STSJ Comunidad de Madrid , 3 de Julio de 2002

PonenteJOSE IGNACIO ZARZALEJOS BURGUILLO
ECLIES:TSJM:2002:9331
Número de Recurso1923/1999
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución 3 de Julio de 2002
EmisorSala de lo Contencioso

Recurso núm. 1923/99 PROCURADOR: D. Fernando Aragon Martín TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA SENTENCIA 1664 Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. José Alberto Gallego Laguna Magistrados:

D. José Ignacio Parada Vázquez D. José Ignacio Zarzalejos Burguillo Dª María Antonia de la Peña Elías D. Santos Gandarillas Martos En la villa de Madrid, a tres de julio de dos mil dos. VISTO por la Sala el recurso contencioso administrativo núm. 1923/99, interpuesto por el Procurador D. Fernando Aragón Martín, en representación de Dª Rebeca , contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 28 de abril de 1999, que desestimó las reclamaciones 10.836/97 y 12.645/97 deducidas contra liquidación provisional relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1995, y contra acuerdo sancionador por infracción tributaria grave derivada de aquélla; habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley de esta Jurisdicción, se emplazó a la parte actora para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó de aplicación, suplicaba se dicte sentencia por la que se anule la liquidación provisional impugnada, declarando correcta la autoliquidación practicada, con devolución de las cantidades indebidamente ingresadas más los intereses legales, y en su defecto, si procediese alguna rectificación, se realice sin imposición de sanción alguna.

SEGUNDO

El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que suplicaba se dicte sentencia que desestime el recurso.

TERCERO

Finalizada la tramitación, para votación y fallo del recurso se señaló la audiencia del día 2 de julio de 2002, en cuya fecha ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. José Ignacio Zarzalejos Burguillo, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

El presente recurso tiene por objeto determinar si se ajusta o no a Derecho la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 28 de abril de 1999, que desestimó las reclamaciones deducidas por la actora contra liquidación provisional relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1995, y contra acuerdo sancionador por infracción tributaria grave derivada de dicha liquidación, por importes respectivos de 732.810 y 231.807 pesetas.

La demandante presentó declaración por el impuesto y ejercicio citados, consignando la suma de 4.577.969 pesetas en concepto de ingresos por inmuebles arrendados y 5.128.575 pesetas de gastos deducibles (rendimiento negativo de 550.606 pesetas). Dichas cantidades no fueron admitidas por la Administración Tributaria, que giró liquidación provisional elevando tales ingresos a 4.730.531 pesetas y reduciendo los gastos a 1.642.246 pesetas (rendimiento neto: 3.088.285 pesetas), considerando además que los hechos eran constitutivos de una infracción grave del artículo 79.a) de la Ley General Tributaria, por lo que dictó acuerdo imponiendo la sanción antes reseñada.

SEGUNDO

Denuncia la parte actora, en primer término, la transgresión del artículo 124 de la Ley General Tributaria por entender que la liquidación provisional recurrida carece de motivación al no expresar los hechos y elementos que la justifican.

La pretensión expuesta debe ser rechazada. En efecto, inicialmente la Administración requirió a la contribuyente para acreditar los rendimientos del capital inmobiliario con la aportación del contrato de arrendamiento y justificación de los gastos deducibles consignados. Posteriormente, se remitió a la interesada la pertinente propuesta de liquidación por no haber acreditado formalmente los datos consignados en su declaración, concediéndole el plazo de diez días para formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estimase pertinentes, trámite que cumplimentó la actora. Por último, la...

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