STS, 12 de Febrero de 2001
| Ponente | LECUMBERRI MARTI, ENRIQUE |
| ECLI | ES:TS:2001:901 |
| Número de Recurso | 4438/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 12 de Febrero de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
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PEDRO ANTONIO MATEOS GARCIAD. JUAN ANTONIO XIOL RIOSD. JESUS ERNESTO PECES MORATED. JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZD. ENRIQUE LECUMBERRI MARTID. FRANCISCO GONZALEZ NAVARRO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a doce de Febrero de dos mil uno.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección Sexta, constituida por los señores arriba anotados, el recurso de casación número 4438/1996, que ante la misma pende de resolución, interpuesto por el procurador D. Fernando Gala Escribano, en nombre y representación de D. Carlos , contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Primera, de fecha 29 de marzo de 1996 - recaída en los autos 3711/93-, que desestimó el recurso formulado contra el acuerdo de fecha 19 de mayo de 1993 del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid, confirmatorio en reposición del anterior acuerdo de 17 de febrero del mismo año, por el que se fijaba el justiprecio de la finca número NUM000 del Proyecto "Conexión de la A-6 con la carretera de Castilla. Eje Pinar de Las Rozas-Pozuelo de Alarcón. Tramo: de la M-505 a la M-516", expropiada por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Ha comparecido en calidad de recurrido el Sr. Abogado del Estado, en la representación legal que le es propia
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia el 29 de marzo de 1996, cuyo fallo dice: "Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador de los Tribunales D. Fernando Gala Escribano, en nombre y representación de D. Carlos , contra el acuerdo de 19 de mayo de 1993 del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid, que confirma en reposición el de 17 de febrero de 1993, por el que se fija el justiprecio de la finca número NUM000 del Proyecto "Conexión de la A-6 con la carretera de Castilla. Eje Pinar de Las Rozas-Pozuelo de Alarcón. Tramo: de la M-505 a la M-516" expropiada por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, declaramos las citadas resoluciones ajustadas a derecho; sin hacer expresa imposición de las costas procesales."
Por la representación del Sr. Carlos se interpone recurso de casación mediante escrito de 10 de junio de 1996, en el que al amparo de los artículos 95.1.3 y 95.1.4 de la Ley de esta Jurisdicción expone sus motivos de casación, que sintetiza:
Infracción de los artículos 24.1 de la Constitución Española, 43.1 de la Ley de esta Jurisdicción y 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, en relación a que el fallo de la sentencia recurrida incurre en incongruencia omisiva, al dejar de resolver una de las pretensiones formuladas en el proceso.
Infracción de los artículos 14 de la Constitución Española, en relación con los artículos 9.3 y 24 de la misma y sentencias de este Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 1993, 21 de junio de 1994 y 18 de abril de 1995, las que, según entiende, la sentencia recurrida infringe, por su no aplicación.
Infracción de los artículos 106.2 de la Constitución Española, 121.1 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de noviembre de 1954 y 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957, y jurisprudencia, en las sentencias que cita de 7 de octubre de 1985, 10 de marzo de 1992, 11 de noviembre de 1993 y 23 de junio y 11 de julio de 1995, en cuanto a que la sentencia recurrida no ha concedido toda la indemnización a que considera que el actor tiene derecho por la "ilegal privación del bien expropiado".
Infracción de los artículos 1251, 1216 y 1218 del Código Civil y la doctrina jurisprudencial que admite la destrucción de la presunción de veracidad de los acuerdos de los Jurados de Expropiación Forzosa, por prueba en contrario, y que considera que la sentencia recurrida infringe por su no aplicación.
Infracción de los artículos 1251, 1216 y 1218 del Código Civil, y jurisprudencia que admite la destrucción por prueba en contrario de la presunción de acierto de los acuerdos de los Jurados de Expropiación y que considera que en la sentencia recurrida se han aplicado indebidamente.
Infracción de los artículos 1251 y 1218 del Código Civil, y jurisprudencia que admite la destrucción, por prueba en contrario, de la presunción de acierto de los acuerdos del Jurado y que la sentencia recurrida, según entiende, ha infringido por aplicación indebida.
Y termina suplicando a la Sala que dicte sentencia, en su día, por la que estimando los motivos de casación formulados, se declare haber lugar al presente recurso de casación, case y anule la sentencia recurrida y estime el recurso contencioso- administrativo interpuesto contra los acuerdos antes referidos, declarando que no son ajustados a Derecho y que, por consiguiente, también deben ser anulados, al mismo tiempo que estimando las pretensiones formuladas por esta parte, se declare:
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La nulidad de las actuaciones expropiatorias referidas a la finca número NUM000 del plano parcelario, en el término municipal de Majadahonda, propiedad de D. Carlos , ocupada por la construcción de la autovía denominada "Vial-Eje- Pinar", por haberse anulado el acuerdo que declaraba su urgente ocupación, de fecha 14 de febrero de 1991, del Consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid.
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El derecho de D. Carlos a ser indemnizado por la Comunidad de Madrid en la cantidad de once millones ochocientas cuarenta y cuatro mil pesetas -11.844.000 pesetas-, o subsidiariamente conforme estableció el Tribunal a quo en la sentencia recurrida, es decir, cuatro millones cuatrocientas cuarenta y nueve mil seiscientas ochenta y cinco pesetas - 4.449.685 pesetas- más el cinco por ciento de cualquiera de esas cantidades, según la que se conceda, y los intereses legales correspondientes a la suma de ambas desde la fecha en que se llevó a cabo la ocupación efectiva de la referida finca por la Comunidad de Madrid hasta el momento en que se satisfagan dichas cantidades, al tipo de interés que, para cada anualidad, hayan fijado o fijen las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada año, incrementado en dos puntos desde la fecha en que se pronunció la sentencia de instancia, cuyos cálculos se llevarán a cabo en ejecución de sentencia.
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El derecho del recurrente a ser indemnizado por la Comunidad de Madrid, como consecuencia de los daños y perjuicios sufridos por la ocupación y desposesión ilegales de la expresada finca de su propiedad, en la cantidad que resulta de aplicar el porcentaje de un veinticinco por ciento -25%- a la cantidad de 11.844.000 pesetas o, subsidiariamente, cuando menos, a la cantidad de 4.449.685 pesetas, fijada por el Jurado Provincial de Madrid y confirmada por la sentencia recurrida y, cuando menos, fijar su cuantía en periodo de ejecución de sentencia más los intereses legales de la cantidad resultante desde la fecha en que se efectuó la real ocupación de la citada finca por la Administración Autónoma de Madrid hasta el momento en que se satisfaga dicha cantidad, al tipo de interés legal que, para cada anualidad, se haya fijado o se fije por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada año, incrementado en dos puntos desde la fecha en que recaiga sentencia en esta casación, cuya liquidación se efectuará en ejecución de sentencia.
Por providencia de 27 de mayo de 1997, notificada el 10 de junio, se acuerda oír a la parte recurrente por término de diez días sobre la posible concurrencia de causas de inadmisión del recurso de casación por falta de fundamento de los motivos aducidos.
En escrito de 20 de junio de 1997 la representación del recurrente manifiesta las alegaciones que estima procedentes y suplica a la Sala que dicte el oportuno auto en virtud del cual la Sala estime que no concurre ninguna de las posibles causas de inadmisión indicadas en la citada providencia y se declare la admisión del recurso por todos los motivos invocados, ordenando en consecuencia seguir el trámite previsto en el artículo 101 de la Ley de esta Jurisdicción.
Mediante providencia de 20 de abril de 1998 se tiene por admitido el presente recurso de casación y, dentro del plazo concedido, el Abogado del Estado formaliza su escrito de oposición, de fecha 8 de mayo de 1998, en el que expone que a su juicio los fundamentos jurídicos de la sentencia no se desvirtúan por lo alegado de contrario, que no sirve para acreditar las infracciones en que funda el recurso; y suplica a la Sala que dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Conclusas las actuaciones, se fijó para votación y fallo de este recurso el día 1 de febrero de 2001, fecha en que tuvo lugar, habiéndose observado en su tramitación las reglas establecidas por la ley.
El recurso de casación que enjuiciamos se interpone por D. Carlos contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 29 de marzo de 1996, por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el hoy recurrente, contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 19 de mayo de 1993, por el que se desestimaba el recurso interpuesto contra el acuerdo de 17 de febrero de 1993, sobre Justiprecio de la finca número NUM000 del Proyecto "Conexión de la A-6 con la carretera de Castilla, Eje Pinar de las Rozas-Pozuelo de Alarcón, tramo de la M-505 a la M-516".
Los tres primeros motivos de casación carecen manifiestamente de fundamento por introducir cuestiones nuevas y diferentes de las que fueron objeto del pleito tramitado ante el Tribunal a quo, y, por consiguiente, dicho Tribunal no pudo incurrir en incongruencia omisiva, al dejar imprejuzgadas tales cuestiones no planteadas, ni pudo incurrir en infracción de normas o jurisprudencia que sólo serían, en su caso, aplicables de haberse sometido a la consideración de la Sala de instancia aquellas cuestiones.
La representación procesal del recurrente, al haberse seguido otro proceso acerca de la validez o nulidad del acuerdo que legitimó la expropiación de la finca, cuyo justiprecio se dirime en éste, el cual terminó por sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo declarando no haber lugar al recurso de casación contra la sentencia que declaró nulo dicho acuerdo, pretende introducir en la casación una cuestión que no planteó en sus escritos de alegaciones en la instancia y respecto de la que no formuló pretensión alguna, cual es la relativa a la posible indemnización como consecuencia de haberse ocupado la finca expropiada en virtud de un acuerdo declarado después jurisdiccionalmente nulo, pero, como hemos expresado, entre otras, en nuestras sentencias de 8 de noviembre de 1993, 26 de marzo de 1994, 11 de febrero de 1995, 11 de marzo de 1995, 28 de abril de 1995, 8 de noviembre de 1995,18 de noviembre de 1995, 5 de noviembre de 1999 y 5 de diciembre de 2000, "no cabe suscitar por la vía de la casación nuevas cuestiones ni diferentes de las que se dirimieron en el pleito, ya que sólo sobre las controvertidas en éste puede pronunciarse la sentencia y el recurso de casación tiene como finalidad exclusivamente valorar si se infringieron por el Tribunal a quo normas o jurisprudencia aplicables o se quebrantaron las formas esenciales del juicio por haberse vulnerado las normas reguladoras de la sentencia o las que rigen los actos y garantías procesales".
Para demostrar lo novedoso de las expresadas cuestiones basta comparar la súplica deducida en el escrito de demanda y la que ahora se formula en el escrito de interposición del recurso de casación, por lo que tales motivos primero, segundo y tercero, en cuya articulación se introducen las nuevas cuestiones, debieron en su día inadmitirse y en este trámite decisorio desestimarse por manifiesta falta de fundamento, como establece el artículo 100.2 c) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Los motivos cuarto a sexto de los articulados por la representación procesal del recurrente también carecen manifiestamente de fundamento porque, aun alegando que la Sala infringe los artículos 1216, 1218 y 1251 del Código Civil así como la doctrina jurisprudencial sobre la destrucción de la presunción de veracidad de los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa en virtud de la prueba practicada, lo cierto es que se basan en el error de hecho en que, en su opinión, ha incurrido la Sala de instancia al valorar las pruebas practicadas, ya que la referida Sala no niega que dicha presunción sea iuris tantum, y, por consiguiente, pueda destruirse por prueba en contrario, sino que la tesis del Tribunal a quo es la de que, a pesar de ser de tal naturaleza la indicada presunción, no se ha destruido con las pruebas practicadas.
Tampoco ha vulnerado la Sala de instancia lo dispuesto por los artículos 1216 y 1218 del Código Civil, pues no desconoce aquélla el carácter de documento público que pueda tener la certificación librada por el Secretario de un Ayuntamiento, en la cual se informa acerca de determinados extremos solicitados por la propia Sala, cuyos datos no se cuestionan por más que de los mismos el Tribunal a quo no obtenga las conclusiones valorativas respecto de la finca expropiada que pretende la representación procesal del recurrente.
El artículo 1218 del Código Civil contiene una regla de valoración de los documentos públicos, estableciendo que hacen prueba del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste, pero, al no deducirse de los datos reflejados en la certificación del Secretario del Ayuntamiento las conclusiones que sobre valoración de la finca expropiada se pretende por la demandante, no se quebrantan en la sentencia aquellas reglas acerca del valor de la prueba de documentos públicos porque no se niega que los datos que en la misma se describen sean ciertos, sino que, repetimos, de lo informado en dicha certificación no obtiene la Sala sentenciadora las conclusiones valorativas que el propietario pretende, por lo cual estos tres últimos motivos de casación carecen también manifiestamente de fundamento y deben inadmitirse conforme a lo dispuesto por el artículo 100.2 c) de la Ley de esta Jurisdicción.
Como hemos declarado en la sentencia de 4 de julio de 2000, recurso 2829/1996, el hecho de que otros recursos de casación similares, hayan sido admitidos a trámite -como ha ocurrido en el presente caso-, a pesar de basarse en idénticos motivos, no es razón para entender que no se dan las causas de inadmisión -en este trámite de desestimación- expuestas pues, como acabamos de razonar, los motivos invocados carecen manifiestamente de fundamento, pues la admisión a trámite de un recurso de casación no prejuzga la ulterior desestimación de los motivos en que se funda, ya que, según doctrina consolidada de esta Sala, las causas de inadmisión se convierten en el momento de dictarse sentencia en causas de desestimación, como ya se ha indicado.
En virtud de lo hasta aquí razonado procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto y condenar en costas a la parte recurrente. Así lo impone el artículo 102.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, hoy derogada. Esta Ley es aplicable al caso en virtud de lo ordenado por la disposición transitoria novena de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el procurador D. Fernando Gala Escribano, en nombre y representación de D. Carlos , contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Primera, de fecha 29 de marzo de 1996 - recaída en los autos 3711/93-; con imposición de las costas causadas en este recurso a la referida parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, firme , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia dictada por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Enrique Lecumberri Martí, en audiencia pública celebrada en el día de la fecha, lo que certifico. Rubricado.
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SAP Valencia 9/2016, 20 de Enero de 2016
...cuestiones nuevas, y en relación a ellas, es reiterada la jurisprudencia que declara ( SS. del T.S. de 28-3-00, 19-4-00, 10-6-00, 4-12-00, 12-2-01, 30-3-01, 1-5-01, 22-10-02, 29-11-02, 26-2-03, 31-5-03, 25-6 - 3, 26-7-03, 12-12-03, 31-12 - 3 y 19-2-04, entre otras muchas) su inidoneidad par......
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SAP Alicante 572/2012, 5 de Diciembre de 2012
...y de prueba, pudiendo dar lugar a una verdadera indefensión, como han mantenido entre otras la STS de 14 de junio de 2000, 12 de febrero de 2001, 30 de marzo de 2001, 22 de mayo de 2003, 3 de febrero de 2004 y 23 de octubre de 2006 . Y como dice la STS, Sala Primera, de fecha 22 de marzo de......
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SAP Valencia 60/2011, 8 de Febrero de 2011
...proclama la inidoneidad de las cuestiones nuevas para ser tratadas en la alzada ( SS. del T.S. de 28-3-00, 19-4-00, 10-6-00, 4-12-00, 12-2-01, 30-3-01, 31-5-01, 22-10-02, 29-11-02 , 26-2-03, 31-5-03, 25-6-03, 26-7-03, 12-12-03, 31-12-03 y 19-2-04, entre otras muchas) y este aspecto novedoso......
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SAP Valencia 394/2012, 12 de Julio de 2012
...máxime dado su carácter novedoso y, por tanto, inidóneo para ser tratado en la alzada ( SS. del T.S. de 28-3-00, 19-4-00, 10-6-00, 4-12-00, 12-2-01, 30-3-01, 31-5-01, 22- 10-02, 29-11-02, 26-2-03, 31-5-03, 25-6-03, 26-7-03, 12-12-03, 31-12-03 y 19-2-04, entre otras muchas), puesto que ningu......