Jurisprudència: Tribunal Suprem

Sala 3a. secció la. Ponent: Ramón Trillo Torres. Rep. Ar. núm. 6013 de 1994.

L'advocat de l'Estat va impugnar un acord de l'Ajuntament d'A Estrada, de Galícia, que havia aprovat les bases d'una convocatòria per a la provisió mitjançant oposició d'una plaça d'auxiliar d'administració general. La base cinquena establia un quart exercici de caràcter obligatori i eliminatori, que consistia en la traducció sense diccionari d'un text en gallec. Aquest exercici puntuava com els tres restants, un màxim de deu punts, essent eliminats els opositors que no arribessin als cinc. El representant de l'Estat arguïa que els termes de la convocatòria vulneraven els articles 14, 23 i 103 de la Constitució, l'article 91 de la Llei de bases de règim local i el 3.1 de la Llei del Parlament de Galícia, de normalització lingüística. Estimava, en definitiva, que l'establiment de l'exercici linPage 334güístic d'aquelles característiques transgredia el principi d'igualtat i la prohibició de discriminació.

En primer lloc, el Tribunal Suprem recull la seva última posició sobre els requisits lingüístics en l'accés a la funció pública (vegeu Revista de Llengua i Dret, núm. 17, pàg. 380382, 388389 i 391392; núra. 18, pàg. 364368):

Segundo. - Este Tribunal Supremo, en Sentencia de 16 abril 1990 (rj 1990, 4978), ha resumido la posición jurisprudencial sobre el debatido tema del valor que es constitucionalmente posible otorgar a los ejercicios sobre lenguas oficiales distintas del castellano, en ks pruebas para el acceso a la función pública en las Administraciones de las Comunidades Autónomas que tienen lengua propia.

Decíamos en dicba sentencia "que la doctrina legal actualmente vigente sobre la materia puede resumirse en los siguientes puntos: primero, que el principio general sigue siendo el de que pueda valorane conto mérito no eliminatorio el conocimiento de las lenguas españolas diferentes del castellano; segundo, que para concretas y determinadas plazas, los poderes públicos competentes pueden darle dicho caràcter a la prueba de conocimiento del idioma cooficial de la respectiva Comunidad Autónoma; tercero, que la finalidad de esta excepción al principio general es la de proveer a la presencia en la Administración de personal que habla la lengua verndcula, como modo de garantizar el derecho de usaria por parte de los ciudadanos de la respectiva Comunidad (Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 junio 1986 [rtc 1986, 82]); cuarto, que la apreciación del cumplimiento de esta concreta finalidad obliga a considerar discriminatoria la mencionada exigencia cuando se imponga para cubrir plazas que no estén iïrectamente vinculadas a la utilización por los administrados de las lenguas de su Comunidad Autónoma, debiendo reservarse para aquellas en las que la imposibilidad de utilizarla les pueda producir una perturbación importante en su derecho a usarla cuando se rekcionan con la Administración, lo que a su vez implica la necesidad de valorar en cada caso las funciones que sean competencia de la plaza que pretenda cubrirse, ast como el conjunto de funcionarios a los que corresponda un determinada servicio, de manera que en las que se aprecie la concurrencia de la perturbación mencionada, pueda garantizarse que alguno de los funcionarios habla el idioma peculiar de la Comunidad, todo ello matizado por la vigencia del deber constitucional de conocer el castellano, que el articulo tercero de nuestra norma suprema imp.one a todos los espanoles; cuarto, que cuando no medie alguna de estas circunstancias, sigue siendo plenamente aplicable la constante tesis jurisprudencial que considera discriminatoria la exigencia delPage 335conocimiento de los idiomas de las Comunidades Autónomas con caràcter obligatorio, expreso o implicito".

»Precisamente en aplicación de la doctrina resenada, algunas Sentencias del Tribunal Suprema, como las de 22 enero, 17 mayo y 8 julio 1991 (rj 1991, 329, 4113 y 5432), han reconocido la constitucionalidad de resoluciones administrativas en las que se establecia la obligatoriedad de conocer el idioma propio de la Comunidad Autónoma para optar a puestos de trabajo como el de Conserje Municipal, Policia Municipal o Auxiliar Químico Administrativo, bajo el común fundamento de que el correcto ejercicio de sus funciones les obligaban a comunicarse directamente con quienes tienen derecho a usaria como ciudadanos de la respectiva Comunidad.»

Continua el Tribunal indicant el canvi de doctrina esdevingut a partir de la stc 46/1991, de 28 de febrer (vegeu Revista de Llengua i Dret, núm. 17, pàg. 376380), el qual recull expressament:

Esta doctrina jurisprudencial, en k que se tuvo especialmente en cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 junio 1986, que afirmo k constitucionalidad de la Ley Vasca 10/1982 (lpv 1982, 1212), en k que se establecia que los poderes públicos determinarían ks pkzas para ks que seria preceptivo el conocimiento del castellano y el euskera, ha sido ampliada por la del propio Tribunal Constitucional de 26 febrero 1991, según k cual no es inconstitucional el inciso final del articulo 34 de la Ley del Parlamento de Cataluna 17/1985, de 23 julio (rcl 1985, 2108 y lcat 1985, 2153), de la Función Pública de k Administración de la Generalidad, que establece, en referencia al personal al servicio de la misma, que "en el proceso de selecció

deberá acreditarse el conocimiento de la lengua catalana en su expresión oral y escrita". Entiende la sentencia que el propio principio de mérito y capacidad para el acceso a la función pública (articulo 103.3 de la Constitución) supone la carga para quien quiera acceder a el de acreditar las capacidades, conocimientos e idoneidad exigibles para la función a la que aspira, por lo que la exigencia del conocimiento del idioma que es oficial en el territorio donde actúa la Administración a la que se aspira a servir, es perfectamente incluible dentro de los méritos y capacidades requeridas.

»Dice la sentencia, sin embargo, que cuestión distinta es la proporcionalidad de esa exigencia, en función del tipo o nivel de la función o puesto a desempenar, que viene impuesta por el articulo 23.2 de la Constitución, pues seria contrario al derecho a la igualdad en el acceso a la función pública exigir un nivel de conocimiento del idioma cooficial de la Comunidad AutónomaPage 336que no guarde relación alguna con la capacidad requerida para desempenar la función de que se trate.»

D'aquesta manera estén a Galícia l'argumentació del Tribunal Constitucional sobre aquest tema referent a Catalunya, establerta a la STC 46/1991, que com s'ha dit constitueix la resolució bàsica del màxim intèrpret constitucional sobre aquesta matèria. Tanmateix, cal observar que la doctrina transcrita contradiu frontalment l'expressada en la primera part de fonament jurídic. Es passa del principi general segons el qual el coneixement de les llengües oficials diferents del castellà es pot valorar com a mèrit no eliminatori, llevat de les excepcions plenament justificades en funció del lloc a ocupar, al principi de la legitimitat de l'exigència amb caràcter general de capacitació lingüística dels funcionaris, d'acord amb l'article 103.3 de la Constitució. Val a dir que aquesta és la primera vegada que el Tribunal Suprem explicita el canvi de posició entorn d'aquesta qüestió. Però no creiem que es tracti d'una «ampliació» de doctrina, com expressa el Tribunal Suprem, sinó d'un canvi del principi general que informa aquesta matèria.

Finalment, en el fonament jurídic tercer s'aplica la doctrina ressenyada per resoldre el litigi:

Tercero. - Aplicando los anteriores criterios al caso que enjuiciamos, nos encontramos que, con relación a las entidades locales, la Ley del Parlamento de Galícia 5/1988, de 21 de junio (rcl 1988, 1613 y lg 1988, 129), dispuso que las convocatorias de sesiones, ordenes del día, mociones, votos particulares, propuestas de acuerdo, dictámenes de las Comisiones informativas y actos de las entidades locales de Galícia se reL·ctarían en lengua gallega y que la Xunta adoptaria las medidas oportunas para que en los concursos de acceso de funcionarios a la Administración Local se garantizase el conocimiento de la lengua gallega.

Prescindiendo de los posibles defectos en que pudiera incurrir la Ley citada con relación al tratamiento que da a la que llama «la otra lengua oficial», por no ser determinantes en orden al fallo de este proceso, lo que sí aparece claro del texto legal es la finalidad de implantar el gallego como idioma escrito normal de la Administración Local de Galícia, aun cuando la Ley, por sí misma, remite a medidas posteriores la articulación del sistema para garantizar su conocimiento por los funcionarios, que en el plano legislativo sólo mucho después, por Ley del Parlamento de Galícia 8/1992, de 24 julio (rcl 1992, 2192 y lc 1992, 205), se ha impuesto para las pruebas selectivas que se realicen para el acceso a las plazas de la propia Administración Autonòmica, obviamente no identificable con la Local

Page 337

»Estando vigente, en definitiva, una Ley de Galícia, la 5/1988, en la que se había ejercitado una potestad reconocida a la Comunidad Autónoma en el articulo 5. ° del Estatuto y que -aun sin previsió» legislativa expresa- un Ayuntamiento trata de hacer efectiva imponiendo un examen de gallega en las pruebas para cubrir una plaza de Auxiliar, resulta perfectamente razonable y proporcionada esta decisión a la finalidad legal perseguida: primero, porque las funciones de Auxiliar de Administración General estan íntimamente relacionadas con la norma legal que ordena que se documenten en gallego las actuaciones municipales; segundo, porque el nivel del examen impuesto tampoco puede considerarse excesivo, al consistir en la simple traducdón al castellano de un texto en gallego; y tercera, porque su valoración en el conjunto máximo de puntuación obtenible es de un 25 %, que tampoco resulta arbitrario, teniendo en cuenta la mencionada íntima relación entre la función de un Auxiliar y la documentación por escrito de las actuaciones municipales.»

El Tribunal recolza la legitimitat de la mesura presa en el fet que la Llei 5/1988, de 21 de juny, del Parlament de Galícia, preveu que un seguit d'actes i documents propis de l'Administració local hagin de ser redactats en llengua gallega. El raonament central que porta a la decisió té, doncs, dues fases. En una primera es constata l'ús habitual del gallec en el funcionament de les entitats locals; en la segona, es connecta aquest ús preceptuat legalment amb la funció a desenvolupar pel funcionari. Per consegüent, segons el Tribunal Suprem, resulta raonable l'exigència lingüística establerta en la convocatòria per opositar a la plaça. Ara bé, cal notar que, tot i la correcció de l'argumentació sobre la base del que preceptua la Llei susdita, la possibilitat d'establir proves de caràcter obligatori i eliminatori no depèn només d'aquesta, sinó de l'oficialitat del gallec, la qual converteix aquesta llengua en vehicle vàlid de comunicació en el si dels poders públics i entre aquests i els ciutadans. Allò que preveu la Llei ve a conferir un caràcter general a l'ús del gallec en l'àmbit local. Però l'Ajuntament pot establir exigències lingüístiques no solament perquè la Llei ho requereixi, sinó perquè la seva actuació ja té la cobertura directa en la Constitució i en l'Estatut d'Autonomia.

D'altra banda, amb bon criteri el Tribunal Suprem considera proporcional l'exercici previst a la convocatòria per cobrir la plaça d'auxiliar. La proporcionalitat s'entén en dos sentits. En el nivell de coneixement que es demana -una traducció sense diccionari-, el qual guarda una relació ajustada respecte al lloc que es pretén ocupar; i en el valor de l'exercici -que és d'un 25 %- en relació amb el conjunt de la prova.

Page 338

Per acabar, volem advertir sobre una qüestió terminològica. El Tribunal Suprem expressa reserves sobre la correcció -constitucional?- de la citada Llei 5/1988 arran del tracte que aquesta atorga al castellà, «la otra lengua oficial», segons la dicció del text legal que el mateix Tribunal recull. Al nostre entendre, l'actitud desairada que es desprèn de la Sentència sobre la manera en què la Llei menciona el castellà no acaba de lligar gaire bé amb les al·lusions a la llengua gallega, que la mateixa resolució conté, com a «lengua vernácula» o «idioma peculiar», tots ells termes d'un rigor jurídic més aviat dubtós. Si es demana respecte envers el castellà en lloc d'expressions elusives, també cal que es tracti així les llengües oficials no castellanes.

Sala 3a. secció 7a. Ponent: Vicente Conde Martín de Hijas. Rep. Ar. núm. 8222 de 1994.

El Tribunal Suprem desestima el recurs d'apel·lació presentat contra la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que resolia un conflicte lingüístic esdevingut a l'àmbit universitari. Els fets origen del litigi van tenir lloc en el decurs d'un examen d'història del dret, celebrat a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. El subjecte del recurs va demanar al professor de l'assignatura la traducció al castellà del text de l'examen, que estava redactat en llengua catalana. Davant d'aquesta petició, el docent va oferir a l'alumne l'aclariment individualitzat dels dubtes idiomàtics que pogués tenir, o bé la possibilitat de presentarse a un nou examen escrit en castellà quatre dies més tard, proposta que va ser rebutjada. L'examinant va recórrer la denegació de traducció per la via especial de la Llei 62/1978, al·legant la violació dels articles 3, 14 i 27 de la Constitució.

La STC ressenyada acull la fonamentació jurídica de la Sentència apel·lada, la qual sintetitza en el seu fonament de dret primer:

La sentencia recurrida, tras hacer unas consideraciones de índole general en sus fundamentos de derecho 2.° y 3.° sobre el sentida del derecbo a la educación, la incidencia en él de la cooficialidad de otros idiomas distintos del castellano y de las exigencias de no discriminación por razón de idioma, así como de las consecuencias derivadas, en el ámbito de la educación, de la Ley del Parlamento Catalán 7/1983 (rcl 1983, 1179 y lcat 1983, 634), de normalización lingüística, y en el de la Universidad de Barcelona, de su forma estatutária, y después de dejar sentado el derecho del alumno a realizarPage 339los exámenes en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma, analiza el problema litigioso suscitado en el fundamento de derecho 4. °, cuyo contenido puede sintetizarse en los siguientes términos:

a) que la asignatura de Historia del Derecho se desarrolló durante el curso 19891990 (curso al que se refiere el objeto del proceso) indistintamente en castellana y catalàn.

»b) que el Profesor T. (Grupo M6) se expresaba en catalàn, y que existia la previa correspondencia entre la opción lingüística del alumno en favor de un profesor, según que éste explique la asignatura en lengua castellana o catalana, y la redacción del texto de los exàmenes.

»c) que el recurrente tuvo la opción de pasarse a un grupo de expresión castellana, pudiendo cambiar de grupo por razones lingüísticas, según se prevenia al respecto en general al principio de curso.

»d) que en esas condiciones es abusiva la pretensión del actor, cuando se han seguido en catalàn las explicaciones académicas, rechazar la redacción del texto en la lengua vehicular del curso por falta de comprensión, lo que va contra los propios actos del recurrente, siendo calificable la exigencia de traducción del texto redactado en catalàn de un acto en fraude de ley.

»e) que no se han vulnerado los artículos 14 y 27 ce, porque el profesor le ofreció concurrir a un examen oral en lengua castellana cuatro días después; sin que se presentara "alternativa que no cabe considerar gravosa o discriminatoria respecto de los demás alumnos, dada la causa de deserción del examen, y le participó solventar las dudas lingüísticas en el momento del examen escrito", sino que se considera proporcionada y razonable.

»f) que los derechos fundamentales no pueden entenderse de modo absoluto o desequilibrado, debiendo ejercerse dentro del respeto a la ley y el respeto de los demás.»

En el fonament jurídic segon el Tribunal Suprem recull les al·legacions formulades pel demandant en el recurs d'apel·lació:

Segundo. - En las alegaciones apelatorias el recurrente sale al paso de los razonamientos de la sentencia que han quedado sintetizados, en especial del fundamento de derecho 4.°, pudiendo resumirse dichas alegaciones como sigue:

a) negativa de que se pueda elegir la ensenanza de la disciplina en castellano, afirmando que la certificación en contraria unida a los autos no indica el horario de las clases, y que el recurrente no ha tenido jamds la opción de cursar en castellano su curso académico en su totalidad.

»b) que puede perfectamente pedir la traducción de su examen al castePage 340llano, y que edificar esa pretensió» de conducta abusiva es ironizar sobre el derecho fundamental.

»c) que con la experiencia del examen de junio, en el que se produjo un incidente similar con el actor, la Universidad pudo haber preparada los textos en castellano.

»d) que el ofrecimiento del profesor de aclarar las dudas lingüísticas es una exigua comprensión de los derechos lingüísticos del demandado.

»e) que en cuanto a la vulneració» del articulo 14 ce "el hecho discriminatorio se produce en el momento en que en un examen de Universidad, independientemente de la lengua en que se exprese el profesor de la asignatura, se solicita la traducción del test del examen a la única lengua que existe obligación de conocer: el castellano", traducción que puede pedir cualquier alumno, suponiendo la negativa a la traducción un acto de discriminación respecto de los demás alumnos, cuyo conocimiento del catalàn sea superior, por la dificultad anadida de interpretació» de un idioma para los alumnos que no lo tienen coma habitual, ni tienen obligación de conocerlo, no pudiéndose sustituir la traducción por los buenos oficios del profesor o por la discriminación que supone la alternativa del examen oral,

»f) que se vulnerán todos los números del articulo 27 ce pues "el hecho de no querer confeccionar los tests y texto del examen en castellano, además de hacerlo en catalàn, supone una ensenanza parcial, no rigurosa, discriminatoria, excluyente y diferenciadora.

»Es una iniciativa absurda, comprometida innecesariamente, contraria precisamente al espíritu universalista de la Universidad, que debiera conceptuarse como creativa, paraninfo, mensajera.

»Es, en fin, una mediocridad, pero sobre todo una ilegalidad y una vulneració» de los derechos fundamentales de la persona".

»Por su parte las alegaciones impugnatorias de la Universidad, vienen a ser prácticamente una reiteración de sus alegaciones de contestació» a la demanda.»

Un cop establerts els termes del litigi, en el fonament jurídic tercer el Tribunal Suprem efectua unes consideracions sobre la via processal escollida pel recurrent, això és, l'esmentat procediment preferent i sumari previst a la Llei 62/1978, de protecció dels drets fonamentals de la persona. Entén l'alt Tribunal que bona part de les al·legacions del recurrent resten excloses de l'àmbit d'aquest procediment. L'exclusió es justifica en el fet que l'apel·lant creu vulnerats uns drets que, en propietat, es desprenen de l'article 3 de la Constitució, però no del 14 i del 27. Tenint en compte que el procediment actuat només inclou la protecció de dretsPage 341fonamentals, aquest no resulta adequat per a la tutela del dret a l'ús de la llengua castellana, previst a l'article 3, ja que, segons el parer del Tribunal Suprem, no es tracta d'un dret fonamental. Així, aquest Tribunal fa la distinció següent:

(E)l derecho al uso del castellano "lengua oficial del Estado" que "todos los espanoles tienen el deber de conocerla y el derecbo a usaria" (artículo 3.1 ce) [...] no pueden convertirse de principio en vulneraciones de los artículos 14 i 27 CE, debiéndose significar por otra parte el diferente rango constitucional de uno y otros derechos.

Al nostre entendre, aquest raonament es presta a interpretacions desviades. La distinció en funció del rang constitucional entre allò tutelable en el procediment de protecció de drets fonamentals d'allò que en resta fora deixa sense enjudiciar les «hipotètiques vulneracions» del dret a l'ús de la llengua castellana. Aquesta doctrina, que es basa en la distinció clara dels drets derivats de l'article 3 i els de l'article 14 i 27 de la Constitució, comporta una compartimentació excessivament rigorosa dels drets en àmbits diferents, amb el correlat, com en el supòsit present, de deixar aparentment imprejutjada la qüestió litigiosa. De fet, però, encara que el Tribunal faci la distinció susdita, la interpretació que posteriorment realitza dels articles 14 i 27 ve a palesar que té ben present allò estipulat a l'article 3 CE, a pesar d'aquestes afirmacions en sentit contrari. A més a més, és sabut que la interpretació sistemàtica s'utilitza sovint en les resolucions del Tribunal Constitucional, de manera que s'entén dins de l'àmbit de protecció dels drets fonamentals drets no compresos entre els articles 14 i 29 de la Constitució (vegeu per exemple la STC 3/1981, de 2 de febrer).

A partir d'aquí el Tribunal analitza si la negativa del professor a facilitar l'examen en castellà vulnera els drets fonamentals dels articles 14 i 27 de la Constitució. Amb caràcter general, el fet essencial en què se sustenta la Sentència és la possibilitat d'elecció de llengua docent que en el seu moment va tenir el recurrent i a la qual, tanmateix, no es va acollir. La circumstància que l'alumne estigués adscrit voluntàriament a un grup impartit en llengua catalana resulta decisiva, segons es desprèn de la Sentència del Tribunal Suprem, per desestimar la demanda, tant pel que fa al principi d'igualtat com pel que fa al dret a l'educació. Per tant, l'argument central que mena a la decisió desestimatòria no és tant la inexistència d'un dret a escollir la llengua de docència -malgrat que també s'apunta-, com l'aplicació de la doctrina dels propis actes -indicada expressament en la sentència d'instància: qui se situa per pròpia voluntat dins l'àmbit de docència en català no pot després esgrimir el dret a serPage 342examinat en castellà. El Tribunal, doncs, resol sobre la base, contradita pel recurrent, que va existir una possibilitat real d'opció idiomàtica. Així les coses, els hipotètics drets lingüístics actuables a través de l'empara judicial van quedar limitats per aquesta elecció inicial de l'alumne, la qual esgotà les seves possibilitats respecte als moments posteriors, com és ara el moment de l'examen. És més, l'exigència de traducció efectuada per aquest esdevingué un acte en frau de llei, com apunta el Tribunal Superior de Justícia (fj. 1 e)).

En concret, respecte del dret fonamental a l'educació, el Tribunal Suprem indica el següent:

Establecido ese presupuesto fàctico, desde el prisma del derecho a la educación, en su vertiente de obligación prestacional de la Administración educativa, es indudable que tal obligación estaba adecuadamente satisfecha, y que, situado el actor por propia decisión en el ámbito idiomático del catalàn, las incidencias del examen en relació

con el idioma nada tienen que ver con el derecho a la educación.

»Conviene observar que el derecho consagrado en el articulo 27 ce no incluye, como elemento necesario, que la educación deba ser impartida en uno u otro idioma, siendo instrumentos idóneos para ella cualquiera de los oficialmente reconocidos; y si bien lógicamente se vulnera, cuando no se dispensa la educación en un idioma comprensible al educando, no cabe apreciar dicha vulneración, cuando es éste el que, teniendo opción por recibirla en cualquiera de los dos cooficiales, opta por el catalàn, pudiendo haberlo becho por el castellano.

»El derecho a la educación no puede situarse en la incidencia de un instante, cuando en sí implica un proceso dilatada en el tiempo. Y resulta pura incoherencia el situarse libremente en ese proceso en un ambito idiomático, y exigir desde dentro de la opción elegida la traducción de un acto de él al otro idioma.

»Los razonamientos del apelante alusivos al derecho a la· educación y a su pretendida vulneración, transcritos en el apartado f) del fundamento de derecho anterior carecen por completo de rigor jurídico, siendo tan sólo un desahogo retòrica que ninguna relación guarda con las exigencias del derecho a la educación, en su configuración constitucional en el articulo 27 ce.»

Deixant de banda la qüestió de si va haver possibilitat d'elecció de la llengua docent, sobre la qual ja hem incidit, volem destacar dos aspectes del fragment transcrit. El primer, que el Tribunal Suprem considera no inclòs dins del contingut de l'article 27 de la Constitució rebre l'eduPage 343cació en un determinat idioma, essent idoni qualsevol dels oficials. Així, el Tribunal es fa ressò de la doctrina mantinguda pel Tribunal Europeu de Drets Humans (stedh de 23 de juliol de 1968), que recentment ha tingut un acolliment contundent a la stc 337/1994, de 23 de desembre, en el fonament jurídic novè, de la qual s'indica:

De otra parte, también desde la perspectiva del art. 27 CE ha de llegarse a la conclusión de que ni del contenido del derecbo constitucional a la educación reconocido en dicho precepto ni tampoco, en particular, de sus apartados 2, 5 y 7 se desprende el derecho a recibir la ensenanza en sólo una de las dos lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma, a elección de los interesados [,.,] De este modo, el derecho a la educación que la Constitución garantiza no conlleva que la actividad prestacional de los poderes públicos en esta materia pueda estar condicionada por la libre opción de los interesados de la lengua docente. Y por ello los poderes públicos -el Estado y la Comunidad Autónoma- estan facultados para determinar el empleo de las dos lenguas que son cooficiales en una Comunidad Autónoma conto lenguas de comunicación en la ensenanza, de conformidad con el reparto competencial en materia de educación.

Des d'aquesta perspectiva, doncs, no es podria al·legar cap vulneració de dret fonamental per la impartició de l'ensenyament en qualsevol de les llengües oficials, puix que competeix al poders públics determinarla, en aquest cas, a la Universitat. Per aquest motiu sobta que el mateix Tribunal Suprem assenyali que l'obligació prestacional de l'Administració educativa «estava adequadament satisfeta», ja que la Universitat, conseqüentment amb la inexistència de dret, no tenia cap obligació de prestació de caràcter lingüístic. És més, el fet que el recurrent es trobés adscrit voluntàriament a un grup català constitueix una qüestió totalment aliena a l'ús de la llengua per part del professor i a l'idioma de l'examen, qüestions aquestes d'estricta competència de l'administració universitària. Hagués gaudit o no l'alumne del dret d'opció, el dret fonamental a l'educació no s'hauria vulnerat.

En segon lloc, el Tribunal Suprem introdueix un altre element que configura el dret a l'educació en el seu vessant lingüístic. Seguint una línia apuntada a la stc de 12 de juny de 1987 (vegeu Revista de Llengua i Dret, núm. 13, pàg. 277278), el Tribunal estima que aquest dret constitucional requereix que l'idioma emprat sigui comprensible per a l'alumne. Aquesta doctrina, al nostre entendre, pot ser adequada per a àmbits educatius inferiors, però no és traslladable mimèticament a l'ensenyament universitari. Això obeeix a raons molt diverses. En primer lloc, es tractaPage 344d'un nivell absolutament voluntari, amb la facultat de triar el centre que hom prefereixi. En segon lloc, els alumnes han rebut uns ensenyaments amb els quals se'ls suposa aptitud lingüística en les llengües oficials de la comunitat autònoma. En darrer lloc, els drets lingüístics subjectius s'han d'harmonitzar amb l'autonomía universitària, en virtut de la qual la Universitat deté la competència per fixar la llengua d'ús, d'acord amb l'establert a la Constitució i els estatuts d'autonomia. Aquests motius han de matisar considerablement l'exigència de llengua docent comprensible per a l'educand dins l'àmbit de l'ensenyament superior.

Finalment, el Tribunal Suprem aborda la presumpta violació de l'article 14 de la Constitució, Reproduïm els raonaments que dedica a aquesta qüestió.

En cuanto a la pretendida discriminación, debe observarse que en el momento del examen del grupo en el que libremente se integrá el demandante, pudiéndolo haber hecbo en otro, en el que la ensenanza se impartiese en castellano, aquél se hallaba en idénticas condiciones que los demás alumnos, al ser para él el examen el mismo que el de sus condiscípulos. La dificultad idiomàtica no es argumento de recibo, cuando dicha eventual dificultad no era algo que viniera impuesto desde el exterior, sino que era un compromiso libremente aceptado, y, como dice con evidente acierto la sentencia, no le impidió a lo largo del curso seguir las ensenanzas del profesor, impartidas en catalán.

Era el demandante el que en esa situación común se singularizaba, y nada tiene de particular que para satisfacer esa singularización, y obviarle las dificultades, se le ofrecieron las fórmulas que el profesor le ofreció: bien la aclaración en el acto de las dudas idiomdticas que pudiera tener, expediente individualizado con el que se conservaba al máximo de lo posible la igualdad del examen respecto a los demàs alumnos, bien un examen diferente en castellano para él solo.

»Desde la perspectiva del derecho de igualdad no es adecuada la comparación entre la situación de los demàs examinados y la situación singularizada habilitada "ad boc" para él, pues el tratamiento singularizado que se le ofrecta era la respuesta a su automarginación de las circunstancias en que ese examen se estaba desarrollando, que eran, a su vez, las consecuentes a una opción inicial de integrarse en un grupo de ensenanza en catalan, •: »Es de impecable rigor jurídica el razonamiento de la sentencia apelada, cuando califica hs medidas ofrecidas por el profesor de adecuadas, razonables y proporcionadas a caso, y en la misma medida carecen de eficacia, para desvirtuarlo, hs alegaciones apelatorias centradas en el derecho al uso del idioma castellano, lengua oficial del Estado.

Page 345

»No se trata de que el actor pudiera sufrir una discriminación por razón del idioma; esto es, un trato diferente que el de las demàs personadas, tomadas como término de comparación en una situación determinada, en que uno y otros se hallaban insertos, cuanto de que el demandante, que libremente se había insertado en esa situación común, queria alterarla, imponiendo el uso del castellano respecto a él en esa circunstancia, lo que es jurídicamente diferenciable, según se indico al principio. Esa imposición en esas circunstancias merece el juicio peyorativo que la sentencia apelada le atribuye, lo que no es, por cierto, ironixar sobre el derecho fundamental, como, con Mudable abuso en la calificación, afirma el apelante.

»Ha de concluirse por tanto proclamando que no se han desvirtuado los fundamentos de la sentencia apelada; que debe ser confirmada.»

Amb criteri correcte, el Tribunal Suprem estima que no es pot haver produït discriminació respecte dels altres alumnes concurrrents a l'examen, atès que la situació singularitzada en què es trobà el recurrent va ser provocada per ell mateix, en integrarse en un grup d'ensenyament impartit en català. Els altres alumnes examinats no constitueixen, doncs, des de la perspectiva del principi d'igualtat, un terme de comparació. Consegüentment, les mesures ad hoc adoptades pel professor són adequades, raonables i proporcionades. És més, en opinió nostra, els oferiments del professor no són ni tan sols necessaris per a la satisfacció de drets fonamentals, perquè en aquest cas no en concorre cap.

sala 3a,, secció 3a. Ponent: Eladio Escusol Barra. Rep. Ar. 8093 de 1994.

L'objecte d'aquest pronunciament incideix de nou sobre la denominació que reben les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en els estatuts universitaris. El Tribunal Suprem estima el recurs d'apel·lació promogut pel Consell de la Generalitat Valenciana i declara la legalitat del Decret que aprova els estatuts de la Universitat de València, el qual introduí certes modificacions en la redacció donada pel claustre universitari als articles 5, 6, 7, 168 i 186. Prèviament, l'Audiència Territorial de València entengué que l'alteració dels dits preceptes constituïa una vulneració del principi d'autonomia universitària i, consegüentment, va anul·lar l'acord de l'executiu autonòmic en aquest extrem.

El problema jurídic de fons és, doncs, molt similar al que se suscitavaPage 346a la STS de 20 de novembre de 1992, la qual anul·là la menció «acadèmicament català» recollida per l'article 7 dels estatuts de la Universitat de València. Com ja vàrem indicar en el seu moment, del reconeixement constitucional de l'autonomia de les universitats (art. 27.10 ce) es deriva una limitació del possible abast de la fiscalització judicial dels estatuts, en la qual no poden emprarse criteris d'oportunitat (stc 130/1990, de 6 de juny). La doctrina del Tribunal Constitucional ha establert, així mateix, que la intervenció prèvia de l'executiu autonòmic en realitzar el control previst a l'art. 12 de la Llei orgànica de reforma universitària ha de regirse per un principi d'interpretació favorable a la legalitat de la norma estatutària (stc 55/1989, de 23 de febrer) .

De la mateixa manera que succeïa en el supòsit anterior, el Tribunal Suprem no té en compte aquesta doctrina constitucional en revocar la Sentència apellada i legitimar les alteracions del text estatutari, les quals presenten també un clar denominador comú. Les bases argumentals de la decisió es recullen en el fonament jurídic segon de la sentència on es descriu el marc legal de les universitats d'acord amb l'art. 6 de la LRU, que remet a la mateixa llei i a les normes dictades per l'Estat i les comunitats autònomes. Tot seguit, el Tribunal Suprem contrasta si les modificacions introduïdes vulneren l'ordenament jurídic, amb l'oblit absolut de les exigències derivades de l'autonomia. Es confirma, així, la substitució de les expressions «cultura nacional» i «problemes del País Valencià» recollides pel claustre, respectivament per «cultura de la nacionalitat» i «problemes valencians», amb l'argumentació que l'art. 2 de la Constitució espanyola es refereix solament a les «nacionalitats» i, per altra part, que l'expressió «problemes valencians» és ajustada a l'ordenament jurídic en el seu conjunt i particularment a l'Estatut d'autonomia que acull la denominació de «Comunitat Valenciana». D'aquesta manera s'oblida, d'una banda, que «nacional» deriva tant de «nació» com de «nacionalitat», atesa la poca difusió de «nacionalitari» i, d'una altra, que País Valencià apareix al preàmbul de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana -literalment «concepció moderna del País Valencià»- i és una expressió utilitzada normalment.

Pel que fa a les referències lingüístiques, el problema es planteja en els termes següents:

3° Tampoco atenta al principio de autonomia universitària la supresión [articulo 168,a)] del parra/o "en los que figurarà la valoración positivaPage 347del conocimiento de la lengua propia de la Universitat de Valencia

, ni el añadir la palabra "legal" en el articulo 186, entre las palabras "regulación y especifica", así como la supresión de la obligación del personal de Administració» y servicios de conocer las "lenguas oficiales en la Universitat de Valencia". Y es que todo lo referente a los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana debe contener la precisión de que esos idiomas son el valenciano y el castellano (articulo 7 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana), sin que quepan expresiones o parrafos ambiguos. En relación con las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana ya tuvo ocasión de pronunciarse esta Sala en su Sentencia de 20 noviembre 1992 (Rec. de apelación número 1473/1989), en la que se preciso que la lengua distinta del castellano que se habk en la Comunidad Autónoma de Valencia, es la lengua valenciana, y luego, en el undécimo Fundamento de Derecho, se dijo: "que la lengua tiene otras dimensiones además de la científica; tiene una clara dimensión política (es un crisol de historia, tradiciones, arte y sentimientos que expresa las aspiraciones de un pueblo), que, en cuanto asumida por el Derecho, adquiere valor jurídico". Y se añadió que "la solución dada por el Derecbo a esa realidad (a saber, que la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano y que ast debe llamarse), ha de ser respetada y salvaguardada por todos, también por la Universidad (articulo 9.1 ce)".»

El Tribunal Suprem ve a sancionar un control positiu dels estatuts universitaris, que permetria modificar o suplir qualsevol omissió sobre la base de l'exigència d'una adhesió absoluta a la literalitat de les normes superiors de l'ordenament. Postura que contradiu d'una manera palesa la doctrina del Tribunal Constitucional que preveu la llei únicament com un límit negatiu de la voluntat lliurement expressada per la Universitat. La indicació precisa del que ha de dir la norma estatutària excedeix, doncs, del control de legalitat que ha de realitzar el Tribunal Suprem. El requeriment formulat en el sentit que «todo lo referente a los idiomas oficiales de k Comunidad Valenciana debe contener la precisión de que esos idiomas son el valenciano y el castelkno [...] sin que quepan expresiones o parrafos ambiguos» està mancat de qualsevol fonament constitucional i, al mateix temps, representa una ingerència injustificada en l'àmbit de l'autonomia universitària, atès que la redacció presentada pel claustre admetia sense cap dificultat una lectura conforme a l'ordenament jurídic.

L'acolliment dels arguments adduïts per la stc de 20 de novembre de 1992 evidencia les crítiques que ja vàrem adduir en el seu comentari. A l'empara de l'afirmació que les qüestions discutides han estat objectivades pel Dret, i a través de la utilització d'un mètode d'interpretació lite-Page 348ral, el Tribunal Suprem adopta criteris d'oportunitat política per legitimar les modificacions sofertes pels estatuts universitaris. Només així s'explica que l'expressió «cultura nacional» es consideri contrària a l'art. 2 del text constitucional o que s'imposi l'adjectiu «valencians» per substituir la referència als «problemes del País Valencià», la qual resta situada fora de l'àmbit del dret. L'aplicació de la doctrina elaborada entorn d'aquell supòsit condueix aquí a uns resultats encara més qüestionables des de la perspectiva de l'autonomia universitària. En síntesi, s'altera la voluntat expressada pel claustre universitari tot exercint l'autonomia sense que raons estrictament legals hi obliguin, ja que de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana no s'infereix només una interpretació contrària a allò acordat per la Universitat.

Recordem, finalment, el recurs d'empara interposat per la Universitat de València per la vulneració de la seva autonomia, arran de la sentència que qüestionà l'art. 7 dels seus estatuts. En pronunciarse sobre aquesta qüestió, el màxim intèrpret constitucional haurà de revisar els plantejaments sostinguts pel Tribunal Suprem, el qual en realitzar el control de legalitat ultrapassa clarament «los confines de la oportunidad de la decisió» libremente adoptada en ejercicio de la autonomía universitaria» (stc 139/1990, fj 5).

Sala 3a. secció 4a. Ponent: Mariano Baena del Alcázar, Rep. Ar. núm. 9180 de 1994

EI Tribunal Suprem resol en aquesta ocasió una qüestió aliena al dret lingüístic. El litigi va tenir origen en unes eleccions a determinats càrrecs del Col·legi Oficial d'Ajudants Tècnics Sanitaris de Tarragona, en què una candidata es va veure exclosa per acord de la Junta Directiva. El Tribunal Superior de Justícia va estimar el recurs presentat per aquella. El Col·legi va recórrer en apel·lació davant el Tribunal Suprem i, entre altres peticions, demanà la traducció de totes les actuacions a la llengua castellana. Reproduïm el fragment del fonament de dret primer dedicat a aquest tema:

PRIMERO. - Para la mejor solución en Derecho del presente recurso es necesario hacer un examen de las alegaciones de la parte apelante por el orden en que fueron formuladas, dando prioridad a las de carácter procesal, en este caso varias o múltiples, si bien incluso antes hay que pronunciarse sobre la petición del otrosí del escrito de alegaciones relativa a la necesidad de traducción de los autos a la lengua castellana.

Page 349

Sin embargo esta última petición iebe ser de inmediato rechazada, como ya lo hizo nuestro Auto de 11 de septiembre 1990 dictado en el curso del proceso por razones sobradamente fundadas. Pues encontrándose redactados en lengua castellana o traducidos a ella la mayor parte de los documentes es posible desde luego dictar sentencia, desaconsejando el principio de economia procesal la todavía mayor demora en la resolución del recurso.»

La problemàtica que planteja l'obligació legal de traduir les actuacions judicials al castellà, prevista a l'article 231.4 de la Llei orgànica del Poder Judicial, ha estat ja abordada per anteriors resolucions del Tribunal Suprem, recollides en aquesta Crònica. Concretament, les sts de 5 de juny de 1992 i de 13 de febrer de 1994 (vegeu la Crònica de jurisprudència de la Revista de Llengua i Dret, núm. 19 i 24, respectivament) advertien al tribunal d'instància sobre la necessitat de traducció de les actuacions, tant les resolucions judicials com els documents obrants en el procés. L'actitud del Tribunal Suprem en aquest cas sembla que canvia el principi general mantingut fins ara. Malgrat que l'apel·lant demana la traducció, el Tribunal ho rebutja sobre la base del principi d'economia processal, segons el qual s'ha d'evitar una major demora en la resolució del recurs. El fet que el Tribunal Suprem admeti documentació en català, sense que això sigui obstacle per dictar sentència, traspua un respecte major envers el català. Però, sobretot, a efectes doctrinals resulta rellevant l'omissió de tota referència relativa a l'obligació de traducció per part del jutjat o tribunal d'instància.

Tanmateix, la resolució ha de ser entesa amb un parell de precaucions. En primer lloc, el Tribunal Suprem deixa clar que la majoria de documents ja són o han estat traduïts al castellà, de manera que la petició segurament respon més a una maniobra dilatòria que a una demanda motivada per dificultats lingüístiques reals -la sentència menciona una interlocutòria de l'any 1990 sobre la mateixa qüestió en el mateix procés-. Segonament, el Tribunal no efectua cap consideració que representi un canvi interpretatiu de l'obligació establerta a la lopj. Per aquest motiu, la STS ofereix interès per l'actitud que mostra, però només per això.

En aquest cas el recurrent havia demanat la substitució del seu nom propi «Joan» per l'equivalent onomàstic en castellà «Juan», La sol·licitudPage 350va ser desestimada pel jutge encarregat del Registre. L'interessat, nascut abans de l'entrada en vigor de la Llei 17/1977, de 4 de gener, que permet la substitució del nom que figuri en el registre pel seu equivalent en alguna de «las lettguas españolas», havia fet ús d'aquesta possibilitat legal, substituint el nom en castellà per la versió catalana. Davant de la nova pretensió del recurrent, la Direcció General fa les consideracions següents:

Segundo. - La pretensión actual del promotor es que se deje sin efecto esa sustitución y que, por su sola manifestación de voluntad, vuelva a ostentar su originario nombre castellano "Juan". Es evidente que esta petición ha de rechazarse de plano, porque no hay ninguna norma que legitime tal cambio de voluntad y porque ello iria contra la estabilidad y fijeza que ha de rodear al estado civil y al nombre propio, al tratarse de materia sustraída, salvo excepciones legales muy limitadas, al principio de la autonomia de la voluntad.

Tercero. - No puede examinarse ahora la cuestión de si el propósito del interesado podria verse satisfecho, una vez tramcurridos más de nueve anos desde la sustitución de su nombre propio, por medio del expediente de cambio de nombre, bien sea de la competència del Juez Encargado (cfr. arts. 59 y 60 lrc [rcl 1957, 777 y ndl 25893] y 209 y 210 rrc [rcl 1958, 1957, 2122; rcl 1959, 104 y ndl 25895]), bien de la competencia general del Senor Ministro de Justícia e Interior (cfr. arts. 57 lrc y 205 y 206 rrc). Falta en todo caso la necesaria fase de instrucción "conforme a las reglas generales" ante el Registro Civil del domicilio (cfr. art. 365 rrc).»

Cal destacar que el centre directiu entén, d'una banda, que la substitució de nom prevista a la Llei 17/1977 només abasta una traducció del nom, no sent factible un segon canvi en sentit invers. D'altra banda, apunta que qualsevol altre canvi no comprès dins l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei, encara que sigui d'índole lingüística, s'ha de vehicular a través de l'expedient de canvi de nom, que constitueix un procediment més complex que la simple substitució.

La Direcció General desestima la pretensió del recurrent, que volia canviar el nom «Unax», inscrit en el Registre, per la seva variant «Unatx». Segons el centre directiu, aquesta modificació és mínima i intranscendent, per la qual cosa, seguint la seva doctrina sobre això, no concorre justaPage 351causa per autoritzar l'expedient de canvi. L'interès de la resolució rau en el fet que per esbrinar la correcció de les dues grafies s'acut al nomenclàtor onomàstic basc, on figura només la que està inscrita en el Registre. Tot i així, la Direcció considera que «Unatx», nom pretès pel recurrent, constitueix una «grafia possible de l'antropònim». Ignorem, tanmateix, quina és la font de la Direcció General per fer aquesta afirmació.

El recurs interposat davant la dgrn té el seu origen en la inscripció registral de la filla del recurrent amb el nom d'«Elena», en contra de la voluntat manifestada pel pare d'imposarli «Helena». Després de tractar diverses qüestions procedimentals, alienes a l'objecte d'aquesta ressenya, la Direcció General entra en el fons de l'assumpte i considera que concorren les circumstàncies requerides per a la modificació sol·licitada, és a dir, no perjudici a tercer i existència de justa causa. Amb relació a aquesta indica que «aunque la modificación sea mínima y no suponga alteración fonética en el nombre inscrita, se deduce [...] que la voluntad de los progenitores fue la de imponer a su hija el vocablo "Helena"; esta forma, junto con "Elena", son correctas en castellano y catalán y, lo que es decisivo, la grafia "Helena" es la única correcta hoy en la lengua gallega». Se subjecta, doncs, la possibilitat de canvi de grafia a l'existència del vocable pretès en alguna de les llengües espanyoles. Es més, «allò decisiu» és que en gallec només s'admet aquesta forma.

Aquesta doctrina contradiu anteriors resolucions de la dgrn, com les de 16 i 17 de maig de 1994, aquesta darrera sobre el mateix vocable, comentades a l'anterior Crònica de jurisprudència. El criteri allí mantingut era la necessitat de vinculació de la persona que vol modificar el nom i la llengua en què pretén inscriure'l. Concretament, en aquells supòsits es tractava de veïnatge civil en el primer cas i de naixement i residència en el segon. Ara, per contra, no s'aplica cap d'aquestes exigències, atès que allò determinant és l'exclusivitat de la grafia "Helena" en llengua gallega. Al nostre entendre, aquest darrer criteri resulta més correcte d'acord amb la legislació vigent, que res exigeix sobre la vinculació entre persona i llengua i que constitueix la línia que amb caràcter general ha mantingut la Direcció.

Nogensmenys, com en altres ocasions hem indicat, arran d'aquests supòsits concrets es planteja un problema d'abast més general com és l'ex-Page 352cessiva rigidesa amb què encara es mou l'activitat registral en matèria de noms. Que per a un ciutadà de Granollers -aquest és el supòsit present- resultí decisiu el fet que en gallec la grafia volguda constitueixi l'única correcta, no es conjumina gaire bé amb la claredat i raonabilitat que hauria de tenir la Llei i amb la llibertat de cada persona.