STS, 15 de Diciembre de 1998
| Ponente | ANTONIO MARTI GARCIA |
| ECLI | ES:TS:1998:7625 |
| Número de Recurso | 2148/1993 |
| Fecha de Resolución | 15 de Diciembre de 1998 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Sentencia
En la Villa de Madrid, a quince de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho.
Visto por la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, compuesta por los Excmos. Sres. anotados del margen, el recurso de casación nº 2148/93 interpuesto por la entidad Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo de las Artes del Libro, representada por el Procurador D. José Luis Rodríguez Pereita, contra la sentencia de 9 de febrero de 1.993 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso administrativo nº 48231, en el que se impugnaba la resolución de 22 de septiembre de 1.988 de la Secretaria General de la Seguridad Social, sobre auditoria de las operaciones efectuadas en el ejercicio de 1.986, y contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la misma ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Siendo parte recurrida la Administración del Estado que actúa representada por el Abogado del Estado.
Por escrito de 23 de enero de 1.989 la entidad Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo de las Artes del Libro, interpuso recurso contencioso administrativo, contra la resolución de 22 de septiembre de 1.988 de la Secretaria General de la Seguridad Social, y tras los trámites pertinentes el citado recurso contencioso administrativo terminó por sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor: "Que DESESTIMANDO el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por el procurador Sr. ORTIZ CAÑAVATE, en nombre y representación de la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo de las Artes del Libro, contra las resoluciones a que se contraen las actuaciones, debemos confirmarlas, por ser ajustadas a Derecho con todas las consecuencias inherentes a esta declaración. Sin expresa imposición de costas".
Contra la citada sentencia, la entidad recurrente por escrito de 16 de marzo de 1.993, manifiesta su intención de preparar recurso de casación, que se tiene por preparado, por providencia de 24 de marzo de 1.993, siendo emplazadas las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo, en la que han comparecido.
Por escrito de enero de 1.993, la entidad recurrente formaliza el recurso de casación, interesando se case la sentencia recurrida en base a siete motivos de casación: PRIMERO.- Bajo tutela procesal del artículo 95.4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, en su redacción dada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, al infringir el FUNDAMENTO DE DERECHO SEGUNDO del fallo recurrido el artículo 151 de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria, el artículo 151.1 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre y el artículo 43.7 de la Ley General de la Seguridad Social. SEGUNDO.- Bajo tutela procesal del artículo 95.4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su redacción dada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, al infringir el FUNDAMENTO DE DERECHO TERCERO de la sentencia dictada en 9 de febrero de 1993, el artículo 6.4 del Real Decreto 3307/1977, de 1 de diciembre, en su redacción dada por el Real Decreto 1373/1979, de 8 de junio. TERCERO.- Bajo la tutela procesal del artículo 95.4 de la Ley de la Jurisdicción al infringir la sentencia que se recurre, en su CUARTO FUNDAMENTO DE DERECHO, el artículo 47.1.c) de la Ley de Procedimiento Administrativo. CUARTO.- Alamparo de lo dispuesto en el artículo 95.4 de la Ley de la Jurisdicción por infracción de lo dispuesto en los artículos 47.1.c) de la Ley de Procedimiento Administrativo y 105c) y 24 de la Constitución Española. QUINTO.- Bajo la tutela procesal del artículo 95.4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por infracción del artículo 25 de la Constitución Española. SEXTO.- Bajo la tutela procesal del artículo 95.4 de la Ley de la Jurisdicción, al haberse infringido los artículos 47.1.c) y 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo en el FUNDAMENTO DE DERECHO SEPTIMO de la sentencia recurrida. SEPTIMO.- Bajo la tutela procesal del artículo 95.4 de la Ley de la Jurisdicción, al haberse infringido los artículos 17.3 del Reglamento General sobre Colaboración y 22 de la Orden Ministerial de 2 de abril de 1984.
El Abogado del Estado, en su escrito de oposición al recurso de casación, interesa la desestimación del recurso de casación y la confirmación de la sentencia recurrida.
Por providencia de 8 de julio de 1.998, se señaló para votación y fallo el día nueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.
La sentencia que en casación se recurre, desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo de las Artes del Libro y confirmó la resolución de 22 de septiembre de 1.988, que ordenaba a la citada Mutua la regulación contable de determinados asientos relativos al ejercicio 1.986, tras rechazar las siguientes alegaciones: A) relativa a la vulneración del principio de jerarquía normativa, artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo, al estimar que los Reales Decretos, 3307/77, 1373/79 y 820/80, que son los aplicados por la Administración, se dictan en desarrollo del artículo 151 de la Ley 11/77; B) la de tratarse de órgano incompetente, por entender que los artículos 4, y 199 de la Ley General de la Seguridad Social junto con el artículo 13 del Real Decreto 530/85 autorizan la actuación de la Administración y en concreto del órgano que actuó; C) la denuncia de infracción del artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en razón a que no se trata de procedimiento sancionador alguno y se ha realizado la actuación por el procedimiento al efecto previsto;
D) la relativa a nulidad de actuaciones por falta de audiencia, porque además de lo anterior, destaca la relación de sujeción que la Mutua tiene respecto a la Administración y el que la Mutua en el trámite de auditoria ha hecho las alegaciones que estimó pertinentes; E) la infracción del artículo 25 de la Constitución, porque no se trata de procedimiento sancionador, ni la resolución ha impuesto sanción alguna; F) la de nulidad de la resolución porque el Real Decreto 2617/85 fue anulado por el Tribunal Supremo, perdiendo su vigencia hasta la aprobación del posterior 1337/88, porque al anularse el citado Real Decreto, adquiriera vigencia las disposiciones por el derogadas, que daban plena cobertura a la actuación de la Administración, entre otros, Decretos 3037/77, 373/79, 820/80 y 530/85.
Es preciso señalar, que esta Sala, entre otras, en sentencias de 11 de octubre de 1.993, 8 de marzo de 1.995, 15 de noviembre de 1.995, 3 de octubre de 1.996, 13 de mayo de 1.997 y 3 de junio de .997, ha tenido ocasión de analizar cuestiones similares a la de autos, y lo ha resuelto en el mismo sentido en que lo ha hecho la sentencia recurrida, y por ello, en aplicación del principio de igualdad, que según la doctrina del Tribunal Constitucional, exige fallos iguales para supuestos iguales, procedería sin más la desestimación del presente recurso de casación. Ahora bien y no obstante a lo anterior, en garantía del principio de tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución, es conveniente además dar una respuesta, aunque sea somera, a los distintos motivos de casación aducidos por el recurrente.
En el primer motivo de casación aduce el recurrente la infracción de lo dispuesto en los artículos 151 de la Ley 11/77 de 4 de enero, 151 del Real Decreto Legislativo 1091/88 y 43 de la Ley General de la Seguridad Social, porque los Reales Decretos en que la Administración funda sus resoluciones vulneran esas normas de superior jerarquía, y procede rechazar tal motivo, de acuerdo con los propios argumentos de la sentencia recurrida y porque esta Sala reiteradamente ha declarado, en las sentencias más atrás referidas: "A) En el momento de su expedición, los Reales Decretos 3307/1977 y 1373/1979 tenían la cobertura indiscutible del artículo 5.1 del Texto Refundido de Ley General de la Seguridad Social que, en la redacción entonces vigente, afirmaba la competencia del Ministerio de Trabajo para la aprobación de las cuentas y balances de la Seguridad Social, precisando que las mismas "se llevarán, intervendrán y rendirán según el procedimiento y en las fechas que el Gobierno determine a propuesta de los Departamentos de Hacienda y Trabajo", siendo las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo colaboradoras de la gestión de la Seguridad Social (artículo 202 del citado Texto Refundido y Sentencia de esta Sala de 27 de febrero de 1991), y teniendo potestad la Administración para llevar a cabo auditorías sobre las Mutuas Patronales, dada la naturaleza de éstas, las competencias de la Administración sobre las mismas (artículo 4º.1.d) en relación con el art. 199 del Texto Refundido de la Ley de la SeguridadSocial) y que su patrimonio (artículo 202.4 del citado Texto de la LSS, en la redacción anterior) forma parte del de la Seguridad Social y resulta afecto al cumplimiento de los fines de ésta. Siendo de añadir que la potestad interventora sobre las Mutuas del artículo 1 apartado 11) y 6º del Real Decreto 3307/1977, en su redacción del Real Decreto 1373/1979, de 8 de junio, se reforzó en el Real Decreto 820/1980, de 14 de abril, que amplió el Reglamento General sobre colaboración de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo en la gestión de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo, con un nuevo Capítulo IX sobre control y auditoría de las Mutuas Patronales por la Intervención de la Seguridad Social; y B) que la Mutua Patronal, en cuanto a entidad colaboradora que es, en la gestión de la Seguridad Social, participa de la naturaleza y es en cierto modo Administración y por ello el conflicto no se produce entre la Administración y un extraño o interesado ajeno a la misma y sí propiamente entre un órgano gestor y el que tiene encomendada la tutela y control de esa gestión.
En el segundo motivo de casación se aduce la infracción del artículo 6 del Real Decreto 3307/77 de 1 de diciembre, porque se estima que el órgano competente es el Ministerio de Trabajo y no la Secretaría General, y procede rechazar tal motivo, aparte de que como el propio recurrente reconoce la resolución final es del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque como refiere el Abogado del Estado, esa atribución al Ministro de Trabajo, realizada por el artículo 6 del Real Decreto 3307/77 modificado por el Real Decreto 1373/79, se derivaba de las competencias establecidas en el artículo 4 de la Ley General de la Seguridad Social de forma indeterminada y tal competencia se concretó en la Secretaría General de la Seguridad Social por el artículo 13 y 5 del Real Decreto 530/85 de 8 de abril; sin olvidar que esta Sala también reiteradamente ha declarado: "a), la validez de la actuación de la Secretaria General de la Seguridad Social, en el procedimiento específico de auditoria ,al ser las Mutuas entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social y estar por ello sujetas a la dirección, vigilancia y tutela de parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, articulo 2 y 205 de la Ley de la Seguridad Social y ello en los supuestos y por el procedimiento establecido, entre otros, por los Reales Decretos 820/80 de 14 de abril y 1373/79 de 8 de junio; y b) que como ha reconocido la STS, Sección Séptima de 14 de octubre de 1991 que el artículo 13.1.5 del Real Decreto 530/1985, de 8 de abril, atribuye a la Secretaria General para la Seguridad Social la tutela y control de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo y por ello la competencia para dictar la Resolución que pone fin a un expediente de auditoría confirmando la doctrina de la citada Sentencia de 14 de octubre de 1991.
En los motivos de casación tercero y cuarto, el recurrente aduce la vulneración del artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y la de los artículos 105 y 24 de la Constitución, porque en síntesis, dice, que no se ha seguido el procedimiento adecuado y se le ha ocasionado indefensión, y procede rechazar tales motivos, porque la fiscalización de las entidades gestoras y de las entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social no se rigen directa y primariamente por la Ley de Procedimiento Administrativo sino que deben atenerse al procedimiento especial aplicable, el establecido por el artículo 6 del Real Decreto 1373/79, que es el que la Administración siguió, y porque la audiencia del auditado prevista en el artículo 6º del Real Decreto 1373/1979 es suficiente, cual ha declarado esta Sala en sentencia de 14 de octubre de 1.991, sin que pueda estimarse que exista indefensión ni infracción de las garantías reconocidas en los artículos que se invocan -24 CE; 105 c) CE y 91 de la LPA- por el hecho de que la recurrente solo haya formulado alegaciones y mostrado discrepancia tras el informe provisional, máxime cuando -como declara la Sala "a quo"- el procedimiento del repetido artículo 6 del Real Decreto de 1979 se ha respetado en el presente caso.
En el quinto motivo de casación el recurrente aduce la infracción del artículo 25 de la Constitución, porque, dice, la obligación que la Administración le ha impuesto no otra cosa es sino una sanción, y procede también rechaza tal motivo de casación, porque, como esta Sala ha declarado, es patente que dicho procedimiento tiene el alcance específico de una auditoría, que define el apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto 1373/79, que no se ha desbordado en el caso de autos, y que indudablemente carece de todo carácter sancionador.
En el sexto motivo de casación el recurrente aduce la infracción de los artículos 47 y 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo, alegando que el Real Decreto 2647/85 fue declarado nulo por sentencia de esta Sala y el Real Decreto 1373/79 fue derogado por el Real Decreto 2647/85, y también procede rechazar tal motivo, de una parte, porque como refiere el Abogado del Estado, el Real Decreto 2647/85 para nada se refiere al Real Decreto 1373/79 y de otro, porque esta Sala reiteradamente ha declarado que mantener la inexistencia del Real Decreto 1373/79, supondría reconocer, todavía, eficacia derogatoria al Real Decreto 2647/85, cuando este, -y así se ha declarado por este Tribunal en sentencia de 10 de noviembre de 1.987, confirmada por la Sala del artículo 61 de la L.O.P.J., en sentencia de 16 de junio de 1.989- fué declarado nulo de pleno derecho con retroacción de actuaciones.
En el séptimo motivo de casación, aduce en fin, el recurrente, la supuesta infracción del artículo 17.3 del Reglamento de Colaboración y el artículo 22 de la Orden Ministerial de 2 de abril de 1.984, y procede rechazar tal motivo de casación, porque la sentencia recurrida en ese particular lo que precisa, es que el proceso no se refiere a si la cancelación puede o no hacerse con los fondos de reserva de la citada Mutua, y que el abono de la cantidad objeto del ajuste contable debe hacerse de acuerdo con la normativa vigente, y por tanto en la forma que este la autorice, y porque la Orden Ministerial de 2 de abril de 1.984, se refiere al abono de sanción económica que sea impuesta a la Mutua, y en el caso de autos no se trata de sanción alguna, cual más atrás se ha referido.
Las valoraciones anteriores, incluido el principio de igualdad, también referido, obligan a declarar no haber lugar al recurso de casación, con expresa condena en costas a la parte recurrente, por así disponerlo el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la entidad Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo de las Artes del Libro, representada por el Procurador D. José Luis Rodríguez Pereita, contra la sentencia de 9 de febrero de 1.993 de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso administrativo nº 48231, que queda firme. Con expresa condena en costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de la misma, Excmo. Sr. D. Antonio Marti García, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.
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