STS, 2 de Julio de 1998

El primer motivo del recurso del acusador particular Marcos, al amparo del art. 5.4 de la LOPJ., denuncia la vulneración de varios preceptos y derechos constitucionales:

1. Por una parte, el recurrente estima vulnerado el principio de igualdad, consagrado en el art. 14 de la CE. y el derecho a la tutela judicial efectiva, que establece el art. 24.1 de la misma Norma Suprema, por el hecho de haberse otorgado por el Tribunal de instancia mayor credibilidad al testimonio de la secretaria del Juzgado de Paz de DIRECCION000, Dª María Consuelo, que al del habilitado del Procurador de Marcos, D. Manuel Pérez Mateos, por haber apreciado mayor objetividad e imparcialidad en la primera que en el segundo, según se razona en el párrafo tercero del apartado b) del Fundamento primero de la sentencia.

2. Por otra parte, se denuncia la vulneración de los principios de legalidad, jerarquía normativa y de sujeción de los Jueces y Tribunales a la Ley, establecidos en los arts. 9.3, y 117.1 de la CE, y en los arts. 1 y 6 de la LOPJ, al acogerse en el subapartado c) del apartado 3 de la narración histórica de la sentencia la afirmación siguiente del Juez de Paz de DIRECCION000, en el Fax que dirigió al Juzgado de Primera Instancia de Sueca el 18 de julio de 1995: "Que en base a lo expuesto y teniendo en cuenta que él no era profesional del Derecho y que el Consejo General del Poder Judicial había dispuesto que los Juzgados de Paz no eran competentes para practicar diligencias que pudieran suponer complicación, cual era el caso de ésta, participaba todo ello al Sr. Juez de Primera Instancia de Sueca para que por el mismo conducto de su recepción proveyera cuanto fuera procedente". Entendía el recurrente que suponía una vulneración de los principios de jerarquía normativa y de sujeción de los Tribunales a la Ley, el entender que las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial podían prevalecer sobre las normas de la LOPJ (273 y siguientes), y de la LEC (284 y siguientes), que imponen a los Órganos Judiciales, y entre ellos a los Juzgados de Paz, la obligación de cooperación.

El motivo incurrió en causa de inadmisión, al amparo del art. 884.4º de la LECrim. por no haberse anunciado previamente, según exige el art. 855 de la misma.

Entendiendo, por razones de tutela judicial efectiva y de evitar indefensión, que el óbice procesal de la falta de anuncio del motivo no debe impedir entrar a su examen en el fondo, de este examen se deriva también la procedencia de la desestimación:

1. En cuanto a la alegada vulneración del principio de igualdad establecido en el art. 14 de la CE., es obvio que no se produce una transgresión del mismo por los Tribunales cuando ante dos testimonios contradictorios se inclinan por uno de ellos, por estimarlo más creíble que el otro; con tal opción, el Tribunal se halla ejerciendo las facultades de libre valoración de las pruebas en conciencia, que le atribuye el art. 741 de la LECrim.

   La igualdad de trato a las personas que preceptúa el art. 14 de la CE. no significa que tengan todas que merecen igual credibilidad cuando declaran como testigos, puesto que, por lo contrario, ante la existencia de testimonios de sentido opuesto, el Tribunal tiene que optar por uno de ellos. Tal opción indudablemente, tampoco supone vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, que consiste en el derecho a un proceso, a utilizar las medidas de pruebas pertinentes, y a obtener una respuesta fundada en Derecho, pero no a que el Tribunal dé un valor igual a las pruebas de una parte procesal que a las de la contraria.

2. Tampoco tiene efectos casacionales la alegada vulneración de los principios de jerarquía normativa y de sujeción exclusiva de los Tribunales a la Ley.

   Para que produzca efectos casacionales el quebrantamiento constitucional tiene que ser imputable al Tribunal sentenciador, bien en alguna actividad procesal, o en la ponderación de las pruebas, o en la aplicación de normas sustantivas penales, por vulneración de los principios de legalidad, de irretroactividad de preceptos sancionadores, no favorables o restrictivos de derechos de jerarquía normativa o por lesión, del principio de igualdad.

   Pues bien, en el presente caso, tras alegarse por el recurrente que se vulneró el principio de jerarquía de las normas y el que impone la sujeción de los Tribunales a la Ley, no se imputa tal vulneración al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que dictó la sentencia impugnada, pues no se alega en el recurso que el Órgano Judicial sentenciador haya transgredido tales principios, al motivar la absolución del acusado en la Fundamentación Jurídica, e indudablemente no puede estimarse que los violó por recoger en el subapartado c) del apartado 3 del relato fáctico una afirmación de Guillermo, respecto al valor determinativo de la competencia de los Juzgados de Paz, que podían tener unas instrucciones o normas del Consejo General del Poder Judicial.

El segundo motivo del recurso de Marcos, al amparo del nº 2º del art. 849 de la LECrim., denuncia error en la apreciación de la prueba, derivado de documentos:

1. Entiende el recurrente que hubo error fáctico en la sentencia, al recoger que el habilitado del Procurador, con ocasión de la diligencia de embargo, ya le había indicado a la Secretaria del Juzgado de Paz que tenían que ir a embargar a casa de los padres del Sr. Chaquer, y que le interesaba que se embargaran muebles de dicha casa para darle publicidad al asunto -La errónea e indebida consignación de tales manifestaciones se acredita según el motivo por las diligencias de requerimiento de pago, embargo y citación de remate practicadas en virtud del exhorto dirigido al Juzgado de Paz de DIRECCION000por el Juzgado de 1ª Instancia de Sueca.

2. En relación al primer intento de remoción del depositario relatado en el apartado 2 de la narración histórica de la sentencia impugnada, se citan los siguientes documentos demostrativos de posibles errores: a) El exhorto del Juzgado de 1ª Instancia de Sueca al Juzgado de paz de DIRECCION000de 26 de enero de 1995; b) La providencia del Juzgado de Paz de 31 de enero siguiente, aceptando el exhorto y su cumplimiento; c) El acuerdo del Juez de Paz de 6 de febrero de 1995 requiriendo al legal representante de Nerkev SL. para la practica de la remoción y entrega de bienes en el domicilio social de la empresa (c/ CALLE000NUM000); d) La diligencia de entrega de bienes con resultado negativo de fecha 9 de febrero de 1995; e) El certificado del Ayuntamiento de DIRECCION000de 4 de marzo de 1996, donde consta que la vivienda de CALLE000NUM000, ha pasado a tener el número 79, y f) Certificación del Registro Mercantil de 6 de febrero de 1997 de que el domicilio social de Nerkev SL. desde el 6 de junio de 1994 pasó a ser CALLE000NUM000de DIRECCION000.

   Tales documentos demuestran a juicio del recurrente la equivocación del Tribunal sentenciador al manifestarse por éste en el apartado b) del Fundamento Primero que la actuación del Juez de Paz en relación al exhorto demostraba de forma inequívoca que su propósito fue el de suspender la diligencia en el estado en que se hallaba y remitir el despacho al exhortante para que por este se proveyera lo que fuera procedente, ya que estima el recurrente que de los documentos se desprende que el Juez de Paz se negó a entregar los bienes que se encontraban en el domicilio social de Nerkev SL. con manifiesta incompetencia, sin ninguna clase de procedimiento y sin oir a las demás partes.

   Estima también el recurrente que el Tribunal debió haber hecho constar lo que resultaba de los documentos citados en relación al domicilio de Nerkev SL. y sus modificaciones de numeración de calle.

3. Finalmente en el motivo segundo, en relación al segundo intento de entrega de los bienes embargadas al depositario, se alega que el Tribunal enjuiciador incurrió en error al valorar la comunicación del Juez de Paz, D. Guillermoal Sr. Juez de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Sueca, de 18 de julio de 1995, obrante a los folios 131 a 133, al estimarse que las manifestaciones contenidas en tal comunicación acreditaban el incumplimiento del exhorto librado por el Juez de Sueca al Juez de Paz de DIRECCION000pidiendo la entrega de bienes embargadas al depositario.

Una jurisprudencia consolidada de esta Sala en relación con el motivo de casación 2º del art. 849 de la LECrim., entiende que pueden modificarse las conclusiones fácticas de la sentencia, cuando las mismas sean incompatibles con las declaraciones de algún documento obrante en la causa, siempre que el relato de la sentencia no aparezca acreditado por otros medios de prueba, y siempre que la modificación fáctica determinada por el contenido del documento tenga relevancia jurídica penal (SS. de 21.5.93, 14.10.94, 27.2, 12 y 13.3 y 25.4.95, 22 y 31.1.96, 15.1.97 y 852/97 de 12.6).

Partiendo de tal doctrina, el motivo segundo debe desestimarse, por no ser estimables los errores fácticos denunciados en el mismo:

1. No son apreciables los errores mencionados en el apartado A) del anterior "Fundamento de Derecho", ya que, los extremos fácticos impugnados -referentes a las menciones de bienes a embargar hechos por el habilitado del Procurador a la secretaria del Juzgado de Paz- no tienen relevancia jurídica penal, no aparecen contradichos por los documentos designados, y en todo caso estarían acreditados por otros medios de prueba -concretamente, las declaraciones de la secretaria del Juzgado de Paz-.

2. Los errores de hecho denunciados en los apartados B) y C) del "Fundamento" anterior no son tales, sino errores en la valoración psicológica y jurídica de los hechos, no atacables por la vía del nº 2º del art. 849. Los documentos citados, referentes a las dos diligencias intentadas de remoción de depósito, no contienen declaraciones incompatibles con los extremos fácticos de la sentencia. Finalmente carece de toda relevancia la falta de mención del cambio de numeración del inmueble en que radicaba el domicilio social de Nerkev SL. y la vivienda de Lidia, cuya modificación consta en certificado del Ayuntamiento de DIRECCION000aportado por la Acusación Particular en el juicio oral.

El tercer motivo del recurso de casación de Marcos, al amparo del nº 1º del art. 849 de la LECrim., denuncia la inaplicación indebida del art. 369 del CP. de 1973 y del 410 del CP. de 1995. Estima el recurrente que Guillermodebió haber sido condenado por delito de desobediencia cometido por funcionario público.

En el Fundamento segundo de la sentencia impugnada se razona que los hechos declarados probados en la misma no integran delito de desobediencia, por no haber actuado el acusado, Juez de Paz de DIRECCION000, en virtud de relaciones de subordinación, sino ejerciendo deberes de cooperación judicial, por lo que, de haber cometido un delito, éste sería de denegación de auxilio tipificado en el art. 371 del CP. de 1973, y en el 412 del CP. actual.

En el motivo del recurso que ahora se analiza, para rebatir los argumentos de la sentencia recurrida, se llega a afirmar que el Juzgado de Paz no es un órgano jurisdiccional, y que el Juez de Paz es el funcionario administrativo a que se refiere el art. 369 del CP. de 1973, y el funcionario público a que alude el 410 del nuevo Código, que se encuentra en situación de dependencia respecto al Juzgado de 1ª Instancia, por lo que, en el caso de autos, el Juez de Paz Guillermo, al no cumplimentar los exhortos del Juez de 1ª Instancia de Sueca cometió el delito de desobediencia.

El motivo debe desestimarse, puesto que, según lo razonado en el Fundamento segundo de la sentencia impugnada, lo informado por el Fiscal en el trámite de admisión del recurso, y la doctrina de esta Sala expuesta, entre otras, en la sentencia 212/97, de 25 de febrero, las actuaciones de auxilio entre órganos judiciales responden a relaciones de cooperación, y no de subordinación, aunque el que pida la cooperación tenga un nivel funcional superior. Así resulta de lo dispuesto en los arts. 273 y 274 de la LOPJ y, en relación con la jurisdicción Civil, de lo establecido en los arts. 284 y ss., en la nueva redacción dada por la Ley 34/84 de 6 de agosto, habiéndose sustituido las tres clases de despachos -suplicatorios, exhortos y cartas-órdenes- que existían con anterioridad, por el único de exhortos.

Por ello, de existir algún delito en el incumplimiento de los exhortos librados por el Juzgado de 1ª Instancia de Sueca, tal delito no sería el de desobediencia de funcionario público, sino en todo caso el de denegación de auxilio.

Ha de indicarse finalmente que son erróneas palmariamente las afirmaciones del recurrente en que se niega el carácter de Órgano Judicial al Juzgado de Paz, y se califica del funcionario administrativo al Juez de Paz, en cuyas afirmaciones sustenta básicamente el motivo.

El cuarto motivo del recurso de Marcos, al amparo del nº 1º del art. 849 de la LECrim., denuncia la indebida inaplicación del art. 371 del CP. derogado o del 412 del nuevo.

La sentencia impugnada, en el Fundamento de Derecho tercero, estima que la actuación del Juez de Paz en la ocasión de autos no integró delito de denegación de auxilio por falta de dolo, en cuanto el Sr. Guillermose limitó a suspender el cumplimiento de los exhortos librados por el Juez de 1ª Instancia, por entender que las diligencias pedidas no eran justas, y en última instancia, ante el segundo exhorto, interesó que se le considerase incompetente, ante la complejidad que implicaba el auxilio interesado.

El recurrente entiende que el Sr. Juez de Paz de DIRECCION000actuó con evidente ánimo doloso, al ser infundadas e ilegales las razones aducidas para no cumplimentar los exhortos, por lo que incurrió en el delito tipificado en el antiguo art. 369 del CP. de 1973 y en el 412 del actual CP.

El motivo debe desestimarse.

El delito de denegación de auxilio exige en el plano objetivo una actuación omisiva, de clara y pertinaz resistencia al incumplimiento de las diligencias solicitadas, y en el plano subjetivo, una actitud dolosa directa integrada por el consciente y malicioso propósito de no prestar la cooperación jurisdiccional requerida.

La ausencia de dolo directo determina que no quepa apreciar el delito de denegación de auxilios en supuestos en que la inejecución procede de error, olvido o nula inteligencia, y no responde a una falta de intencionalidad (SS. de esta Sala de 6.3.87, 12.3.89, 15.2.90, y 5.12.90).

Tal ausencia de dolo de no cooperación jurisdiccional es la que se aprecia en la actuación del Juez de Paz de DIRECCION000, según lo argumentado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la sentencia impugna, y por el Ministerio Fiscal en su informe en relación a la admisión del recurso, cuando decide no practicar la diligencia pedida de entrega de ciertos bienes embargados al depositario, en atención a la lesión que ello comportaría a los derechos de las personas que el Juez de Paz le constaba eran propietarias de tales bienes, y que no eran los deudores y demandados en el proceso ejecutivo que determinó el embargo.III.

Por quebrantamiento de forma, al amparo del numero 1º del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por denegación de diligencia de prueba.

Por infracción de preceptos constitucionales, al amparo del 5.4 de la L.O.P.J. por violación del 24.2 de la Constitución.

Por infracción de ley, al amparo del 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del 179 del Código Penal y 14.3º del Código Penal derogado.

Por infracción de ley, al amparo del 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del 22.7º del Código Penal.

Por infracción de ley, al amparo del 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del 383 del Código Penal derogado.

Por infracción de ley, al amparo del 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del 480 en relacion con el 204 bis a) y el artículo 184 del Código Penal derogado.

2. Recurso del acusado Juan Pedro.

Por quebrantamiento de forma, al amparo del numero 1º del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por denegación de diligencia de prueba.

Por infracción de preceptos constitucionales, al amparo del 5.4 de la L.O.P.J. por violación del 24.2 de la Constitución.

Por infracción de ley, al amparo del 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del 179 del Código Penal y 14.3º del Código Penal derogado.

Por infracción de ley, al amparo del 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del 383 del Código Penal derogado.

Por infracción de ley, al amparo del 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del 480 en relación con el 204 bis y 184 del Código Penal derogado.

5. - Instruído el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto la Sala admitió el mismo quedando concluso los autos para el señalamiento de vista cuando por turno correspondiera.

6. - Hecho el señalamiento para la vista se celebró la misma el pasado dia 1 de julio. Compareciendo el Letrado Rafael Salinas Parra por Juan Pedroque mantuvo su recurso y la Letrada Pilar Borred Tur por Luisque mantuvo su recurso y el Ministerio Fiscal que impugnó ambos recursos.

Ambos recurrente interponen idénticos motivos, con la sola excepción del motivo cuarto, aplicación indebida del artículo 22.7º del Código Penal vigente, que formaliza únicamente el acusado Luis, por lo que se van a examinar ambos recursos conjuntamente en los motivos comunes y separadamente el motivo que afecta exclusivamente al acusado mencionado.

En el inicial motivo de impugnación, que formulan ambos acusados, al amparo del número 1º del artículo 850 de la Ley de Enjuciamiento Criminal, se alega denegación de una diligencia de prueba, propuesta en tiempo y forma y admitida por el Tribunal de instancia, que resultaba pertinente, y concretamente referida a la denegación por dicho Tribunal de la suspensión del juicio oral, ante la incomparecencia de la testigo Araceli, cuya declaración consideraban de gran trascedencia para el esclarecimiento de los hechos enjuiciados, máxime cuando aquélla no había declarado nunca con la presencia del Letrado designado Sr. Salinas, sino que lo hizo en el Juzgado Instructor, con asistencia de una Letrado de oficio, a pesar de que se solicitó en diversas ocasiones, y especialmente tras la retirada de la denuncia por aquella el 7 de Julio de 1.995. Y pese a que la sentencia declara que era imposible localizar a la testigo, denunciante y perjudicada, al haber regresado a su país de origen, sin embargo, se debieron agotar las gestiones policiales.

Consta en las actuaciones lo siguiente:

1. ) En el atestado -folios 12 y 14- que, al manifestar el Letrado D. Fernando Clavero Costa que fue designado en principio por el acusado Juan Pedro, que no se ocupaba de causas penales y rogaba al citado que designara a su compañero D. Emilio Garabato Miguel, por el acusado se aceptó a dicho Letrado e, igualmente hizo la misma designación el recurrente.

   Por ello en las dependencias policiales, se tomó declaración a ambos acusados -folio 15 y siguientes y 18 y siguientes-, con asistencia del Letrado Sr. Garabato.

2. ) A la denunciante Aracelise le recibió declaración en el Juzgado -folios 26 y 27- con asistencia del Ministerio Fiscal y de dicho Letrado el día 5 de Mayo de 1.995. Y posteriormente -folio 30-, se acredita en autos que el Letrado Sr. Garabato comparece en la Secretaría del Juzgado para otorgar la venia a su compañero el Sr. Salinas Parra en la causa relativa a los hechos enjuiciados.

   A los folios 31 y 31 consta que a las horas respectivas de las 13,25 y 14,30 del mismo día 5 de Mayo de 1.995, comparecen los acusados Luisy Juan Pedroy manifiestan desear ser asistidos por el Letrado Sr. Salinas que, estando presente, firma en prueba de aceptación.

   No existe, por lo tanto, constancia alguna de que, como se afirma en los recursos, ya a las 10 y 10,30 horas de ese día, los detenidos manifestarán su deseo de ser asistidos por aquel Letrado y que fue después cuando se materializó la designación del mismo. Por lo demás, el Letrado Sr. Garabato había asistido a los dos acusados en su declaración ante la Guardia Civil lo que le había permtido tener conocimiento de los hechos que se le imputaban y, consecuentemente, se hallaba en condiciones de formular a la denunciante las preguntas que considerara convenientes para el esclarecimiento de los hechos.

3. ) Posteriormente con fecha 12 de Mayo de 1.995 por el Letrado Sr. Salinas se solicitaron diversas diligencias -folios 104- 105- y, entre ellas, nueva declaración de la denunciante, que fue rechazada por el Instructor -folio 107- al juzgarla impertinente aduciendo que aquella había prestado "amplia y detallada declaración ante el juzgador y en presencia tanto del Ministerio Fiscal como del Letrado que asistía a los imputados y que ellos mismos habían designado, sin que haya aparecido nuevos hechos que hagan conveniente o necesaria una nueva toma de declaración". Interpuesto recurso de reforma y subsidiaria apelación contra el auto denegatorio de las diligencias, finalmente y como reconocen los recurrentes se desistió de la apelación admitida en un solo efecto como así consta al folio 167 de la causa.

4. ) También se reprocha que se tomara nueva declaración a la denunciante cuando compareció en el Juzgado el 7 de Junio de 1.995, para retirar la denuncia, sin citar al Letrado a los acusados.

   Pero ha de tenerse en cuenta que la declaración se recibió a la denunciante ante su propia comparecencia en las dependencias del Juzgado ese mismo dia y con tan finalidad, y que no obstante manifestar que era su deseo retirar la denuncia -renunciando a la indemnización que pudiera corresponderle- declaró que los hechos habían sucedido de la manera que ya había relatado en el Juzgado.

5. ) En el juicio oral, la testigo denunciante propuesta como tal por el Ministerio Fiscal y las defensas, no compareció, solicitando el Letrado Sr. Salinas la suspensión del juicio y, no acordándola la Sala, pues ya había sido suspendido en dos ocasiones, lo que motivó la protesta de ambas defensas y la formulación del interrogatorio de preguntas a realizar a la testigo incomparecida.

6. ) Al folio 182 del rollo de la Audiencia, con fecha 18 de Septiembre de 1.996, figura un oficio de la Guardia Civil informando que la testigo podría encontrarse en su país desde agosto anterior, sin conocerse dato alguno sobre su último domicilio o paradero en España. Posteriormente, y con fecha 19 de Noviembre de 1.996, -folio 254 del rollo-, por la Comisaría de Policía de Tarragona se informa al Tribunal que se desconoce el actual paradero de Araceli, y finalmente el 31 de Enero de 1.997 -folio 280 del rollo de la Audiencia- la Guardia Civil vuelve a informar a la Sala que aquélla podría encontrarse en su país desde agosto del año anterior y que en el día de la fecha no se tenía constancia de su estancia en territorio nacional.

7. ) La incomparecencia de la testigo determinó que el Ministerio Fiscal solicitara la lectura en el plenario de las declaraciones de aquella en la instrucción, obrantes a los folios 26 y 27 y 175 de las actuaciones, lo que se llevó a cabo.

   La doctrina del T.C Sentencia 25 Octubre 1.993 y de esta Sala han admitido la eficacia probatoria de las diligencias sumariales en los casos de la prueba preconstituida y anticipada a que se refiere el art. 730 L.E.Cr. (SSTS. 80/86, 25/88, 60/88, 217/89 y 140/91, 15-3-96, 4-10-96 y 28-5-97) que incluye, en determinados supuestos, la posibilidad y licitud de reemplazar la prueba testifical que no puede practicarse en el juicio por la lectura de las declaraciones sumariales: se trata de los casos en que el testigo haya fallecido (STC. 4/91, de 21-2 y de esta Sala de 15-4 y 16-6-92) o se encuentre en el extranjero, fuera de las jurisdicción del Tribunal, no siendo factible lograr su comparecencia (Sentencias de 15-1-91, 5-6 y 16- 11-92), o bien cuando se encuentra en ignorado paradero, habiendo resultado infructuosas las diligencias practicadas para su citación en forma legal y fallidas las gestiones policiales realizadas para su localización (Sentencias de 26-11 y 24-12-92; 16 y 20-2-98).

   Pues bien, el supuesto sometido ahora a nuestra consideración es una de las excepciones a la necesidad de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad que conforman la práctica probatoria en el Plenario. Excepción que encuentra fundamento en el grave obstáculo que para su comparecencia en el acto del Juicio Oral presenta la residencia de un testigo en el extranjero habida cuenta de las importantes dificultades que ello comporta para obligarlo a declarar ante un Tribunal español, pese a los acuerdos internacionales de asistencia judicial existentes al respecto, de modo que por tales dificultades, estos supuestos han de equipararse a los casos de imposibilidad de reproducción de la prueba en el juicio oral previstos en el artícul