Presentación
| Autor | M.ª Mercè Darnaculleta Gardella/Jorge García-Andrade Gómez/Rosario Leñero Bohórquez/M.ª Amparo Salvador Armendáriz |
| Cargo del Autor | Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Girona/Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Alcalá/Profesora Colaboradora de Derecho Administrativo. Universidad de Huelva/Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Navarra |
| Páginas | 17-23 |
PRESENTACIÓN
El fenómeno de la colaboración público-privada en la gestión de
servicios sociales y asistenciales alude a una realidad extremadamente
compleja que no solo afecta a las estructuras, sino que alcanza a los
cimientos del Estado social. La distribución de responsabilidades y
funciones entre el Estado y la sociedad en la satisfacción de las necesi-
dades reales de las personas y de los colectivos más vulnerables es un
tema que tiene profundas raíces históricas y filosóficas, que entronca
con la dignidad de la persona y que atañe al papel de la familia y de la
mujer, como tradicional proveedora de cuidados, en la sociedad. El
cuidado y la atención a los ancianos, a las personas con discapacidad,
a los enfermos crónicos y a los enfermos mentales o a las personas con
adicción a las drogas, requiere un grado de entrega y comprensión
que puede hallarse de forma espontánea únicamente en lazos basados
en el amor, en la empatía o en la solidaridad. Desde esta perspecti-
va, se explica fácilmente el marcado protagonismo que han tenido
históricamente las redes sociales y familiares y, subsidiariamente, las
entidades religiosas y las entidades basadas en el voluntariado social,
en el cuidado de las personas que no pueden valerse por sí mismas,
por razones de edad, de salud física o mental o por otras razones
económicas y sociales.
La gestión integral de los riesgos sociales requiere un enfoque
científico que desborda el marco tradicional tanto del servicio pú-
blico como de la procura asistencial, a partir de los cuales se articuló
en el siglo XX la actividad prestacional del Estado social. La doctrina
iuspublicista debería contribuir a reducir la complejidad jurídica que
rodea el sector de los servicios a las personas, con el objeto de ofrecer
mayor seguridad jurídica a las administraciones públicas, a las empre-
sas y a las entidades sin ánimo de lucro que participan en la gestión
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba