STSJ Extremadura , 26 de Julio de 2005
| Ponente | MERCENARIO VILLALBA LAVA |
| ECLI | ES:TSJEXT:2005:1141 |
| Número de Recurso | 1184/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 26 de Julio de 2005 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
JUSTICIA DE EXTREMADURA, INTEGRADA POR LOS ILTMOS T.S.J.EXTREMADURA SALA CON/AD CACERES SENTENCIA: 00669/2005 La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, integrada por los Iltmos. Sres. Magistrados del margen, en nombre de S.M. el Rey, ha dictado la siguiente:
SENTENCIA NUM. 669 PRESIDENTE:
DON WENCESLAO OLEA GODOY MAGISTRADOS:
DON MERCENARIO VILLALBA LAVA DON DANIEL RUIZ BALLESTEROS En Cáceres a veintiséis de julio de dos mil cinco.
Visto el recurso contencioso administrativo número 1184 de 2.003, promovido por la entidad mercantil NORICO S.A. representada por la Procuradora Sra. Merino Rivero, siendo demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, habiéndose personado como codemandada la JUNTA DE EXTREMADURA representada y defendida por el Sr. Letrado de la Comunidad, recurso que versa sobre: Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Extremadura de 30 de abril de 2003 recaída en la reclamación número 06/2435/01, por el concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Cuantía:
14.822'17 euros.
Por la parte actora se presentó escrito, mediante el cual interesaba se tuviera por interpuesto recurso contencioso administrativo contra el acto que ha quedado reflejado en el encabezamiento de esta sentencia.
Seguido que fue el recurso por sus trámites, se entregó el expediente administrativo a la representación de la parte actora para que formulara la demanda, lo que hizo seguidamente dentro del plazo, sentando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminando suplicando se dictara una sentencia por la que se estime el recurso; y dado traslado de la demanda a la parte demandada de la Administración del Estado y de la Junta de Extremadura para que la contestasen, evacuaron dicho trámite interesando se dictara una sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de las costas a la parte actora.
Recibido el recurso a prueba, se admitieron y practicaron todas las propuestas, obrando en los ramos separados de las partes, declarándose concluso este periodo, se pasó al de conclusiones, donde las partes evacuaron por su orden, interesando cada una de ellas se dictara sentencia de conformidad a lo solicitado en el suplico de sus escritos de demanda y de contestación a la misma, señalándose seguidamente día para la votación y fallo del presente recurso, que se llevó a efecto en el fijado.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
Siendo Ponente para este trámite el Ilmo. Sr. Magistrado Don MERCENARIO VILLALBA LAVA, que expresa el parecer de la Sala.
La recurrente autoliquidó la escritura de declaración de obra nueva y división horizontal en unos valores de 600.878.900 pts y 830.719.630 pts, respectivamente, liquidando el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, llevando a cabo la Administración una liquidación complementaria con un aumento de la base imponible que, a su juicio, no se encuentra debidamente motivada.
La recurrente manifiesta su oposición al acuerdo aprobatorio del expediente de comprobación de valores y en concreto, su falta de motivación del aumento de la base imponible, que no ha individualizado ni descrito el mismo en sus elementos esenciales, no justificando el perito, de dónde saca o el motivo por el que aplica el coeficiente general de 1'39, considerando que tal falta de motivación le produce indefensión, solicitando que se ordene a la Administración a que se declare que el acto no es conforme a Derecho, con devolución de los costes de las garantías aportadas.
La Administración, por el contrario, manifiesta que el aumento de la base imponible se encuentra debidamente motivado y con sustento en el Decreto 21/98 de Valoraciones Fiscales , dando una explicación convincente de los distintos elementos que contempla con detalle específico, produciéndose una motivación suficiente.
Efectivamente el 26-2-2001, el arquitecto técnico Sr. Codosero Rodas lleva a cabo la valoración de la declaración de obra nueva, resultando un valor de 835.221.671 pts, resultando para la división la de 1.065.062.401 pts, resultado de sumar al valor del suelo, la obra nueva antes descrita, según se dice en la motivación manifestando que en su valoración se ha tenido presente el Decreto 21/98 de Valoraciones Fiscales .
Se dice en la hoja de valoración (folio 91 del expediente administrativo) que los valores unitarios y coeficientes aplicados están de acuerdo con los criterios de valoración que figuran en el Decreto 21/1998 de valoraciones fiscales .
La Sentencia de esta Sala 2193/2001 recaída en los autos 1127/1998 ratificó el Decreto 21/98 de l7 de marzo sobre Valoraciones Fiscales , si bien estableció que no era apto para aplicarse a los impuestos cedidos.
Decíamos en aquella sentencia, en que se impugnaba con más detalle el anexo I y los apartados A, B y C del Anexo III que: "En efecto, sabido es que ya desde la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre de Financiación de las Comunidades Autónomas , se establecía que uno de los medios para la obtención de recursos por la Comunidades Autónomas sería, como establecía el artículo 157 de la Constitución , el de los "tributos cedidos, total o parcialmente por el Estado" (artículo 4); estableciendo el artículo 11 de la Ley como susceptibles de cesión, entre otros, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Para dichos impuestos, el artículo 19 de la Ley de 1.980 establecía que las Comunidades Autónomas a quienes se cediera el impuesto "asumirá por delegación del Estado la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, en su caso, de los mismos".
Consecuencia de esa habilitación legal es que el Real Decreto 1.777/1984, de l de agosto , sobre Traspaso de funciones y servicios del Estado correspondientes a competencias asumidas en relación con los tributos cedidos, establecía en su apartado B del Anexo, que como una de las funciones del Estado que "asume la Comunidad Autónoma" de Extremadura" por delegación del Estado, la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los Impuestos extraordinarios sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, Lujos, cuando se devenguen en destino y las tasas y demás exacciones sobre juego", comprendiendo dicha delegación"; reservándose el Estado "la titularidad de las competencias de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos cuyo rendimiento se cede a la Comunidad", sin que se entendieran objeto de traspaso las demás materias...
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