La exclusión financiera como causa y efecto de la exclusión social
| Autor | Sergio González García |
| Cargo del Autor | Profesor Visitante Doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social |
| Páginas | 265-276 |
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La exclusión social se ha definido como «una situación concreta, resultado de un proceso creciente de desconexión, de pérdida de vínculos personales y sociales, que hacen que le sea muy difícil a una persona o a un colectivo el acceso a las oportunidades y recursos de que dispone la propia sociedad»1. Los límites entre la inclusión y la exclusión social son difusos y están en constante transformación2. De ahí que Naciones Unidas la defina como «Un estado de alta exposición a ciertos riesgos e
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incertidumbres, en combinación con una habilidad reducida para protegerse a uno mismo contra aquellos riesgos e incertidumbres y hacer frente a sus consecuencias negativas»3.
La doctrina sostiene que entre las principales causas de exclusión social en las democracias occidentales se encuentran las transformaciones que están experimentando las relaciones laborales y la crisis del Estado de bienestar4; factores inevitablemente ligados al funcionamiento del sistema económico y financiero.
El trabajo es un elemento que define la identidad de las personas. A lo largo de las últimas décadas se ha ido matizando progresivamente esta afirmación por distintos factores, como la revolución tecnológica, el desarrollo de la sociedad del ocio, el aumento del número de jubilados, la prolongación del periodo de estudios, etc. Sin embargo, lo que nadie discute es su importancia para lograr la inclusión social. Es muy difícil abrirse paso en una sociedad capitalista sin empleo y sin dinero.
En España, las personas que se encuentran en una situación de exclusión económica y financiera cuentan con el respaldo de Estado5. La Constitución española configura un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; y, a lo largo de su articulado, sienta las bases del denominado «Estado de bienestar». Al igual que sucede en la mayoría de las democracias occidentales, se constituye un modelo de capitalismo de mercado social que, además de defender la intervención del Estado para asegurar el sistema económico establecido y resolver los problemas de eficiencia del mercado, le asigna un importante papel a favor de la equidad distributiva6.
En los últimos años, se ha dado un paso atrás en la labor prestacional del Estado por la crisis del sistema económico y financiero. La globalización y la fragilidad de los mecanismos de control de los «mercados», han afectado de forma directa a las políticas sociales estatales: se han transferido funciones del Estado hacia agentes privados o sociales para contener el gasto (sin que el resultado haya sido el deseado);
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la presión competitiva ha supuesto una reducción de los salarios y del gasto social para transferir recursos al mercado; se ha invertido la responsabilidad de la protección social desde lo colectivo (Estado) a lo individual, trasladando hacia el mercado la gestión de los sistema de protección social; y se ha esquilmado a las clases medias, dejando que sea el ahorro privado el encargado de asumir los riesgos y fallos del mercado.
El VI y el VII Informe FOESSA7, establecen tres ejes de exclusión social en España: el eje económico, que tiene en cuenta la participación de los sujetos en la producción (desempleo, subempleo, precariedad, etc.) y el consumo (pobreza y privación de bienes básicos como la vivienda o el equipamiento doméstico); el eje político, que valora la participación política (inmigrantes que quedan al margen de la participación política y sujetos que se abstienen o tienen una actuación pasiva) y social (acceso limitado a los sistemas de protección social: sanidad, vivienda, educación, etc.); y el eje social, que tiene en cuenta la ausencia de lazos sociales (no contar con relaciones familiares, de amistad y vecinales, así como las situaciones de reclusión forzosa) y la existencia de relaciones sociales «perversas» (comportamientos conflictivos en el seno de la familia y tener conductas asocíales, como dependencias adictivas o conductas delictivas).
La falta y/o la dificultad para producir y consumir de un número cada vez mayor de ciudadanos (eje económico), la ausencia de un tejido social que les permita revertir su situación (eje social) y el progresivo adelgazamiento del Estado de bienestar (eje político), están muy presentes en el análisis sobre la exclusión social en la Unión Europea. El análisis del Eurostat, de diciembre de 2016, sobre las personas en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE)8, incide en tres aspectos principales: la escasez de ingresos; la falta de recursos materiales; y el número de desempleados. Con respecto a los ingresos, se indica que, en 2015, el 17,3% de la población de la Unión Europea se encontraba en riesgo de pobreza. El papel de los Estados con respecto a este porcentaje resulta esencial. Si tomamos a España como referencia, observamos dos escenarios distintos en ese mismo periodo: si no contamos con la transferencia social del Estado, el porcentaje es de un 30,1 %; mientras que, con ella, baja a un 22,1%, todavía por encima de la media europea. En este mismo periodo, se estima que el 8,1% de la población de la de la Unión Europea tenía una grave carencia de recursos materiales (este porcentaje incluye a aquellos que no pueden permitirse al menos cuatro de los siguientes ítems: pagar el alquiler o la hipoteca, disfrutar de una semana de vacaciones fuera de casa, permitirse una comida con carne pollo o pescado cada dos días, hacer frente a gastos financieros, comprarse un teléfono, una
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televisión de color, una lavadora, un coche o mantener la casa caliente). España se encontraba dentro de la media, alejada de los extremos, Grecia, con un 22,2%, y Suecia, con un 0,7%. Finalmente, se estima que el 10,5% de la población de la Unión Europea residía en hogares en los que los adultos (de 18 a 59 años, excluyendo los estudiantes de entre 18 y 24 años) trabajaban el 20% o menos de su capacidad real, porcentaje que en España se sitúa por encima del 15%.
Aunque el Estado sigue asumiendo un papel protagonista por su función presta-cional, la crisis económica y financiera y, en particular, sus efectos sobre el empleo, han conseguido trasladar la responsabilidad de los fallos del mercado al individuo. La globalización está rasgando el colchón sobre el que descansa el Estado bienestar. El aumento del desempleo y las dificultades que encuentran algunos Estados -como España- para encontrar financiación, dejan en una situación muy difícil a las personas que están en riesgo o en situación de exclusión social.
La exclusión financiera se refiere a las dificultades que encuentran determinadas personas para acceder a los servicios financieros que se ajustan a sus necesidades y que les permitirían llevar una vida normal dentro de la sociedad en la que se integran. Este fenómeno puede producirse como resultado de «problemas de acceso, condiciones, precios, marketing o la autoexclusión en respuesta a experiencias o percepciones negativas»9.
Entre las principales causas de exclusión financiera suelen citarse: el bajo nivel de ingresos (la principal), el género (discriminación a la mujer), las normas culturales (castas inferiores, minorías étnicas, inmigrantes, etc.), la edad (personas mayores y jóvenes), la falta de documentos de identidad y/o propiedad, la falta de educación básica y/o financiera, el lugar de residencia (en los países más pobres las sucursales bancarias están más alejadas), la falta de confianza por fraude o cargos indebidos y la situación económica del lugar de residencia10. Detrás de la imposibilidad de acceso a los productos y servicios financieros se encuentran, en mayor o menor medida, situaciones de exclusión social. El sistema bancario tradicional concede facilidades de financiación a aquellos que ofrecen garantías y limita el acceso al crédito a los que
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tienen menos medios. De este modo, la exclusión financiera se convierte en causa y efecto de la exclusión social.
Para lograr un cierto grado de inclusión social es necesario financiar los proyectos de aquellos que tienen menos recursos. Por ello, se ha afirmado que todo el mundo debería poder acceder a cuatro tipos de productos o servicios...
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