Derecho y políticas ambientales en Asturias.
| Autor | José Manuel Pérez Fernández |
| Cargo | Profesor titular de Derecho Administrativo / Professor titular de Dret Administratiu, Universidad de Oviedo |
| Páginas | 1-27 |
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En el primer semestre de 2010, la Junta General del Principado de Asturias solamente ha aprobado una norma con rango legal directamente relacionada con el medio ambiente; norma que contempla una modificación parcial sobre el ámbito de aplicación de la Ley que declaró, en 2002, el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. No ha habido más producción normativa relevante ya sea de rango legal, ya de rango reglamentario. Nada ha transcendido de los proyectos de Ley de biodiversidad y paisaje, de protección ambiental o de desarrollo de la legislación estatal en materia de desarrollo sostenible en el medio rural que figuraban en el acuerdo presupuestario y de gobierno alcanzado, el 31 de octubre de 2008, por la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE e Izquierda Unida (IU)-Bloque por Asturies-Los Verdes. En este sentido, es preciso recordar que el acuerdo de gobierno produjo, entre otros efectos, un cambio sustancial en la estructura administrativa que se ha revelado capital para la gestión medioambiental en el Principado de Asturias: se suprimió la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (que respondía al modelo posteriormente adoptado por el gobierno estatal en su Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), de forma que las competencias en medio ambiente han quedado repartidas en dos departamentos, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Decreto 126/2008, de 27 de noviembre), gestionada por los socialistas, y la Consejería de Medio Rural y Pesca (Decreto 127/2008, de 27 de noviembre; modificado por el Decreto 63/2009, de 1 de julio), gestionada por IU y sus coaligados (izquierda nacionalista y ecologistas).
En el período de análisis que nos ocupa, la Administración del Principado de Asturias ha centrado sus esfuerzos, casi exclusivamente, en los aspectos más ligados a la gestión de las políticas medioambientales, aunque se han dado también los primeros pasos para aprobar importantes instrumentos de planificación territorial con una elevada incidencia en el medio ambiente.
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En el ámbito de la gestión medioambiental, las resoluciones aprobadas y actuaciones ejecutadas han sido relevantes en cantidad y calidad, si bien se han destacar las medidas adoptadas en relación con el desarrollo rural, especialmente, en lo que atañe a las políticas de gestión forestal, así como la puesta en marcha de un proyecto piloto en el marco del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, fruto de la colaboración entre la Administración General del Estado y el Principado de Asturias. Igualmente, en relación con el problema de las infraestructuras viarias y su incidencia en la contaminación acústica, se ha abordado la elaboración del Plan de Acción de los Mapas Estratégicos de Ruidos de las Carreteras de la Red Autonómica del Principado de Asturias.
Desde la perspectiva de la planificación territorial, se ha iniciado la elaboración de varios instrumentos de ordenación territorial que se encuentran en distintas fases de su tramitación, a los que nos referiremos brevemente en un epígrafe posterior, y que se vienen a sumar al procedimiento de renovación que están experimentando, o que deberán hacerlo en un futuro inmediato, los más relevantes instrumentos de ordenación territorial y medioambiental de la Comunidad Autónoma: a saber, el Avance de la Revisión de las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio con Directrices específicas para el Área Central, actualmente en trámite de información pública (el documento en su integridad se puede consultar en www.asturias.es , apartado "Temas: Territorio y Urbanismo"), y la necesaria revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias para incorporar nuevos espacios y ecosistemas, tanto marinos como terrestres, tal como figura en el acuerdo de gobierno de 2008.
Sin embargo, la actualidad medioambiental del Principado de Asturias durante los primeros meses del año 2010 ha venido marcada por una fuerte polémica (cuyo origen más cercano se remonta al 2006) acerca de la necesidad o no de construir una planta de valorización energética (incineradora) para resolver el grave problema de gestión de los residuos que afronta la Comunidad Autónoma por agotamiento de la capacidad del vertedero central actual hacia el año 2015; polémica de la que se han hecho eco ampliamente los medios de comunicación asturianos y que ha generado enfrentamientos entre el gobierno y la oposición, tensiones entre los propios socios de gobierno, a la vez que ha suscitado un amplio debate social. La trascendencia de la decisión se pone de manifiesto con un simple dato: el Gobierno del Principado de Asturias, a través de COGERSA (siglas que se refieren al Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de
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Asturias, creado en 1982 e integrado por el Principado de Asturias y la totalidad de los concejos asturianos, y que es el titular del 100 % del capital social de COGERSA, S.A., sociedad encargada de la explotación de las instalaciones del Consorcio), ha encargado, desde 2007, la elaboración de hasta siete informes o estudios técnicos para evaluar las ventajas e inconvenientes de una planta incineradora; informes elaborados, entre otras entidades, por la Universidad de Oviedo, el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), la Universidad de Alicante, Applus Norcontrol y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología, y que han supuesto un desembolso total de 711.823 euros (según las cifras publicadas en el diario La Nueva España, en su edición del 11 de febrero de 2010).
Para comprender los términos de la polémica y su más que evidente repercusión sobre la futura política asturiana en materia de gestión de residuos es preciso hacer una breve referencia a tres aspectos: los criterios básicos que rigen la gestión de residuos en Asturias, las características del proyecto objeto de debate y el posicionamiento político y social ante el mismo.
En el momento actual, el Principado de Asturias cuenta con un Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias (aprobado por el Consejo de Gobierno el 14 de junio de 2001, BOPA núm. 157, de 7 de julio de 2001), cuyo ámbito temporal se extiende hasta el presente año 2010. El objetivo principal del Plan es "definir y programar las directrices que deben seguir las diversas actuaciones, públicas o privadas, relativas a la gestión integrada de los residuos, dentro del marco propuesto por la Ley 10/1998, de Residuos, y demás normativa nacional y comunitaria sobre residuos, con el fin de proteger el medio ambiente y la salud de las personas" (apartado 1.1 Justificación). El Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias se rige por los principios emanados de la legislación vigente en la materia, tanto a escala comunitaria como estatal: responsabilidad del productor, proximidad, participación, gestión integrada, mejores técnicas disponibles, desarrollo sostenible, etc. Hay que hacer mención especial del principio de jerarquía: prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo que se pueda, reciclar lo que no pueda reutilizarse, y valorizar energéticamente lo que no pueda reutilizarse o reciclarse (apartado 1.4 Principios rectores). Vemos, por tanto, que en un breve plazo habrá que proceder a la actualización del Plan Básico de Gestión de Residuos, ajustando sus previsiones a las nuevas disposiciones legales comunitarias, estatales y autonómicas, a los objetivos establecidos en la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Principado de
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Asturias (a la que nos referiremos a continuación) y, en definitiva, a las exigencias que se deriven de la realidad asturiana en cuanto a la gestión de los residuos.
El documento que refleja la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Principado de Asturias (mayo 2008, cuyo contenido íntegro se puede consultar en www.asturias.es , apartado "Temas: Medio ambiente. Información Pública"), afirma que: "Los residuos urbanos no reciclados son depositados, en la actualidad, en el vertedero de La Zoreda, cuya vida útil ha sido prolongada mediante una reciente ampliación. El agotamiento del vertedero central de Asturias constituye el principal problema ambiental al que se debe hacer frente en el reto de la!gestión de los residuos en nuestra región pues, de no poner en marcha con rapidez una alternativa, se colmataría en el año 2015". Ante esta problemática, el documento se marca dos objetivos específicos:
- Reducir la generación de residuos, así como aumentar el nivel de recogida selectiva, incrementando el nivel de separación en origen.
- Fomentar el reciclado y otras formas de valorización y cierre de ciclos, incorporando, entre otras actuaciones, nuevas instalaciones centralizadas de COGERSA para el tratamiento y reciclaje de residuos sólidos urbanos (RSU).
En la consecución de los citados...
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