STS, 26 de Febrero de 2002
| Ponente | Ricardo Enríquez Sancho |
| ECLI | ES:TS:2002:1335 |
| Número de Recurso | 1344/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 26 de Febrero de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. JUAN MANUEL SANZ BAYOND. RICARDO ENRIQUEZ SANCHOD. JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZD. PEDRO JOSE YAGÜE GILD. MANUEL VICENTE GARZON HERRERO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiséis de Febrero de dos mil dos.
VISTO el recurso de casación, que ante Nos pende, interpuesto por el Ayuntamiento de Santander, representado por el Procurador D. Roberto Granizo Palomeque, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de fecha 12 de diciembre de 1997, sobre licencia de obras, habiendo comparecido como parte recurrida la Agrupación de Comerciantes del Centro de Santander, representada por la Procuradora Dª Ana María Capilla Montes, y la entidad mercantil Euroconsultors Associats, S.A. representada por el Procurador D. Juan Luis Pérez Mulet y Suárez.
Por acuerdo de 4 de julio de 1996 el Ayuntamiento de Santander concedió a Euroconsultors Associats, S.A. licencia para la construcción de un centro comercial en los terrenos de Nueva Montaña.
Contra la anterior resolución se interpuso por la Agrupacion de Comerciantes del Centro de Santander recurso contencioso administrativo que fue tramitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria con el nº 1133/96, en el que recayó sentencia de fecha 12 de diciembre de 1997 por la que se estimaba el recurso interpuesto y se anulaba la licencia impugnada.
Frente a la anterior sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación en el que, una vez admitido y tramitado conforme a las prescripciones legales, se ha señalado para la votación y fallo el día 20 de febrero de 2002, fecha en la que se ha llevado a cabo el acto.
El Ayuntamiento de Santander interpone, al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley reguladora de esta Jurisdicción (LJ), recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 12 de diciembre de 1997 que estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Agrupación de Comerciantes del Centro de Santander contra el acuerdo del Ayuntamiento de esta Ciudad de 4 de julio de 1996 por el que se concedió a Euroconsultors Associats, S.A. licencia para la construcción de un centro comercial en los terrenos de "Nueva Montaña". La Sala de instancia anuló la licencia indicada por tratarse de un acto cuya cobertura se encontraba en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Santander aprobada por acuerdo de 22 de octubre de 1992, que fue anulado por dicha Sala en sentencia dictada en el recurso seguido ante ella con el nº 471/93, en virtud de una impugnación directa de dicho acuerdo. La sentencia razona que con ocasión de la impugnación de una licencia de obras cabe impugnar indirectamente las Normas del Plan General de Ordenación Urbana que se hayan aplicado para conceder aquélla, por lo que reproduce los argumentos expuesto por aquella sentencia en que se produjo la anulación del acuerdo de modificación del Plan General de Ordenación Urbana y como la licencia solicitada no se acomodaba al planeamiento anterior, declara su nulidad.
En su primer motivo de casación, con cita de distintos preceptos legales, la parte recurrente invoca los principios de eficacia de la acción administrativa y ejecutividad de los actos administrativos que, a su juicio, han sido desconocidos por la sentencia recurrida. En realidad, toda la argumentación de este motivo adolece del mismo defecto, el de repetir lo ya alegado ante la Sala de instancia sin combatir adecuadamente el pronunciamiento de la sentencia recurrida. Como ya dijimos en nuestras sentencias de 4 de mayo y 20 de diciembre de 2001 y 14 de febrero de este mismo año, no se trata de que los actos administrativos tengan o no ejecutividad ni de que se haya o no pedido la ejecución provisional de la sentencia anulatoria de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Santander, sino de que con ocasión de una licencia de obras cabe la impugnación indirecta del plan que haya sido aplicado para la concesión de aquélla y que, si ese plan ha sido ya anulado en virtud de una impugnación directa, el Tribunal sentenciador puede, como ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, utilizar los mismos argumentos que empleó para anular el plan para anular también los actos dictados en su aplicación.
En su segundo motivo de casación el Ayuntamiento de Santander alega que la sentencia de instancia ha infringido el artículo 242 del Texto refundido de la Ley del Suelo de 26 de junio de 1992 (de contenido equivalente al artículo 178 del Texto refundido de 9 de abril de 1976) en cuanto dicha Corporación ha concedido la licencia solicitada de conformidad con las previsiones del planeamiento. El motivo ha de ser desestimado porque la parte recurrente vuelve a desentenderse de la razón por la que la Sala de instancia ha anulado la licencia concedida, formulando sus alegaciones prescindiendo del hecho de que el plan aplicado había resultado nulo.
Por lo expuesto procede desestimar el presente recurso de casación imponiendo a la parte recurrente, conforme dispone el artículo 102,3 LJ, el pago de las costas causadas.
Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Santander contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 12 de diciembre de 1997, condenando a la parte recurrente al pago de las costas causadas.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrado de esta Sala, de todo lo cual, yo, la Secretaria, certifico.
-
STSJ Canarias 310/2012, 13 de Noviembre de 2012
...por el Tribunal Supremo en las SSTS de 20 de diciembre de 2001, 14 de febrero de 2002, 16 de marzo de 2002, 4 de mayo de 2002 y 26 febrero de 2002, que, en síntesis, establecieron que "no se trata de que los actos administrativos tengan o no ejecutividad ni de que se haya o no pedido la eje......
-
STSJ Canarias 56/2014, 25 de Marzo de 2014
...por el Tribunal Supremo en las SSTS de 20 de diciembre de 2001, 14 de febrero de 2002, 16 de marzo de 2002, 4 de mayo de 2002 y 26 febrero de 2002 que, en síntesis, establecieron que "no se trata de que los actos administrativos tengan o no ejecutividad ni de que se haya o no pedido la ejec......
-
STSJ Canarias 10/2012, 23 de Diciembre de 2011
...por el Tribunal Supremo en las SSTS de 20 de diciembre de 2001, 14 de febrero de 2002, 16 de marzo de 2002, 4 de mayo de 2002 y 26 febrero de 2002, que, en síntesis, establecieron que "no se trata de que los actos administrativos tengan o no ejecutividad ni de que se haya o no pedido la eje......
-
STS, 13 de Julio de 2011
...el Fiscal a exponer la jurisprudencia sobre el art. 14 de la Constitución, con referencia al respecto a la Sentencia de este Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2002 (Recurso de casación 653/1988 ) y las sentencias del Tribunal Constitucional 75/1983 ( de la que reproduce su Fundamento Jur......
-
Algunos intentos de paliar, a través de la responsabilidad patrimonial, los efectos de la ejecución de sentencias que anulan licencias y ordenan la demolición de viviendas
...la anulación por la ilegalidad del título o licencia, como por ilegalidad indirecta al anularse el Plan que la legitimaba. Así, la STS 26 de febrero de 2002 (RJ 2002, 2044) señala que «si ese plan ha sido ya anulado en virtud de una impugnación directa, el Tribunal sentenciador puede (…) ut......