Conclusiones
| Autor | Armando José Santana Bugés |
| Páginas | 129-132 |
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CONCLUSIONES
PRIMERA.- Habiendo planteado los distintos criterios que se han
adoptado en tan corto plazo, podemos advertir el caos e incertidumbre
que rodea a esta cuestión. Atendiendo al concepto presentado del princi-
pio de seguridad jurídica, siendo el objetivo del mismo la creación de un
ámbito de certeza y saber a qué atenerse, no cabe la menor duda al respec-
to de su conculcación. En apenas siete años, se ha cambiado varias veces de
criterio, no sabiendo los registradores y notarios a qué tesis atenerse, dado
que la DGSGyFP sostenía un criterio, el TS otro (el cual se encontraba en
constante cambio), e incluso en 2018 dos salas del TS, la civil y la de lo con-
tencioso, llegan a sostener ambas teorías por separado.
SEGUNDA.- Tal y como predicaban FULLER y HART, el principio
de seguridad jurídica no debe ser un principio rector y orientador en la
creación normativa únicamente, sino también en la aplicación e inter-
pretación del Derecho. Es por ello que prestamos especial atención a la
producción normativa del derecho judicial, ciñéndonos a las sentencias
de unificación de doctrina, así como la doctrina reiterada, aplicando y
destacando de ambas, que deberían comulgar con el principio de seguri-
dad jurídica.
TERCERA.- En atención a los principios constitucionales y tributarios,
debemos señalar, que el optar por una u otra teoría, no habiendo una úni-
ca, logrará que la realidad tributaria no se corresponda con la realidad
objetiva, en virtud del principio de capacidad económica. Esto se debe a
que devengar el ISD una o dos veces no dependerá de la capacidad del
contribuyente sino de la teoría por la que se opte.
CUARTA.- Respecto al principio de igualdad veremos que aunque nos
encontramos ante supuestos de hechos idénticos, se aplican consecuen-
cias jurídicas diferentes, pudiendo caer en desigualdades injustificadas.
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