Medida cautelar de suspensión de disposiciones

AutorAlberto Palomar (Magistrado de lo contencioso-administrativo) y Javier Fuertes (Magistrado)
Nota aclaratoria: La nomenclatura de órganos judiciales se efectúa en consideración a la regla general establecida en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la previsión de la Disposición transitoria primera de la misma ley sobre la “Constitución de los Tribunales de Instancia”, en la que se programan tres fases sucesivas de constitución: la primera a fecha 1 de julio de 2025: solo se transforman los partidos judiciales en juzgados mixtos y VIDO, la segunda a 1 de octubre de 2025: se transforman los partidos con jurisdicción separada –primera instancia, instrucción más VIDO- y que no tengan jurisdicciones especiales- y a 31 de diciembre de 2025: el resto, incluidos los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, en función de la dimensión de los respectivos partidos judiciales no se convierten en Tribunales de Instancia hasta el 31 de diciembre de 2025.

La medida cautelar de suspensión de disposiciones es una medida provisional que consiste en la suspensión de los efectos de la disposición recurrida.

Es una medida provisional establecida para garantizar la efectividad de la sentencia que en su día pueda recaer en el proceso principal (STS de 21 de octubre de 2004[j 1] y STS de 28 de enero de 2008[j 2])

Contenido
  • 1Naturaleza y particularidades de la medida cautelar de suspensión de disposiciones
  • 2Requisitos de la medida cautelar de suspensión de disposiciones
    • 2.1En general
    • 2.2Interés público o general
    • 2.3Nulidad
  • 3Ver también
  • 4Recursos adicionales
    • 4.1En formularios
    • 4.2En doctrina
  • 5Legislación básica
  • 6Legislación citada
  • 7Jurisprudencia citada
Naturaleza y particularidades de la medida cautelar de suspensión de disposiciones

La medida cautelar de la suspensión puede ser solicitada por los interesados y pretender que recaiga, cuando ese sea el objeto del recurso, sobre una disposición general.

Esta contingencia, la de solicitar la suspensión de una disposición de carácter general, está reconocida de manera expresa en el art. 129.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) que se refiere a la posibilidad de que en este tipo de impugnaciones se solicite la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados.

La suspensión de disposiciones generales es un medida cautelar que, como tal, tiene la naturaleza y finalidad propia de las medidas cautelares aunque, ciertamente, su propio objeto, el hecho de que la medida cautelar sea la suspensión de una norma supone que en ella concurran elementos y circunstancias especiales en relación a las que, de manera general, corresponden a las medidas cautelares.

En este precepto, art. 129.2, LJCA , aparecen dos previsiones legales que caracterizan la solicitud de que se adopte la medida cautelar consistente en la suspensión de una disposición general:

  • En cuanto a la petición: Frente a la norma general que, en el art. 129.1, LJCA , determina la posibilidad de solicitar cualquier tipo de medida cautelar en cualquier momento (estado) del proceso, el art. 129.2, LJCA establece de manera específica que, en este caso, cuando la medida cautelar que se solicita es la de suspensión y su objeto (por ser el del recurso) es una disposición general, la petición, para que se tenga por válidamente efectuada tiene que ser realizada (deberá efectuarse) en el escrito de interposición o en el escrito de demanda
  • En cuanto a sus efectos: La solicitud de suspensión de una disposición general (en todo o en parte) supone que, caso de adoptarse esa decisión por el órgano jurisdiccional la consecuencia en la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados ( art. 129.2, LJCA ), con todas las consecuencias que de ello se derivan

A su lado, el art. 134.2, LJCA , contiene una previsión específica...

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