STS 124/1980, 28 de Marzo de 1980

Amparado en el número segundo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , fundado en la infracción en su aspecto negativo de inaplicación del artículo 359, primer párrafo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al haberse ejercitado en la demanda una acción reivindicatoria y declarar en la sentencia la doble inmatriculación de una finca. Alegándose expresamente en los cinco primeros fundamentos de derecho de la demanda, leyes y jurisprudencia que justificaban el ejercicio de una acción reivindicatoria, cuya legitimación y presupuestos expresamente se mencionaban, e indicándose claramente en el primer pedimento de la demanda que se reivindicaba la finca de los demandados, el Juzgado de Primera Instancia obró correctamente al desestimar la demanda por juzgar improbados los presupuestos básicos de la acción reivindicatoria y legítimos los títulos de propiedad de los demandados. Por cuyo motivo, al alterar la sentencia de segunda instancia los términos del litigio y estimar una acción mero declarativa de dominio no ejercitada e incompatible con la reivindicatoria deducida en el proceso, infringió el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , procediendo la casación de la sentencia, para dictar segunda sentencia de contenido idéntico a la de primera instancia.

Amparado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , fundado en la infracción por violación en su aspecto negativo de inaplicación del artículo 1.214 del Código Civil , al estimar que es el demandado y no el demandante quien debe acreditar la propiedad discutida de una determinada finca. Discutiéndose en el proceso la propiedad y posesión de una determinada finca, de no obstenerse una prueba positiva sobre ambos extremos la sentencia debía hacer aplicación de los principios sobre carga de la prueba contenidos en el artículo 1.214 del Código Civil , que imponen al demandante la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su demanda.

Amparado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil fundado en la infracción por su violación en aspecto negativo de inaplicación del artículo 1.253 del Código Civil , al establecer una presunción sin existir un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. Fundándose la sentencia recurrida en diversas presunciones técnicas -no haber realizado los demandados el amillanamiento de la finca en 1944, ni haber denunciado el incendio que afectó a la total finca-, y en falsas presunciones -estar enclavadas la finca de autos en una mayor finca propiedad de los demandados-; y no existiendo en ninguna de ellas el enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano exigidas por el artículo 1.253 del Código Civil .

Amparado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , fundado en la infracción por violación en su aspecto negativo de inaplicación del artículo 35 de la Ley Hipotecaria al declarar que los demandados no poseyeron la finca pese a estar inscrita sin interrupción desde el año 1899. Al prescindir la sentencia recurrida de lo dispuesto en el artículo 35 citado, que no menciona en absoluto, lo infringió por violación en su aspecto negativo de la inaplicación procediendo la casación de la sentencia; en resumen, que no existiendo motivo alguno para dejar de aplicar el artículo 35 de la Ley Hipotecaria , y determinando su aplicación una presunción de título y posesión para los demandados durante más de 80 años, éstos hubieran adquirido por usucapción la finca de autos, incluso en el supuesto de no haber sido inicialmente sus propietarios, y la estimación del presente motivo, determina la casación de la sentencia para dictar segunda sentencia totalmente acorde con la del Juzgado de Primera Instancia.

Visto siendo Ponente el Magistrado don Antonio Fernández Rodríguez.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que como cuestión previa del examen del primero de los motivos en que se ampara el recurso de casación de que se trata, es de tener en cuenta que, en materia de congruencia de las sentencias, es reiterada doctrina jurisprudencial; en exégesis del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil : A) Que el principio jurídico procesal de la congruencia supone simplemente una relación de conformidad o concordancia entre las pretensiones oportunamente deducidas en los escritos rectores del pleito y la parte dispositiva de la decisión judicial que le ponga fin, de suerte tal que ésta habrá de ajustarse a los pedimentos relacionados con la acción ejercitada por el actor, y a los que atañen las excepciones opuestas por el demandado, y tanto en lo que afecta a los sujetos integrados en la relación jurídico procesal, como en lo que se contrae al elemento objetivo en torno al cual gira la controversia, de maneraque los Tribunales habrán de ajustar sus declaraciones a los hechos alegados por las partes en sus respectivos escritos ( sentencias, entre otras, de 30 de junio de 1934, 15 de junio de 1951, 10 de mayo de 1954, 11 de diciembre de 1959, 25 de enero de 1972 y 23 de junio de 1976 ). B) Que tal principio de congruencia tiene como base esencial el respeto a la no alteración de la causa de pedir y a la no sustitución de las cuestiones debatidas por otras distintas ( sentencias de 6 de julio de 1952, 23 de enero de 1960 y 24 de febrero de 1966 ). C) Que toda sentencia, en bien de los propios litigantes y para evitarles un nuevo pleito, deben resolver todas las cuestiones sustancialmente contenidas en los escritos de los períodos de alegaciones del juicio, sin necesidad de ajustarse literal y rigurosamente a las peticiones de las partes, pudiendo agregarse extremos que sin constituir diferencia esencial o ampliación de lo pedido sean consecuencia lógica y legal de ello o complemento del fallo para fijar su sentido o alcance o bien exigencia de la ley en los casos que ésta establece la forma, condiciones o limitaciones con que haya de hacerse la declaración de algún derecho ( sentencias, además de otras, de 7 de noviembre de 1914, 14 de mayo de 1920 y 22 de noviembre de 1927 ). D) Que la incongruencia viene producida por resolver por modo distinto a como se solicitó, se altere la causa de pedir o se conceda más dé lo pedido por los litigantes, y sin guardar acomodo a los hechos constitutivos de la acción ( sentencias de 13 de febrero de 1930 y 17 de noviembre de 1964 ). E) Que el vicio de incongruencia, o sea, la discrepancia entre lo resuelto y lo que ha sido objeto de debate, no se comete cuando en el fallo no se emplean las mismas palabras de la demanda o de la contestación, siendo suficiente para la congruencia el que los términos del citado fallo, en conexión con los antecedentes de hecho y razonamientos jurídicos expuestos por las partes, guarde acatamiento a la sustancia y esencia de lo solicitado ( sentencia de 1 de abril de 1944, 2 de febrero de 1962 y 28 de noviembre de 1964 ), puesto que el juzgador no ha de amoldarse rígida y literalmente a lo pedido, sino que debe atenerse a la realidad de su contenido ( sentencias de 28 de noviembre de 1974 y 7, 22 y 17 de noviembre de 1966 ), toda vez que la adecuación entre lo solicitado y lo concedido no requiere una identidad absoluta, por ser suficiente una conexión íntima entre ambos términos, de modo tal que se decida sobre el mismo objeto concediéndolo o denegándolo en todo o en parte ( sentencias de 10 de julio de 1933 y 12 de julio de 1946 ).

CONSIDERANDO que entre las pretensiones formuladas a nombre de los demandantes don Jesús y doña Aurora en la súplica del escrito de demanda inicialmente rector de los autos de que este recurso dimana, reiteradas en réplica, se contienen, en esencia, las tendentes a la declaración judicial de que la porción de terreno objeto de controversia, que se describe en el hecho sexto de tal demanda, inscrito en la actualidad en el Registro de la Propiedad de Figueras a nombre de los demandados don Gaspar , don Rogelio , doña Elvira y doña Sofía , a razón de una quinta parte indivisa cada uno de ellos, y otra quinta parte a favor de los tres hermanos, también demandados, doña Nuria , doña Valentina y don Emilio , y el usufructo de la mitad de esta última quinta parte a favor de doña Ángela , pertenece, en su totalidad y pleno dominio, a dicho demandantes, su hermana doña Eva y sobrinos don Juan Pedro y doña María Luisa , como únicos e indiscutibles dueños de la misma, en la porción de una cuarta parte indivisa cada uno de los tres hermanos, señores Jesús Aurora Guillermo , y otra cuarta parte indivisa los dos últimos en junto, por integrar y formar parte dicha porción de terreno de la heredad denominada " DIRECCION000 », de Rosas, descrita en el hecho primero de la referida demanda (pedimento primero de la expresada súplica de demanda), así como a la nulidad, inexistencia y cancelación de todos los asientos regístrales, desde el primero al último, causados en el Registro de la Propiedad, por la inscripción de la mencionada parcela controvertida, que se describe en el hecho sexto de la precitada demanda, a nombre de don Luis Antonio , luego don Gonzalo y posteriormente, por la inscripción cuarta, a favor de los relacionados demandados (pedimento cuarto de la propia súplica de demanda); y las declaraciones contenidas en el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, dando lugar sustancialmente a la indicada demanda, declaran que la parcela discutida forma parte de la total dé los actores, conocida con el nombre de " DIRECCION000 », y en su consecuencia decreta la nulidad, ineficacia y cancelación de los asientos regístrales que se opongan a dichas declaraciones.

CONSIDERANDO que dada la doctrina de que se hace mención en el primero de los considerandos de esta resolución, unido a las pretensiones contenidas en la meritada súplica de demanda y los pronunciamientos que la recurrida sentencia contiene, de que se hace referencia en el precedente Considerando, conduce a la desestimación del primero de los motivos ejercitados por los recurrentes como base del recurso de que se trata, al amparo del número segundo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , con fundamento en pretendida infracción, en su aspecto negativo de inaplicación,- del artículo 359, primer párrafo, de la precitada Ley Procesal Civil , porque, en criterio de dichos recurrentes, habiéndose ejercitado en la demanda una acción reivindicatoria, se declara en la sentencia la doble inmatriculación de una finca, puesto que, en contra de tal subjetivo criterio, lo qué realmente declara la sentencia recurrida, en concordancia con lo solicitado por los demandantes, en la súplica del inicial escrito de demanda, y reiterado en réplica, es que la parcela discutida forma parte de la total de los actores conocida con el nombre " DIRECCION000 », con la consecuencia, también instada por los referidos demandantes, de nulidad, ineficacia y cancelación de los asientos regístrales que se opongan a taldeclaración y que concretamente afecta a los practicados actualmente a nombre de los demandados, y antes a sus causantes, lo que en definitiva supone la atribución del dominio pretendido por los respectivos demandantes a medio de la primera de las declaraciones formuladas en la referida súplica de demanda, y al efecto de inconsistencia de la inscripción registral en que los demandados se amparan, comprendido en la cuarta parte de las declaraciones de tal súplica, y cuyos pronunciamientos judiciales, acomodados a esas pretensiones de los demandantes, son, a fin de cuentas, la sustancia y esencia del debate jurídico planteado; y sin que a ello obste la circunstancia, invocada por los recurrentes en apoyo del motivo ahora examinado, de que después de formular los demandantes, en el párrafo primero de la primera de las declaraciones contenidas en la referida súplica del inicial escrito de demanda, que la parcela discutida pertenece en su totalidad y pleno dominio a don Jesús y doña Aurora , hermana de doña Eva y sobrinos don Juan Pedro y doña María Luisa , como únicos e indiscutibles dueños de la misma, en la proporción que se establece, esencialmente acogida en la sentencia recurrida en cuanto declara que tal parcela forma parte de la total de los actores, conocida con el nombre " DIRECCION000 », indique, al párrafo segundo de la mencionada declaración primera de la expresada súplica de demanda, que esa porción de terreno objeto de controversia, por ser propiedad de los señores Jesús Aurora Guillermo , la reivindican los demandantes, por medio de la demanda formulada, para sí y para la comunidad, o sea, para ellos y para los demás copartícipes, en las porciones indicadas, porque, aparte de que como ya tiene declarado esta Sala, en sentencia de 22 de mayo de 1974 , aunque la acción ejercitada se califique de reivindicatoria por los demandantes, sin embargo, si los hechos y fundamentos de derecho y el "petitum» implican el ejercicio de otra distinta, a ésta deben atenerse los Tribunales en su resolución, es lo cierto que tal expresión "reivindican», en cuanto no viene complementada por una solicitud de condena a los demandados al reintegro de la meritada parcela, se trata de una mera manifestación, de atribución de dominio, si bien, no muy técnicamente, se le intitula reivindicación, que además, al no venir comprendido como adición a los términos declarativos de la resolución impugnada, lo único que significaría sería limitación de lo pedido por los demandantes, lo que en manera alguna es determinante de defecto de incongruencia, que sólo puede originarlo el exceso sobre lo pedido o la desviación causal fáctica de lo instado, habida cuenta que si toda acción reivindicatoria, de dominio lleva insita la declaración de dominio, claro es que la limitación a ésta no supone más que reducir el alcance de lo pretendido por los demandantes, que es a quienes perjudicaría, y no a los demandados, pero no significa falta de congruencia dado que no* hay desviación de los hechos, en relación con lo pedido, ni concesión de más de le» solicitado, sí que, exclusivamente, reducción del alcance declarativo de la atribución de dominio reconocido, puesto que si lo más posibilita la comprensión de lo menos, la declaración de dominio con reintegro al demandante del bien a que alcance, permite aquella declaración de dominio sin ese alcance y efecto reintegrador, pues que éste es mero aspecto y proyección de aquél.

CONSIDERANDO que en lo referente al segundo de los motivos en que se soporta el recurso de casación de que se trata, formulado al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil , con fundamento en pretendida violación, en su aspecto negativo de inaplicación, del artículo 1.214 del Código Civil , a causa de estimar la sentencia recurrida que son los demandados, y no los demandantes, quienes deben acreditar la propiedad de la finca discutida, lo esencial a tener en cuenta, además de ser reiterada la doctrina de esta Sala que el indicado artículo 1.214, por no referirse al valor y eficacia de las probanzas, no puede ser base de la casación por este motivo, ya que su carácter genérico no impone ninguna obligación al Tribunal, sino exclusivamente a las partes, cuya actividad al respecto, por virtud del fenómeno jurídico procesal de la accesión o acumulación probatoria, hace que los medios de prueba aportados por una y otra parte se fundan en una unidad, abstracción hecha del litigante que los proporciona ( sentencias, entre otras, de 2 de abril de 1956, 27 de enero de 1961, 24 de octubre de 1972, 16 de marzo y 12 de diciembre de 1974 ), es que si ciertamente dicho precepto legal sustantivo impone al demandante la necesidad de probar los hechos normalmente constitutivos de su pretensión, o necesarios para que nazca la acción ejercitada, según tiene declarado esta Sala en sentencias, entre otras, de 30 de noviembre de 1943, 13 de enero de 1951, 11 de marzo de 1956 y 20 de febrero de 1960 , tal principio legal no es tan absoluto que no admita excepciones derivadas de circunstancias especiales, como son que el demandado, sin rechazar en esencia los hechos alegados de contrario, oponga otros con los que intente hacer ineficaz la acción ejercitada por el actor ( sentencias de esta Sala de 3 de junio de 1935, 30 de junio de 1942, 18 de marzo de 1958 y 20 de febrero de 1960 , además de otras), a que afecte a hechos que sean notorios, que vengan reconocidos, expresa o tácitamente, de adverso, o se encuentren favorecidos por alguna presunción legal, que por su propio carácter genera, por parte de quien pretenda derivar un derecho a su favor, un hecho excepcionante e impeditivo, cuya prueba incumbe a la parte que lo alega ( sentencias de 16 de marzo de 1944 y 27 de febrero de 1965 ).

CONSIDERANDO que la aplicación al caso ahora examinado de la doctrina expuesta en el precedente, conduce a la también solución desestimatoria de dicho motivo segundo, porque reconocido en la sentencia recurrida como aspecto de hecho, con eficacia probatoria al no haber sido atacado por el cauce o vía del número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que la finca nominada "DIRECCION000 » viene registralmente descrita "como porción de terreno en el que existe una casa sin numerar, canteras de mármol, con un casal ruinoso cerca de las mismas y una extensión, parte campo con olivar en parte viña y el resto yermo, linda al Norte con Juan Pablo , al Este con el mar, Sur y Oeste con el mar y Cristina de cabida 616 mesanas, figurando como titular el antecesor de los accionantes don Luis Pedro que la heredó de su madre, Tomo NUM000 , libro NUM001 de Rosas, folio NUM002 , Finca NUM003

, Inscripción Primera, asiento que lleva fecha 8 de junio de 1885, la expresada finca fue adjudicada a doña Patricia como bien vinculado en el expediente de concurso de la herencia del citado, registrándose posteriormente en 23 de mayo de 1913 un exceso de cabida de 880 vesanas, equivalente a 190 hectáreas 30 áreas 67 centiáreas, Inscripción séptima.(considerando segundo de la mencionada resolución impugnada), en tanto que la parcela objeto de controversia fue inmatriculada por don Gonzalo , antecesor de los demandados, "mediante expediente posesorio, tramitado ante el correspondiente Juzgado Municipal, que lo aprobó por auto de 20 de septiembre de 1889, inscribiéndose dicha posesión a favor de don Luis Antonio y más tarde a nombre de su hijo, descrita como rústica, pieza de tierra olivar en el término de Rosas, territorio Cañellas, de cabida tres vesanas, setenta centímetros, o sea, 80 áreas 5 centiáreas, lindante por sus cuatro puntos cardinales con los terrenos de Luis Pedro , Tomo NUM004 , Libro NUM005 , folio NUM006 , Finca NUM007 » (citado Considerando segundo de la invocada sentencia recurrida), unido a qué la misma resolución impugnada, igualmente sin desvirtuación eficiente, establezca admitido el dato del enclave o cuña,' determinado por tal parcela actualmente inscrita a nombre de los: demandados, antes sus causantes,' dentro de la mayor amplitud inscrita actualmente a nombre de los demandantes, antes sus causantes (considerando cuarto de la tan mentada sentencia recurrida), generante en consecuencia de doble inmatriculación de la parcela en cuestión, produce estimar adecuada la apreciación de la Sala sentenciadora de instancia de desplazar a los demandados la carga de la prueba de su pretendido dominio sobre la tan repetida parcela afectada por la litis entablada que pretenden deducir de la posibilidad de que en el interregno de los cuatro años que median entre una y otra inscripción los antecesores de los propios actores vendieran a los de los demandados dicho enclave o porción de terreno (considerando cuanto de la sentencia recurrida en relación con el hecho quinto del escrito de contestación al de demanda inicial), y que al no efectuarlo, ni acreditarse la existencia anterior del repetido enclave, según establece, asimismo sin desvirtuación, la tan aludida sentencia recurrida, confiere eficacia al dominio pretendido por los demandantes porque la contradicción registral, producto de doble inmatriculación, que no se determina generante de tercero hipotecario amparado por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria , en cuanto dimana de una irregularidad del Registro de la Propiedad, por acceso a él de dos inscripciones afectantes a una misma parcela, hace que poniéndose en prueba el juego del principio de fe pública registral, y ante la falta' de acuerdo entre los afectados acerca de su mejor derecho, debe tenderse al logro de armonía entre las variables hojas regístrales producidas, y de no poder ser posibles quedaran inoperantes, en plenitud de su alcance y efectos, las normas hipotecarias, debiendo resolverse la cuestión planteada, según tiene reconocido esta Sala en sentencias, entre otras, de 10 de enero de 1972, 17 de enero de 1973, 31 de marzo de 1974, 22 de junio de 1977 y 18 de junio de 1970 , conforme a las normas estrictamente civiles, que en el presente caso indudablemente amparan a los demandantes don Jesús y doña Aurora , en el concepto, carácter y alcance con que y para que actúan, desde el momento que el órgano jurisdiccional "a quo» reconoce justificado, sin que esa aseveración venga atacada en forma por los recurrentes, que los actores "desde siempre han poseído en concepto de dueños el terreno cuestionado, cuyos pastos arrendaban ministrando una testifical unánime que no duda sobre la certeza de la pertenencia a los demandantes de la porción discutida y sin que, ni de la pericial, ni de la de reconocida (sic). se pueda deducir la inexistencia siquiera de una independencia física respecto a los terrenos adyacentes, pues, en parajes escarpados son frecuentes la inexistencia de paredes siendo por otra parte las observadas discontinuas, por lo que se ha de estimar, no son cerramiento», pues esa reconocida posesión, en el carácter de dueño indicado, coordinado con que la inscripción inicial de que en tracto sucesivo derivan la suya dichos demandantes, en el concepto, carácter y, alcance con y para que actúan, data del año 1.885, y con aspecto de inmatriculación de dominio, en tanto que la de los demandados provenga del año 1889, y con el significado y alcance de inmatriculación de posesión, crea en favor de los primeros, o sea, de los actores, prioridad, al a vista de las circunstancias del caso y con arreglo estrictamente a los principios del Derecho común, especialmente el de prioridad, consagrado desde antiguo en la máxima "prior in tempore potior est iure», fundamental, cual tiene declarado esta Sala en sentencia de 4 de febrero de 1977 , en toda la materia de derechos reales, pues ni se crea ni se desenvuelve con exclusividad en la Ley Hipotecaria, a causa que el artículo 17 de la misma no contiene otra cosa que su consecuencia a los puros efectos de la mecánica registral, y en virtud de cuyo principio de prioridad jurídico-real temporal es preciso tener presente que en materia de posesión, como hecho, según previene el artículo 445 del Código Civil , no puede reconocerse en dos personalidades distintas, fuera de los casos de indivisión, de tal manera que si surgiere contienda sobre la posesión será preferido el poseedor actual y si resultaren dos poseedores el más antiguo, así como que, cual sanciona el artículo 448 del citado cuerpo legal sustantivo, el poseedor en concepto de dueño tiene a su favor a presunción legal de qué posee con Justo título, sin exigencia de su exhibición, por lo que reconocido, como queda dicho, en la sentencia recurrida, sin desvirtuación por el cauce adecuado, esos aspectos prevalentes posesorios a favor de los relacionados demandantes, en elcarácter concepto y alcance con que y para que actúan, que además tienen su origen en una atribución dominical que tuvo proyección registral también prioritaria en favor de aquéllos en relación con la alegada por los demandados, tanto en el aspecto temporal como en su causa productora -inmatriculación de dominio por los causantes de la demandante y expediente posesorio por los causantes de los demandados-, qué si hoy día tiene el mismo alcance y efecto registral, no obstante producen una razón de titularidad originaria diferente en los referidos demandantes, en el carácter, concepto y alcance con que actúan, revelando en consecuencia, la existencia de título inscrito más antiguo, amparador de éstos, como en criterio lógico sanciona, el artículo 1.473 para el caso de doble venta, que no es el ahora examinado, pero que tiene su misma base, fundamentandora, como indica la precitada sentencia de esta Sala de 4 de febrero de 1977 , conduciendo a reconocer el acierto de la Sala de instancia al resolver la contienda en favor de los actores con título de dominio e inscripción registral más antigua, como ya ha tenido ocasión de declarar la sentencia de esta Sala de 17 de enero de 1973 ; y mayormente en cuanto que dichas presunciones sustantivas posesorias y registral aludidas, aunque por su mero carácter "iuris tantum» tienen por su propia naturaleza posibilidad de ser destruidas, mientras no suceda producen sus normales efectos en beneficio de aquéllos a los que favorecen -en este caso los demandantes, en el concepto, carácter y alcance con que y para que actúan-, eximiéndoles de prueba, que debe recaer a cargo de los demandados que se oponen a los normales efectos de dichas presunciones prevalentes en el tiempo, concretamente en el ámbito del Derecho común, y su alcance posesorio proyectable a la titularidad dominical, con el fin de destruirlas mediante justificación de que a esos opositores, les correspondía un derecho dominical, o cuando menos posesorio con tal alcance, bien por título adecuado, ya por la acción del tiempo mediante el vehículo jurídico de la prescripción o ya simplemente por un comportamiento posesorio excluyente de la efectividad real del que, por la indicada vía de presunción legal, ampara a los demandantes, en el carácter, concepto y alcance por qué y para qué actúan, cuyas situaciones probatorias' no son reconocidas en la sentencia recurrida, que, por el contrario, acoge la prevalencia posesoria y de titularidad dominical alegada por los tan referidos demandantes, con la consiguiente vinculación en casación, al no haber sido desvirtuado, ni tan siquiera impugnado, con base en el cauce o vía adecuado del error de hecho o de derecho sancionado en el número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

CONSIDERANDO que tampoco es de acoger el motivo tercero, que, con base en el número primero, del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por pretendida violación, en su aspecto negativo de inaplicación, del artículo 1.253 de aquella Ley Procesal , tratan de evidenciar los recurrentes de que la sentencia recurrida, en su quinto considerando, haga referencia, como aspecto revelador de la actividad posesoria de los demandantes, en el carácter, concepto y alcance, por qué y para qué actúan, con respecto a la parcela en cuestión, que por los demandados "se dejase de relacionar la misma en el amillaramiento del artículo 1.944, sin tampoco denunciar el incendio que afectó a la parcela, amillaramiento y denuncia que los actores practicaron», toda vez que la sentencia recurrida, para llegar a la solución que establece y que los ahora recurrentes impugnan, no se basa exclusivamente en tales hechos, ni menos en exclusiva deducción presuntiva de ellos, que estima simplemente como reveladores y significativos al caso, sino también por apreciación de prueba directa que se reconoce, como ya viene dicho en el precedente considerando, como justificante de forma convincente, de que los actores "desde siempre han poseído en concepto de dueños el terreno cuestionado, cuyos pastos arrendaban, suministrando una testifical unánime que no duda sobre la certeza de la pertenecía a los demandantes de la porción discutida y sin que ni de la pericial ni de la reconocí (sic) se puede deducir la existencia siquiera de una independencia física, respecto a los terrenos adyacentes, pues en parajes escarpados son frecuentes la existencia de paredes, siendo por otra parte las observadas, discontinuas, por lo que se ha de estimar no son de cerramiento», por lo que ninguna violación, en el aspecto negativo de inaplicación, cabe apreciar del referido artículo 1.253 de la Ley Rituaria Civil , desde el momento que los recurrentes tratan de demostrar esa su objetiva apreciación extrayendo o separando del aludido y quinto considerando de la sentencia recurrida apreciaciones aisladas de hecho, por otra parte de índole incidental o complementaria, prescindiendo del resto de las también tenidas en cuenta por la Sala sentenciadora de instancia, y sustentando en consecuencia un particular interés, en tendencia inadecuada, según tiene declarado esta Sala en sentencia de 17 de octubre de 1956 , de sobreponerlo al objetivo de aquélla, desconectando la conjunta apreciación probatoria practicada por dicho órgano jurisdiccional "a quo», evidenciadora de que la convicción formulada por la indicada Sala sentenciadora de instancia descansa, en esencia y en definitiva, no en presunciones, sino en prueba directa obtenida de todos los medios de prueba a tal fin obrantes en autos.

CONSIDERANDO que tratando del motivo cuarto, formulado asimismo con amparo en el numero primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por pretendida violación, en su aspecto negativo de inaplicación del artículo 35 de la Ley Hipotecaria , en cuanto la sentencia recurrida declara que los demandados no poseyeron la finca de que se viene haciendo mención pese a estar inscrita sin interrupción desde el año 1889, su inconsistencia, y consiguiente desestimación, tiene su razón de ser en que si efectivamente el indicado precepto hipotecario previene que "a los efectos de la prescripción adquisitiva en favor del titular inscrito será justo título la inscripción, y se presumirá que aquel ha poseídopública, pacífica, ininterrumpidamente y de buena fe durante el tiempo de vigencia del asiento y de los de sus antecesores de quienes traiga causa», es igualmente de apreciar que tal presunción posesoria, por su propia esencial y naturaleza, tiene carácter "iuris tantum», y por tanto susceptible de prueba en contrario, de tal manera que no produce sus efectos, tanto en el mero alcance posesorio como en su proyección a fines de prescripción adquisitiva con su fundamento, cuando se acredite que la posesión efectiva en la realidad jurídica vino siendo realizada por otra, incluso con base también registral, que es precisamente lo reconocido para el supuesto examinado en la mentada sentencia recurrida, al establecer ésta como base fáctica, con firmeza en casación al no haber sido atacada por el cauce o vía del error de hecho o de derecho que autoriza el número séptimo, del artículo 1.692 de la tan repetida Ley de Enjuiciamiento Civil , que los actores "desde siempre han poseído en concepto de dueños el terreno cuestionado, cuyos pastos arrendaba, ministrando una testifical unánime que no duda sobre la certeza de la pertenencia a los demandantes de la porción discutida» (considerando quinto de la resolución impugnada), pues con ello se está pregonando la existencia de prueba en contrario a la presunción de posesión efectiva, pública, pacífica e ininterrumpidamente que el citado artículo 35 acoge.

CONSIDERANDO que la consistencia de la resolución desestimatoria del motivo quinto, que se evidencia de lo razonado en el presente Considerando, se refuerza por la circunstancia de que si en los sistemas regístrales de tipo germánico, por imperar, en principio, la norma de imprescriptibilidad del dominio o derechos reales inscritos, se comprende la existencia de la usucapción tabular propiamente dicha, o sea, la que descansa fundamentalmente en la inscripción que publica el usucapiente como titular registral, de tal modo que la usucapción queda condicionadísima por el Registro, y por ello la "secundum tabula» está facilitada porque precisamente se apoya en la inscripción, aunque en definitiva, se necesite la concurrencia de la posesión real o natural por parte del titular inscrito, si bien con prevalencia, o al menos como requisito esencial simultáneo, se requiera la inscripción del usucapiente, en cambio, en el sistema español, no seguidor de tales sistemas y en todo caso excluyente de la usucapción tabular que, en su forma más pura, se apoya exclusivamente en el Registro, o sea, sin el concurso de la posesión, consecuente con el predominio del criterio de inscripción de valor simplemente declarativo que la legislación hipotecaria expresada acoge, parte del supuesto de que la usucapción es una figura esencialmente civil, que se desenvuelve extraregistralmente, de manera que el Derecho hipotecario únicamente se preocupa seriamente de ella en los sentidos de proteger a los terceros hipotecarios, al enervar los efectos perjudiciales de una usucapción que se oponga a su adquisición, y de reforzar la usucapción que provoca la posesión del que asimismo figura como titular registral del derecho objeto de la misma, tanto quiere decir que el artículo 35 de la Ley Hipotecaria no establece un tipo de usucapión fundado en el Registro combinado con la posesión natural, es decir, no organiza ninguna usucapión propiamente tabular, y únicamente viene a disponer que cuando se da la circunstancia de figurar el pretendido usucapiente como titular registral indebidamente inscrito, entonces la usucapión se desenvolverá en circunstancias favorables, por dotarla, en gran parte sólo presuntivamente, de todos los ingredientes necesarios para que actúe la prescripción ordinaria, de manera que la inscripción sirva de refuerzo de una usucapión extrarregistral, aprovechando la coyuntura de figurar quien pretende ser usucapiente, como titular registral, más no de elemento substancial propio de toda usucapión tabular, como resulta del sistema general de nuestro ordenamiento jurídico hipotecario y del espíritu de dicho artículo 35, particularmente de sus palabras de que "a los efectos de la prescripción adquisitiva en favor del titular inscrito...»; aparte todo ello, claro está, de que las consecuencias regístrales apreciables en orden a los precitados demandados recurrentes, referidas a la finca de que se trata, siempre vendrían obstaculizadas por la doble inmatriculación incluso con prioridad temporal, de la misma finca, obrante en favor de los demandantes recurridos, según queda sancionado en el quinto de los Considerandos de esta resolución

CONSIDERANDO que, por lo expuesto, es de desestimar el recurso de casación ejercitado por don Rogelio , don Gaspar , doña Elvira y doña Sofía y doña Ángela y doña Valentina , don Emilio y doña Nuria , con condena a dichos recurrentes en todas las costas, y sin pronunciamiento sobre depósito al no haber sido constituido por no ser conformes de toda conformidad las sentencias de primera y segunda instancia; todo ello a tenor de lo prevenido en el artículo 1.648 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley, interpuesto a nombre de don Gaspar , don Rogelio , doña Elvira y doña Sofía , doña Ángela , y doña Nuria , doña Valentina y don Emilio contra la sentencia que, con fecha 16 de junio de 1978, dictó la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona ; condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas; y líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia, la certificación correspondiente, con devolución de los autos originales y rollo de Sala que remitió.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado» e insertará en laCOLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto, las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Manuel González Alegre y Bernardo.- Antonio Fernández Rodríguez.-Jaime Castro García.-Carlos de la Vega Benayas.-Jaime Santos Briz.-Rubricados.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Antonio Fernández Rodríguez, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la misma, en el día de su fecha, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Madrid, a 28 de marzo de 1980.-José Sánchez Oses.-Rubricado.