STS 62/1994, 7 de Febrero de 1994
| Ponente | D. JESUS MARINA MARTINEZ-PARDO |
| Número de Recurso | 856/1991 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 62/1994 |
| Fecha de Resolución | 7 de Febrero de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a siete de Febrero de mil novecientos noventa y cuatro.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos, juicio de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera instancia número dos de Figueras sobre determinadas declaraciones cuyo recurso fue interpuesto por Doña Nuriay Don Ernestorepresentados por el procurador de los tribunales Don Gregorio García Santos, y no habiendo asistido el Letrado al acto de la vista, en el que es recurrido el Banco Español de Crédito representado por el procurador de los tribunales Don Carlos Ibañez de la Cardiniere y asistido del Letrado Don Pedro Arribas Martínez.ANTECEDENTES DE HECHO
Ante el Juzgado de Primera instancia número dos de Figueras fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía promovidos a instancia de la entidad Banco Español de Crédito contra Doña Amelia, Don Ernestoy Doña Nuriasobre determinadas declaraciones.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes, se dictara sentencia declarando: a) que el contrato de compra-venta otorgado por la Srª Nuriaa favor de Don Ernestoy Doña Amelia, mediante escritura autorizada el 7-9-83 por el Notario de Barcelona Don Roberto Follia Camps, en relación con las fincas indicadas en el cuerpo de la demanda, está viciado de nulidad y por lo tanto procede declarar la anulabilidad dejando de tener cualquier efecto dicha escritura, decretándose asimismo, la cancelación el el Registro de la Propiedad de la inscripción y anotación producidas como consecuencia a los demandados al pago de dicha cantidad. b) Subsidiariamente y de no considerarse la existencia de nulidad con relación al citado contrato de compraventa, se declare la rescisión del mismo por fraude de acreedores, con la consiguiente cancelación del asiento y anotación a que dio lugar al correspondiente escritura de compraventa en el Registro de la Propiedad de Figueras, debiendo revertir las fincas enajenadas, indicadas en el cuerpo de la demanda y descritas en la certificación del Registrador, al patrimonio de la Srª Nuria, para responder de la cantidad adeudada de 11.011.405,28 pesetas. y en definitiva se condene a los demandados al pago a la actora de la referida suma por su participación en la realización del fraude cometido.- c). En cualquier caso se condene a los demandados al pago de las costas judiciales.
Admitida a trámite la demanda, la demandada Doña Nuria, contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos, y terminó suplicando al juzgado que previos los trámites legales se dictara sentencia desestimando en todas sus partes la demanda absolviéndola de la totalidad de los pedimentos contenidos en la suplica de la misma, con imposición de costas a la actora.
Por los demandados Don Ernestoy Doña Ameliacontestaron y tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaron de aplicación al caso terminaron por suplicar se dictara sentencia desestimando en su integridad la demanda con absolución a los demandados de cuantos pedimentos se contienen en la suplica de la misma y expresa imposición de costas a la actora.
Por el juzgado se dictó sentencia con fecha 4 de noviembre de 1989, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que estimando parcialmente la demanda de juicio ordinario de menor cuantía interpuesta por el Banco Español de Crédito, S.A., representado por el procurador Don José María Illa Punti contra Doña Nuria, Don Ernestoy Doña Amelia, representados por la procuradora Doña Ana María Bordas Poch, debo declarar y declaro la nulidad de la compraventa de las fincas cuya descripción consta en el correspondiente antecedente de hecho y escritura de 7 de septiembre de 1983, ante Don Roberto Follia Camps, Notario de Barcelona, declarándose practicadas en el Registro de la Propiedad como consecuencia de dicho contrato, reponiendo las titularidades en la situación en que se encontraban antes del mismo; sin expresa imposición de costas de este juicio".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 26 de noviembre de 1993, cuyo fallo es como sigue: "Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Doña Nuria, y Don Ernesto, contra la sentencia dictada con fecha cuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia número dos de Figueras, en autos de menor cuantía nº 203/87, instados por el Banco Español de Crédito, S.A., contra Doña Nuria, Don Ernestoy Doña Amelia, debemos confirmarla y la confirmamos íntegramente, haciendo expresa condena de las costas de esta alzada a la demandada".
El procurador Don Gregorio García Santos en representación de Doña Nuriay Don Ernestoformalizó recurso de casación que funda en un único motivo al amparo de la causa quinta del artículo 1.692 de la Ley Procesal civil, por infracción de las disposiciones legales y de la jurisprudencia aplicable al caso de autos.
Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día 24 de enero de 1994, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS MARINA Y MARTÍNEZ-PARDO
El único motivo propuesto y admitido se basa en la genérica referencia a la infracción de las disposiciones legales y de la jurisprudencia aplicable al caso, razón que por si sola hubiera merecido el rechazo del recurso en sede preliminar. En el desarrollo del motivo, pronto se advierte, dada su escasísima argumentación, que frente a la declaración de la nulidad absoluta del contrato de compraventa cuestionado, realizado en fraude de los acreedores de la transmitente de los bienes, lo que se pretende es sustituir el criterio del juzgador por el de la parte, según una consideración del recurso como "tercera instancia" que no es admisible, conforme a reiterada y notoria jurisprudencia, que se manifiesta en la frase, "frente a ello solo cabe oponer que del conjunto de lo actuado no puede razonablemente sostenerse una conclusión de la naturaleza de la que se acaba de hacer mención" (el fallo). No se puede con referencia a algunas sentencias aisladas, cuya doctrina no se explica, ni con mera cita final, como colofón de unas presuntas vulneraciones de los artículos 1.261, 1.276 en relación con los artículos 618 y 1.281 y 1.282 del Código civil, construir un recurso cuya artificiosidad resulta patente ante la clara "realidad histórica" que analiza en su integridad la sentencia impugnada de la que deben tomarse en cuenta los siguientes extremos: a) La compraventa es de la totalidad de los bienes inmuebles de la donataria -omnia bona-; b) Los compradores son el hijo y la nuera de la vendedora -"affectio"- maternofilial; c) La vendedora permanece en el disfrute de los bienes -se reserva el usufructo-; d) De forma singular, ha sido demostrada que la enajenación se produjo poco antes del vencimiento de varios créditos que la actora ostentaba, contra la vendedora; y d) No se ha acreditado la realidad del pago.
Aplicable, en fin, al caso es la doctrina jurisprudencial que mantiene que el calificativo de la simulación de un negocio es una cuestión de hecho reservada a la apreciación de la Sala (Sentencia de 28 de febrero de 1991) y su demostración, "dadas las dificultades que encierra la prueba plena de la simulación de los contratos, que el natural empeño que ponen los contratantes en hacer desaparecer todos los vestigios de simulación y por aparentar que el contrato es cierto y efectivo reflejo de la realidad, obliga a acudir a la prueba indirecta de las presunciones que autoriza el artículo 1.253 del Código civil, y con su base, apreciar comportamientos simulados absolutos cuando, con arreglo, a un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano se evidencia que el contrato no ha tenido, en definitiva, la causa que nominativamente expresa" (Sentencias del Tribunal Supremo de 1 de julio, de 16 y 19 de septiembre, 5 de noviembre de 1988 y 28 de febrero de 1991). En definitiva, la simulación total o absoluta, "simulatio nuda", contraventora de la legalidad, implica un vicio en la causa negocial, con la sanción de los artículos 1.275 y 1.276 del Código civil y, por tanto, la declaración imperativa de nulidad, salvo que se acredite la existencia de otra causa verdadera y lícita (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 1993), lo que, en el caso presente, no ha ocurrido. Por todas las razones expuestas procede la desestimación del motivo.
La sucumbencia del motivo apareja la declaración de no haber lugar al recurso con expresa imposición de las costas al recurrente y pérdida del depósito constituido (artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Doña Nuriay Don Ernestocontra la sentencia de veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, recaída en apelación de los autos de juicio de menor cuantía número 203/87, instados por la Entidad Banco Español de Crédito, S.A. contra los recurrentes y Doña Ameliay seguidos ante el Juzgado de Primera instancia número dos de Figueras, con imposición de costas a los recurrentes y con pérdida del depósito constituido al que se dará el destino legal; y líbrese a la mencionada Audiencia, la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Marina y Martínez-Pardo, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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