Las demandas de las personas con discapacidad como una cuestión de derechos humanos
| Autor | Luis Cayo Pérez Bueno |
| Cargo del Autor | Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) |
| Páginas | 253-262 |
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Ante todo desearía expresar mi gratitud personal e institucional a los organizadores de este Seminario por la invitación que han dirigido al CERMI Estatal para compartir con ustedes mis impresiones y, sobre todo, mis perplejidades ante ese tema tan vasto y tan sugestivo como es el de las personas con discapacidad, con ocasión -o excusa- del Año Europeo de las Personas con Discapacidad. Vasto porque hablamos de 3,5 millones de personas en España (50 millones en la Europa ampliada) y sugestivo, porque lo que pensemos y digamos de estas personas, por la posición singular en que se encuentran en la urdimbre social, puede iluminar muchas zonas de sombra de nuestro incierto porvenir como sociedad y, lo que es más importante, como Humanidad.
Partamos de una definición, arbitraria, indiciaria, de lo que pueda ser eso de la discapacidad:
La discapacidad, circunstancia personal y hecho social resultante de la interacción de un entorno inadecuado pensado para el parámetro de persona «normal» con la diferencia que presentan algunas personas, es una manifestación más de la diversidad humana, que una sociedad inclusiva y abierta ha de acoger como elemento enriquecedor que ensancha la humanidad y le agrega valor.
Hasta fechas muy recientes -y aún hoy, en muchas partes del mundo y de la propia Europa-, las personas con discapacidad han sido consideradas como ciudadanos de segundo orden, cuyo destino vital oscilaba entre la dependencia y, por ende, la tutela de la familia o del Estado, tanto daba, o la más pura y simple relegación, ajena la sociedad a cualquier cuidado so-
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bre su realización personal y comunitaria. La aspiración, pues, del movimiento asociativo articulado en torno a la discapacidad ha sido la de verificar la posición de igualdad y participación plena de las personas con discapacidad, para lo cual se hacía necesario la superación de las desventajas de partida que, en el plano personal y social, desencadenaba el hecho social y personal de la discapacidad.
¿Cómo suplir o, cuando menos, cómo minimizar esas desventajas de partida? ¿Cómo actuar para que las personas con discapacidad dejen de ser ciudadanos dependientes y se conviertan en los dueños de su propio destino? ¿Cómo pasar de una situación de relegación a una de normalización? ¿La plena participación es una responsabilidad social o es una tarea de la propia persona, que debe erigirse en agente de su propio proceso de normalización? Éstas justamente han sido las preguntas a las que en estos últimos treinta o cuarenta años se ha esforzado en dar cumplida contestación el movimiento asociativo de las personas con discapacidad. La respuesta, como no podía dejar de suceder, no ha sido unívoca, ni lineal, ni progresiva y ha dado pie a un complejo sistema que en las modernas sociedades occidentales resulta, por abrumador, difícil de abordar.
Las personas con discapacidad, por la diferencia que presentan, que tiene efectos sociales, al enfrentarse a un entorno hostil, no pensado para ellas, parten de una situación de objetiva desventaja que repercute en sus posibilidades de participación plena en el curso ordinario de la vida social, en las mismas o parecidas condiciones que el resto de ciudadanos. A efectos prácticos, las personas con discapacidad son, en muchos casos, ciudadanos de segunda. Pese a las proclamaciones formales de igualdad que tienen su reflejo tanto en instrumentos jurídicos internacionales como en normas de ámbito nacional, la equiparación efectiva entre personas con y sin discapacidad no pasa de ser un buen propósito.
Es conveniente trazar un panorama general, con algún tinte valorativo, de los antecedentes de la situación de la discapacidad, de la evolución habida y de la comprobación de la situación de desventaja objetiva y de ausencia efectiva de igualdad de oportunidades que padecen aún las personas con discapacidad.
Desde la aprobación de la Constitución (1978) y la Ley de Integración Social de los Minusválidos (1982), que desarrolla el artículo 49 de la Constitución, la población con discapacidad, gracias al trabajo del movimiento asociativo y al mayor compromiso de los poderes públicos, de los partidos po-
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líticos y de la sociedad en general, ha experimentado avances y progresos en distintos ámbitos que han mejorado sus niveles de normalización social y participación ciudadana. Sin embargo, estamos todavía lejos de una situación satisfactoria. Las personas con discapacidad son aún un grupo en riesgo cierto de exclusión, que precisan de legislación y de políticas activas y enérgicas que promuevan su inserción y plena equiparación sociales.
La radiografía general de la discapacidad en España puede ser ésta:
- Tradicionalmente, la sociedad ha tendido a aislar y a segregar a las personas con discapacidad y, a pesar de importantes logros obtenidos desde la recuperación de la democracia, este tipo de discriminación (sutil a veces) que sufren las personas con discapacidad, sigue representando un problema grave y apremiante.
- La discriminación de las personas con discapacidad persiste en algunas áreas críticas, como, por ejemplo, en la educación, la formación, el empleo, la vivienda, el acceso a los establecimientos públicos, la...
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