STS, 18 de Diciembre de 1995
| Ponente | ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL |
| ECLI | ES:TS:1995:8083 |
| Fecha de Resolución | 18 de Diciembre de 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 1.078.-Sentencia de 18 de diciembre de 1995
PONENTE: Excmo. Sr. don Alfonso Villagómez Rodil.
PROCEDIMIENTO: Juicio ordinario declarativo de menor cuantía.
MATERIA: Propiedad horizontal. Obras inconsentidas en planta de garaje para obtener dos nuevas
plazas. Legitimación de subcomunidad de garajes. Cuestión nueva.
NORMAS APLICADAS: Arts. 6.°, 7.°, 11 y 16.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, arts. 396 y 604 del Código Civil y 7.".1 también del Código Civil , sobre a huso del derecho.
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 2 de noviembre de 1990, 12 de noviembre de 1991, 5 de
abril de 1993.11 de junio de 1994 y 13 de febrero de 1995.
DOCTRINA: Al no señalarse error concreto no procede el examen de pruebas testifical y pericial.
No es problema a debatir la cuestión de legitimación de la subcomunidad de garajes por vía del
error de apreciación de la prueba. Además de que tiene constancia su existencia registral y le tiene
reconocida personalidad expresa y reiteradamente. La negativa de la condición de propietario del
Presidente es cuestión nueva no viable en casación.
Autorizado el recurrente a crear tres plazas de garaje en un sótano cerrado derribando un tabique,
luego sin consentimiento de la subcomunidad que autorizó lo primero, derribando el resto del
tabique creó otras dos nuevas plazas. El tema conflictivo no es la agrupación o división de locales
sino el derribo del tabique que era elemento común que cerraba y separaba su local del sótano para
instalar las dos nuevas plazas de garaje.
La apreciación del abuso de derecho constituye cuestión jurídica, pero siempre resulta necesario
que las premisas de hecho pongan de manifiesto las circunstancias objetivas (anormalidad en el
ejercicio) o subjetivas (voluntad de perjudicar) que acrediten el tal abuso.
En la villa de Madrid, a dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al final indicados, elrecurso de casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de San Sebastián (Sección Primera), en fecha 27 de abril de 1992 , como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, sobre obras inconsentidas en planta de garaje paras obtener dos nuevas plazas, de edificio sometido al régimen de la propiedad horizontal, tramitados en el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián num. 2, cuyo recurso fue interpuesto por don Jose Carlos , representado por el Procurador de los Tribunales don Antonio Miguel Ángel Araque Almendros, en el que es parte recurrida la DIRECCION000 , de San Sebastián, Subcomunidad DIRECCION001 Garajes, que estuvo representada por el Procurador don Santos Gandarillas Carmona.
Antecedentes de hecho
El Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de San Sebastián tramitó el juicio declarativo de menor cuantía núm. 642/1990, que promovió la demanda planteada por la DIRECCION000 , de San Sebastián, Subcomunidad DIRECCION001 Garajes, en la que, tras exponer hechos y fundamentos de Derecho, se suplicó: "Previos los trámites legales, dicte Sentencia por la que declare: 1° Que las obras realizadas por los demandados en el local de su propiedad y consistentes en la supresión del tabique existente en el local de sótano núm. A-4, comunicándolo con el garaje de la subcomunidad del edificio DIRECCION001 , núm. NUM001 , obteniendo cuatro plazas de garaje, no son ajustadas a Derecho, por carecer de la preceptiva autorización unánime de la comunidad. 2.° El derecho de la comunidad a percibir la cantidad que en concepto de perjuicios se señale en la fase de ejecución de Sentencia. Y se condene a los demandados: 1. A estar y pasar por tal declaración. 2. A realizar las obras precisas y necesarias para restituir a su estado de y originario la configuración del local de planta de sótano de su propiedad y la planta de garajes. 3. Al pago de las costas judiciales».
El demandado don Jose Carlos se personó en el pleito para contestar a la demanda interpuesta, a la que se opuso con hechos y fundamentaciones jurídicas que tuvo oportunas y terminó suplicando al Juzgado: "Dictar Sentencia por la que se desestime la demanda interpuesta por la DIRECCION000 , Subcomunidad de Garajes, contra mi representado y otro, en todos sus pedimentos, con expresa condena en la totalidad de las costas».
Unidas las pruebas practicadas la Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de los de San Sebastián, dictó Sentencia el 19 de septiembre de 1991 . con el siguiente fallo literal: "Que estimando como estimo en parte la demanda formulada por el Procurador Sr. García del Cerro, obrando en nombre y representación de don Javier Uribesalgo Zabaleta, quien actúa a su vez en su condición de propietario, y en su calidad de Presidente de la DIRECCION000 Garajes, debo declarar y declaro que las obras realizadas por los demandados don Jose Carlos y doña Cristina en una parte del local de su propiedad, situado en la primera planta de sótano del edificio DIRECCION001 , de San Sebastián, y en concreto en la parte reseñada con el núm. 2 en el documento núm. 4, aportado con el escrito de demanda, obras consistentes en la supresión del tabique existente en el lugar, y que separaba dicho sótano del resto de la planta de garajes de la subcomunidad del edificio DIRECCION001 núm. NUM001 . obteniendo de esa forma dos nuevas plazas de garaje, son contrarias a la ley y a los estatutos, por carecer de la necesaria autorización de los copropietarios que integran la referida subcomunidad demandante, y en consecuencia debo condenar y condeno a dichos demandados a estar y pasar por tal declaración y a que realicen en el lugar las obras precisas y necesarias para restituir a su estado anterior tanto la parte mencionada del local de sótano de su propiedad, como la referida primera planta de garajes, a fin de que la misma quede en el estado en que se encontraba antes de que llevasen a cabo las obras referidas. No procede efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a las costas causadas, debiendo abonar cada parte las ocasionadas a su instancia y las comunes por mitad».
El demandado de referencia recurrió contra la Sentencia del Juzgado, planteando apelación ante la Audiencia Provincial de San Sebastián, cuya Sección Primera tramitó el rollo de alzada núm. 474/1991, pronunciando Sentencia con fecha 27 de abril de 1992 , que contiene la siguiente parte dispositiva: "Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por don Jose Carlos y doña Marie Claire Burdeau contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de San Sebastián, y con fecha 19 de septiembre de 1991 , debemos confirmar y confirmamos la misma en su integridad, no procediendo la imposición de las costas de esta alzada por no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes».
El Procurador don Antonio Miguel Ángel Araque Almendros, causídico de don Jose Carlos , formalizó recurso de casación ante esta Sala, contra la Sentencia del grado de apelación y que integró con los siguientes motivos: 1.°y 2° Por la vía del núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , error en la apreciación de la prueba. 3." Infracción por violación del art. 12 de la Ley de Propiedad Horizontal . 4.°Infracción de los arts. 3.° y 13 de la Ley de Propiedad Horizontal, en relación al 396 y 604 del Código Civil .
5." Infracción de los arts. 7.°, 11 y 16.1 de la Ley de Propiedad Horizontal . 6." Violación por inaplicación de la doctrina de los actos propios. 7." Violación por inaplicación del art. 7.1 del Código Civil .
Los motivos 3." a 7.° se aportan conforme al ordinal 5º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
La Subcomunidad de Garajes ( DIRECCION000 ), presentó escrito impugnando el recurso.
La votación y fallo del presente recurso ha tenido lugar el pasado día 7 de diciembre de 1995.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr don Alfonso Villagómez Rodil.
Fundamentos de Derecho
El recurrente -demandado en el pleito- don Jose Carlos , aduce en el motivo primero error en la apreciación de la prueba, para lo que señala como documento expresivo de la equivocación que imputa a la Sala sentenciadora, la escritura de compraventa de 5 de junio de 1985. por medio de a cual adquirió para su sociedad ganancial, la finca 2.° A (planta baja de 17,30 m' útiles y sótano primero de 83,23 m útiles, unidos internamente por una escalera y con salida a la vía pública por el local de la planta baja).
No se señala concreto error, pues no procede el examen de la prueba testifical evacuada por el administrador de la comunidad, como tampoco la pericial de valoración de la finca.
El motivo se desestima.
El motivo 2.° contiene también denuncia de error probatorio. Se viene a atacar la decisión que alcanzó el Tribunal de apelación, al declarar en el Fundamento jurídico tercero que la segunda obra denunciada supone "una alteración de la estructura jurídica de la Subcomunidad de Garajes», viniendo a consistir la impugnación que integra el motivo en negar la existencia de la referida subcomunidad para lo que se apoya en la certificación registral de inscripción de la finca.
La vía casacional elegida no autoriza a decidir problemas de legitimación. La certificación del Registro, respecto a la finca núm. NUM000 . no omite la referida subcomunidad que ha venido actuando con toda normalidad, por estar legítimamente constituida y el recurrente la tiene reconocida expresa y reiteradamente, pues sucede que la constancia registral de la subcomunidad existente en el edificio, también comprende la ahora recurrida subcomunidad de Garajes, por corresponder a la que se denomina subcomunidad de Sótanos, dada la facultad que otorga el Reglamento de la comunidad -con constatación registral-, para establecer estas agrupaciones de propietarios y sus propios reglamentos internos. La referida Subcomunidad se proyecta a las plantas destinadas a garajes, con exclusión expresa de los locales cerrados del primer sótano, por formar parte de los locales de la planta baja.
De esta maneras resulta bien claro, por manifiesto y patente, que el sótano cerrado, que el que recurre adquirió conjuntamente con el local comercial de la planta baja, por escritura de 5 de junio de 1985 no se integró de principio en la subcomunidad de garajes, siendo elemento extraño a la misma.
El motivo se desestima.
Sostiene el recurrente que el Presidente que viene actuando en este procedimiento carece de la necesaria legitimación activa, toda vez que, una vez más, se niega existencia jurídica a la subcomunidad de garajes y, a tal efecto, en el motivo 3 sostiene infracción del art. 12 de la Ley de Propiedad Horizontal .
El argumento carece de la más mínima consistencia impugnatoria. En el caso de autos don Javier Uribesalgo Zabaleta actúa como Presidente de la NUM000 , de San Sebastián, Subcomunidad NUM001 Garajes, y así consta en el poder notarial de fecha 21 de diciembre de 1989, que incorpora el acta de la Junta de Propietarios de 22 de junio de 1988, quedó debidamente acreditada la existencia material y jurídica de la referida Subcomunidad y su reconocimiento por el que recurre, conforme se deja dicho.
También se probó convenientemente su operatividad a lo largo de los años, sin que la Ley de Propiedad Horizontal prohiba expresamente su constitución, aunque tampoco la regula con precisión, salvo la referencia que parece contener su art. 6." y en relación al 9.°.5 . Esta Sala ha tenido ocasión depronunciarse sobre estas agrupaciones (Sentencia de 16 de febrero de 1971), habiendo declarado que no resulta ni lógico ni desorbitado que se puedan establecer tantas comunidades parciales, como portales tiene un bloque; razones todas ellas que conducen al rechazo del motivo.
En el motivo 4.°, por infracción de los arts. 3.° y 13 de la Ley de Propiedad Horizontal, en relación al 396 y 604 del Código Civil , se aporta para negar al Presidente que actúa en el litigio su condición de propietario, lo que la Sentencia de apelación dejo establecido como hecho firme y probado, y que de esta manera se margina y combate en vía casacional que no es la adecuada.
El motivo perece, pues aparte de lo que se deja dicho plantea cuestión nueva, no alegada en la instancia y, por tanto, no sujeta a la controversia procesal, Resulta totalmente improcedente según reiteradísima jurisprudencia de esta Sala de Casación Civil, ya que lo que se viene a denunciar es que don Javier Uribesalgo Zabaleta carece de legitimación activa en cuanto comparece y actúa no sólo como Presidente sino también como titular copropietario.
El motivo 5.º viene a proyectarse sobre el verdadero objeto del debate, en cuanto quedó delimitado, conforme a los hechos reputados probados y dotados de firmeza casacional. El recurrente y su esposa instaron de la subcomunidad, a la que expresamente se dirigieron y por ello una vez más reconocieron su existencia material jurídica, autorización para instalar en el sótano cerrado de su propiedad, que se deja identificado, tres plazas de garaje, mediante el derribo de un tabique, lo que facilitaba la comunicación con los locales de la subcomunidad y su incorporación a la planta de garajes ya existentes, obteniendo de esta manera el acceso del sótano mencionado.
La Junta de Propietarios de 28 de noviembre de 1986, prestó la correspondiente autorización, para el cambio de destino solicitado, dejando constancia expresa de que sólo se autorizaban tres plazas, y tal única actividad era la que conformaba la conversión del sótano en garaje.
Esta obra primera fue realizada conforme a lo autorizado, pero el recurrente no se conformó y llevó a cabo posteriormente una segunda, en la parte restante del sótano (que se mantenía cerrada) y para lo cual derribó el resto del tabique separador que quedaba, y procedió a instalar dos nuevas plazas de garaje, careciendo de todo permiso, autorización expresa ni tácita de la Junta de Propietarios, con lo cual ocasionó alteración en la estructura jurídica de la subcomunidad.
El recurrente hace supuesto de la cuestión, pues prescinde de la resultancia fáctica que se deja relatada, para sostener que concurre aplicación indebida del art. 16.1, en relación al 7." y 11 de la Propiedad Horizontal . Acomodó a sus intereses y arbitrio interpretativo la autorización que se le había concedido para sólo tres plazas, pues la extendió y aplicó en el sentido de que afectaba a todo el garaje aunque rebasara dichas tres plazas, para alcanzar todas aquéllas que pudiera obtener, con lo cual las dos nuevas se integraban en el permiso de la comunidad, y por tanto, no tenía que solicitar otra autorización posterior, con lo que llega a la conclusión de que de esta manera las cinco plazas abiertas están dotadas de legalidad.
El argumento no se sostiene, ya que el permiso para las nuevas plazas era preciso y exigente y no probó se hubiera concedido. El art. 7.° de la Ley de Propiedad Horizontal le prohibe llevar a cabo alteración alguna, por lo que no procede el cambio de destino de los locales conforme a lo que consta en el título, en virtud de actos depósitos materiales realizados en forma unilateral, que desnaturalizan el servicio de las cosas, como sucede respecto al sótano, al tratarse de espacio cerrado, con comunicación interior con el local del bajo, pues se ocasionó un efectivo cambio total, cuando lo permitido fue sólo parcial (tres plazas y no cinco). En todo caso necesitaba consentimiento unánime renovado de la Junta de Propietarios de la subcomunidad -ya que también pasaba a integrarse en la misma- conforme dispone el art. 16.1, en relación al 7.° y 11 de la Ley especial (Sentencias de 12 de noviembre de 1991 y 13 de febrero de 1995). preceptos que han resultado correctamente aplicados por la Sala a quo.
No supone concurrencia de consentimiento tácito porque el administrador de la finca hubiera adaptado y modificado las cuotas contributivas, al tratarse de un acto unilateral administrativo que no se probó hubiera contado con el respaldo expreso y consentido do la Junta de Propietarios.
El motivo se desestima y no lo impide la constancia registra! (regla 2." de la comunidad), que facilita a los propietarios a agrupar o dividir sus locales, en la forma que tengan por conveniente, ya que lo que aquí se trata fue el derribo que practicó el recurrente del muro común que cerraba y separaba su local, para poder instalar las dos nuevas plazas de garaje, denunciadas con toda razón como incorrectas.
La aportación de violación de la doctrina de los actos propios, que se alega en el motivo seis, no resulta de recibo, pues la Junta de 28 de noviembre de 1988 no autorizó al cambio de destino del sótanode forma ilimitada, sino bien precisa y terminante, sólo para tres plazas. Se hace una vez más supuesto de la cuestión. No se da concurrencia de efectivo acto propio y concluye que vincule a la subcomunidad y contra el que no es lícito accionar, en el alcance y extensión que pretende el que recurre y con referencia a la Junta de 28 de noviembre de 1986.
El motivo se desestima.
Igual suerte de claudicación corresponde al último de los motivos en el que se sostiene concurrencia de abuso de derecho por infracción del art. 7.°.1 del Código Civil y en base a que desde la Junta de 28 de noviembre de 1986 hasta el 2 de mayo de 1989, en la que se requirió al recurrente, han transcurrido más de dos años sin protesta de los copropietarios ni interés por parte de los mismos.
Lo que no se probó y tampoco consta se creara situación abusiva por la subcomunidad, cuando resulta claro que quien incurrió en abuso constatado fue el que recurre, pues de forma voluntaria y sin justificación alguna se extralimitó en la autorización que había conseguido, faltando a la confianza que se le había otorgado y a la lealtad de los derechos adquiridos en sus términos y propios límites.
Si bien la apreciación de abuso de derecho constituye cuestión jurídica, siempre resulta necesario, como declaran las Sentencias de 2 de noviembre de 1990.5 de abril de 1993 y 11 de julio de 1994. que las premisas de hecho pongan de manifiesto las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio), o subjetivas (voluntad de perjudicar), que acrediten el abuso.
En el presente caso, para nada se probó que sólo hubiera mediado afán de perjudicar a cargo de la parte demandante, ya que a ésta le asiste interés legítimo en que se respeten los acuerdos comunitarios en sus propios términos, como evitar perjuicios que se derivarían del incremento del tráfico rodado en el sótano, con sus consiguientes dificultades de maniobras, por entorpecer y restar fluidez la afluencia de más vehículos así como otros derivados y puso de relieve el informe pericial emitido.
La no acogida del recurso lleva consigo la imposición de las costas correspondientes al mismo al litigante que lo planteó ( art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), con la pérdida del depósito constituido.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por don Jose Carlos contra la Sentencia pronunciada en las actuaciones procedimentales de referencia, por la Audiencia Provincial de San Sebastián en fecha 27 de abril de 1992 .
Se imponen a dicho recurrente las costas de esta casación y se decreta la pérdida del depósito constituido al que se le dará el destino legal que corresponde.
Expídase la correspondiente certificación a mencionada Audiencia y devuélvanse a la misma los autos y rollo que en su día remitió.
ASI por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Pedro González Poveda. Alfonso Villagómez Rodil. Francisco Morales Morales. Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr don Alfonso Villagómez Rodil, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy: de lo que como Secretario de la misma certifico.
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