de octubre de Medidas de Agilización Procesal.
Esta Sala fijó doctrina sobre el tema jurídico planteado en la STS del Pleno de 20 de enero de 2014, rec. 879/2012 (a la que se hizo alusión en la STS de 17 de febrero de 2014, rec. 320/2012 ) y fue reiterada en las SSTS de 7 de julio de 2014, rec. 892/2012 y rec. 1520/2012 , y 8 de julio de 2014, rec. 1256/2012 ), todas ellas anteriores a la formulación del recurso (el 30 de octubre de 2014 ) en especial la primera de ellas, que siendo de Pleno permite acreditar por sí sola el interés casacional y que se ha tenido presente por la sentencia recurrida.
No puede eludirse la circunstancia de que la sentencia recurrida -sobre la base fáctica que establece- resuelva desde la mención de la doctrina jurisprudencial de esta Sal, fijada en una sentencia de Pleno dictada en un proceso sobre el mismo tema jurídico (la relevancia del incumplimiento del deber de información al cliente no experto para la apreciación de error en la contratación de productos complejos). La sentencia del Pleno de esta Sala permitía a la mercantil recurrente acreditar el interés casacional sobre una de las cuestiones planteadas (el alcance de la información que debe proporcional al cliente el banco), y la otra cuestión planteada (si la sola formación y estudios del cliente son suficientes para analizar si concurre el error o deben tenerse en cuenta las circunstancias concretas de la contratación) se ha suscitado con un enunciado artificioso, pues la sentencia recurrida no tiene solo en cuenta tiene en cuenta todas las circunstancias concurrentes en la contratación y no solo los estudios del representante legal del cliente.
La mercantil recurrente ha formulado un recurso de casación desconectado del f.j. sexto de la sentencia recurrida.
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Carencia manifiesta de fundamento prevista en el art. 483.2.4.º LEC .
De la doctrina fijada en la citada STS del Pleno deriva que si en el proceso queda acreditado que el cliente supo el riesgo del negocio el error queda excluido. Por eso esta Sala ha reiterado que el incumplimiento de los deberes de información no conlleva necesariamente la apreciación de error vicio, aunque -dada la asimetría informativa que suele darse en la contratación de estos productos financieros con clientes minoristas- puede incidir en la apreciación del error; además la falta de información incide en el requisito de la excusabilidad del error.
De acuerdo con la base fáctica de la sentencia recurrida -la actuación del cliente en relación con la comercialización de los numerosos swaps suscritos- se supo la naturaleza del producto y su riesgo; y este punto esencial en la ratio decidendi de la sentencia recurrida no se contradice con el criterio de enjuiciamiento fijado por esta Sala en las sentencias antes citadas. Además ni siquiera se combate adecuadamente en el recurso extraordinario por infracción procesal esa valoración probatoria, pues no se articula ningún motivo para poner de manifiesto el error notorio en la fijación de los hechos que se han tenido en consideración (el único motivo que permitiría a esta Sala examinar si hubo error notorio en la valoración de la prueba -el motivo tercero- es de carácter genérico, prácticamente sin contenido concreto relativo al proceso).
Lo cierto es que la mercantil recurrente elude que esta Sala ha fijado doctrina, ya que -objetivamente considerada- la sentencia recurrida no excluye el error solo en atención a la formación del administrador (primera cuestión sobre la que se plantea el interés, que sería irrelevante por tanto a los efectos de anular la sentencia recurrida), y por otra parte se prescinde de que la sentencia recurrida toma en consideración la doctrina fijada por esta Sala en la citada sentencia del pleno para examinar el alcance del deber de información.
La inadmisión del recurso de casación comporta la improcedencia del recurso extraordinario por infracción procesal, formulado de forma conjunta, por aplicación de la d. final 16.ª.1.5ª.II LEC , si bien para agotar la respuesta al recurso debe añadirse que, en todo caso, se incurre en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento; según se razona seguidamente:
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En el recurso por infracción procesal es posible cierto control sobre las conclusiones de hecho que sirven de base a la sentencia recurrida -la de apelación- de forma excepcional, al amparo del ordinal 4º del artículo 469.1 LEC , siempre que, conforme a la doctrina constitucional, no superen el test de la razonabilidad exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE , en relación con lo cual, el Tribunal Constitucional (TC) ha elaborado la doctrina del error patente en la valoración de la prueba, destacando su directa relación con los aspectos fácticos del supuesto litigioso. Así, por ejemplo, en las sentencias 55/2001, de 26 de febrero , 29/2005, de 14 de febrero , y 211/2009, de 26 de noviembre , destacó que «concurre error patente en aquellos supuestos en que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración».
Como se dijo en las sentencias núm. 101/2011, de 4 de marzo , 263/2012, de 25 de abril , 418/2012, de 28 de junio , 262/2013, de 30 de abril , y 235/2016, de 8 de abril , «[ n]o todos los errores en la valoración de la prueba tienen relevancia constitucional [...], dado que es necesario que concurran, entre otros requisitos, los siguientes: 1º) que se trate de un error fáctico, - material o de hecho -, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2º) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales»
La mercantil recurrente no ha puesto de manifiesto en el motivo tercero del recurso que la sentencia impugnada haya incurrido en un error notorio e incontestable y olvida que el recurso extraordinario no es una tercera instancia en la que se pueda alegar en términos genéricos que la valoración de la prueba ha sido errónea, ilógica y arbitraria; como explicábamos en la STS nº 445/2014, de 4 de septiembre , el juicio del tribunal de apelación sobre la importancia relativa de unas y otras pruebas, la valoración de las mismas, las conclusiones fácticas que extrae de este proceso valorativo, y la mayor relevancia otorgada a unos u otros aspectos fácticos, no sean compartidos por la parte recurrente, incluso que sean razonablemente discutibles, no convierte en arbitraria ni errónea la valoración de la prueba hecha por la Audiencia Provincial.
En cuanto a los motivos primero y segundo, la mera lectura de la sentencia recurrida pone de manifiesto que carece de toda justificación la denuncia de infracción de los arts. 216 , 217 y 218 LEC y no pueden servir de cobertura para que la mercantil recurrente exponga su particular visión de la controversia, ya que obligaría a esta Sala a la revisión íntegra del proceso imposible en un recurso extraordinario.
Los razonamientos anteriores impiden tener en consideración las alegaciones efectuadas por la mercantil recurrente en el escrito presentado ante esta Sala en el trámite de audiencia previo a esta resolución.
La inadmisión de los recursos implica las siguientes consecuencias:
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Por aplicación de los artículos 483.4 LEC y 473.2.III LEC, debe declarase la firmeza de la sentencia recurrida.
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La imposición de las costas de los recursos a la mercantil recurrente, que perderá el depósito constituido de conformidad con lo establecido en la d.a 15.ª, apartado 9, LOPJ .
De conformidad con lo previsto en el artículo 208.4 LEC procede declarar que contra este auto no cabe recurso alguno por así establecerlo los artículos 483.5 LEC y 473.3 LEC .
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No admitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de la entidad mercantil Arriaundi, S.L. contra la sentencia dictada en segunda instancia, el 11 de junio de 2014, por la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 4.ª, en el rollo de apelación n.º 540/2013 , dimanante del juicio ordinario n.º 304/2012, seguidos ante el UPAD Primera Instancia n.º 4 de Durango.
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Declarar firme la sentencia recurrida.
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Imponer las costas de los recursos a la mercantil recurrente, que perderá el depósito constituido.
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Devolver las actuaciones con testimonio de esta resolución a la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 4.ª.
Contra esta resolución no cabe recurso.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.
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