STS, 26 de Diciembre de 2013

JurisdicciónEspaña
Fecha26 Diciembre 2013

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiséis de Diciembre de dos mil trece.

Visto por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación para la unificación de doctrina nº 4307/2012, interpuesto por D. Luis Manuel y Dª. Guillerma , representados por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Ostos Osuna, contra la sentencia de 23 de marzo de 2012, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso nº 1022/2009 , sobre expropiación, en el que ha intervenido como parte recurrida la Administración del Estado, representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictó sentencia el 23 de marzo de 2012 , con los siguientes pronunciamientos en su parte dispositiva:

"Que, estimando en parte el recurso interpuesto por don Luis Manuel y doña Guillerma contra la resolución que se dice en el antecedente primero de esta resolución, por no ser ajustada a Derecho en cuanto a la indemnización por rápida ocupación, pérdida de cosecha, que fijamos en 5.694'84, condenando a la demandada a su pago más los intereses legales de la diferencia, sin que haya lugar a otro pronunciamiento y sin hacer expresa imposición de las costas a ninguna de las partes."

SEGUNDO

Notificada la sentencia, la representación procesal de D. Luis Manuel y Dª. Guillerma presentó escrito, en fecha 31 de mayo de 2012, de interposición de recurso de casación para la unificación de doctrina contra la referida resolución, en el que expuso las consideraciones fácticas y jurídicas que convinieron a su derecho, y solicitó que se dicte en su día sentencia por la que se declare haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia impugnada, para dictar otra en la que se estime la doctrina mantenida en las sentencias alegadas como contradictorias.

TERCERO

Admitido el recurso a trámite, se concedió a las partes recurridas el plazo de treinta días a fin de que formalizaran su oposición, lo que verificó el Abogado del Estado en escrito de 25 de octubre de 2012, en el que solicitó a esta Sala que dicte resolución inadmitiendo, o bien, subsidiariamente, desestimando el presente recurso de casación para la unificación de doctrina.

CUARTO

La Secretaria Judicial de la Sala de instancia, en decreto de 8 de noviembre de 2012, tuvo por evacuado el trámite de oposición al recurso de casación para la unificación de doctrina, acordándose elevar las actuaciones y expediente a esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, donde se recibieron el 30 de noviembre de 2012.

QUINTO

Recibidas las actuaciones en esta Sala del Tribunal Supremo, y repartidas a esta Sección, se ordenó formar el rollo de Sala, y conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia del día 17 de diciembre de 2013, fecha en la que tal acto tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Maria del Riego Valledor, .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Se interpone recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, que estimó en parte el recurso interpuesto por D. Luis Manuel y Doña Guillerma , también ahora partes recurrentes, contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de Córdoba, de 8 de julio de 2008, sobre fijación del justiprecio de una finca en el término municipal de Guadalcázar (Córdoba), afectada por la ejecución de la obra de la Línea AVE Córdoba-Málaga "Actuaciones de desmontes en el trayecto Fuente Palmera-Puente Genil".

En su hoja de justiprecio la parte recurrente había reclamado un justiprecio de 973.012,84 €, mientras que el Jurado Provincial de Expropiación fijó un justiprecio de 94.353,45 €.

Los propietarios interpusieron recurso contencioso administrativo contra el acuerdo valorativo del Jurado, y en el súplico de su demanda reclamaron la cantidad de 878.659,39 €, que era la diferencia entre la cantidad reclamada en su hoja de aprecio y el justiprecio fijado por el Jurado, y en el escrito de conclusiones mantuvieron la misma pretensión indemnizatoria.

La sentencia recurrida del TSJ de Andalucía estimó en parte el recurso contencioso administrativo y anuló el acuerdo valorativo del Jurado, únicamente en el concepto relativo a la indemnización por rápida ocupación, pérdida de la cosecha, que fijó 5.694,84 €.

SEGUNDO

El recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por los propietarios, citó como sentencias de contraste las siguientes:

1) Sentencia de 15 de octubre de 2010 (recurso 181/2009), de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos , sobre la aplicabilidad en la valoración de la Ley 6/1998 ó la ley 8/2007.

2) Sentencia de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 27 de marzo de 2008 (recurso185/2007 ), sobre la posibilidad de valoración de las expectativas urbanísticas.

3) Sentencia de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 14 de marzo de 1997 (2752/1992 ), sobre la posibilidad de valoración de la plantación de forma independiente al suelo.

4) Sentencias del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, de 6 de septiembre de 2005 (recurso 68/2004) y de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 28 de octubre de 1996 (recurso 9158/1991 ), sobre valoración de los daños a la actividad cinegética.

5) Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 1 de marzo de 2001 (recurso 6117/1996 ), sobre la posibilidad de valorar la potencialidad gravera de la finca.

El Abogado del Estado, en su escrito de oposición al recurso, alegó su inadmisiblidad por razón de la cuantía, pues en este caso se supera el límite de 600.000 € que abre la vía a la casación ordinaria y, subsidiariamente, opone que el recurso debía desestimarse por infundado.

TERCERO

Examinamos en primer lugar la cuestión de inadmisibilidad del recurso, opuesta por el Abogado del Estado por razón de la cuantía.

El artículo 96.3 de la Ley de la Jurisdicción limita los recursos de casación para la unificación de doctrina a aquellas sentencias que no sean recurribles en casación con arreglo a lo establecido en la letra b) del artículo 86.2, es decir, cuya cuantía litigiosa no exceda de 600.000 €, siempre que sea superior a 30.000 euros.

Es doctrina jurisprudencial reiterada, que recoge entre otras muchas la sentencia de la Sala de 22 de marzo de 2004 (recurso 2474/1999 ), que en materia expropiatoria la cuantía para el acceso a la casación viene determinada por la diferencia entre el valor del bien expropiado fijado en la resolución del Jurado y el asignado por el recurrente en su hoja de aprecio, salvo que la Sala de instancia revise la valoración del Jurado, en cuyo caso aquélla sustituye a la de éste como término de comparación, regla que aplicada al presente caso supone que la cuantía del recurso está representada por la diferencia entre el valor asignado por el propietario en la hoja de aprecio (876.659,39 €) y el fijado en la sentencia impugnada (94.353.45 € más 5.694,84 €), y dicha diferencia excede de la cuantía de 600.000 €, que de acuerdo con el artículo 96.3 en relación con el artículo 86.2 de la Ley Jurisdiccional , da acceso al recurso de casación ordinario.

Sin embargo, y no obstante lo anterior, la alegación de inadmisibilidad opuesta por el Abogado del Estado no puede acogerse en el presente caso, porque no tiene en cuenta que la titularidad de la finca expropiada correspondía, de acuerdo con el acta de ocupación, al matrimonio formado por D. Luis Manuel y Dª Guillerma , quienes han intervenido conjuntamente en el expediente administrativo, en el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y en la interposición del presente recurso de casación. En estos casos de propiedad compartida, esta Sala viene señalando, en autos de 16 de febrero de 2012 (recurso 4104/2011) y 21 de marzo de 2013 (recurso 2770/2012), recaídos en materia de expropiación forzosa, que la cuantía litigiosa se determina en función de la participación de cada comunero en la titularidad compartida y, a falta de previsión especial o de su constancia, por iguales partes entre todos ellos, en aplicación de la regla sobre acumulación subjetiva de acciones del artículo 41.2 LJCA y de la presunción establecida en el artículo 393, regla 2ª del Código Civil .

De acuerdo con los criterios anteriores, si repartimos a partes iguales, entre los cónyuges propietarios de la finca expropiada, la diferencia entre la cantidad reclamada por ellos en la hoja de aprecio y la fijada por la sentencia impugnada, el importe correspondiente a cada recurrente a efectos casacionales excede de la cuantía de 30.000 € y no supera la de 600.000 €, establecidas como límites legales en los artículos 86.2 y 96.3 LJCA para acceder a esta vía casacional, por lo que el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto es admisible por razón de la cuantía.

CUARTO

Con carácter general hemos de indicar que el recurso de casación para la unificación de doctrina, regulado en los artículos 96 a 99 de la Ley procesal de esta Jurisdicción, se configura como un recurso excepcional y subsidiario respecto del de casación propiamente dicho, que tiene por finalidad corregir interpretaciones jurídicas contrarias al ordenamiento jurídico, pero sólo en cuanto constituyan pronunciamientos contradictorios con los efectuados previamente en otras sentencias específicamente invocadas como de contraste, respecto de los mismos litigantes u otros en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales. "Se trata, con este medio de impugnación, de potenciar la seguridad jurídica a través de la unificación de los criterios interpretativos y aplicativos del ordenamiento, pero no en cualquier circunstancia, conforme ocurre con la modalidad general de la casación -siempre que se den, desde luego, los requisitos de su procedencia-, sino "sólo" cuando la inseguridad derive de las propias contradicciones en que, en presencia de litigantes en la misma situación procesal y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, hubieran incurrido las resoluciones judiciales específicamente enfrentadas. No es, pues, esta modalidad casacional una forma de eludir la inimpugnabilidad de sentencias que, aun pudiéndose estimar contrarias a Derecho, no alcancen los límites legalmente establecidos para el acceso al recurso de casación general u ordinario, ni, por ende, una última oportunidad de revisar jurisdiccionalmente sentencias eventualmente no ajustadas al ordenamiento para hacer posible una nueva consideración del caso por ellas decidido. Es, simplemente, un remedio extraordinario arbitrado por el legislador para anular, sí, sentencias ilegales, pero sólo si estuvieran en contradicción con otras de Tribunales homólogos o con otras del Tribunal Supremo específicamente traídas al proceso como opuestas a la que se trate de recurrir", como indica la sentencia de esta Sala de 15 de julio de 2003 (recurso 10058/1998 ).

Esa configuración legal del recurso de casación para la unificación de doctrina determina la exigencia de que en su escrito de formalización se razone y relacione de manera precisa y circunstanciada las identidades que determinan la contradicción alegada y la infracción legal que se imputa a la sentencia, como exige el artículo 97.1 de la Ley de la Jurisdicción .

Por ello, como señala la sentencia de 20 de abril de 2004 (recurso 4/2002 ), "la contradicción entre las sentencias aportadas para el contraste y la impugnada debe establecerse sobre la existencia de una triple identidad de sujetos, fundamentos y pretensiones. No cabe, en consecuencia, apreciar dicha identidad sobre la base de la doctrina sentada en las mismas sobre supuestos de hecho distintos, entre sujetos diferentes o en aplicación de normas distintas del ordenamiento jurídico.

Si se admitiera la contradicción con esta amplitud, el recurso de casación para la unificación de doctrina no se distinguiría del recurso de casación ordinario por infracción de la jurisprudencia cuando se invocara la contradicción con sentencias del Tribunal Supremo. No se trata de denunciar el quebrantamiento de la doctrina, siquiera reiterada, sentada por el Tribunal de casación, sino de demostrar la contradicción entre dos soluciones jurídicas recaídas en un supuesto idéntico no sólo en los aspectos doctrinales o en la materia considerada, sino también en los sujetos que promovieron la pretensión y en los elementos de hecho y de Derecho que integran el presupuesto y el fundamento de ésta. Debe, pues, apreciarse una incompatibilidad lógica entre ambos pronunciamientos, sin margen alguno de interpretación de normas diversas, de aplicación de las mismas sobre supuestos de hecho distintos o de diferente valoración de las pruebas que permita, independientemente del acierto de uno u otro pronunciamiento, justificar a priori la divergencia en la solución adoptada".

Como dice la sentencia de esta Sala de 26 de diciembre de 2000 (recurso 3520/1995 ), la contradicción entre las sentencias contrastadas ha de ser ontológica, esto es, derivada de dos proposiciones que, al propio tiempo, no pueden ser verdaderas o correctas jurídicamente hablando y falsas o contrarias a Derecho. Esta situación no presenta analogía alguna con la de sentencias "distintas o diferentes", pese a la identidad de planteamientos normativos o de hecho entre ambas, en función del resultado probatorio que haya podido apreciarse en unas u otras".

Por último, es importante subrayar que en este especifico recurso de casación no cabe una revisión de la valoración de la prueba efectuada por la Sala de instancia. En este recurso se parte de los hechos que, como justificados, ha fijado la sentencia impugnada. Como indica la sentencia de 1 de diciembre de 2009 (recurso 294/2008 ), la prueba constituye una cuestión absolutamente ajena a este recurso extraordinario.

QUINTO

Si aplicamos los anteriores criterios generales al presente caso, llegamos a la conclusión de que no cabe apreciar la contradicción que alega la parte recurrente entre la sentencia impugnada y la primera de las sentencias citadas de contraste, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Castilla y León en fecha 15 de octubre de 2010 , en relación con la aplicación de los criterios de valoración del suelo rústico de la Ley 6/98 ó de la Ley 8/2007.

Las tesis enfrentadas en las sentencias impugnada y de contraste se refieren a la interpretación de la Disposición Transitoria Tercera del RD Legislativo 2/2008, de 20 de junio , que señala que las reglas de valoración de la nueva ley serán aplicables a todos los expedientes incluidos en su ámbito material de aplicación que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, considerando la sentencia impugnada que habrá de estarse a la fecha de inicio del expediente de justiprecio, es decir, a la fecha de requerimiento para la presentación de la hoja de aprecio, mientras que la sentencia aportada de contraste sostiene que la fecha de referencia es la de inicio del expediente de expropiación, que coincide con el acuerdo de necesidad de ocupación, y la tesis que es conforme a la doctrina de este Tribunal Supremo, elaborada en la interpretación de la citada Disposición Transitoria Tercera, es precisamente la sustentada en la sentencia impugnada. Así resulta de las sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2013 (recurso 5437/2010 ) y 3 de diciembre de 2013 (recurso 1796/2011 ), entre otras, que indican que cuando la DT 3ª del RD. Legislativo 2/2008 se refiere a "todos los expedientes", debe entenderse que se está refiriendo al expediente de justiprecio, en atención al contenido valorativo y no procedimental de la norma de cuya aplicación se trata.

Hemos de rechazar por tanto el recurso de casación para la unificación de doctrina en este punto, puesto que la tesis conforme a derecho sobre la fecha determinante para la entrada en vigor de la Ley 8/2007 es la contenida en la sentencia que impugna la parte recurrente.

SEXTO

Además de la anterior contradicción con la STSJ de Castilla y León que se ha citado, el recurso de casación encuentra otros 4 puntos de desacuerdo con la sentencia impugnada, que articula alegando la correspondiente contradicción con otras sentencias.

Esos otros 4 puntos de desacuerdo, y de contradicción de la sentencia impugnada con otros pronunciamientos, afectan a la posibilidad de valoración de las expectativas urbanísticas, a la posibilidad de valoración de la plantación de forma independiente al suelo, a la valoración de los daños a la actividad cinegética y a la posibilidad de valoración de la potencialidad gravera de la finca.

Ya se ha indicado que la sentencia impugnada se pronunció sobre la valoración de una finca no urbanizable en el término municipal de Guadalcázar (Córdoba), afectada por la ejecución de la obra de la Línea AVE Córdoba-Málaga, y como veremos, atendidas las cuestiones que plantea la parte recurrente, no concurren los elementos de identidad que exige la LJCA, entre los supuestos enjuiciados por la sentencia impugnada y las sentencias citadas de contraste.

En relación con la posible valoración de las expectativas urbanísticas, el recurso de casación cita como sentencia de contraste la dictada por este Tribunal Supremo, en fecha 27 de marzo de 2008 , que se refiere a la valoración de una finca en el término municipal de Arganda del Rey (Madrid), cuyas circunstancias no son obviamente coincidentes, y ni siquiera similares, con las del municipio de Guadalcázar (Córdoba).

En relación con la valoración independiente del suelo y las plantaciones, el recurso cita como sentencia de contraste la de este Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1997 , que se refiere a una finca en Asturias de producción maderera, en la que se valoró separadamente el suelo y la producción maderera existente, en base al número de robles y matas de roble, mientras que la finca expropiada a que se refiere la sentencia impugnada era una finca de características distintas, pues se trataba de un olivar con riego extensivo en Córdoba, en la que el Jurado ya tuvo en cuenta precisamente dichas características en la valoración del suelo.

Para mostrar la contradicción en la valoración de los daños a la actividad cinegética, el recurso cita la sentencia de un Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, de 6 de septiembre de 2005 , que no es una sentencia de contraste aceptable, pues como ha dicho esta Sala en sentencia de 15 de junio de 2004 (recurso 53/2003 ), el recurso para la unificación de doctrina únicamente cabe por contradicción con sentencias de las Salas de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia o, en su caso, del Tribunal Supremo, según resulta de los apartados 1 y 2 del artículo 97 LJCA . Cita también el recurso de casación como sentencia de contraste, en relación con esta cuestión de la valoración de los daños a la actividad cinegética, la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1996 , sobre los daños ocasionados por la instalación de una línea férrea en una finca de Toledo, en relación con la actividad ganadera de cría de ovejas que se desarrollaba en la finca, lo que es un concepto distinto a los daños en la actividad cinegética que reclama la parte recurrente, en la finca expropiada en la provincia de Córdoba, a lo que se añade que, en la sentencia de contraste, la Sala de instancia aceptó los daños sobre el ganado ovino que acreditaba el dictamen pericial elaborado en autos, mientras que en la sentencia impugnada la Sala de instancia no aceptó un incremento sobre la indemnización reconocida por el Jurado por pérdida de caza, debido a defectos que la Sala apreció en la prueba pericial, pues como razona la sentencia impugnada, la prueba pericial fijó una renta de la caza en una determinada cantidad por hectárea, sin otra explicación que una supuesta consulta a sociedades de cazadores, que no logró la convicción de la Sala de instancia sobre la cuantía de los daños reclamados.

En cuanto a la cuestión de la posibilidad de valoración de la potencialidad gravera de la finca, el recurso de casación cita como sentencia de contraste la dictada por esta Sala del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2001 , que en la valoración de una finca en Lleida incluyó una indemnización del 10% del beneficio neto potencial del aprovechamiento minero de unos recursos de la Sección A, cuya realidad no era discutida por las partes, mientras que en el caso de la finca expropiada en la provincial de Córdoba, la sentencia impugnada limitó expresamente la cuestión litigiosa a la valoración de los conceptos contemplados por el Jurado, entre los que no se incluía la potencialidad de explotación de gravas a que se refiere el recurso de casación.

De lo expuesto se concluye que no concurren los requisitos de identidad entre la sentencia impugnada y las citadas de contraste, pues en la sentencia impugnada se abordan las cuestiones de valoración a que hemos hecho referencia, sobre las expectativas urbanísticas, la tasación conjunta del suelo y las plantaciones, los daños a la actividad cinegética y la potencialidad gravera, en atención a las características objetivas de la concreta finca a que se refería el expediente de valoración, que constituyen esencialmente una cuestión de hecho, que no puede ser sometida a contraste o comparación, desde la perspectiva de la unificación de doctrina legal, con otras valoraciones realizadas respecto de fincas diferentes con características distintas.

En realidad, la parte recurrente formula su recurso como si se tratara de un recurso de casación ordinario del apartado d) del artículo 88.1 LJCA , para denunciar la infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones que fueron objeto de debate, con olvido de que la función y la finalidad del recurso de casación para unificación de doctrina, de preservar la seguridad jurídica y la igualdad, impone a la parte la carga de acreditar la identidad de supuestos en los que se han producido las distintas respuestas, lo que en el presente caso no se ha cumplido, a la vista de las sentencias ofrecidas de contraste cuya diversidad y falta de identidad ya se ha comentado.

SÉPTIMO

Aunque lo hasta aquí razonado es suficiente para la desestimación del recurso, cabe añadir que la sentencia impugnada fundamenta su decisión en la valoración que hace de la prueba practicada, en relación con las circunstancias de orden fáctico (expectativas urbanísticas, plantaciones, caza y gravas) concurrentes en la finca, y esta Sala ha dicho en la sentencia de 21 de julio de 2011 (recurso 310/2010 ), entre otras muchas, que "en el recurso de casación para la unificación de doctrina, a diferencia de lo que ocurre en el recurso de casación común, no cabe ninguna contestación de la apreciación de la prueba efectuada por la Sala de instancia, ni siquiera por valoración arbitraria o ilógica". Y es que, como se declara en la sentencia de 25 de febrero de 2011 (recurso 354/2008 ), "en el juicio de contradicción propio del recurso de casación para la unificación de doctrina no caben intromisiones críticas ni adiciones en los hechos y fundamentos jurídicos de las sentencias confrontadas, pues deben compararse como en ellas vienen dados. Dicho sea de otro modo, esta peculiar modalidad casacional tiene por finalidad unificar el criterio de aplicación de la legalidad en supuestos sustancialmente idénticos, no corregir la apreciación de los hechos efectuada por el Tribunal a quo".

Es decir, no podemos nosotros ahora por esta vía casacional revisar la valoración que de la prueba se hace por el Tribunal de instancia, ni siquiera en los supuestos que ello está autorizado para el recurso de casación ordinario de acreditarse haber incurrido el Tribunal de instancia en una valoración irracional, ilógica o arbitraria. Y es precisamente esa valoración de la prueba la que sirve de fundamentación para la decisión que se adopta en la sentencia. Todo ello obliga a desestimar el recurso.

OCTAVO

Al declararse no haber lugar al recurso de casación, procede condenar a la parte recurrente en las costas del mismo, de conformidad con la regla del artículo 139.2 LJCA , si bien, la Sala haciendo uso de la facultad que le confiere el apartado tercero del citado precepto, limita en la cantidad de 4.000 € el importe máximo a reclamar por todos los conceptos como costas procesales por la parte recurrida, en este caso la Administración General del Estado.

Por todo ello, en nombre de SM el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar al presente recurso de casación para la unificación de doctrina nº 4307/2012, interpuesto por la representación de D. Luis Manuel y Dª. Guillerma , contra la sentencia de 23 de marzo de 2012, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso nº 1022/2009 , con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en este recurso de casación, en los términos indicados en el último Fundamento de Derecho de esta sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la colección legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .

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