ATS, 10 de Mayo de 2006

Con fecha 15 de febrero pasado, esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, dictó auto resolviendo el recurso de queja interpuesto por la representación procesal de AUGE (Asociación de Usuarios de Banca y Bolsa) y el Ministerio Fiscal, contra auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Sexta, denegatorio de la preparación del recurso de casación de fecha 17/11/2005. Esta Sala estimó dicho recurso, revocando el anterior auto y ordenando a la Audiencia Provincial expedir las certificaciones interesadas y dar cumplimiento a lo previsto en los arts. 858 y 861 LECrimn .

Por la representación procesal de los recurridos, la Procuradora Sra. Ortiz Cornago, en representación de Vicente, presentó escrito en el Registro General de este Tribunal Supremo, el 17 de marzo, promoviendo incidente de nulidad de actuación contra el mencionado auto de 15 de febrero. El Procurador Sr. Fernández Castro, en representación de Fermín, en igual fecha, presentó escrito promoviendo el mismo incidente, acordándose por providencia dar traslado a las partes recurrentes evacuando el traslado conferido el Procurador Sr. Hidalgo Senén, en la representación de AUGE, mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Supremo, con fecha 30 de marzo y el Ministerio Fiscal, mediante escrito presentado el pasado 19 abril.

La representación procesal de Vicente, interesa la nulidad del auto de 15/2/2006 "...en cuanto omite pronunciarse sobre cuestiones jurídicas y alegaciones substanciales que, avalando la pretensión formulada, fueron realizadas por esta representación, vulnerando por incongruencia omisiva el art. 24 CE en relación con el art. 120.3 CE y art. 9 CE ...En nuestro escrito de impugnación del Recurso de Queja, de 30 de enero de 2006, planteamos que el recurso de casación penal ha venido considerándose incompatible con una doble instancia previa, por lo que no cabe contra un auto de sobreseimiento libre dictado por la Audiencia Provincial en fase de Diligencias Previas, como han afirmado las STS de 5 de mayo de 1997 y STS de 11 de junio de 1998 . A tal cuestión no se dio respuesta. Igual resultado corrió nuestra alegación concerniente a que la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional (por todas la STC 51/2005, de 14 de marzo ), tiene afirmado que el derecho a los recursos derivado del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la Constitución Española, constituye un derecho de configuración legal, por cuanto es el derecho a utilizar los recursos que la Ley conceda expresamente y no otros. La única excepción existente, que tiene su fundamento en el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se refiere al condenado por delito, que tiene derecho a que la sentencia condenatoria sea revisada por un tribunal superior. Dicho derecho al recurso de ningún modo se atribuye a las partes acusadoras ni afecta a las resoluciones absolutorias o de sobreseimiento libre. Por el contrario, la concesión a la acusación de un recurso no previsto legalmente supondría la transgresión de los principios de legalidad procesal. Si se dijese...que esas pretensiones han sido resueltas, de manera implícita, en el propio Auto de 15 de febrero de 2.006, al remitirse con carácter general a los tres requisitos que marca el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2005, habría que recordar que en nuestro escrito hemos alegado de manera expresa y concreta la no concurrencia de las condiciones segunda y tercera señaladas en dicho Acuerdo: imputación judicial equivalente a procesamiento y procedimiento cuya sentencia sea recurrible en casación...En nuestro caso, tanto el auto de 30 de junio de 2004 que acordó requerir a los querellados que constituyeran fianza, como el auto de 17 de junio de 2005 que dispuso transformar las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado, nunca alcanzaron firmeza pues estaban recurridos en apelación y sin resolver en el momento en que la Audiencia Provincial de Madrid acordó el 2 de noviembre de 2005 el sobreseimiento libre, tal y como consta en los antecedentes de este escrito y en los documentos nº 1 y 2 que lo acompañan...concluíamos nuestra impugnación con respecto a este segundo requisito diciendo que para que el auto de Transformación de Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado determine la recurribilidad en casación del auto de sobreseimiento libre, habrá de ser anterior a dicho auto de sobreseimiento o a su denegación por el Juez de Instrucción. En el Procedimiento Abreviado, por "procesado como culpable" del art. 848.2 LECRIM tan sólo pueden entenderse al sujeto pasivo de un auto de Transformación de Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado, sin que sea resolución equivalente al procesamiento el auto de adopción de medidas cautelares. En todo caso, tampoco se podría considerar que en el procedimiento que nos ocupa hubiese existido alguien "procesado como culpable" puesto que el Auto de 30 de junio de 2004 que imponía una fianza a los querellados y el auto de 17 de junio de 2.005, que transforma las Diligencias en Procedimiento Abreviado nunca alcanzaron firmeza al ser recurridos en apelación y ser resuelta, previamente, la solicitud de prescripción...Nada se contestó con respecto a nuestras pretensiones que concluían que no se podía asimilar ninguna de estas tres soluciones a una imputación judicial equivalente a un procesamiento. Unicamente se afirmó, tal y como ya figuraba en los antecedentes de hecho de los recursos de queja, que existían dictadas en el marco del procedimiento ciertas resoluciones asimilables al auto de procesamiento...Otro tanto ocurre con el tercer requisito señalado por el Pleno no jurisdiccional de 9 de febrero de 2005, procedimiento cuya sentencia sea recurrible en casación. Nada se contestó a nuestras pretensiones que concluían que no correspondía el enjuiciamiento de estos hechos a la Audiencia Provincial. Unicamente se afirmó, tal y como ya figuraba en los antecedentes de hecho de los recursos de queja, que el auto de apertura del Juicio Oral decretaba la competencia de la Audiencia Provincial. En relación al cumplimiento de este tercer requisito señalábamos en nuestro escrito de impugnación de los recursos de queja que: Tampoco concurre el requisito de que el auto haya sido dictado en procedimiento cuya sentencia sea recurrible en casación y ello, en primer lugar, porque el sobreseimiento ha sido dictado en fase de instrucción, cuando todavía no se había determinado la competencia objetiva de los Jugados de lo Penal o de la Audiencia Provincial. La STS 1614/2000, de 23 de octubre establece que: Precisamente en el mismo auto en que el Juez acuerde la apertura del juicio oral habrá de señalar cuál sea el órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa ( artículo 790.6 cuarto párrafo ). La diferencia de órgano judicial que haya de juzgar contribuye a concretar la posibilidad de casación porque, en efecto, si el órgano judicial competente para resolver es el Juez de lo Penal, como su resolución final es susceptible sólo de apelación, pero no de casación, no podrá en tal caso el previo sobreseimiento libre, por entenderse que los hechos no constituyen delito, alcanzar a ser objeto de casación, mientras que sí lo será tal clase de sobreseimiento cuando la causa haya de ser conocida y resuelta por una Audiencia Provincial de cuya resolución no cabe alzarse en apelación pero contra la que sí cabe casación ( sentencias de esta Sala de 5 de mayo de 1887 [RJ 1997/3662] y 8 de julio de 1998 [RJ 1998/5831 ]). El 2 de noviembre de 2005 se dictó resolución revocando el Auto pronunciado por el Juzgado de Instrucción nº 32 el pasado día 7 de junio de 2005 y declarando el sobreseimiento libre de las actuaciones. En consecuencia, todas las actuaciones procesales y resoluciones que se hubieran producido y dictado con posterioridad a dicha fecha de 7 de junio han de entenderse carentes de eficacia. Hasta el 6 de abril de 2005 ninguna de las acusaciones había planteado la posibilidad de que estuviésemos ante un subtipo agravado del delito de uso de información privilegiada, única circunstancia que conllevaría la competencia de la Audiencia Provincial. Es más, todas las resoluciones previas a este 6 de abril de 2005 consideraban que no eran de aplicación los subtipos agravados de delito de uso de información privilegiada. Por orden cronológico estas fueron: 1.- El oficio-informe del Fiscal General del Estado emitido el 13 de diciembre de 2002, que además de avalar la irrelevancia penal de la operación que nos ocupa, resaltaba cómo los hechos objeto de este procedimiento podrían estar prescritos: En relación con la subsunción de los hechos en el subtipo agravado del art. 286 apartados 2 y 3 del CP

, parece oportuno expresar a V.E. las dificultades que se encuentran en la apreciación jurídica de ambas agravaciones. Respecto de la exigencia de que el beneficio obtenido sea de notoria importancia, el beneficio mínimo exigidos por el tipo se cifra en más de 75 millones. En este caso, según el proyecto de querella, se habrían obtenido 309 millones, es decir una cifra cuatro veces superior. Cabe plantearse si ello constituye notoria importancia a efectos de tipicidad. No existe jurisprudencia que pudiera aclarar este asunto. La cuestión por tanto, se torna discutible y dudosa, de pronóstico incierto. En contra de la agravación cabría invocar analógicamente a favor del reo las reglas sobre cuantía de notoria importancia fijadas por la jurisprudencia para otros delitos (hurto, estafa, apropiación indebida, etc.). Si en tales figuras el límite entre el delito y falta se sitúa en 50.000 ptas -300,51 euros-, cuatro veces ese valor nos situaría en 200.000 ptas., cantidad muy alejada de la fijada por la jurisprudencia para la apreciación de notoria importancia, que se ha establecido, no sin ciertas dosis de imprecisión, en torno a 6 millones (aproximadamente 120 veces el valor mínimo de 50.000).

2. - El auto de 30 de junio de 2004 del propio Juzgado de Instrucción nº 32 que no aceptaba el requerimiento de inhibición planteado por el Juzgado Central de Instrucción nº 4 y estimaba que: El volumen del beneficio, que se refiere en la querella y se ha acreditado indiciariamente a través de las indagaciones previas de la Comisión del Mercado de Valores, asciende a 309 millones de las antiguas pesetas. Tan escasa cuantía no permite distinguir que resulte afectada la economía española en modo alguno. 3.- El Auto de este Excmo. Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2004 que resolvía la cuestión de competencia y determinó que: Una operación que produce beneficios de unos 310.000.000 pts. en modo alguno puede tener repercusión alguna en la economía nacional y, desde luego, nunca de carácter grave. Por si existiera alguna duda a la hora de valorar la aplicación del concepto de "cuantía de notoria importancia", el legislador promulgó la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre que entró en vigor el 1 de octubre de 2004. Fue voluntad del legislador ampliar el beneficio económico exigido para la tipicidad del art. 285 CP en un 33%, pasando de 75 millones de pesetas a 600.000 euros. El tener en cuenta lo dispuesto en las conclusiones provisionales realizadas por las acusaciones, efectuadas con posterioridad al momento en que se instó el sobreseimiento por considerar prescrito el procedimiento supondría, de hecho, que la simple voluntad de estas acusaciones permitiera impedir la apreciación de la prescripciòn, por la sencilla vía de incluir en sus calificaciones provisionales circunstancias modificativas que en realidad, no concurren... Por ello concluíamos que: "en el momento en que se instó la prescripción la competencia objetiva para el enjuiciamiento correspondería a los Juzgados de lo Penal. Es más, hasta entonces todas las resoluciones existentes -emanadas de la Fiscalía General del Estado, de la Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo y del propio Juzgado de Instructor- confirmaban que no eran de aplicación los subtipos agravados del delito de uso de información privilegiada... A la vista del análisis anterior, podemos concluir que se ha omitido dar respuesta adecuada a las pretensiones jurídicas realizadas por esta representación con respecto al cumplimiento del segundo y tercer requisitos establecidos en el Pleno no Jurisdiccional de 9 de febrero de 2005. Pretensiones, por lo demás, basadas en el criterio recientemente sustentado por este Alto Tribunal en el ATS de 31 de octubre de 2005, del que se aparta el de 15 de febrero de 2006 contra el que se promueve el presente incidente de nulidad. De lo expuesto se deduce que, en nuestro caso, tal como requiere la STS 325/2005, de 12 de marzo, se ha padecido una omisión referida a pretensiones sustanciales de carácter jurídico y no a meras cuestiones fácticas. En concreto (i) exigencia de que, para ser considerado equiparable a un procesamiento, el Auto de Transformación habrá de ser anterior al Auto de sobreseimiento o a su denegación por el Juez instructor; (ii) imposibilidad de equiparar el auto de adopción de medidas cautelares al procesamiento; (iii) en consonancia con el ATS 31 de octubre de 2005, que todas estas resoluciones, que el Auto de 15 de febrero de 2006 equipara al procesamiento, nunca alcanzaron firmeza al estar recurridas; y (iv) que en el momento en que se instó la prescripción de la competencia objetiva para el enjuiciamiento correspondería a los Juzgados de lo Penal, ya que, entre otras cosas, todas las resoluciones existentes en ese momento confirmaban que no eran de aplicación los subtipos agravdados de delito de uso de información privilegiada. A mayor abundamiento eses pretensiones sustanciales, que no han recibido oportuna respuesta, han sido corroboradas por el Auto nº 83/2006 de 14 de febrero que ha dejado sin efecto el Auto de Transformación de 17 de junio de 2005 . Por otro lado, dicha omisión no puede interpretarse como una desestimación implícita o tácita, constitucionalmente admitida: el Auto del que se predica la nulidad únicamente admite la existencia de ciertas resoluciones sin entrar a valorar, entre otras cuestiones, si en efecto, estaban recurridas y, por tanto, carecía de firmeza. Estimamos, pues, dicho sea con el más absoluto de los respetos hacia esa Excma. Sala y dentro del ejercicio del derecho de defensa, que el Auto de 15 de febrero de 2006, en cuanto omite pronunciarse sobre ciertas pretensiones jurídicas y alegaciones substanciales formuladas por esta representación, vulnera el art. 24 CE en relación con el art. 120.3 CE y art. 9 CE "

Por la representación procesal de Fermín, interesa también la nulidad y a tal fin alega: "INDEFENSION: Los defectos de forma causantes de la indefensión originan la nulidad radical de las resoluciones en las que tales defectos se dan cita, caso en el que se encuentra la sentencia estimatoria de los recursos de queja, debido a que ha sido privado mi mandante indebidamente de su derecho a la tutela judicial efectiva, que obliga a respetar la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes e impide el desconocimiento del principio de cosa juzgada... La sentencia estimatoria de los recursos de queja ataca la intangibilidad de una resolución judicial firme conforme a la Ley, otorgando frente a la misma un recurso (el de casación) que la Ley no contempla ni permite... Como no existe en la LECrimn. norma alguna que permita la presentación de recurso de casación frente a un auto de sobreseimiento adoptado por la Audiencia Provincial al conocer de un recurso de apelación frente a un auto del Juzgado de Instrucción en el Proceso Abreviado, cabe deducir que la Ley atribuye a los autos dictados por las Audiencias en apelación en los procesos abreviados efectos de cosa juzgada formal. Y a tal efecto de la cosa juzgado formal del auto de sobreseimiento libre dictado en la causa ha de impedir la realización de artificiosas construcciones para otorgar acceso a la casación a una resolución frente a la cual la ley no contempla ningún recurso. Concederlo supone romper la cosa juzgada y conclucar el derecho a la tutela judicial efectiva de mi mandante, su derecho a un proceso con todas las garantías, así como los principios de seguridad jurídica y legalidad y también el principio de non bis in idem, en su vertiente procesal, dado que finalizado un proceso penal conforme a la Ley -por el Auto de archivo de la Audiencia- no puede reabrirse por considerar un tribunal -aunque sea la Excma. Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos- que resulta aplicable por analogía el recurso de casación que la Ley no ha establecido y que tiene carácter extraordinario...En definitiva, al permitirse la modificación de una resolución judicial fuera del cauce legalmente establecido se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y se genera indefensión. INCONGRUENCIA: Resulta el auto de 15 de febrero de 2006 incongruente por no pronunciarse en absoluto acerca de la falta de concurrencia del requisito de la firmeza de la resolución equivalente al procesamiento y que, para la admisibilidad del recurso de casación frente a los autos de las Audiencias en el proceso abreviado, se establece en el acuerdo de la Sala General de 9 de febrero de 2005, y en la más reciente jurisprudencia de la Sala...esta representación (a pesar de hallarse en desacuerdo con la creación por la Sala de un recurso de casación inexistente por alegal) había invocado en sus alegaciones frente a los recursos de queja. Como recuerda el auto de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2005 (ponente Excmo. Sr. Berdugo Gómez de la Torre), un auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado que no ha alcanzado firmeza no puede considerarse una resolución de inculpación formal equivalente al procesamiento que permita tener por cumplido el requisito de acceso a la casación ¿Cúal es entonces la resolución equivalente al procesamiento firme que se ha tomado en consideración? De las resoluciones expresadas en el Auto de 15 de febrero de 2006 ninguna de ellas cumple el requisito de firmeza, lo que deja abierto el interrogante planteado, cuya falta de respuesta se traduce en la incongruencia aquí denunciada... Como se ha acreditado documentalmente, frente al auto de transformación de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado esta representación interpuso recurso de apelación. Dicho recurso -que impedía hablar de firmeza de la resolución- se encontraba pendiente de resolución cuando se efectuaron nuestras alegaciones de los Recursos de Queja... En cuanto a la adopción por el Juzgado de Instrucción de medidas cautelares que según el auto supondría también la existencia de una imputación equivalente al procesamiento, lo cierto es que, al reclamarse una "inculpación formal" no basta cualquier atribución del hecho efectuada por el Instructor, ya que la función del "procesamiento" no lo cumple la imposición de una medida cautelar de fianza: evidentemente, a diferencia del auto de procesamiento, una resolución cautelar no determina la legitimación pasiva en el proceso penal ni supone condición necesaria para la apertura del juicio oral contra el afectado... Queda así claro que, de ningún modo, pese a la posición de los recurrentes en queja, la adopción de medidas cautelares puede entenderse equivalente al "procesamiento"... Ello con independencia de la falta de firmeza, también, de la medida cautelar de fianza, que -como expusimos oportunamente ante esta Excma. Sala, que incongruentemente ha guardado el más absoluto silencio sobre nuestra pretensión defensiva- mi poderdante recurrió en apelación ante la Audiencia, quedando posteriormente el recurso sin objeto por la declaración de sobreseimiento... Por último, el Auto de apertura de juicio oral que también se invoca por el Auto estimatorio de los recursos de queja no puede ser tenido en cuenta como auto de inculpación formal, dado que su existencia jurídica presupone necesariamente la existencia de determinadas actuaciones y resoluciones previas que sean válidas, entre las que destaca la existencia del Auto de Transformación de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado, revocado por la Audiencia... Aparte de ello, tal auto de apertura del juicio oral resultaba ineficaz a todos los efectos desde el momento en que la Audiencia declaró el sobreseimiento en un momento procesal anterior no sólo al mismo, sino al propio auto de transformación, al estimar un recurso de apelación frente a un auto del Juzgado de Instrucción dictado con anterioridad al referido Auto de Transformación. Sobre tal punto no existe tampoco pronunciamiento alguno en el auto de 15 de febrero de 2006 .

Los recurrentes en queja, evacuaron el traslado conferido, así la representación de la Asociación de Consumidores AUGE, alegó:"El Incidente que los acusados pretender formular al unísono contra el Auto de la Sala que estimó los Recursos de Queja formulados por el Ministerio Fiscal y esta acusación popular debió haber sido inadmitido a trámite por la Sala. En cualquier caso, su único destino posible es el rechazo de la nulidad prentendida... El incidente de nulidad pretendido no cumple los requisitos mínimos establecidos por el art. 241 LOPJ para su formulación que -recuérdese- debe tener siempre carácter excepcional. Ni ha podido haber defectos de forma en la tramitación de los Recursos de Queja deducidos por el Ministerio Fiscal y por esta acusación popular, ni mucho menos ha existido indefensión de los acusados o incongruencia en la resolución de la Sala. Los promotores del incidente de nulidad no aportan en sus escritos el más mínimo indicio de que haya existido alguna causa atendible de nulidad de la citada resolución... Por ello, los acusados, en lugar de atacar la Ley, interponen fraudulentamente el presente incidente de nulidad, pretendiendo utilizarlo como una suerte de recurso contra el Auto estimatorio del Recurso de Queja...El escrito de la representación de Fermín llega al absurdo al considerar vulnerado el principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales, por el hecho de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo considere recurrible en casación la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que decretó el sobreseimiento del proceso... La intangibilidad de las resoluciones judiciales prohibe modificarlas una vez que son firmes. Pero declarar que contra una resolución cabe o no determinado recurso no supone alterar su contenido, sino que única y exclusivamente significa posibilitar el derecho a recurrirla que asiste a las parte... Con ello, la representación del repetido acusado comete un fraude procesal evidente, pues pretende recurrir una resolución irrecurrible. Por tanto, es sólo el citado acusado quién está pretendiendo vulnerar el principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales, al combatir por una vía procesal torticera una resolución del Tribunal Supremo contra la que no cabe recurso y que, por consiguiente, es firme... nada dicen los solicitantes acerca de la necesaria indefensión que les habría causado el Auto de la Sala, evidenciando el hecho de que no puede causar indefensión alguna en los acusados la decisión del Tribunal Supremo de declarar recurrible en casación una resolución de la Audiencia. INCONGRUENCIA OMISIVA... que realiza la representación del acusado Vicente

... Dice textualmente la citada representación que se produce esta incongruencia omisiva por cuanto que "se ha omitido dar respuesta adecuada" a sus pretensiones jurídicas. Es decir: no achaca esa parte Auto del Tribunal Supremo el defecto de que haya dejado de pronunciarse sobre determinada pretensión deducida por la citada representación procesal, hecho que se podría constituir incongruencia omisiva. La representación del expresado acusado reconoce que la Sala se pronunció sobre todas ellas, pero no les dio "una respuesta adecuada"... la falta de argumentos de la representación de Vicente se pone patéticamente de relieve cuando pretende evidenciar la contradicción en que habría incurrido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente del Auto estimatorio de los recursos de Queja, aduciendo una resolución anterior del Tribunal Supremo, en la que intervino el mismo Magistrado, y que tendría un contenido opuesto... no son admisibles las situaciones de hecho de ambas resoluciones. La que ahora se aporta se refiere a un delito cuyo fallo correspondía a un Juzgado de lo Penal. Por tanto, las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial en su tramitación quedan excluidas de la casación, de acuerdo con el contenido del tercer requisito establecido por el Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2005. El asunto resuelto por la Sala en estos autos sí cumplía el tercer requisito establecido por dicho Pleno, al igual que los dos primeros, por ser la sentencia que le pondría fin recurrible en casación... la reciente anulación por la Audiencia de Madrid del Auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado... no tiene la menor trascendencia en este momento procesal, pues se basa en el previo sobreseimiento de la causa por prescripción del delito decretada anteriormente por el mismo tribunal de instancia, decisión que será recurrida en casación por esta parte y el Ministerio Fiscal, gracias a la estimación de sus Recursos de Queja por esta Sala. En función de lo que decida el Tribunal Supremo sobre la prescripción del delito, la causa proseguirá su curso o no, pero la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid ya ha dicho todo lo que tenía que decir sobre este particular, y lo ha dicho de una forma muy clara, La solicitud de los acusados debe ser, por tanto, ...rechazada, al carecer de fundamento alguno..."

Y por último el Ministerio Fiscal, en igual trámite dijo: "...El vicio de incongruencia omisiva supone, SSTC 8/02, 104/02 y 236/02, una denegación de tutela siempre que no exista resolución expresa de las pretensiones deducidas, dada la obligación de los órganos judiciales de resolver de manera congruente con los términos en que vengan planteadas las pretensiones. Esa Sala, ha entendido también que la incongruencia a la que se refiere el art. 241 comprende los supuestos de omisión de respuesta a las pretensiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes, o dicho de otra manera, la existencia de un desajuste entre el fallo y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones. Pero en este sentido, como dice el ATS de 21 de octubre de 2004 "no pueden ser identificadas las pretensiones jurídicas con las alegaciones, argumentaciones o razonamientos realizados por las partes para sustentarlas. Debe tenerse en cuenta que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, "la congruencia exigible, desde la perspectiva del respeto al derecho fundamental que consagra el art. 24.1 CE, comprende la obtención de una respuesta razonada a las pretesiones de las partes, pero no un razonamiento autónomo y pormenorizado a todos y cada uno de los fundamentos jurídicos en que aquellas se sustentan" También se ha mantenido constantemente que "las exigencias derivadas de aquel precepto constitucional han de entenderse implícita y no sólo necesariamente en la expresa o manifiesta" SSTC 70/2002 de 3 de abril y 189/2001, de 24 de septiembre . Es así preciso distinguir entre las alegaciones o argumentaciones de las partes para fundamentar sus pretensiones, y las pretensiones en si mismas. Respecto de las primeras no es necesaria una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, siendo suficiente, en atención a las circunstancias particulares del caso, con una respuesta global o genérica ( ATS de 20 de mayo de 2002 ). La doctrina expuesta es aplicable a los incidentes de nulidad promovidos, la Sala ha dado respuesta a las pretensiones aducidas, es o no recurrible en casación la resolución de la Audiencia de Madrid, aunque no de exhaustiva respuesta a cada uno de los argumentos de quienes se oponían a los recursos del Fiscal y acusación popular..."

LA SALA ACUERDA: INADMITIR EL INCIDENTE DE NULIDAD de actuaciones solicitado por las representaciones procesales de Vicente y Fermín, contra auto de fecha 15 de febrero de 2006, con imposición a los mismos de las costas del incidente.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, Ministerio Fiscal y Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, a los efectos legales oportunos.

Así lo acordaron mandaron y firman los Excmos. Sres. que han formado Sala para ver y decidir la presente, de lo que como Secretario certifico.