STS, 23 de Enero de 2015

La Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con fecha 7 de octubre de 2008 expidió dos Providencias de Apremio recaídas en las liquidaciones nº A28855008566001210 y nº A28855008566001221 por el concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido-Grandes empresas de los periodos 12/2006 y 12/2007; por importes totales, incluidos recargos de apremio, de 1.607.279,35€ y 5.809.346,58€, respectivamente.

Del expediente administrativo se deduce que las Providencias de Apremio impugnadas tienen como antecedentes los siguientes hechos:

1) Con fecha 22 de julio de 2008 la Sociedad de referencia, a la vez que presentaba las autoliquidaciones tributarias complementarias por el concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido-Grandes empresas correspondientes a 12/2006 y 12/2007 por importes de 1.339.399,46€ y de 4.841.122,15€, respectivamente, presentó solicitud de aplazamiento de dichas liquidaciones, con proposición de seis plazos en el pago, el primero el 25 de septiembre de 2008 y con ofrecimiento de "otras garantías".

2) La Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de Administración Tributaria dictó "Requerimientode Datos" de fecha 1 de septiembre de 2008 por el que comunicaba a la Sociedad ahora recurrente que debería remitir en el plazo de 10 días hábiles , contados desde el día siguiente a la recepción de ese escrito, los documentos que se especificaban en el Anexo I, relativos a la declaración responsable y justificación documental de la imposibilidad de obtener aval o certificado de caución; valoración de los bienes ofrecidos en garantía; Memoria y Balance del último ejercicio; Cuentas de resultados e Informe de auditoría del último ejercicio, manifestándole que "de no atender este requerimiento en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará sin más trámite". Notificado el día 10 de septiembre de 2008, según consta mediante estampación del sello de la empresa en el documento. El plazo de presentación de documentos finalizaba el día 22 de septiembre de 2008.

3) Con fecha 24 de septiembre de 2008 presentó escrito ante la Agencia Tributaria por el que solicitaba la ampliación del plazo concedido de los 10 días hábiles.

El día 30 de septiembre de 2008 y al entender que le había sido concedida la ampliación, remitió documentos relativos a las cuentas y balances de la Sociedad, pero no en relación con el aval bancario.

4) La Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con fecha 1 de octubre de 2008 acordó el archivo del expediente de aplazamiento por no haber sido atendido el requerimiento mencionado en plazo y en todos sus extremos.

5) El 7 de octubre de 2008 se expiden las Providencias de apremio , que fueron notificadas el 17 del mismo mes y año y confirmadas por Resolución de 4 de noviembre de 2008.

Contra estas Providencias de Apremio , confirmadas en recurso de reposición, se interpuso reclamación para ante el Tribunal Económico- Administrativo Central por escrito que tuvo entrada en el Registro General de Documentos de la Agencia Tributaria en Cataluña el día 18 de diciembre del mismo año.

Previa la reglamentaria puesta de manifiesto del expediente administrativo para alegaciones y proposición de pruebas, formuló aquéllas por escrito de fecha 9 de abril de 2009.

En resolución de 27 de enero de 2010 (R.G. 1106/2009) el TEAC acordó desestimar la reclamación, confirmando las providencias de apremio impugnadas.

Contra la resolución del TEAC de fecha 27 de enero de 2010 ELSAMEX S.A. interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción de la Audiencia Nacional, que fue turnado a la Sección Séptima y resuelto en sentencia de 21 de noviembre de 2011 , cuya parte dispositiva era del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de ELSAMEX S. A., contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 27 de enero de 2010, a que la demanda se contrae, que declaramos ajustada a Derecho. Sin efectuar expresa condena en costas".

Contra la citada sentencia la representación procesal de ELSAMEX S.A. preparó ante el Tribunal "a quo" el presente recurso de casación que, una vez tenido por preparado, fue interpuesto en plazo ante esta Sala y admitido en Providencia de 4 de junio de 2012 de la Sección Primera de esta Sala. Y, formalizado por la representación procesal de la parte recurrida --la Administración General del Estado-- su oportuno escrito de oposición al recurso, se señaló la audiencia del día 21 para la votación y fallo de este recurso, día en el que, efectivamente, se deliberó, votó y falló, lo que se llevó a cabo con el resultado que ahora se expresa.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Gonzalo Martinez Mico, quien expresa el parecer de la Sección.

Dice la sentencia recurrida: "Se alega por la parte actora la notificación defectuosa del requerimiento de datos en la solicitud de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas. Dice que la notificación fue cursada por correo y aparece una firma ilegible de una persona que dice ser empleado donde consta una fecha y una hora y un sello de la empresa y una fecha estampada mediante sello. La actora no pudo identificar al firmante pues el que dice ser empleado de la compañía no lo es, es de correos.

Al folio 19 consta una notificación de requerimiento hecho en el domicilio de la recurrente C/ San Severo 18 de Madrid. La notificación es efectuada el 10-9-08 y aparece en la casilla firma del receptor un sello de la empresa y un sello en el que consta la fecha. Y en base a esa notificación se solicitó una ampliación del plazo de 10 días para presentar la documentación.

El artículo 110 LGT dispone: "1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro.

2. En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin".

Conforme a los documentos que solicitan tanto el aplazamiento como la ampliación del plazo, se aprecia que el domicilio de la empresa, el domicilio fiscal, es donde se llevó a cabo la notificación.

Ya se ha expuesto por este tribunal en otras resoluciones que la jurisprudencia del TS en reiteradas ocasiones ha puesto de manifiesto que en el momento de impugnar la providencia de apremio y la diligencia de embargo de bienes inmuebles, un elemental principio de seguridad jurídica impide el debatir indefinidamente las discrepancias que puedan suscitarse entre los sujetos de la relación jurídica tributaria y, en particular, conlleva la lógica consecuencia de que, iniciada la actividad de ejecución de título adecuado --lo que no aparece cuestionado en ningún momento-- no puedan trasladarse a dicha fase las cuestiones que debieron solventarse en fase declarativa, por lo que el administrado no puede oponer frente a la providencia de apremio motivos de nulidad afectantes a la propia liquidación practicada, sino sólo los referentes al cumplimiento de las garantías inherentes al propio proceso de ejecución".

En este caso ningún motivo de los tasados mencionados en la LGT y RGR se alegan y desarrollan en la demanda. El artículo 138, de la Ley General Tributaria de la anterior LGT y el artículo 167 de la actual, recoge una serie de motivos tasados de oposición contra la providencia de apremio; motivos de naturaleza puramente ejecutiva que deja intactos los medios de defensa que el sujeto contribuyente pueda ejercitar frente al acto de liquidación. Son los siguientes: pago, prescripción, aplazamiento, falta de notificación reglamentaria de la liquidación, o anulación o suspensión de la misma, defecto formal en la certificación o documento que inicie el procedimiento, y omisión de la providencia de apremio. En términos análogos se manifiesta el artículo 99 del Real Decreto 1684/1990 , que aprueba el Reglamento General de Recaudación, aplicable al caso que nos ocupa.

En este sentido el Tribunal Constitucional ha declarado que el "régimen de impugnación de este tipo de providencias se contiene en el artículo 137 de la Ley General Tributaria y artículo 95.4 del Reglamento General de Recaudación , y viene a suponer una lista tasada de motivos de impugnación" (T.C. S. 168/1987); añadiendo que "la providencia de apremio puede hallarse incluso desconectada de la firmeza de la liquidación siendo una pura consecuencia del impago de la misma y de la ejecutividad inmediata del acto administrativo" (T.C. S. 73/1996), pues esta fase procedimental, la recaudación, se dirige, exclusivamente, al cobro de los tributos; recaudación que, en el presente caso, se realiza por la vía de apremio".

En este caso, la defectuosa notificación que se alega no es de la liquidación sino de un requerimiento de datos o documentos en la solicitud del aplazamiento y fraccionamiento de pago.

El artículo 167.3 señala: "Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

1. Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

2. Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.

3. Falta de notificación de la liquidación.

4. Anulación de la liquidación.

5. Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada".

El apartado b) --solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en periodo voluntario-- sería la única causa alegable en este caso pero como el propio recurrente reconoce, se archivó la solicitud. Al folio 16 consta el requerimiento de datos efectuado por la Administración para subsanar los defectos de la solicitud. Para esa subsanación concedía un plazo de 10 días hábiles. Se notificó el 10 septiembre, el 22 septiembre solicitaba una ampliación de ese plazo, pero el propio requerimiento decía que de no atenderlo en ese plazo se archivaría la solicitud. En todo caso, sería una potestad de la Administración esa ampliación, máxime cuando la parte actora reconoce (así consta en el recurso de reposición) que incumplió el plazo temporal de aportación de documentos (folio 89). Y es más, en escrito de 29 septiembre, la recurrente presenta escrito ante la Dependencia Regional de Recaudación en el que expone que se están realizando trámites para la obtención de avales en distintas entidades de crédito, pero tampoco aporta la valoración de los bienes que ofrece en garantía. En consecuencia, existe un incumplimiento por parte de la actora y reconocido por ella respecto a la imposibilidad de aportar los documentos en el plazo requerido, y ni tan siquiera cabe subsanación alguna dado que no disponía de parte de la documentación que se le requería.

En el primero de los tres motivos de casación que articula la entidad recurrente se denuncia, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , la infracción de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de esta Sala de fecha 31 de marzo de 2009 , 18 de noviembre de 1998 , 4 de abril de 2002 , 23 de noviembre de 2006 y 14 de junio de 2003 , al considerar que la sentencia recurrida incurre en incongruencia generadora de indefensión.

Para la recurrente la cuestión nuclear es si la notificación del requerimiento de subsanación de datos había sido o no efectuada en forma.

En el suplico de la demanda que formuló en la instancia ELSAMEX S.A. solicitaba que se declarase la nulidad de la resolución del TEAC de fecha 27 de enero de 2010 y de la notificación del requerimiento de datos por defectuosa y, en consecuencia, que se declarase la nulidad de la comunicación de archivo de la solicitud de aplazamiento y, en consecuencia, de la providencia de apremio de las deudas tributarias.

La sentencia recurrida desestimó el recurso interpuesto por ELSAMEX S.A. contra la resolución del TEAC de fecha 27 de enero de 2010, a que la demanda se contraía, resolución que declaró ajustada a Derecho.

No puede decirse, pues, que el órgano judicial de instancia haya dejado sin contestar la pretensión sometida a su consideración por la parte recurrente, sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de su pretensión.

Frente a la tesis de la recurrente de que la sentencia no se pronuncia sobre la cuestión de si la notificación del requerimiento de datos que hizo la Recaudación de Hacienda a ELSAMEX S.A. para poder tramitar su solicitud de aplazamiento de pago se ajustó a Derecho, es de señalar que la sentencia se hace eco de que la recurrente alegó la notificación defectuosa del requerimiento de datos, datado el 1 de septiembre de 2008, que le hizo la Recaudación de Hacienda para poder tramitar su solicitud de aplazamiento de pago.

Al folio 19, decía la sentencia, consta la notificación del requerimiento hecho en el domicilio de la recurrente, calle San Severo 18 de Madrid. La notificación fue efectuada el 10 de septiembre de 2008 y aparece en la casilla "firma del receptor" un sello de la empresa en el que consta la fecha. En base a esa notificación, ELSAMEX S.A. solicitó la ampliación del plazo de diez días para presentar la documentación.

En el Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia recurrida se transcribe el artículo 110 de la LGT 58/2003, que regula el " lugar de práctica de las notificaciones".

El Tribunal de instancia, a la vista del precepto citado y de los documentos que solicitan tanto el aplazamiento como la ampliación del plazo, aprecia que el domicilio de la empresa, el domicilio fiscal, es donde la notificación se ha, realmente, llevado a efecto. De todo ello resulta, de forma evidente, que la sentencia recurrida ha tratado la cuestión del requerimiento de datos y que aunque no diga explícitamente que la notificación era o no defectuosa, implícitamente se deduce de la lectura de la sentencia que ésta considera que la notificación se practicó en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario. Prueba evidente de que la recurrente recibió el requerimiento y de que la notificación de éste estuvo bien hecha es que la recurrente solicitó con posterioridad -el 24 de septiembre de 2008 (no el 22 como con evidente error material consignó la sentencia)-una solicitud de ampliación de plazo. Parece lógico pensar que si la recurrente no hubiera recibido el requerimiento, no habría solicitado una ampliación del plazo de diez días concedido por el citado requerimiento. Luego en definitiva la sentencia trató profusamente la cuestión del requerimiento de datos efectuado por la Administración para subsanar los defectos de la solicitud de aplazamiento, pero al no ser cumplimentado en el plazo de diez días hábiles se archivó la solicitud de aplazamiento de pago.

El motivo, pues, no puede ser estimado porque la sentencia recurrida sí se pronunció, al menos tácitamente, con una motivación que puede inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, sobre si la notificación del requerimiento de datos era o no irregular, sin que, como antes se dijo, sea necesario, en orden a la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita a cada una de las alegaciones que se aduzcan como fundamento de la pretensión esgrimida.

1. El segundo motivo de casación se formula, al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción , por infracción del artículo 111 y aplicación indebida del artículo 110, ambos de la Ley 58/2003 , General Tributaria, en relación al régimen de notificaciones en materia tributaria y de la doctrina jurisprudencial que se cita en el desarrollo del motivo.

La recurrente desarrolla el motivo subrayando que, a tenor del artículo 111.1, de la LGT , no concurre el requisito de constancia de la identidad de la persona a quien se hace la entrega pues en el presente supuesto no solo no consta la identificación de la persona que recibió la notificación, sino que falta la firma de dicha notificación, que se sustituye por un sello de la empresa, lo que no es bastante para entender cumplido el requisito exigido para atribuir plena validez a la notificación.

2. Dijimos más arriba que la sentencia recurrida, a la vista del contenido del artículo 110, apartado 1, de la LGT 58/2003 y de los documentos que solicitaron tanto el aplazamiento de pago como la ampliación del plazo de aportación de los datos requeridos por la Administración para subsanar los defectos de la solicitud de aplazamiento, aprecia que fue en el domicilio de la empresa donde se llevó a cabo la notificación y que ésta surtió efectos aunque no figurase la correcta identificación de la persona que la recibió sino únicamente el sello de la entidad porque en este caso, con independencia del carácter secundario o no de las formalidades quebrantadas, puede partirse de la presunción de que la resolución llegó a conocimiento de la entidad aquí recurrente en la medida en que las formalidades obviadas pueden ser consideradas garantías no imprescindibles para asegurar que la destinataria recibió la comunicación de la Administración, sino mero refuerzo de aquéllas. En estos casos la presunción de la que debe partirse es la de regularidad de la notificación que opera en el sentido de que el acto o resolución notificada llegó a conocimiento del aquí recurrente.

Respecto a la notificación de fecha 10 de septiembre de 2008 por estampación del sello de la empresa, hay que señalar que la empresa recurrente no ha puesto en duda la autenticidad de dicho sello por lo que, como dice la resolución del TEAC, se puede deducir razonablemente que la persona que disponía de dicho sello con el anagrama o logotipo identificador de la empresa lo hacía por encargo de la Sociedad y que le estaba autorizada la función de recibir las comunicaciones a ella dirigidas, por lo que puede considerarse que dicha notificación fue válida en la fecha que en ella figura y que fue consignada al tiempo de estamparse el tan citado sello de la empresa.

Como pone de relieve el Abogado del Estado, si en la tarjeta de acuse de recibo no se cumplimentó algún apartado, ello tiene un carácter accesorio y accidental. La finalidad fundamental de las notificaciones se logró pues la sociedad recurrente tuvo conocimiento del requerimiento de aportación de datos para tramitar la solicitud de aplazamiento que le efectuó la Recaudación de Hacienda. Prueba palmaria de ello es que la propia recurrente presentó un escrito solicitando ampliación del plazo inicial de diez días concedido por la Administración. Y es obvio que el sello de la empresa que figura en la tarjeta de acuse de recibo, debe necesariamente provenir de la propia empresa, en un discurrir normal y ordinario de acontecimientos.

La falta de correcta notificación de una resolución no afecta, en realidad, a la validez de esta última sino a su eficacia respecto del o de los interesados a que se refiera, eficacia que se produce a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que suponga el conocimiento del contenido de la resolución o acto objeto de la notificación (art. 58.3 de la LRJ y PAC/1992).

Además, como decía también el TEAC, existe constancia de que los documentos requeridos no fueron presentados en el plazo preceptivo (las disposiciones señaladas no prevén la concesión de ampliación de plazo a efectos de la aportación de la documentación que pueda requerir la Administración), lo que significaba que el período voluntario no resultó ampliado, efecto éste que solo produce una petición de aplazamiento formulada en tiempo y forma y cumpliendo todos los requisitos exigibles, uno de los cuales es la aportación por la Sociedad interesada de toda la documentación requerida, lo que implica que no resulte necesario ni preceptivo proceder a la resolución de la petición de aplazamiento, sino que le era de aplicación el apartado 6 del artículo 46 del Reglamento General de Recaudación . ("Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la normativa o no se acompañan los documentos citados en los apartados anteriores, el órgano competente para la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento requerirá al solicitante para que, en un plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane el defecto o aporte los documentos con indicación de que, de no atender el requerimiento en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará sin más trámite") y sin más proceder al archivo del expediente y a la expedición de las correspondientes Providencias de apremio, en la que no concurren ninguno de los motivos de impugnación señalados en el artículo 167.3 de la Ley 58/03 , General Tributaria.

El tercer y último motivo del recurso de casación se formula al amparo del artículo 88.1, d) de la LJCA , por infracción del artículo 167 de la Ley 58/2003 , en relación con el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , sobre la impugnación de actos de trámite que hayan causado indefensión.

Alega la recurrente que la sentencia recurrida afirma, en relación a las posibles impugnaciones de las providencias de apremio, que "un elemental principio de seguridad jurídica impide debatir indefinidamente las discrepancias que puedan suscitarse entre los sujetos de la relación jurídica tributaria y, en particular, conlleva la lógica consecuencia de que, iniciada la actividad de ejecución del titulo --lo que no aparece cuestionado en ningún momento-- no pueden trasladarse a dicha fase las cuestiones que debieron solventarse en fase declarativa ...". Tras poner de relieve que los motivos de impugnación de dichas providencias están tasados por el artículo 137 de la Ley General Tributaria y artículo 95.4 del Reglamento General de Recaudación , la sentencia sienta que "la defectuosa notificación que se alega no es de la liquidación sino de un requerimiento de datos o documentos en la solicitud del aplazamiento y fraccionamiento de pago".

De todas formas, la sentencia reconoce que la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en periodo voluntario sería la única causa alegable en este caso pero, como el propio recurrente reconoce, se archivó la solicitud. Y dice la sentencia finalmente que existe un incumplimiento por parte de la recurrente en la aportación de documentos (básicamente avales) en el plazo requerido y que en cualquier caso la ampliación del plazo para aportación de documentos es una potestad de la Administración.

La tesis, pues, que sostiene la recurrente es que debe ser admisible la impugnación de un acto de trámite que le causa indefensión y, como consecuencia, si se estima esa impugnación, debe anularse la providencia de apremio y todos los demás actos posteriores. Para ello, parte de una premisa que, a juicio de esta Sala, no es tal: que la notificación del requerimiento de aportación de datos fue ilegal, lo que supone la pervivencia de su solicitud de aplazamiento de pago, la ilegalidad del archivo de la petición de aplazamiento de pago y, por ende, de la providencia de apremio y en definitiva de todo el procedimiento ejecutivo. Con ese planteamiento, la recurrente está partiendo de una premisa equivocada.

Creemos, con el Abogado del Estado, que el razonamiento de la sentencia contenido en su último Fundamento de Derecho es correcto para justificar y motivar el archivo que hizo la Recaudación de Hacienda de la petición de aplazamiento, cuando dice: "...en escrito de 29 de septiembre, la recurrente presenta escrito ante la Dependencia Regional de Recaudación en el que expone que se están realizando trámites para la obtención de avales en distintas entidades de crédito, pero no aporta la valoración de los bienes que ofrece en garantía. En consecuencia, existe un incumplimiento por parte de la actora y reconocido por ella respecto a la imposibilidad de aportar los documentos en el plazo requerido y ni tan siquiera cabe subsanación alguna dado que no disponía de parte de la documentación que se le requería". Por ello, el motivo tampoco debe prosperar.

Al declararse no haber lugar al recurso de casación, procede imponer las costas a la parte recurrente, de conformidad con lo que establece el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , si bien la Sala haciendo uso de las facultades que le otorga el apartado 3, limita la cuantía de los honorarios del Abogado del Estado, vistas las circunstancias concurrentes, a la cantidad de 4.000 euros.

Por lo expuesto,

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN