La visión del Gobierno Abierto desde la Administración General del Estado. El IV Plan de Gobierno Abierto de España

AutorOlivié Bayón Céspedes - Lázaro Tuñón Sastre
Cargo del AutorDirector general de Gobernanza Pública, Ministerio de Hacienda y Función Pública - Subdirector general adjunto de Gobierno Abierto, Dirección General de Gobernanza Pública, Ministerio de Hacienda y Función Pública
Páginas179-202
179
CAPÍTULO 7
LA VISIÓN DEL GOBIERNO ABIERTO DESDE
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
EL IV PLAN DE GOBIERNO ABIERTO DE ESPAÑA
Olivié Bayón Céspedes
Director general de Gobernanza Pública, Ministerio de Hacienda y Función Pública
Lázaro Tuñón Sastre
Subdirector general adjunto de Gobierno Abierto, Dirección General de Gobernanza
Pública, Ministerio de Hacienda y Función Pública
1. ESPAÑA: UN PAÍS COMPROMETIDO CON EL GOBIERNO
ABIERTO
Cuando pensamos en la historia de nuestras ciudades y pueblos, a menudo
nos sobreviene a la mente una idea común: la plaza. Ese heredero del ágora
griega o del foro romano, que sirve de lugar de encuentro en el cruce de
caminos. Un espacio de participación, de colaboración, de integración. De
apertura al público. Esa es quizás una de las inspiraciones del gobierno
abierto.
«Abierto» puede significar muchas cosas, pero también ninguna si no
existe la voluntad política para ello. No es ese, en absoluto, el momento
actual de España. La ciudadanía demanda cambios, más aún, en este contexto
de crisis, en el que lo público va a salir más reforzado. Una administración
más eficiente, más eficaz y, a la par, sin duda, más abierta.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos permiten,
en cierto modo, devolvernos a la antigua plaza de nuestros pueblos y ciuda-
des. Acercar de nuevo la Administración a la ciudadanía. Hacer del Gobierno
una institución abierta, transparente, que rinda cuentas y que cuente con la
participación y colaboración de todas las partes. Una administración íntegra
y una mejor democracia.
GOBIERNO ABIERTO, INNOVACIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN CIUDADANA
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Esa inspiración de proximidad que implica el gobierno abierto trasciende
más allá de una mera tendencia entre administrativistas. En nuestro país,
supone un verdadero mandato que enlaza con nuestra propia Constitución.
«España es un Estado social y democrático de derecho, que pro-
pugna como valores fundamentales de su ordenamiento jurídico, la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».
Este es el artículo 1.1 de la Constitución española. El primero de los 169
artículos que lo componen y toda una declaración de los principios y valores
que deben guiar a sus poderes públicos. Una vocación de mejora constante
de nuestra democracia bajo principios claros de libertad, igualdad, justicia y
pluralismo político, que son los mismos en los que se inspiran las políticas
de gobierno abierto.
Transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana y colabo-
ración son la materialización de los compromisos que, plan tras plan, asume
nuestro país. Un horizonte hacia el que caminar, en el que se han cosechado
ya importantes hitos, pero en el que todavía restan nuevos compromisos e
iniciativas, en ese mencionado afán de mejora continua de nuestro gobierno,
de nuestras instituciones, en definitiva, de nuestra democracia.
El concepto de gobierno abierto no es nuevo. Los primeros escritos que
abogaban por una mayor participación dentro del concepto anglosajón de
open government datan de los primeros años setenta del pasado siglo. Sin
embargo, es en el año 2011, cuando esta doctrina apenas conocida por aca-
démicos y politólogos da el salto a escala planetaria con la creación del Open
Government Partnership, OGP. Una alianza, apadrinada por las Naciones
Unidas y con vocación de universalidad, a la que España no dudó en sumarse
desde el mismo momento de su fundación.
Fue en la cumbre inaugural celebrada en Brasil cuando España presentó
su I Plan de Gobierno Abierto. Un esquema bianual (2012-2014) en el que
ya demostraba su enorme entusiasmo e interés por la iniciativa.
En este primer plan de acción, nuestro país elaboró una estrategia centrada
en tres objetivos:
– aumentar la integridad y la transparencia pública;
– alcanzar una gestión más eficaz de los recursos públicos;
– y mejorar los servicios públicos.
Estos grandes objetivos distaban mucho de ser pregones etéreos y se
tradujeron, a su vez, en trece compromisos palpables, que ayudaron a implan-

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