Los retos actuales y futuros de la gobernanza pública
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Los gobiernos se han preocupado durante bastante tiempo por su capacidad institucional y humana de mejorar el sostenimiento de los ciudadanos, la competitividad o la viabilidad de las empresas, el suministro de servicios públicos básicos, y la confianza en las instituciones reguladoras. Como parte de agendas de amplias reformas y cambios, muchos países miembros de la OCDE han estado desarrollando y revisando sus instituciones, marcos y herramientas de gobernanza. Los retos financieros, económicos, sociales y medioambientales actuales del mundo, destacan el único papel del gobierno que sirve al interés público. También dirigen su renovada atención hacia las instituciones, políticas y herramientas que pueden ayudar al gobierno a proporcionar lo que los ciudadanos y las empresas necesitan y esperan, poniendo de manifiesto las áreas donde pueden necesitarse más cambios o donde se requiere un mayor énfasis en la mejor forma de llevar a cabo los esfuerzos por las reformas. No sólo las normas reguladoras, los sistemas y los procedimientos de supervisión del sector de los servicios financieros se encuentran en el primer lugar de las acciones propuestas por el gobierno, sino que la crisis fiscal ha situado el papel de los gobiernos, el ámbito de sus actividades y su eficacia a la hora de fomentar el bien público, en el centro del escenario. En particular, los gobiernos buscan la manera de mejorar su capacidad para anticiparse y gestionar los riesgos, así como de reaccionar con rapidez a problemas complejos en entornos cambiantes. Debido a la naturaleza mundial de estos retos, ya no es suficiente actuar a nivel nacional. La cooperación y la coordinación internacional están demostrando ser elementos críticos de cualquier respuesta política creíble y eficaz.
Haciendo tanto uso como sea posible de los indicadores presentados en los Capítulos que van del II al X, este capítulo examina determinados asuntos de la gobernanza pública, que son importantes para la capacidad de los gobiernos de tratar los efectos a largo plazo de las crisis financieras y económicas recientes y pone de manifiesto algunas cuestiones fundamentales a las que se enfrentan los gobiernos al volver a evaluar sus papeles, capacidades y vulnerabilidades.
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A medida que los países emergen de las crisis económicas y financieras, los gobiernos no pueden permitirse volver a poner en marcha las empresas como de costumbre. Las crisis han destacado la necesidad de los gobiernos por desarrollar la capacidad de prever, prevenir y responder a retos complicados y dinámicos. Al examinar los factores que contribuyen a las crisis, se han identificado los puntos débiles de los sistemas de gobernanza que pueden necesitar ser reforzados. Además, los gobiernos puede que necesiten tratar las consecuencias a largo plazo de sus respuestas a las crisis como estrategias para salir de las mismas.
Las siguientes secciones tratan cuatro asuntos de la gobernanza cuya importancia ha sido destacada por las crisis recientes: el diseño de políticas fundamentado en los hechos, la integridad en el sector público, la coordinación de políticas y de programas a todos los niveles del gobierno, y la sostenibilidad fiscal. Los países miembros de la OCDE estuvieron examinando estos asuntos antes de las crisis, y muchos de ellos habían comenzado a desarrollar las herramientas que están resultando ser particularmente relevantes en la situación actual.
En los entornos dinámicos y de crisis existe un imperativo en los gobiernos para actuar. A pesar de que las políticas resultantes tienen objetivos claros e inmediatos, éstos también pueden generar consecuencias profundas y duraderas. Las herramientas como el análisis del impacto de las normativas pueden ayudar a los gobiernos a basar sus decisiones políticas en los hechos y a evaluar sus impactos actuales y sus consecuencias. El papel más importante del gobierno en la economía, ejemplificado por el aumento de las actividades de inversión pública, requiere que los gobiernos estén especialmente alerta al mantenimiento de los principios y de las prácticas de integridad. Para asegurar que los recur-sos escasos se invierten en formas de generar los máximos beneficios, los gobiernos centrales y subcentrales necesitan coordinar políticas y programas. Además, el aumento de los gastos y la disminución de los ingresos ejercen presión sobre los presupuestos ya ajustados por los cambios demográficos y las obligaciones actuales. Para mejorar la sostenibilidad a largo plazo de los programas y políticas, los gobiernos pueden emplear proyecciones fiscales a largo plazo más frecuente y sistemáticamente.
El diseño de políticas fundamentadas en los hechos puede ayudar a los gobiernos a trazar un camino de rendimiento hacia un crecimiento sostenible. Las políticas coherentes y de hecho, las políticas y las normativas más eficaces requieren que los gobiernos tengan en cuenta toda la información pertinente para tomar decisiones con un mayor conocimiento de causa. En particular, esto implica que los gobiernos traten los beneficios de las propuestas políticas en rela-
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ción a los costes futuros y las interacciones entre las políticas de reformas estructurales. A través de un diseño coherente, el rendimiento de cada reforma específica puede maximizarse. Además, la implementación de políticas eficaces requiere una gobernanza eficaz: la capacidad para gestionar los riesgos, la contratación pública y los contratos, obtener y asignar el tipo y la cantidad adecuados de los recursos, realizar la supervisión de los procesos y los procedimientos, y revisar el impacto y la eficacia de las decisiones y acciones una vez se han asumido.
Las crisis recientes han dado un énfasis adicional a los que adoptan decisiones para proporcionar la consideración adecuada a la forma en que la normativa se implementa, se cumple y se supervisa, en especial en el área financiera. Los indicadores del Capítulo VIII consideran el nivel hasta el que los sistemas de gestión reguladora reúnen los estándares de calidad generales, como los que se reflejan en Principios Rectores para la Calidad y la Gestión Reguladoras respaldada por la OCDE en 2005. Éstos constituyen una herramienta para analizar los sistemas de gobernanza reguladora como un todo y para ayudar a los países a identificar las reformas potenciales.
Como se muestra en la Imagen 22.1, la mayoría de los países miembros de la OCDE están implementando los análisis del impacto de la normativa (RIA). Los RIA velan por la forma en que las políticas se implementan, se hacen cumplir, se revisan y se cumplen. Puede ayudar a asegurar que todos los impactos potenciales de una política se consideran por adelantado y que la normativa por la que el gobierno opta es la propuesta óptima por la que decidirse. Durante la última década, los sistemas de los RIA se han mostrado más comprensivos en casi todos los países (Imagen 22.3). Un número en aumento de países ha adoptado requisitos formales para emprender los RIA con proyectos de leyes prima-rias y normativas subordinadas, así como requisitos para identificar impactos (incluyendo los costes y los beneficios de nuevas normativas -véase la Imagen 22.2-. Por ejemplo, en torno a dos tercios de los países requieren en la actualidad los RIA para demostrar que los beneficios de una nueva normativa justifican los costes. Sin embargo, la exhaustividad de los sistemas de los RIA todavía difiere, entre países. Además, el fracaso de los sistemas de supervisión de la normativa en la crisis financiera mundial actual ha puesto de manifiesto clara-mente que la existencia de tales herramientas, no implica necesariamente que éstas se estén utilizando adecuadamente o que se estén alcanzando los resultados y el rendimiento que se pretendían.
Los RIA han sido vistos por algunas administraciones como un obstáculo para la toma de decisiones o el trabajo legislativo debido al tiempo necesario para conducir las evaluaciones. Cuando los RIA se hallan en las primeras fases del proceso de adopción de decisiones, no parece...
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