La integridad
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La previsión de la integridad y la prevención de la corrupción en el sector público allanan el terreno de juego de cierto nivel para las empresas. Son esenciales para mantener la confianza en el gobierno y en los mercados, y para asegurar una recuperación sostenible tras la crisis financiera. La «integridad» hace referencia a la aplicación adecuada de los valores, principios y normas en las actuaciones diarias de las organizaciones del sector público. Como tales, los funcionarios deben emplear la información, los recursos y la autoridad para los propósitos previstos, a fin de fomentar y sobreguardar el interés público.
Conseguir una cultura de «integridad», requiere unos esfuerzos coherentes para actualizar estándares, proporcionar directrices, y para supervisarlos y reforzarlos en la práctica diaria. También requiere que los países se anticipen a los riesgos y apliquen contramedidas de acuerdo a sus necesidades. Esto incluye directrices o restricciones específicas, aumento de la transparencia o un estricto control estructural y sanciones inmediatas. La OCDE ayuda a los países a construir un marco de integridad, planificando buenas prácticas y desarrollando principios, directrices y herramientas. Para ello, el marco unifica los instrumentos, los procesos y las estructuras para prever «la integridad» y trata áreas vulnerables a la corrupción, particularmente aquellas en la interfaz de los sectores público y privado (por ej. contratación pública y grupos de expertos).
Este capítulo examina también las medidas para fomentar la integridad y prevenir la corrupción en el gobierno central, incluyendo el ámbito y la transparencia de las declaraciones de conflicto de intereses y la protección de la denuncia de irregularidades. También éste revisa las actividades principales del gobierno con riesgo de corrupción, centrándose en la contratación pública.
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La confianza de los ciudadanos en el gobierno se debilita cuando los funcionarios públicos no son neutrales en la adopción de decisiones. En un momento en el que la interfaz entre el sector público y privado ha aumentado considerablemente, las medidas para prevenir y gestionar los conflictos de intereses son cruciales, con el fin de asegurar que la integridad de la adopción de decisiones no esté determinada por los intereses privados de los funcionarios públicos.
Para mantener la confianza pública en la integridad en la adopción de decisiones de los funcionarios, en la gran mayoría de los países miembros de la OCDE se han implementado políticas de conflicto de intereses que requieren que adopten decisiones (en particular los jefes de Estado, los primeros minis-tros, y los ministerios, así como los parlamentaristas) pongan de manifiesto públicamente sus intereses financieros. La declaración es un primer paso crítico, para determinar si los intereses privados podrían influenciar indebidamente la actuación de los funcionarios. La declaración puede también suportar la detección de un enriquecimiento ilícito.
Casi todos los países miembros de la OCDE han establecido que todos los miembros del gobierno y del Parlamento pongan de manifiesto públicamente sus intereses privados. Unos cuantos países han comenzado también a requerir esta declaración por parte de los funcionarios de la judicatura, tales como los jueces en Finlandia y en Hungría. Además, los países cada vez requieren más a los funcionarios en situaciones vulnerables, tales como la contratación pública, aduanas y administración de impuestos, que pongan de manifiesto sus intereses privados.
Facilitar información sobre activos y pasivos constituye el primer objetivo de los requisitos de la declaración. En la década pasada, el número de países que requirieron información sobre préstamos casi se ha triplicado. Asimismo, los países han puesto un mayor énfasis en la declaración de contratos de trabajo. El número de países que requiere información sobre empleo previo y futuro ha superado el doble en un esfuerzo por gestionar las «puertas giratorias» o el movimiento entre el sector público y privado, que ha recibido recientemente particular atención pública.
El aumento de la demanda de los ciudadanos de transparencia en la vida pública y un examen detallado por parte de los medios y...
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