El binomio justicia digital discapacidad: algunos apuntes sobre el efectivo reconocimiento de la discapacidad como un elemento articulador de la digitalización de la justicia
| Autor | María Luisa Domínguez Barragán |
| Páginas | 13-28 |
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CAPTÍTULO 1.
EL BINOMIO JUSTICIA DIGITAL – DISCAPACIDAD:
ALGUNOS APUNTES SOBRE EL EFECTIVO
RECONOCIMIENTO DE LA DISCAPACIDAD COMO UN
ELEMENTO ARTICULADOR DE LA DIGITALIZACIÓN
DE LA JUSTICIA
M L D B
Profesora Ayudante Doctora de Derecho Procesal
Universidad de Sevilla
1. INTRODUCCIÓN
Como indica el Informe Sociedad Digital en España 2023, la digitalización es un
fenómeno global imparable. En 2022, casi dos tercios (66,3 %) de la población
mundial era usuaria de internet, siendo este porcentaje de 3,7 puntos superior al
de 2021 (62,6 %) 1. Así, en los últimos años la transición o transformación digital
de los servicios públicos se ha revelado como una de las principales prioridades
de la Unión Europea y sus Estados Miembros.
Si ya la digitalización en todos los ámbitos de la Administración Pública espa-
ñola sigue siendo uno de los grandes retos sociales del siglo XXI 2, todo se compli-
ca cuando se pone el acento en la Administración de Justicia. Si bien podría pen-
1 Vid. Informe “Sociedad Digital en España 2023” de la Fundación Telefónica, pág. 15.
2 Vid. al respecto, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 o la re-
ciente Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de acce-
sibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria
y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de
mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. Esta ley en
su Exposición de Motivos es clara cuando expone: “Por su parte, la consolidación en nuestra sociedad de
las nuevas tecnologías, la evolución cultural de una ciudadanía consciente de los retos que comporta la
digitalización y, sobre todo, la utilidad de los nuevos instrumentos y herramientas tecnológicas al servicio
de una mejor y más eficiente gestión de las administraciones públicas, implica el imperativo de abordar
correctamente este nuevo marco relacional y, con él, delimitar y potenciar el entorno digital con el pro-
pósito de favorecer una más eficaz ejercicio de las potestades administrativas. Además, el actual contexto
económico y social, ya apuntado, exige, de manera inmediata, una Administración Pública fuerte, eficaz y
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sarse que en el contexto actual, donde es absurdo pensar en vivir sin tecnología,
la justicia digital debía ya ser un hecho consumado, seguimos observando la nece-
sidad de su implantación en todos los ámbitos de la misma y, una vez implantada,
la imprescindible regulación que le garantice el funcionamiento óptimo perse-
guido 3. Aunque, como indica DE LUCCHI LÓPEZ-TAPIA, el camino hacia la di-
gitalización de la justicia ha sufrido una aceleración más que considerable tras la
pandemia provocada por el COVID-19 4, es cierto que desde 2011 (que es cuando
entró en vigor la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías
de la información y la comunicación en la Administración de Justicia) el avan-
ce ha sido lento. Debido a ello son innumerables los mecanismos, instrumentos
normativos, planes, guías y recursos de toda índole destinados a tal fin. No debe
olvidarse, además, que garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igual-
dad es uno de los llamados “ODS” y, concretamente, se recoge en el objetivo de
desarrollo sostenible número 16 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que
expone que: “En el ámbito general de lucha contra la desigualdad ha de situarse
la promoción de la igualdad de acceso a la justicia, como un elemento más de co-
hesión social, base de una sociedad democrática, porque la vulnerabilidad econó-
mica, social o educativa no puede ser nunca un obstáculo para obtener del Estado
la protección jurídica que proporciona a los ciudadanos” 5. Las condiciones de
igualdad en el acceso a la justicia ya no pasan (como antaño) solo por la gratuidad
de la misma, sino que han de buscar superar las distintas brechas que se van gene-
rando, como la brecha de acceso, la brecha de uso o la brecha de participación 6.
Sin duda, uno de los mecanismos que han pretendido provocar un re-
vulsivo en la forma tanto de acceder como de impartir justicia ha sido el “Plan
Justicia 2030” que conformaba la llamada “acción política en materia de justicia”.
Específicamente, el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio
Público de Justicia recogía en su Exposición de Motivos el siguiente argumento:
“La consolidación en nuestra sociedad de las nuevas tecnologías, la evolución cul-
tural de una ciudadanía consciente de los retos que comporta la digitalización y,
sobre todo, la utilidad de los nuevos instrumentos y herramientas tecnológicas al
adaptada digitalmente de forma que contribuya a la reactivación económica y robustezca el Estado Social y
Democrático de Derecho…”.
3 Como indican TRUJILLO SÁEZ Y ÁLVAREZ JIMÉNEZ: “El potencial de la tecnología transfor-
ma radicalmente el servicio público permitiendo una toma de decisiones más efectiva y basada en datos,
dinámicas colaborativas entre grupos distribuidos por el territorio y en distintas unidades de la adminis-
tración, mayor transparencia de los procesos, la transformación de las dinámicas de intermediación, la
reducción de costes gracias a la accesibilidad de la información y una evaluación continua vinculada a la
trazabilidad de las actuaciones de los nuevos espacios digitales de cooperación”. (Cfr. TRUJILLO SÁEZ, F. y
ÁLVAREZ JIMÉNEZ, D., “Transformación digital de la administración pública: ¿Qué competencias necesi-
tan los empleados públicos?”, en Gestión y análisis de políticas públicas, núm.27, 2021, pág. 50).
4 Cfr. DE LUCCHI LOPEZ-TAPIA, Y., “Justicia digital y discapacidad: aprovechando la oportuni-
dad”, en Revista Española de Discapacidad, núm. 11 (1), 2023, pág. 52.
5 Vid. https://estrategia2030.es/objetivo-16-paz-justicia-e-instituciones-solidas-2/
6 Vid. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, P. y SUÁREZ SUÁREZ, S., “El reto de la igualdad y la inclusión
en el proceso de transformación digital”, en + Calidad, núm. 27, 2023, pág. 77.
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