Informe del Claustro de Decanos, 1894
| Autor | Eugenia Torijano Pérez |
| Páginas | 613-619 |
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Es tan estrecha como impuesta por la naturaleza la relación que se establece entre maestros y discípulos que no se concibe que se den faltas de disciplina entre estos sin que de un modo u otro alcance a aquellos alguna responsabilidad. Por eso la Circular de la Dirección General de Instrucción Pública da por supuesto y con razón que también entre los profesores la disciplina académica se halla un tanto relajada.
La comisión, sin embargo, no afirma que la responsabilidad que en este punto alcance a los profesores traspase en muchos casos los límites de la responsabilidad material, pero consultado este Claustro en asunto de tan vital interés debe decir toda la verdad a sus autoridades académicas y debe, antes de todo, hacer esta confesión.
Ahora bien, ¿cuál es la causa de que los profesores puedan impunemente echar en el olvido la disciplina académica? ¿Por ventura la Ley lo ha previsto? De ninguna manera. Oigamos a la mencionada circular: "La Ley de 1857 y las disposiciones reglamentarias vigentes ofrecen medios eficaces para castigarlas". El hecho reconocido por la Dirección General que se dan esas faltas, a pesar de las prescripciones legales en que se penan, indica bastantemente que el régimen actual de la enseñanza adolece de un vicio que la hace impracticable. Dichas faltas son de ahora, ni alguna de ellas se manifiesta con mayor intensidad que antes ni lo que es más grave, la clase del profesorado es la única en que se cometa, siendo más bien una parte y quizás la menor, de la desorganización en que se encuentran los servicios todos del Estado y estamos por afirmar, la nación entera.
En este supuesto, la reforma que se pide exigiría, no ya completar el que pudiéramos llamar derecho penal de la enseñanza, sino corregir los errores que le sirvan de base, y a los que es debida la inobservancia de sus leyes. Pues si las faltas de disciplina de los alumnos llevan a sospechar que alcanza parte de culpa a los profesores, las de estos acusan también una responsabilidad más o menos grave de las autoridades académicas de todos los grados, y juntas manifiestan que la enseñanza oficial es un cadáver y que para remitirla a la vida se hace necesario trasfundir en él nueva sangre.
El disentir de los principios todos que la informan, arrastraría a la comisión a un terreno ya fuera del círculo trazado por la consulta. No puede menos, sin embargo, de llamar la atención del Claustro sobre uno en el que entienden que radican los vicios particulares que la circular lamenta y acerca de cuyo remedio
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pide parecer. La enseñanza universitaria española carece de ideales. Decimos mal, tiene uno: el ideal Estado y un fin: formar ciudadanos vaciados en el molde del Estado. Pero carece en absoluto de todas aquellas ideas que engrandecen el espíritu humano y templan la voluntad para acometer después, con éxito, la resolución de los grandes problemas de la vida. De este error capital emanan los vicios de que se duele nuestra primera autoridad académica, como vamos a demostrar brevemente.
En primer lugar viviendo el Estado español en constantes y desgarradoras luchas, la Universidad ha tenido que mezclarse necesariamente en las agitaciones políticas. Muchos de los profesores que faltan en los deberes disciplinarios, ocupando cargos políticos o lugares más o menos preeminentes en la organización de los partidos, tienen absorta su atención y ocupados sus tiempos por estos cuidados que, haciendo frecuentemente incompatible su residencia con la universitaria, se ven obligados a prescindir de ella para dedicarse a la propaganda de los partidos. ¿Y quién no sabe en España que para muchos la cátedra ha sido el pedestal desde donde se encaramaron hasta los más latos puestos de la nación?
En segundo lugar, la carencia de ideales de la enseñanza oficial atrae al profesorado a personas sin vocación pedagógica o a personas que si la tienen la ocultan para dedicarse sobre la base de la cátedra o del sueldo de la cátedra al ejercicio de las profesiones, el cual por la mayor exigencia con que los particulares sobre el Estado reclaman sus servicios, hacen que...
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