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Prólogo

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Vincent
AutorAngel Franco Rubio
Cargo del AutorConsejero de Administración Pública y Hacienda - Junta de Extremadura
Páginas1 - 3

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En noviembre de 2007, la Facultad de Derecho de la UEX organizó unas Jornadas sobre Financiación en la Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, cuyas ponencias integran –junto a otros trabajos de interés no menor– el libro al que estas líneas sirven de prólogo.

La realidad sobre la que se proyectó ese encuentro puede caracterizarse por tres notas: la vigencia del modelo de financiación para las CCAA de régimen común aprobado en el año 2001; la existencia de un movimiento dirigido a modificar los Estatutos de Autonomía concluido en Comunidades como la catalana, la andaluza y la castellano-leonesa, y que comienza a tomar velocidad en otras como la extremeña; y el clamor, más o menos intenso, que desde distintas instancias y lugares apela a un cambio en el sistema de financiación.

En cuanto al modelo de financiación vigente, puede decirse que, aunque mejorable en su diseño –pues la evolución de uno de sus instrumentos más importantes, el Fondo de Suficiencia, no obedece a causas que guarden relación con las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas– y en su espíritu –por lo escaso del esfuerzo que dedica a promover la igualdad entre las regiones–, sus resultados están siendo razonablemente satisfactorios para Extremadura. Y ello porque, de momento, allega recursos suficientes a la región; porque asume lo esencial de los principios por los que siempre hemos abogado en esta materia, porque atiende a las peculiaridades de Extremadura, y porque recoge las exigencias que su Gobierno planteó como irrenunciables.

En lo que se refiere a los efectos que sobre el sistema de financiación autonómica puedan tener los nuevos Estatutos de Autonomía, la postura de la Junta de Extremadura puede definirse en los siguientes términos: en primer lugar, un respeto absoluto a los nuevos Estatutos, puesto que –sin per-Page 2juicio de la opinión del Tribunal Constitucional sobre alguno de sus preceptos– son leyes legítimamente aprobadas en los Parlamentos regionales y español. Tiene que quedar claro, además, que ningún Estatuto de Autonomía es el lugar para decidir sobre cuestiones que, como la financiación autonómica, inciden sobre intereses fundamentales de otras Comunidades. Y, por último, no está de más insistir en que la actitud de la Junta en este proceso será la misma que ha mantenido siempre, cualquiera que fuera el color político del Gobierno del Estado: poner los intereses de Extremadura por encima de cualquier otra consideración.

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