STS, 15 de Junio de 2000
| Ponente | FERNANDO CID FONTAN |
| ECLI | ES:TS:2000:4931 |
| Número de Recurso | 884/1998 |
| Fecha de Resolución | 15 de Junio de 2000 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Junio de dos mil.
VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el recurso de casación número 884 de 1998, interpuesto por la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado, contra la sentencia nº 722, de fecha 19 de septiembre de 1996, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena), con sede en Madrid, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 219 de 1994. Pese a haber sido debidamente emplazado, no se ha personado en el recurso como parte recurrida Don Juan Alberto .
La representación procesal de Don Juan Alberto interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 26 de mayo de 1992, confirmada presuntamente en alzada por silencio administrativo, que condicionó la homologación de su título de Odontólogo, obtenido en la Universidad de Buenos Aires (República Argentina), al título español de Licenciado en Odontología, a la previa superación de una prueba de conjunto. Y solicitó que "(se) anule la Resolución dictada el 26 de mayo de 1992, por la que se le deniega a DON Juan Alberto , la homologación de su título de Odontólogo, obtenido en la Universidad de Buenos Aires (República Argentina) al español de Licenciado en Odontología" (suplico de la demanda). Seguido el proceso por sus trámites, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena), con sede en Madrid, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia de fecha 19 de septiembre de 1996, cuya parte dispositiva es la siguiente: "FALLAMOS: Que ESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado Sr. González Pérez, en nombre y representación de D. Juan Alberto , contra la resolución de fecha 26-5-92, dictada por la Secretaría General Técnica, del Ministerio de Educación y Ciencia, confirmada en alzada por silencio administrativo, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS que dicha resolución es nula por no ser conforme a derecho; declarando, a su vez, el derecho de la solicitante a que por la Administración demandada se le homologue su Título de Odontólogo en la forma solicitada; sin hacer mención especial en cuanto a las costas".
1. Contra dicha sentencia, preparó recurso de casación la representación procesal de la Administración General del Estado.
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Mediante providencia de fecha 5 de diciembre de 1996 la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación y ordenó emplazar a las partes.
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Habiendo sido debidamente emplazadas las partes, la Administración recurrente compareció en tiempo y forma ante esta Sala e interpuso su recurso de casación. El escrito de interposición concluye suplicando a la Sala que proceda a "dictar sentencia por la que, estimándose el recurso, se case y anule larecurrida, y, en consecuencia, sea desestimado el recurso contencioso-administrativo (...)".
Por Providencia de fecha 18 de diciembre de 1998 la Sección Primera de esta Sala, tras admitir a trámite el presente recurso de casación, acordó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.
Por providencia de 21 de enero de 1999 se convalidaron las actuaciones y se declaró concluso el presente recurso; y, no habiéndose personado la parte recurrida, quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo.
Por Providencia de 8 de mayo de 2000 se señaló el presente recurso de casación para deliberación, votación y fallo el día 8 de junio de 2000, en cuya fecha tuvieron lugar dichos actos procesales.
La sentencia recurrida en casación estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Don Juan Alberto contra la resolución del Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 26 de mayo de 1992, confirmada presuntamente en alzada por silencio administrativo, que condicionó la homologación de su título de Odontólogo, otorgado por la Universidad de Buenos Aires (República Argentina) al título español de Licenciado en Odontología, a la superación de una prueba de conjunto "que ha de circunscribirse a las materias citadas en el informe del Consejo de Universidades y recogidas en el antecedente de hecho de la presente resolución". Dicha sentencia anuló los actos impugnados y declaró el derecho del recurrente a obtener la homologación solicitada sin el anterior condicionamiento.
El Abogado del Estado, en un único motivo de casación, articulado al amparo del art.
95.1.4º de la anterior Ley Jurisdiccional, denuncia que el Tribunal de instancia infringe el art. 2º del Convenio de Cooperación Cultural entre España y la República Argentina de 23 de marzo de 1971 (publicado en el BOE de 3 de abril de 1973), en relación con los arts. 2º y 5º y con la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, que regula la homologación de los títulos extranjeros de educación superior. Tras exponer la evolución del título desde 1948, transcribe el Abogado del Estado el art. 2º del Convenio Cultural citado, y destaca que el Real Decreto 86/1987 dispone que debe constatarse si existe equivalencia entre los títulos cuya homologación se pretende, lo que obliga a la Administración a efectuar el oportuno control. Y sostiene que, no acreditándose la equivalencia requerida entre ambas formaciones, no es aceptable la homologación automática, sino que procede exigir la superación de una prueba de conjunto.
El planteamiento de este motivo obliga a la Sala a tener en consideración que el art. 2º del Convenio de Cooperación Cultural entre España y la República Argentina de 23 de marzo de 1971, ratificado por Instrumento de 17 de noviembre de 1972 (BOE de 3 de abril de 1973), cuya correcta interpretación se interesa, se enmarca dentro de una profusa legislación, entre la que destacan las siguientes normas:
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La Ley 10/1986, de 17 de marzo, que regula la profesión de Odontólogo y las de otros profesionales relacionados con la salud dental, y reconoce las siguientes profesiones: la de Odontólogo (art. primero), la de Protésico dental (art. segundo) y la de Higienista dental (art. tercero).
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Los arts. 28 y 30 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el art. primero y la Disposición Final Primera de la Ley 10/1986, de 17 de marzo citada, y el Real Decreto 970/1986, de 11 de abril, por el que se crea el título oficial de Licenciado en Odontología, que exigen para ejercer actualmente en España la profesión de Odontólogo el título Universitario de Licenciado en Odontología, título para cuya obtención se precisan unos conocimientos sustancialmente distintos a los requeridos para la adquisición del antiguo título de Odontólogo cuyas enseñanzas dejaron de impartirse en el año 1948.
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Las Directivas Comunitarias sobre la materia de Odontología (Directivas 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/688/CEE, 81/1057/CEE y concordantes), que imponen que en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y, por lo tanto, en España, la profesión de Odontólogo cumpla las exigencias de conocimientos cualificados y contrastados por la autoridad académica competente en cada uno de ellos.
La Ley 10/1986 impone taxativamente en su Disposición Final Primera y en el artículo 1º que para ejercer la profesión de Odontólogo se requiere el título universitario de Licenciado, y en elapartado 4. de este artículo dispone que "La titulación, planes de estudio, régimen de formación y especialización de los Odontólogos se acomodarán a los contenidos, niveles y directrices establecidos en las normas de la Comunidad Económica Europea.". El Real Decreto 970/1986 estableció las directrices generales para la obtención del título, ajustándose a los requisitos de formación exigidos por las Directivas del Consejo de la Unión Europea. Y, producida en 1990 la definitiva implantación en las Universidades españolas de los estudios destinados a obtener el título de Licenciado en Odontología conforme a las Directivas comunitarias, la habilitación para ejercer la profesión debe quedar sometida a las reglas y reglamentaciones del País de establecimiento, entre las que deben incluirse los conocimientos y experiencia clínica exigidos para la obtención del título de Licenciado en Odontología en España.
Pues bien, analizada por la Administración la formación del solicitante, es obvio que el título de Odontólogo expedido en la República Argentina no puede ser homologado al título actual de Licenciado en Odontología español, acorde ya con las Directivas Comunitarias y normas españolas de adaptación al Derecho Comunitario, cuando no existe la necesaria equivalencia. Y, por otra parte, habiendo dejado de impartirse en 1948 las enseñanzas del viejo título de Odontólogo, tampoco puede aceptarse la homologación a este título. Expuesto lo anterior, nada impide que la homologación (naturalmente al título español actual de Licenciado en Odontología) quede supeditada a la superación de una prueba de conjunto.
Esta Sala se ha pronunciado ya en el sentido que ha quedado reflejado en los fundamentos anteriores, entre otras muchas, en las sentencias de 2/12/96, 30/05/97 y 24/11/1997, que forman unidad de doctrina con el valor que le asigna el apartado 6 del art. 1º del Código civil, y que reflejan el criterio consciente, justificado y razonado de esta Sala en los términos señalados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias nº 91/90, de 23 de mayo, y 200/90, de 23 de diciembre, que excluye la arbitrariedad y las resoluciones ad personam como prescriben las SSTC nº 49/1985, 120/1987, 160/1993, 192/1994 y 166/1996, de 28 de octubre (dictada en el recurso de amparo nº 3164/1994).
El Tribunal de instancia realiza una valoración sobre la homologación que no se ajusta a cuanto ha quedado expuesto en esta sentencia, ni a la jurisprudencia que se cita en los fundamentos precedentes. Y, visto el planteamiento que efectúa el Abogado del Estado, debemos estimar el motivo de casación alegado por lo siguiente:
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) Porque en 1948 dejaron de impartirse las enseñanzas para la obtención del viejo título de Odontólogo, por lo que tal título ya no existe en España.
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) Porque para la recta aplicación del art. 2º del Convenio de Cooperación Cultural celebrado entre España y la República Argentina, no se puede prescindir de la normativa interna, acorde con las Directivas Comunitarias a que se ha hecho mención. Por ello, la homologación solicitada exige que la Administración lleve a cabo un control de equivalencia del título extranjero respecto del título español al que se pretende homologar.
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) Porque el título de Odontólogo obtenido por el recurrente en la instancia en la República Argentina no es equivalente al nuevo título de Odontólogo al que se refieren la Ley 10/1986, de 17 de marzo, y el Real Decreto 970/1986, de 11 de abril, que cumplimentan lo dispuesto en la Directiva 78/686/CEE, de 25 de julio, ya que los estudios españoles que permiten acceder a la obtención del título de Licenciado en Odontología para ejercer la profesión de Odontólogo son estudios superiores a los exigidos para la obtención del mencionado título de Odontólogo expedido en la República Argentina.
Sentado lo anterior y como expresa la resolución administrativa recurrida, la prueba a cuya superación queda sometida la homologación ha de circunscribirse en el presente supuesto a las materias citadas en el informe del Consejo de Universidades, que se recogen en el antecedente de hecho de aquélla. En este sentido ha resuelto ya la Sala en sentencia de 17 de febrero de 2000, dictada en el recurso de casación nº 2755/1998, relativo a homologación de título de médico especialista expedido en Uruguay pero trasladable al presente supuesto, en cuyo fundamento segundo de derecho se expone lo siguiente: "lo que (...) se traduce en el sometimiento a examen de aquellas materias, y sólo de aquellas materias, que le falten para completar la equivalencia de su título al título español. La convocatoria de una prueba que no especifique su contenido o la convocatoria de una prueba que abarque el conjunto de los conocimientos generales de las materias de la especialidad y no se constriña a los puntos diferenciales, supone una actuación administrativa en confrontación con lo que la sentencia firme establece.(...) La prueba a que la recurrente debe ser sometida no es aquella que verse con carácter general sobre todas las materias de la especialidad, sino una prueba restringida a las materias sobre las que se aprecien diferencias formativas. Para llevar a cabo tal prueba será preciso que la Administración establezca previamente esas diferencias y, después, convoque la prueba en los términos ya indicados".
Debiendo estimar el motivo articulado por el Abogado del Estado, se debe resolver conforme a los términos en que apareció planteado el debate en la instancia. El recurrente Don Juan Alberto
, solicitó en vía administrativa la homologación de su título expedido en la República Argentina "a su equivalente español, sin condicionar la misma a una prueba de conjunto", si bien en sede jurisdiccional precisó que interesaba la homologación al título español de Licenciado en Odontología (suplico de la demanda). Por todo cuanto se ha razonado en esta sentencia, el Tribunal aprecia que ello no es posible, y que la Administración no hizo sino aplicar en términos correctos el art. 2º del Convenio de Cooperación Cultural entre España y la República Argentina, de 23 de marzo de 1971, y el art. 2º del Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de homologación de títulos extranjeros. Siendo ello así, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Don Juan Alberto contra la resolución del Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 26 de mayo de 1992, confirmada presuntamente en alzada por silencio administrativo. Estas resoluciones, al condicionar la homologación que el interesado solicita a la superación de una prueba de conjunto en los términos antes expuestos, conforme a lo establecido en el art. 2º del Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, son ajustadas a Derecho.
No hay lesión del principio de igualdad, en relación con precedentes administrativos que se citan, porque, o bien responden a otras circunstancias concurrentes en los favorecidos con la homologación o, si ello no es así, su otorgamiento es ilegal, con lo cual el precedente no puede considerarse vinculante fuera de la legalidad. Respecto a la desigualdad en la aplicación de la ley, ésta no se produce cuando se razona, como es el caso, el cambio de criterio respecto a sentencias anteriores.
Dados los términos de la Disposición Transitoria Novena de la Ley 29/1998 y, por tanto, del art. 131 de la anterior Ley Jurisdiccional, no se aprecia temeridad ni mala fe a los efectos de hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales de la instancia. Respecto de las costas del presente recurso de casación, procede que cada parte personada satisfaga las suyas, conforme al mandato contenido en el art. 102.2, último inciso, de la anterior Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad El Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado, contra la sentencia nº 722, de fecha 19 de septiembre de 1996, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena), con sede en Madrid, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 219/94, por haber sido estimado el motivo de casación articulado. Anulamos la sentencia recurrida y en su lugar dictamos otra por la que desestimamos el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de Don Juan Alberto contra la resolución del Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 26 de mayo de 1992, confirmada en alzada por silencio administrativo, que condicionó la homologación de su título de Odontólogo obtenido en la Universidad de Buenos Aires (República Argentina) al título español de Licenciado en Odontología, a la previa superación de una prueba de conjunto específica establecida en el art. 2º del Real Decreto 86/1987, de 16 de enero. Declaramos que las resoluciones administrativas impugnadas son conformes a Derecho, sin hacer expresa condena en costas a ninguna de las partes personadas, ni de las causadas en primera instancia ni de las del presente recurso de casación.
Devuélvanse al Tribunal de instancia las actuaciones judiciales y administrativas recibidas, junto con un testimonio de esta sentencia. Interésese del Tribunal de instancia el correspondiente acuse de recibo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de Jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Fernando Cid Fontán, Magistrado Ponente en estos autos, de lo que, como Secretario, certifico.
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