El derecho de la víctima a traducción e interpretación. Su necesaria humanización en el marco de la agenda 2030
| Autor | Alicia González Navarro |
| Cargo del Autor | Profesora titular de derecho procesal Universidad de La Laguna |
| Páginas | 277-296 |
277
EL DERECHO DE LA VÍCTIMA A TRADUCCIÓN
E INTERPRETACIÓN. SU NECESARIA HUMANIZACIÓN
EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030 1
A G N
Profesora titular de derecho procesal
Universidad de La Laguna
1. INTRODUCCIÓN
En no pocas ocasiones la doctrina científica ha acometido el estudio del de-
recho a interpretación y traducción en el proceso penal 2. El análisis que tradicio-
nalmente se ha realizado de dicho derecho ha centrado su enfoque en la figura
del sujeto pasivo del proceso penal: es decir, en el investigado o acusado 3. Hasta
tiempos recientes, es lógico que esto haya sido así, pues los instrumentos norma-
1 Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i de Generación de Conocimiento, ti-
tulado Sostenibilidad ambiental, social y económica de la administración de justicia. Retos de la
Agenda 2030. (SOST JUST 2030), con referencia PID2021-126145OB-I00, financiado por MCIN/
AEI/10.13039/501100011033/ y “FEDER Una manera de hacer Europa”.
2 Entre los trabajos más recientes y sin ánimo de exhaustividad pueden citarse los de ARANGÜENA
FANEGO, Coral, “El derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales. Comentario a
la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010”, en Revista
General de Derecho Europeo 24 (2011); JIMENO BULNES, Mar, “Acceso a la interpretación y traducción gratui-
tas”, en Garantías procesales en los procesos penales en la Unión Europea (coord. Arangüena Fanego), Lex Nova,
Valladolid 2007; VIDAL FERNÁNDEZ, Begoña, “El derecho a intérprete y a la traducción en los procesos
penales en la Unión Europea. La iniciativa de 2010 de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo rela-
tiva a la interpretación y traducción”, en Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia: últimos avances en coo-
peración judicial penal (dir. Arangüena Fanego), Lex Nova, Valladolid 2010; SANZ HERMIDA, Ágata María,
“La nueva Directiva sobre los derechos de interpretación y traducción en los procesos penales”, en Revista
General de Derecho Procesal, 22 (2010); BOTICARIO GALAVÍS, María Luisa, “El derecho a ser asistido por in-
térprete. Legislación de la Unión Europea y jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”,
en Revista General de Derecho Procesal 32 (2014); FERNÁNDEZ CARRÓN, Clara, El derecho a interpretación y a
traducción en los procesos penales, Tirant lo Blanch, 2017.
3 V., en el mismo sentido, ARIZA COLMENAREJO, María Jesús, “El derecho de acceso a la infor-
mación vinculado a la traducción. Especial referencia a la víctima de delitos”, en Traducción, interpretación
e información para la tutela judicial efectiva en el proceso penal, (coord. Ariza Colmenarejo), Tirant lo Blanch,
Valencia, 2018, p. 128.
Alicia González Navarro
278
tivos en los que tradicionalmente se garantizaba el derecho a interpretación y tra-
ducción fijaban su atención exclusivamente en la parte pasiva del proceso penal 4.
Sin embargo, en la actualidad y sobre todo desde la entrada en vigor de la
Directiva2012/29/UE, de 25 de octubre, por la que se establecen normas míni-
mas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la
que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, ha cobrado impor-
tancia el análisis de dicho derecho desde el punto de vista de quien resulta ser la
víctima de los hechos que constituyen el objeto del proceso penal.
Como es sabido y con base en la necesidad de trasponer la citada Directiva
a los derechos nacionales de los Estados miembros, en España se aprobó la Ley
4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito 5 (en adelante, LEVD).
Pero es que, además, debe tenerse también presente la Directiva 2010/64/
UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción
en los procesos penales, la cual, aunque con retraso, fue traspuesta a nuestro or-
denamiento con ocasión de la aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica
5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal
y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para trasponer la
Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpre-
tación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de
mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.
Como puede apreciarse, la década pasada y, en particular, el año 2015, consti-
tuyó un momento clave para la incorporación a nuestro ordenamiento de las pre-
visiones relativas al derecho a interpretación y a traducción, así como a los requi-
sitos de calidad con los que deben cumplir tales servicios de mediación lingüística
que –tanto desde el punto de vista del investigado (Directiva 2010/64), como del
de la víctima (Directiva 2012/29)– se contienen en las citadas Directivas.
No obstante lo dicho, el Proyecto de Ley Orgánica para la trasposición de la
Directiva 2010/64 sobre interpretación y traducción fue en su día muy contestado
desde el sector de los intérpretes y traductores profesionales, los cuales pidieron
incluso la retirada del citado Proyecto, en la medida que a lo largo de su trami-
tación parlamentaria se desoyeron las opiniones de todo el sector profesional y
4 Sin perjuicio de alguna norma, como es la contenida en el artículo 440 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que, como es sabido, alude a la designación de intérprete en aquellos casos en
que el testigo no entendiere o no hablare el idioma español. No obstante, a pesar de que, efectivamente,
la víctima declarará en el proceso penal en calidad de testigo, no puede mantenerse que los artículos 440
y siguientes LECrim tengan como objeto de regulación el derecho a intérprete de la víctima, puesto que,
obviamente, se refieren al interrogatorio de testigos, con carácter general.
5 Por su parte y a pesar de que ya es oficial su naufragio parlamentario, el anteproyecto de ley de
enjuiciamiento criminal de 2020, dedica también un capítulo, concretamente los artículos 99 a 115, a lo
que denomina como Estatuto de la víctima en el proceso penal. En particular, el artículo 108, rotulado Derecho
a la traducción e interpretación dispone que “Las víctimas tienen derecho a ser asistidas gratuitamente por un
intérprete cuando no comprendan o no hablen la lengua oficial empleada en la actuación correspondien-
te. El mismo derecho les asiste cuando se trate de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de
otras personas con dificultades del lenguaje”.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba